EL SOCIALISMO
DEL SIGLO XXI

21 ELEMENTOS para la discusión -

(2009)

ALFREDO TORREALBA

A mi señora “golda” madre… Nellys Yolanda Torrealba

agradecimientos

A todos los Camaradas del PSUV…

INDICE

1.- La Contextualización del Consumo.

2.- La Democratización del Comercio.

3.- La Democratización del Empleo.

4.- La Contextualización de la Educación.

5.- Construyendo Un Nuevo Concepto de Seguridad Jurídica.

6.- ¿Un Derecho Del Socialismo del Siglo XXI?

7.- Unidades Económicas Socioproductivas en la Comunidad

8.- Estado Tolerante.

9.- Estado Histórico.

10.- La Economía Popular y la Economía Comunal.

11.- La Democratización de los Ingresos.

12.- La Nueva Geometría del Poder.

13.- La Reconquista de la Soberanía.

14.- Rescate de las Tradiciones Culturales.

15.- El Sexto Poder Público: El Poder Popular o Comunal.

16.- La Propiedad Social y Propiedad Comunal.

17.- Resguardo Y Protección Al Medio Ambiente: (Democracia Ecológica y Biocracia)

18.- La Democratización De La Información.

19.- Un Modelo Industrial Propio.

20.- El Partido Del Socialismo del Siglo XXI.

21.- La Soberanía Tecnológica.

PRESENTACIÓN

Desde hace más de cuatro años, muchos venezolanos han estado esperando un documento, manuscrito o parámetro de referencia que inicie formalmente el debate para la construcción del Socialismo del Siglo XXI. Durante este tiempo, si bien han aparecido documentos de valor, pareciera que el tema del Socialismo del Siglo XXI no termina de ocupar un puesto protagónico en la matriz de opinión nacional, y en cambio, parece alejarse cada vez más del interés del pueblo. A medida que pasa el tiempo, el pueblo venezolano considera cada vez más que el Socialismo del Siglo XXI se asemeja a algo incompresible, desordenado, inimaginable, incoherente e irreal, lo que en gran medida ha sido posible gracias al carácter heterogéneo de los documentos, discursos, pronunciamientos y demás reflexiones de quienes han tenido la responsabilidad de dar ideas de lo que se refiere este tema; a la tradicional lógica neoliberal que aún permanece en la psiquis de los venezolanos para dar cuenta de los asuntos políticos; a la deficiencia de herramientas conceptuales en la población para manejar el tema; al poco tiempo que ha tenido la población venezolana para reflexionar los cambios sociopolíticos del país desde 1999; a la inexistencia de un programa de comunicación adecuado para llevar los insumos de la revolución bolivariana a la clase media y alta de Venezuela; y, quizás, a las presiones internacionales porque Venezuela no asuma un sistema político contrario a los intereses hegemónicos de las potencias industriales y culturales del mundo.

Pero sea cual sea la causa, los resultados del presente contravienen los intereses del gobierno liderizado por el comandante presidente Hugo Chávez y parecen extender aún más las reflexiones escasas y versiones parcializadas sobre las características del Socialismo del Siglo XXI. Esta insuficiencia ha ayudado a que se cree esa cortina de desconocimiento y confusión que hoy caracteriza el tema, desmotivando la atención pública. Y ante la ausencia de aportes concretos que permitan iniciar el debate, o al menos lo intenten, y ante el advenimiento de esfuerzos para adecuar el sistema jurídico a esquemas socialistas, ahora se hace más necesario buscar e incentivar iniciativas populares que permitan dar el necesario aspecto concreto del Socialismo del Siglo XXI. En virtud de ese argumento, el presente ensayo pretende ser una iniciativa para la construcción del debate con base a un conjunto de elementos muy particulares y, a la vez, pretende invitar a la opinión pública a conocer más sobre el Socialismo del Siglo XXI. Pero con la salvedad que se maneja la hipótesis que las dificultades para atender al llamado del presidente Hugo Chávez de “construir el Socialismo del Siglo XXI”, se deben a que se esta llamando a construir algo, que en principio, ya esta enraizado en el seno del sistema político venezolano. Es decir, que a nuestro juicio, gran parte de los elementos que a continuación sugerimos pertenecen al Socialismo del Siglo XXI, han estado en nuestro alrededor desde 1999, reflejado en diversas políticas instrumentadas por el gobierno bolivariano. Por lo que el presente ensayo, asume la realidad que nos rodea con otra óptica, reinterpretando nuestra realidad, para trasladar la discusión sobre el Socialismo del Siglo XXI a otros planos más sustanciales.

INTRODUCCIÓN

Recientemente el pueblo venezolano fue llamado a construir el Socialismo del Siglo XXI, sin embargo, a parte de las efervescentes expectativas que se suscitaron en la población, la matriz de opinión se redujo a un mar de especulaciones que ha crecido constantemente poniendo en riesgo el objetivo que se persigue. El origen de estas especulaciones se debe a que la historia humana ha presenciado pocas veces un llamado de esta categoría, lo cual supone la escasez de referentes históricos para el análisis de la propuesta por parte de la sociedad, quien permanece bajo un manto de desconocimiento que impide su acceso a un conocimiento que puede alterar patentemente el orden social en Venezuela. No obstante, dentro de ese mar especulativo existen algunas corrientes de pensamiento que parecen gozar del aprecio e interés de los ciudadanos y ciudadanas a la hora de hablar del Socialismo del Siglo XXI. Estas ideas reflejan un conjunto de insumos teóricos políticos que el pueblo venezolano siempre ha ansiado para la creación de un nuevo tipo de sociedad llena de conquistas democráticas sin comparación a nivel mundial. Por esa razón, en el siguiente ensayo presentaremos dichas ideas con el objeto de establecer un canal de información para que los ciudadanos no tengan inconvenientes para acceder a las menudencias de lo que significa participar en un proceso de revisionismo teórico de este tipo, el cual, en sentido general, busca vincular al Estado venezolano con un innovador concepto de progreso humano integral y humanismo social, a partir de los aportes que han revitalizado modernamente al socialismo.

Para unos, el debate moderno del Socialismo del Siglo XXI nace en una publicación del sociólogo alemán Heinz Steffan Dieterich en año 2002 (estas ideas se pueden confrontar con <> Dieterich: 2002) y para otros, nace en las opiniones del también sociólogo cubano Aurelio Alonso Tejada, quien desde finales de los años noventa reflexionaba sobre los nuevos retos que tendría que afrontar Cuba en el siglo que se avecinaba. Pero, para el caso de los venezolanos dicho término fue presentado por primera vez a la nación en una alocución del Presidente de la República Hugo Chávez en febrero del año 2005, durante la instalación en Caracas de la IV Cumbre de la Deuda Social, como una alternativa frente el capitalismo, sistema que genera grandes desigualdades sociales e imposibilita la elevación del hombre sobre sus circunstancias, y como la “fase previa a la democracia bolivariana”.

De buenas a primeras, la alocución causó gran atención nacional porque este planteamiento admitía la necesidad de remodelar el papel del Estado con objeto a mejorar su relación con la sociedad, para hacerla más próxima y fortalecida a fin de coadyuvar los principios de la democracia participativa expuestos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV) y lograr decisiones políticas más concertadas entre las necesidades sociales y las capacidades de respuesta del Estado. Originalmente, el presidente Chávez acotó que Socialismo del Siglo XXI compaginaría con un modelo económico mixto que incorpora con armonía los tres sectores productivos: publico, social y privado; y estimularía la igualdad social a partir de nuevas formas asociativas de producción; la democratización del capital, del empleo y del comercio; la protección a la propiedad; la construcción de la libertad y la democracia; y la apropiación del pueblo de algo que antes le era sólo exclusivo a las grandes empresas: el derecho a ser propietarios (CFR.- Fedeindustria: 2005). Pero en su interpretación, también quedó muy en claro que el país se enrumbaba por una senda que se dirigía a cimentar una “sociedad mejor”, articulada de “abajo hacia arriba”; y que se volvía con pensamiento crítico no sólo sobre el socialismo real del siglo XX, sino el socialismo utópico del siglo XIX, y desde luego el socialismo humanista que estaba por venir (CFR.- GONZALEZ: 2006), para encontrar un modelo general de desarrollo nacional.

En pocos días, éste tema se hizo recurrente en la mayoría de los debates políticos de la nación. Sin ser escasos o desanimados, los debates comenzaron a formar una matriz de opinión que involucraba directa o indirectamente a todos los venezolanos y en cuestión de semanas las universidades nacionales estaban ya preparando sus primeros seminarios para tratar sobre el tema. Sin embargo, era evidente que un grupo considerable de la población tenía escepticismo en cuanto a la idea, y no sólo porque la palabra “socialismo” le evocaba un pensamiento oprobioso, el cual era compresible puesto que Venezuela tenía más de cien años sumida en el sistema de producción de modo capitalista, sino porque el ascenso de sistemas políticos socialistas en el mundo siempre han estado acompañado de grandes conflictos sociales, o al menos así lo veía la gente. Estas líneas de pensamiento cuestionaban lo que se pretendía hacer en el país, y ante la necesidad de aclarar las cosas por parte del gobierno bolivariano y la insuficiencia de “insumos históricos”[1], la escena se volvió propicia para que el tema fuera monopolizado por los intelectuales de la nación, como en efecto, así fue.

Los debates de los intelectuales coparon la escena de la opinión pública por todo el año 2005. Sus planteamientos, tan soberbios, detallados y científicos, acabaron con cualquier apreciación “apresurada” y “errónea” de los ciudadanos venezolanos y construyeron una muralla infranqueable que restringía, incluso, que llegaran medianamente a los medios de comunicación las voces comunitarias más interesantes y, mucho menos, que gozaran de cierto nivel de reconocimiento académico; a no ser, claro esta, si esas propuestas tenían un parentesco estrecho con las ideas de los intelectuales. Esta polarización de la información amainó el efervescente auge de las discusiones sociales y situó al ciudadano como un “espectador coloquial” en una posición silente, a la expectativa de lo que definirían los intelectuales sobre el Socialismo del Siglo XXI, sin poder realmente participar en su construcción. Por otro lado, las propuestas de los intelectuales se agrupaban alrededor de viejas cuestiones de orden político sobre el debate capitalismo-socialismo que se distanciaban de las necesidades reales de los ciudadanos en Venezuela, lo que hizo ver al tema como: un saco de profundas reflexiones introspectivas, históricas, filosóficas y científicas, que exigía que aquellos que pretendieran sumarse al debate debían demostrar un alto nivel intelectual. En consecuencia, podría decirse que desde los primeros instantes en que se presentó el Socialismo del Siglo XXI a los venezolanos, aparecieron posturas políticas que, en vez de motivar el debate, lo hicieron inaccesible. Los intelectuales se apropiaron del tema de una forma tal que, incluso, desmotivaron a la población y condenaron al prematuro olvido los aportes de los ciudadanos que habían trabajado con mayor énfasis en la investigación científica de este nuevo tipo de socialismo.

Entretanto, dentro de la sociedad había un grupo de ciudadanos que si bien no poseían mayores herramientas conceptuales para poder acceder a este difuso tema, dejaban ver de forma no organizada algunas corrientes de pensamiento con base al origen, lenguaje y tradiciones comunes de los venezolanos que demostraban la capacidad creativa y productiva de nuestros ciudadanos al tratar el tema del Socialismo del Siglo XXI. No obstante, estas ideas fueron por igual soslayadas por el conocimiento imponderable de los intelectuales y a riesgo que se pierdan, en el siguiente ensayo presentamos esas corrientes que necesariamente, a nuestro juicio, deberían estar presentes en el Socialismo del Siglo XXI. Para lograr nuestro cometido hemos recopilado un conjunto de información al respecto y organizado la diversidad de opiniones para distinguir proporcionalmente cada una de esas ideas, pero dejaremos intactos los nombres coloquiales que el mismo pueblo les ha dado y, también, los nombraremos a ellos, al pueblo, señalando sus ideas y comentarios con citas y contrastándolos con otros investigadores y pensadores del mundo, porque no es la idea indicar lo que no es de propia cosecha, sino lo que forma parte del fondo cultural venezolano y sus habilidades al revisar el tema.

Finalmente, estas ideas son aspiraciones genuinas del pueblo y quizás en ellas se encuentren las representaciones sociales que favorecerían un genuino proceso revolucionario sin ir más allá de discusiones teóricas profundas. Esas ideas reflejan el horizonte futuro a donde avanzar y son el reducto de la reflexión popular que ha quedado de las grandes luchas populares del siglo XX ¿Entonces por qué no tomarlas en cuenta?

1.- LA CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONSUMO:

Para muchos no es un misterio que el elemento definitorio del sistema de modo de producción capitalista es la acumulación de capital a partir de la compilación de las ganancias que se obtienen del juego de ofertas y demandas de capitales, productos, servicios y personas; cuya circulación se establece en un ambiente de mercado sin restricciones estatales, lo cual se le conoce como liberalismo[2]. El capitalismo deviene de un proceso histórico cuyos orígenes se remontan a más de trescientos años de antigüedad y hoy ha llegado a consolidarse como una realidad casi irrevocable e imperante para las naciones del mundo y el liberalismo ha sido la teoría que ha acelerado y facilitado su desarrollo hasta ese punto, imponiéndose a otra teorías como el socialismo que, sin duda, como teoría concerniente al papel del Estado moderno[3], tan sólo ha retrazado e impedido su evolución hasta ciertos niveles. Podría decirse, en ese sentido, que el capitalismo es una etapa histórica y el liberalismo su condición más necesaria y deseable[4], porque incluye la innovadora lógica de intercambio de bienes entre los seres humanos apoyándose en un ordenamiento jurídico que regula las vías para las transacciones comerciales sin mayor intervención del Estado. Sin embargo, existen otros elementos de mayor fondo que aparecen como impulsores del capitalismo (CFR.- CASTRO: 2006), de los cuales, existen dos de carácter social que son determinantes para que el capitalismo pueda abrirse paso en la sociedad contemporánea: el consumismo y la ignorancia del consumidor; ambas consideradas como pisos estratégicos e innegociables para la estabilidad del sistema (cfr.- MEPRA: 2005).

En primer lugar, el consumismo es un fenómeno social moderno y mundial en que los individuos consumen productos y servicios a ritmo insostenible, exacerbado y exagerado, muy por encima de lo que en realidad necesitan para satisfacer sus necesidades; con resultados graves para el bienestar de los pueblos y el medio ambiente, la distribución de la riqueza y los esfuerzos que buscan la estrechez entre las fronteras que dividen a ricos y pobres, que tienden a perpetuarse una vez que anidan en el subconsciente de las sociedades (CFR.- RAMÍREZ). Los primeros estudios sobre el consumismo vienen desde principios del siglo XX, cuando los “críticos de la cultura de masas”, como Max Horkheimer y John Kenneth Galbraith, criticaron las formas de consumo de las sociedades industriales por privar a los individuos de libertad (CFR.- CORTINA); sometiéndolos a vivir bajo dos tipos de necesidades, tal como lo sugirió Herbert Marcase: “necesidades verdaderas y necesidades falsas, que los individuos intentan satisfacer al consumir” (CFR.- BALLESTEROS). Las necesidades “Verdaderas” son las necesidades vitales, como alimentación, vestido o vivienda; “falsas” son las que determinadas fuerzas sociales imponen a los individuos, y que no hacen sino perpetuar la agresividad, la miseria y la injusticia. Los individuos pueden sentirse felices al satisfacer este tipo de necesidades que son impuestas por fuerzas sociales que, como inmensos sujetos elípticos, las provocan para aumentar el consumo, la producción, y continuar con esa perversa cadena de esclavitud, fraguada por el afán de acumulación (CFR.- CORTINA). Como tal, el consumismo es la base del capitalismo porque gesta las relaciones de intercambio comercial, incluso, más allá de cuando no son necesarias. Por esa razón, actúa como un agente dinamizador y rehabilitador del capitalismo, dándole vida en todo momento. Además, actúa como un agente controlador de las sociedades, las cuales inconscientemente se ven compelidas a consumir sin mayores explicaciones, casi mostrando una sed de posesión de productos que mantiene vivo el mercado de las transacciones, aún en sus momentos de mayor depresión. Con manifiestos subterfugios, el capitalismo aprovecha y manipula los recursos simbólicos para que las sociedades no se percaten que, en realidad, no poseen libre elección para consumir uno que otro producto, y más bien obvien el hecho que se encuentran atadas y partícipes en un sistema imperceptible que lo rodea todo. En este sistema lo correcto es consumir constantemente, de hecho cualquier cosa, con tal que el individuo ponga en movimiento su dinero y éste vaya a caer en manos de los capitalistas o a los a los destinos deseados por ellos.

El consumismo acelera el proceso natural de las transacciones racionales humanas y mientras cumpla con su cometido, éste no parará para que más personas terminen asistiendo a los grandes centros comerciales y consuman, consuman y consuman, tan insaciables, como animales que cazan para sobrevivir. Intensas campañas publicitarias, marcas culturales, discursos, signos, estandartes, mensajes, etcétera (etc.), se arman para tratar de alterar subliminalmente los valores de consumo de los individuos, y convencerlos que mejorarán sus condiciones de vida si atienden a los que se les dice. Un proceso socializador comienza a estructurarse y a la vez repercute otro de carácter discriminador, que hace sentir a los individuos la necesidad de ser partícipes de una realidad mediática que no existe como tal, a fin de sentirse más humanos de lo que eran antes.

La visión del mundo se ve reducida a las convicciones irreales que dictan los medios de comunicación de masas, quienes le dan sentido a la vida de los individuos y les da parámetros de referencia consistentes con los intereses de las grandes empresas para que puedan analizar su propia vida en función de los productos y comodidades que poseen. Las campañas publicitarias dentro del capitalismo suponen que si no se adquiere un determinado producto, el individuo es inferior, imperfecto, perdedor, sucio, pobre y, en ciertos casos, no humano. Las campañas dividen el mundo entre lo que eres y lo que deberías ser. Las personas entran en crisis de identidad y antes que se percaten sus conductas tienden a seguir la quimera mediática a cualquier costo, todo con tal de ser aceptados por su grupo social y, por que no, por la televisión, la radio, los cines, etc… que se vuelven agentes alter egos, con vida propia, como un familiar o conocido más. Entre tanto, el sistema capitalista va otorgando ideas de cómo “mejorarse”, y constantemente va ofreciendo nuevas comodidades para la vida diaria y con ellas aparecen los productos y sus costos que darán acceso a esas comodidades. No obstante, también aparecen nuevos problemas, conflictos, temores, enfermedades y preocupaciones humanas que “ahora los individuos deben tomar en cuenta para su salud física y espiritual”, y con ellos aparecen igualmente los productos y costos que darán acceso a las soluciones o curas, que pueden ser creadas, manufacturadas y vendidas como producto. Así el mensaje queda claro ante nuestros ojos: “Compra y serás feliz. Tu vida será más fácil; serás mejor, estarás realizado, tendrás placer, serás perfecto, tendrás trabajo, estarás satisfecho, pero eso sí, paga… paga… y te ayudaré”.

El consumismo es tan propio y extendido en nuestros días que ya se habla que vivimos una verdadera sociedad del consumo. Según Featherstone (1995: 76) el concepto sociedad del consumo marca un corte con la tradicional consideración del consumo como un mero reflejo de la producción, al entender el consumo como central para la reproducción social. El concepto cultura del consumo supone no sólo el incremento de la producción y distribución de los bienes culturales, sino también, al modo en que la mayoría de las actividades culturales y prácticas están siendo mediadas por el consumo y el consumo progresivamente implica el consumo de signos e imágenes. Así el concepto apunta al modo en que el consumo deja de ser una mera apropiación de utilidades para ser un consumo de imágenes y signos que hacen más apropiado hablar de signos de comodidad que de comodidades como tradicionalmente se hacía (CFR.- WORTMAN). Las sociedades de consumo anidan en las sociedades industriales avanzadas en las que las necesidades primarias son satisfechas en la mayor parte de la población y en donde una intensa publicidad propone nuevos bienes de consumo que incitan a un gasto continuo. En consecuencia, por un lado la sociedad se habitúa a dar mayor importancia al dinero, las cosas, los bienes, el lujo, el status, las marcas de clases, la satisfacción de los caprichos, la moda, etc., antes que a otras cosas “más humanas”; mientras por otro, se habitúa a estar constantemente a la expectativa de nuevos productos, y predispuesta a consumirlo sin pensar mucho en qué es realmente útil. Por ejemplo, hace unos años casi ni se conocía en Latinoamérica la Bailoterapia, Aromaterapia, Abrazoterapia, Besoterapia, Risaterapia, Yogaterapia, en fin, pero hoy son temas en auge, muy específicos y respetados en el mercado. Lo interesante es que cada terapia adquirió velozmente su mercado de consumo, en países que, años antes, no conocía el significado de la palabra “stress”. Sobre ese particular vale comentar un rumor que menciona que una de esas terapias (que no hemos nombrado acá prudentemente) fue una visión comercial emprendedora de varias empresarios qué necesitaban ganar dinero de alguna forma de los individuos normales. Los empresarios, aprovechando los estudios médicos de los años 80’s sobre lo nocivo del stress, prepararon su propuesta comercial presentando la “terapia” como la solución y ellos, quienes se autoproclamaron originarios y fieles representantes del pueblo hindú, requisito sine cua non para dar un piquete exotérico y exótico al asunto, serían la llave a la “paz espiritual”. Una vez terminado el producto, las audiencias que sentían cierto lazo de relación con valores muy cercanos a las tradiciones de hedonismo (búsqueda del placer) y el eudemonismo (búsqueda de gozo, riqueza, cosas) hinduista, terminaron por conformar un mar de fervientes consumidores para felicidad de los “estafadores”. Pero lo cierto es que estas “terapias” son mercados emergentes que atraen y atraen más gente, y compiten en un mundo cada vez más atosigado por nuevos, multifacéticos e innumerables ámbitos de mercados; nuevas empresas y emprendedores, sedientos de tener asegurados consumidores para sus productos. No obstante, no es el carácter privado el que ha determinado meramente el auge del consumismo. En el libro Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres, de Zygmunt Barman (2000), se menciona cómo los gobiernos de los países, también en su afán de tener un crecimiento económico, han revitalizado acciones políticas que coadyuvan al consumismo, al menos de forma indirecta, orillando a los pueblos a someterse “a un régimen fabril, anulando sus costumbres, implantando patrones de conducta en las fábricas, los hospicios y los asilos para pobres, dejándole como disyuntiva única trabajar o morir”. En consecuencia, la posición subordinada a la que queda sujeta la sociedad ante el consumismo, favorece el control político de las elites dominantes, las cuales, dueñas de los medios de producción y controladoras de los medios de comunicación, son las más interesadas por implantar el culto del consumismo, del mercado, del crédito, de los juegos de bolsa, bajando el nivel de los intereses de los individuos hasta codificarlos según la tenencia y la posesión de lo material y no lo espiritual, con objeto de extender o mantener su posición hegemónica de poder y crear una nueva estratificación social más dividida y debilitada, como para no crear un bloque opositor suficientemente fuerte contrario a sus intereses. Como medio propicio para lograr sus metas, las élites operan a través del Estado Capitalista, pero en este ámbito acuñan el otro elemento que más impulso ofrece al capitalismo y es que el Estado Capitalista tiende a hacer que sus ciudadanos no posean educación para el consumo. El Estado Capitalista asume una actitud desinteresada por aumentar el nivel de madures del consumidor a la hora de evaluar la relación calidad-precio de los productos. El Estado Capitalista no crea estrategias políticas para la educación y la cultura del consumidor, más bien condena a éstas a expandirse naturalmente, avanzado a la deriva con las tendencias predominantes y el exceso de información de los medios que también desinforman en la medida que dispersa la atención y desfocaliza o nivela las prioridades (CFR.- Watzlawic: 2004). Muchas veces, el exceso de información mediática sobre los productos banaliza sus contenidos, lo que interfiere negativamente en la capacidad de entendimiento del ser humano y, sobre todo, lo hace muy manipulable: “el potencial liberador de las nuevas formas de comunicación convive con la posibilidad de un futuro aterrador: convertirse en basura” (Rheingold: 1998). El desconocimiento de los consumidores asegura y masifica la venta continua de los productos en el mercado y la obtención desmedida de ganancias y la acumulación de riqueza. Por ello es comprensible entender porque la dinámica capitalista simpatiza y tolera entretejer un velo de desconocimiento sobre los consumidores, porque así queda indefenso y susceptible de ser engañado por las manifestaciones que apoyan el Capitalismo, en beneficio de las clases dominantes, y el carácter mecanizado y subordinado que debe tener la sociedad para la salvaguarda del sistema.

La ignorancia de los consumidores, en algunos casos, puede alcanzar niveles exorbitantes, tanto como para generar graves desigualdades en el acceso a los bienes disponibles y estimular la sensible dependencia entre los consumidores y los productos. Si bien en términos económicos el consumo es la etapa final del proceso económico, especialmente del productivo (y puede ser experimental[5], ocasional[6] o habitual[7]), el consumismo y la ignorancia del consumidor son etapas necesariamente previas. Sin embargo, hay una etapa del que poco se conoce, y es la etapa de la del contextualización consumo. Esta etapa se caracteriza porque impulsar el conocimiento de los consumidores sobre la naturaleza de los productos o servicios, a partir de procesos educativos que permiten la compresión de códigos y cómo interpretarlos, para la resolución de problemas, de modo que los individuos puedan presentarse ante la sociedad como consumidores conscientes, críticos, responsables y solidarios (CFR.- Álvarez Marín: 2000, 199-256). Pero la contextualización del consumo suele quedar relegado detrás de las incesantes campañas publicitarias y sus contenidos subliminales que cada nuevo día calan profundamente en la conciencia de los individuos y allí se quedan disfrazadas como paradigmas de vida, tan únicos, que sin ellos, el individuo cambiaría radicalmente su personalidad si pudiera desprenderse de ellos. Por esa razón, llevar adelante la contextualización del consumo como una verdadera solución, amerita un esfuerzo superior al que hemos conocido, sino se reflexiona así, la publicidad seguirá construyendo la personalidad de los individuos.

Los contenidos publicitarios hacen la personalidad. No sólo la construyen, sino que la modelan constantemente, la definen, la identifican y la adecuan ante las nuevas realidades. El individuo que no nota que esta siendo socializado por patrones exógenos a sus ambientes de origen, termina volviéndose un individuo homogéneo dentro de la sociedad; incapaz para volver a la subjetividad que una vez lo distinguió y lo diferenció del resto de los individuos de su grupo social; esclavos de las cosas, alienados, insatisfechos, bajos de estima y débiles en sus propios significados espirituales; es decir, un alma conquistada por el valor del capitalismo y, en especial, por la clase dominante.

En el Estado Capitalista, las personas aprenden a seleccionar lo que está de moda, lo nuevo y novedoso. Aceptan lo impuesto, sin reflexionarlo y se encamina, como diría Rudolf Bahro, en dirección a transformarse en una hormiga pensante, reduciendo el concepto mismo de vida al de condiciones de vida. Se acostumbran a que ya nada sea gratis; a que nada se de sin pretender recibir algo a cambio; a que el mercado reglamente su vida; a obedecer los estándares del mundo y a criticar duramente lo excéntrico, sin importar si es edificante o no (cfr.- LinHares: 2001); a seguir las nuevas “necesidades” artificialmente creadas por el sector privado y legitimadas por las estructuras políticas del Estado (CFR.- Vaneeckhaute: 2005); y a vivir con dependencia a ciertos productos, sin que noten que son dependientes. Por ejemplo, dentro del capitalismo las empresas ofrecen sus productos no sólo con el decidido interés que los potenciales consumidores los compren, sino que también buscan establecer un lazo de dependencia lo suficientemente genuino para que éstos siempre compren ese producto. Además, también se procura que el consumidor lo compre repetidas veces, lo cual compagina con el consumismo, sin embargo, acá el asunto se vuelve crucial ya que las empresas en el sistema capitalista diseñan sus productos de forma tal que éste se agote en un tiempo prudencial a fin que el consumidor lo vuelva a comprar.

Desde su salida de la fábrica, los productos tienen una fecha de vigencia a fin que una vez puesto en uso se agote según las conveniencias del productor. Esta vigencia no se relaciona con la caducidad del producto, lejos de eso, se trata que el producto al ser utilizado se agote prudentemente para que el consumidor vuelva a comprarlo cuando se agote en beneficio de la empresa y, claro esta, del sistema. De esta forma, el productor profundiza una dependencia con el consumidor cuando lo insta a comprar otra vez su producto y así duplica o triplica, tantas veces sea, su ganancia. Veamos el caso de la industria de los jabones. Para muchos no es un misterio que un jabón de uso personal común, en Venezuela, tenga un tiempo promedio de vida de uso regular de una o dos o tres semanas a lo sumo. Cuando éste se acaba, el consumidor sale a comprar otro. Pero ¿qué ocurriría si al país llega un jabón de uso personal, cuyo tiempo de vida promedio es de meses?[8] Seguramente las demás compañías que venden jabones en el país, a partir de ese día y para sorpresa de todos aquellos que pensaban que se irían a la quiebra, comenzarían de inmediato a producir jabones con la misma duración de meses de uso continuo, para así no perder el mercado[9] ¿Entonces por qué no lo hicieron antes? Porque es mejor que el consumidor pagué varias veces por el mismo producto ¿Acaso no tenían la tecnología? Si, sólo que no era necesario ponerla en uso. ¿Entonces por qué no desde ya fabrican y venden al público esos jabones? Porque vivimos en el capitalismo. ¿Y por qué existe el “jabón socialista”? Porque hay sistemas políticos en el mundo que no les interesan las ganancias, ni aprovecharse de la gente, sólo les interesa vivir en paz. ¿Y por qué el Estado venezolano no ha traído esos jabones al país? Porque el Estado, aún esta en transición al socialismo.

Ese “jabón socialista” cuando satisface la demanda de los consumidores por un tiempo muy superior a lo deseado, contraviene cualquier compañía jabonera inmersa en el capitalismo. Sin duda, en cierto sentido las empresas jaboneras verían a ese producto como temible, ya que con pocos jabones de ese tipo se podría satisfacer, quizás, la necesidad personal de cada consumidor por lo menos en un año, cuando, por ejemplo, en Venezuela un individuo puede adquirir en un año promedio un mínimo de 40 o más paquetes de jabones, lo cual significa un gasto considerable de dinero e ingreso para las empresas productoras. Es evidente que si el comprador venezolano accede a ese “jabón socialista”, éste no tendría que comprar más que un puñado de jabones por los próximos 5 años, lo cual significaría directamente el estancamiento de este mercado en el país. El “jabón capitalista” procura agotarse pronto, crear la dependencia y ganancias a partir de la ignorancia del consumidor. Las empresas no les interesa utilizar la tecnología que ya poseen para vender un jabón que dure “más de lo debido” por las cuantiosas pérdidas que arrojaría para los intereses comerciales de los dueños. La lógica es acelerar la llegada de las ganancias a como de a lugar y qué mejor forma que vender más veces un mismo producto a cada consumidor cuando éste, por su desconocimiento, no sabe que pudo haber pagado una cantidad de dinero muy por debajo de lo que gastó y, que para peor mal, pudo haber comprado otro producto, con menores unidades, con un rendimiento excepcional y excesivamente suficiente. De esta forma, el consumidor se hace un agente cautivo más del sistema, porque mientras no llegué el “jabón socialista”, se verá en la obligación de comprar y comprar una y otra vez el “jabón capitalista”. Curiosamente, esta relación de hechos, o principio comercial, se extiende incluso a otras áreas, como el servicio que prestan los médicos en las clínicas privadas. Por ejemplo, un médico procurará sanar la enfermedad de una persona en meses, aunque ésta pudo haber sido sanada en cuestión de horas o días. La razón es la misma, acumular ganancia a partir del desconocimiento del paciente. Si el paciente no es sanado, éste deberá pagar muchas más consultas a su doctor de las que en realidad debió haber pagado. Los farmaceutas y los ortodoncistas y abogados, entre otros, operan de igual forma. Acá la información se vuelve un producto más del capitalismo y a partir de allí se hace usual ver como un cliente puede tener una relación de dependencia con un profesional de alguna área científica por hasta siete años, cuando en realidad pudo haber sido cosa de semanas. Como se podría interpretar, la lógica del capitalismo no tiene piedad, el consumidor debe pagar muy caro su desconocimiento, por esa razón, no sería incorrecto pensar que el sistema de modo de producción capitalista le interesa en gran medida que la gente permanezca desinformada; ignorante de lo que ocurre a su alrededor.

Las empresas no les interesa que el consumidor ahorre o que le de un mejor destino a su dinero, sino que lo ponga a circular y se dirija a su empresa, por más pequeña sea la cantidad. El dinero debe permanecer en movimiento y las ganancias aparecen en aquellos espacios sociales que dominan la información, en defecto de los ignorantes, los excluidos. El desconocimiento es para los efectos el motor aliciente del sistema capitalista y la mejor garantía para la estabilidad y hegemonía de las élites statusquoistas financieras (CFR.- MORENO: 2004), quienes retrazan el surgimiento de otras formas de organizar la sociedad y siguen fervientemente los dictámenes de los organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, edificando las bases de la sociedad del desconocimiento, lejana a su cultura, sin desarrollo humano que son, a su vez, elementos constituyentes de una sociedad de consumo. En este juego, no hay culpables, recuérdese que es propio de los seres humanos ir en función de sus intereses personales. Y aunque es lamentable por la impotencia que se puede sentir, es una regla de juego a la cual ya estamos acostumbrados y, curiosamente, la apoyamos directa o indirectamente con nuestras acciones día a día, hora a hora, ya que, sin ánimos de ofender, acá todos nosotros somos consumidores.

No obstante, hay varios Estados del mundo que han intentado retar esta realidad, como por ejemplo implantando políticas o programas sociales dirigidos a la educación para el consumo, sustentándose en leyes[10], que van a controlar la publicidad de los productos, para que no se utilice procedimientos engañosos que exploten la credulidad del consumidor, haciéndole creer falsas o desproporcionadas expectativas de satisfacción (CFR.- APCU: 2005). La idea acá es introducir en los sistemas capitalistas un nuevo tipo de cultura del consumo, circunscrita al contexto del individuo y que compagine con principios y valores más sociales y humanizados o, en su defecto, es recomendable que se introduzcan ciertos valores socialistas como componentes paradigmáticos en los Estados que viven el capitalismo (CFR.- MORENO: 2004). En ese caso, hay que precisar que las políticas o programas sociales que impulsan la contextualización del consumo, reconocen que los productos que se ofrecen en el mercado seguirían siendo los mismos, pero habría cambios substanciales a la hora que el individuo tenga acceso a ellos.

La contextualización del consumo se caracteriza porque se crean políticas o programas para que el consumidor tenga más parámetros de referencia para hacer su elección y descubra que el consumo puede articularse según sus necesidades reales y no según las necesidades que se le pretende imponer a través de los medios de masas. Este planteamiento libera a las personas para que sean autónomas y no queden como simples agentes pasivos que esperan a que le ofrezcan los productos y servicios, sino como un agente activo con el poder suficiente para lograr cambios en las ofertas y hasta en las mismas empresas, para que se ajusten a sus requerimientos y necesidades. El consumidor contextualizado conoce que el consumo es un apéndice de la producción; es conciente que sus preferencias pueden ser manipuladas para que haya una relación de fidelidad con la compra repetitiva de algún bien dentro de los sistemas capitalistas y se percata que tiene poder para alterar su propio papel como el de las empresas dentro del capitalismo, es decir, intuye que avocarse a la praxis es el primer peldaño para el verdadero cambio, tal con lo dejó ver el Presidente Hugo Chávez en el 2007: “Para poder transformar los valores negativos que reinan por todas partes como el egoísmo, el individualismo y el consumismo, es necesario recurrir a una máxima revolucionaria: solo se cambia la realidad a través de la praxis” (CHÁVEZ: 2007f). Ese poder, si es bien utilizado a través del esfuerzo conjunto y coordinado por los ciudadanos de la comunidad, puede modificar considerablemente la relación productor-consumidor, tan alejada y olvidada, como para hacerla más próxima entre ellos en beneficio de alcanzar precios de venta más solidarios y contextualizados, es decir, precios para los humanos que en nada tienen que ver con los precios dentro del capitalismo.

La comunidad es la fuente primaria para la consolidación de los nuevos parámetros que manejarán los consumidores contextualizados. En Venezuela, con el apoyo de las gobernaciones, alcaldías, juntas parroquiales, consejos comunales y comunas, los ciudadanos y ciudadanas pueden aprender qué es la calidad, productos genéricos, relación precio-valor, necesidades reales, efectividad, eficiencia, entre otros, y cómo utilizar ese conocimiento a la hora de adquirir un producto o servicio. Dotar de herramientas al consumidor es sembrar una nueva cultura del consumo que camina hacia la sostenibilidad de nuestra sociedad, la defensa ambiental, el desarrollo social y económico, la distribución equitativa de la riqueza y el aumento de las posibilidades de vida de todos los seres vivos, permitiendo que las generaciones venideras, con todo su derecho, el gozar y disfrutar de un mundo futuro limitado por nuestros excesos de hoy en día. El Socialismo del Siglo XXI debe atender más a la contextualización del consumo, desde un punto más juicioso para que el nuevo Estado abra los ojos a la descompuesta relación entre seres humanos que ocasiona el capitalismo, tratando de incluir lo honesto sobre lo funesto con políticas de información que siembren mayor conciencia y criterio en los consumidores. El nuevo Estado no debe olvidar que es preciso desmontar las tendencias más inhumanas del capitalismo en Venezuela y debe hacerlo desde su raíz. Además, el Estado debe combinar políticas de formación y capacitación en el consumidor con políticas enfocadas al cambio de lógica de las transacciones de bienes a partir de estrategias que intenten crear una nueva cultura comercial. Así, una de estas estrategias sería abrir y multiplicar canales de información a sus ciudadanos, consolidando así, la democratización de la información, porque la información dentro de los sistemas capitalistas siempre tiende a estar contenida como una represa que, a veces, se abre para ciertas clases sociales. La idea sería echar abajo esa represa para que la información llegue a cada ciudadano democráticamente, sin ningún tipo de monopolio que sirva para desviar la atención de los observadores y, del mismo modo, se multipliquen las fuentes de información. Es decir, en este caso no se trata de hablar sobre la libertad de información como tradicionalmente se hace, es dar mayor acceso a los individuos. De esta forma, el consumismo tendría un nuevo enemigo, la sociedad informada y con ella se aportarán muchas de las respuestas a las preocupaciones de hoy. La educación del consumidor a través de consideraciones metodológicas efectivas, entonces, pareciera ser la clave para lograr los cambios en los individuos, sólo así podría transmitirse a los pueblos conceptos básicos sobre la actividad de consumo que les permitiría adueñarse de parámetros de referencia para hacer una justa, razonada y real elección del producto a adquirir (CFR.- Delgado Zegarra: 1997, 69).

2.- DEMOCRATIZACIÓN DEL COMERCIO:

A principios de los años 80’s las discusiones acerca de la Democratización del Comercio[11] alcanzaron cierto revuelo dentro del Banco Interamericano de Desarrollo por sus innovadoras ideas acerca del desarrollo económico en los pueblos latinoamericanos. Aquellas iniciativas se enfocaban en asegurar el compromiso de los Estados para que se crearan leyes que permitieran una mejor distribución de la riqueza a partir de regulaciones comerciales entre el sector público y el sector privado en el ámbito nacional. De esa manera nació la esperanza que a través del desarrollo de leyes de licitaciones se crearía un nuevo tipo de pauta comercial, de relación, libre, directa y honesta, no fraudulenta (CFR- Brand: 2005) entre el demandante estatal y sus oferentes, lo que haría posible que la riqueza pudiera alcanzar finalmente a la base de la pirámide económica, es decir, a los excluidos, en favor de los índices de gobernabilidad y el desarrollo sustentable; sin contar que erosionaría la distribución sesgada de oportunidades y bienes, a la cual la mayoría de la población de América Latina y el Caribe tiene acceso limitado y, además, multiplicaría las potencialidades de dotarlos de herramientas para mejorar sus condiciones de vida (CFR: MORENO: 2006).

La democratización del comercio[12] pretende un Estado carente de privilegios comerciales y financieros; un Estado imparcial que ya no favoreciera a un mismo grupo exclusivo de empresas y ahora fuera capaz de dar un trato equitativo a todo el sector privado sin ningún tipo de discriminación; un Estado que buscara el equilibrio del crecimiento económico a través de la inclusión de los productores excluidos o con desventajas en los grandes y tradicionales circuitos de comercio con el Estado (CFR.- COOPERATIVA COMERCIO JUSTO: 2004) y que promoviera un justo, transparente, complementario y solidario intercambio comercial (CFR.- Betancourt: 2005); un Estado que fomentara la eficiencia de la inversión pública y construyera una atmósfera reducida para la corrupción; un Estado que posibilitara el acceso de los productores a través de la libre competencia de ofertas y el sector público sólo sería un ente neutral, evaluador y decisor; o en definitiva, un Estado más social que neoliberal. Sin embargo, la idea fue tomada con demagógico escepticismo por parte de las cúpulas políticas de los Estados latinoamericanos que vieron en esta política una palpable amenaza a la estabilidad de los privilegios económicos que les ofrecía el sistema que ellos mismos habían construido a su mejor parecer.

En América Latina las relaciones comerciales entre el sector público y privado constantemente habían estado condicionadas por el amiguismo, el clientelismo, los intermediarios, la corrupción y los favores políticos, lo cual no daba lugar a criterios modernos de gerencia pública y ensanchaba la fractura y diferenciación entre las clases sociales. El avance al desarrollo económico de los pueblos latinoamericanos se encontraba estancado por este factor y si era corregido, seguramente, las cúpulas políticas perderían su influencia. Por esa razón, y aún a costa del riesgo de condenar al olvido a las clases sociales más alejadas de los centros de poder político, las élites políticas le dieron la espalda a estas propuestas de cambio. Los ordenamientos jurídicos brillaron por su ausencia y en aquellos casos donde la sociedad organizada logró ejercer presión para que aceptaran a la democratización del comercio como un fin del Estado, las leyes se hicieron de forma tímida y con fragrantes omisiones.

Por ejemplo, cuando la Comisión Para La Reforma del Estado (COPRE) mencionó la necesidad de instaurar esta convicción política en la administración del Estado venezolano[13], el antiguo Congreso Nacional pasó por alto el asunto y en cambio consolidó algunos mecanismos jurídicos diseñados para salvaguardar sus intereses y para obstaculizar la llegada de una norma legal abierta dirigida a regular la mejor selección de las compras públicas. Los procesos licitatorios no se hicieron objeto de análisis[14] y el Congreso Nacional se enfocó en consolidar las homologaciones como mecanismos que permitía que las ofertas con especificaciones técnicas insuficientes fueran aceptadas en los procesos licitatorios en igualdad de condiciones con aquellas que si las cumplían; y en multiplicar las excepciones para ejercer la Declaratoria del Estado de Emergencia Económica, la cual permitió la adjudicación directa de contrataciones de obras y adquisiciones de bienes y prestación de servicios sin el debido seguimiento administrativo por parte de los órganos públicos (CFR.- REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: 2001). Así, la aspiración por una nueva relación comercial en Venezuela quedó encapsulada por los defectos de la pereza de la acción y el pensamiento de los partidos políticos (CFR.- CASTAÑEDA: 2006); como también por la lógica capitalista, la cual se había apropiado del Estado una vez más al indicar a los gobernantes que la acumulación de poder merecía la misma atención que la acumulación de la riqueza (CFR.- KURT), lo que devino en una división del Estado entre una élite política y otra élite comercial y financiera, tal cual como ocurrió en Estados Unidos de América (EUA) (CFR.- CARRASCO: 2004). A pesar de ello, la historia le depararía a la élite comercial y financiera una contradicción única en la historia del continente americano, porque ellas mismas quedarían excluidas con las mismas reglas que tanto habían respaldado, pero a un mayor costo social.

El establishment[15] venezolano desde mediados de años ochenta hacía esfuerzos para que el sistema se perpetuara aún más, pero nadie estaba preparado para descubrir como en los años noventa dentro de las facciones políticas más influyentes de Venezuela había nacido una predisposición a profundizar más aún las relaciones comerciales con las fuerzas financieras y económicas transnacionales. Esto significaba que la élite comercial y financiera debía encarar ahora la posibilidad de una reducción de su cuota comercial con el Estado, en razón que empresas transnacionales emergían desde el ámbito internacional en pos de conquistar el mercado nacional que ellos monopolizaban como sus dueños. La élite política y la élite comercial y financiera de Venezuela entran en crisis ya para diciembre del año 1997 y su fragilidad estalla con la caída del índice bursátil de Caracas como consecuencia de la caída de los mercados asiáticos[16]. En ese entonces Venezuela sufre un gran retroceso en su desarrollo económico. Las élites comerciales y financieras sufrieron las peores consecuencias cuando probaron un poco de su propia medicina al ver como las élites políticas los excluían y se casaban con las atractivas ventajas de entablar acuerdos con las empresas internacionales. Se había iniciado el desplazamiento de intereses y Venezuela transitaba a un país con una élite política completamente al servicio de nuevas élites comerciales y financieras transnacionales. El mercado nacional iba directo a su paralización y la riqueza del país se distribuía con mayor empeño al ámbito internacional. Las licitaciones ya estaban ganadas, los cheques ya tenían nombres, las sumas ya estaban acordadas y ni siquiera los llamados públicos a las ofertas tenían razón de ser.

El verdadero mercado se movía en razón de un puñado de empresas transnacionales que habían conquistado casi la totalidad de los espacios comerciales del Estado, el cual, no hacía esfuerzos por aumentar la movilización de dinero en las clases sociales bajas y medianas. Ingresar a ese mercado exclusivo exigía el pago alto de una cuota de poder y muchos empresarios venezolanos comenzaban a irse del país en busca de nuevas oportunidades, porque quien no comerciaba con el Estado venezolano no tenía oportunidades de sacar a flote su empresa ¿y por qué es así? Porque el Estado venezolano siempre ha sido la mayor empresa del país.

En Venezuela el sector público históricamente ha sido el máximo comprador, inversor, prestamista y empleador de la nación. Alrededor de él gira una fuerza económica y financiera que es muy superior en comparación con la totalidad de las consecuencias sociales que puedan tener su origen en el sector privado y ello se debe, más que todo, a la presencia de Petróleos de Venezuela. Por esa razón es difícil comprender la estabilidad de la “sociedad” organizada sin la presencia de este factor tan importante. No obstante, también ha sido común ver como el sector público puede enfocar su actividad económica y financiera en determinados sectores a la vez que se olvida de otros. Durante el período de 1961 a 1999 el sector público se concentró en espacios sociales muy cercanos a él cuando se trataba de temas comerciales. En ese lapso de tiempo, el Estado subsidiaba o mantenía relaciones comerciales con determinadas empresas privadas nacionales en forma exclusiva y excluyente. Por ejemplo, en el tema agrario, en un primer instante el sector público mantenía estrechas relaciones con un reducido número de empresas productoras, pese a que no ofrecían las mejores garantías en la relación precio, cantidad y calidad. El sector público compraba insumos siempre a las mismas compañías porque no existía un mecanismo de licitación transparente a la hora de evaluar los potenciales vendedores. Durante años la escena agroalimentaria del país se fracturó entre grandes compañías y un inmenso mar de compañías productoras nacionales de menor tamaño que, sin otra salida, apostaban su desarrollo comercial en precarios mercados que las grandes corporaciones habían olvidado o no les interesaban. Y cuando el sector público privilegió a las empresas transnacionales al momento de entablar negociaciones, inclusive, sobre las mismas corporaciones nacionales, la situación se hizo insostenible[17]. Las empresas transnacionales manejaban mayores garantías para el comercio y cuando el sector público venezolano no lo consideraba así, éstas intercedían con mecanismos alternos para disuadir las dudas. Es decir, compraban con dólares las voluntades políticas de nuestros gobernantes. Por ello, el Estado fue el principal culpable del fracaso de las mismas leyes agrarias que había creado para sustentar la escena agroalimentaria del país y aunque después de 1999 hubo un cambio sustancial al respecto, la democratización del comercio agrícola seguía siendo un tema de difícil control, así como en las otras áreas comerciales en que se encontraba relacionado el Estado.

La ley de licitaciones de 2001[18] vino a ser un hito histórico en el país para impulsar la democratización del comercio en Venezuela. La competencia entre las compañías del sector privado ahora sería bajo reglas equitativas y el Estado aumentaba sus posibilidades de hacer negocios más rentables para la nación y, además, abría espacios para que se presentaran ofertas sociales en las licitaciones[19], por esa razón, muchos piensan que es la primera ley socialista genuina[20] desde la nueva constitución de 1999. A pesar de ello, la ley quedó insuficiente porque no poseía un alcance pleno a todas las actividades comerciales del Estado. Por ejemplo, la ley de licitaciones no plantea ningún correctivo cuando los directores de varias instituciones nacionales enviaban a sus empleados a diversas misiones de trabajo a nivel nacional y les obligaban a utilizar una específica agencia de viaje y a hospedarse en un determinado hotel. En estos casos, los dueños de las agencias de viajes y los dueños de los hoteles aspiran tener una relación directa con estos directivos a fin que se les otorgue ese privilegio, más aún, si la institución en cuestión moviliza una gran cantidad de empleados por las ciudades del país. Se sabe que hasta 2002, gracias a la insistencia de varios directores de Petróleos de Venezuela, los empleados de esta empresa que tenían que viajar a Caracas debían quedarse en un sólo hotel y usar sólo una agencia de viaje cuando éstos tenían libertad para escoger. Si no lo hacían, habría consecuencias. Luego del intento de Golpe de Estado de 2002, esa situación quedaría corregida en el seno de PDVSA.

Igualmente, la ley de licitaciones sugería que la voluntad política sería la verdadera causa de su éxito[21]. Incluso, hoy las empresas medianas y pequeñas son las que más están animadas en la aplicación de la ley de licitaciones por cuanto es un mecanismo para tener oportunidades reales de contrataciones con el sector público, el cual aún esta libre de las influencias de las grandes empresas. Por otro lado, la ley establecía prácticas equitativas entre los sectores productivos nacionales, pero establecía condiciones equiparar las ofertas nacionales frente a las extranjeras y establecer sanciones efectivas y otras medidas contra las prácticas fraudulentas y de corrupción en las licitaciones (CFR.- RODRIGUEZ VARGAS: 2006). La ley de licitaciones de 2001 ha superado con creces a la ley de 1990 y se transformó en uno de los elementos revolucionarios más valiosos como táctica y motor del desarrollo económico del país.

En el Socialismo del Siglo XXI la democratización del comercio se presenta como una política, como un mecanismo de solución de diferencias e inclusión de nuevos actores por razones de equidad y justicia comercial y razones de eficiencia económica. La sana complexión del Estado se apoya entonces en relaciones de interdependencia con sus ciudadanos y ciudadanas; en abrir canales para una imparcial distribución de la riqueza nacional; y en la búsqueda de estrategias para impulsar la gestación de unidades productivas, como eje vital del proceso de cambio. De esa forma se permitiría que las unidades productivas tomen conciencia de su fuerza, de sus potencialidades para desmontar con creces los peldaños más inmaculados del sistema económico capitalista en Venezuela y se percaten que el mismo Estado no es otro cliente más en el inmenso mar de los potenciales consumidores. A todas estas, el Estado se reconoce como un interlocutor de los auténticos protagonistas reales del quehacer económico-social sostenible, sin centralizar la acción de éstos, o dictando e imponiendo su propio criterio (CFR.- Santolalla: 2006). De no ser así, se corre el riesgo de desacelerar la modernización y agilización de los procedimientos de selección de contratistas y la no aplicación de los principios de la economía, transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad, competencia y publicidad, así como la búsqueda de mejores condiciones y políticas de compras, lo que, inexorablemente, tendría un impacto negativo en toda la escena industrial del país.

La democratización del comercio será el verdadero es y será uno de los principales desafíos del Socialismo del Siglo XXI, así como lo fue la democratización de la política durante el siglo XX (CFR.- Prahalad. En: MORENO: 2006), allí estará una de las herramientas para erradicar la pobreza, propiciar la prosperidad y acercar a nuestros ciudadanos a los beneficios de la economía global.

3.- LA DEMOCRATIZACIÓN DEL EMPLEO:

A medida que los derechos de propiedad se establecen de forma definitiva y aumenta la circulación de mercancías en la Europa del siglo XVI, el capitalismo comienza su desarrollo con pequeñas empresas que van apareciendo como incipientes organizaciones sociales autogestionadas capaces de asegurar a sus miembros mayores expectativas de calidad de vida al aprovechar la acumulación de pequeñas ganancias provenientes del comercio de bienes y servicios. Sin embargo, desde entonces se hizo evidente que aquellos hombres que eran dueños de esas empresas o de los medios de producción buscaban entre sus más cercanos allegados el recurso humano necesario para dar impulso a los objetivos de su actividad económica. Con el transcurso de los años esta tendencia se multiplicó y alcanzó nuevos niveles y nuevas connotaciones; y para el siglo XIX ya era regular ver como las oportunidades de empleo tendían a ofrecerse de forma privilegiada a las clases sociales más cercanas a los dueños de los medios de producción, en defecto de las otras clases sociales, con el objetivo de acaparar dentro de una misma clase social el máximo beneficio que se pudiera recoger del comercio.

Este sistema de distribución de riqueza para una misma clase fue uno de los detonantes que causaron el levantamiento de los empleados contra sus empleadores a principios del siglo XX. Y aunque los enfrentamientos de estos años dieron como resultado grandes conquistas laborales en lo concerniente al horario y las condiciones del trabajo, no fueron suficientes para hacer más democráticas las ofertas de empleo. De hecho, desde 1910 las grandes empresas buscaban con más ahínco sus recursos humanos entre sus propias familias, parientes, amigos, o afines, o demás miembros de su clase social, para no sólo asegurar que la riqueza de las actividades comerciales permaneciera a su alrededor, sino para asegurar cierto grado de hegemonía dentro del ámbito empresarial, lo cual facilitaba el control político interno de los líderes (más diferenciados y poderosos) al establecerse con claridad las relaciones políticas entre quienes tomaban las decisiones y quienes las obedecían sin temor a la revolución[22].

A partir de ese momento el proceso de diferenciación de clases inició un proceso de aceleración histórica. De la nada aparecieron grupos excluidos que no tenían acceso al empleo. Millones de seres humanos vagaban por las ciudades sin mayores expectativas de vida que sobrevivir como fuera a lugar[23] y nada parecía detener aquella política empresarial excesivamente parcializada que sólo beneficiaba a un puñado de individuos.

La clase alta estaba perpetuando su posición preponderante en la escala social y a la vez restringía el camino a todas aquellas fuerzas sociales emergentes que pretendieran compartir los beneficios que ellos poseían. Entretanto, algunos excluidos cifraban sus esperanzas laborales en esperar que los empresarios ofrecieran un conjunto de empleos riesgosos, deplorables y mal remunerados que no podían ser ejercidos por ningún honorable y respetable ciudadano de la clase alta, para que así pudieran subsistir en un mundo cada vez más convencido que el trabajo formalizado era el medio de vida más genuino (CFR.- MARTÍN ROMERO)[24], cuando en realidad no era así. Mientras que otros excluidos comenzaban a entender que era preferible cifrar sus esperanzas laborales en lograr un lazo de afinidad con la clase alta, porque era obvio que quien tuviera a la mano una relación con ellos podría conseguir un empleo. El resultado de esta relación de hechos trajo como consecuencia que el conocimiento y la destreza pasaran a ser arquetipos desvalorados a la hora de evaluar la capacidad de trabajo de los hombres; muy por debajo de la creencia que una recomendación de algún miembro de la clase poderosa era la verdadera llave para poder trabajar. El mundo se adentraba en una crisis de valores nunca antes vista y veía como nacía una nueva clase social aparte de la clase alta y la baja, es decir, la clase social compuesta por aquellos individuos que carecían de relaciones humanas de proximidad con las élites empresariales; individuos condenados a nunca conseguir empleo y a enfrentar las consecuencias por su “error natural” de no conocer ni tratar directa o indirectamente a los individuos influyentes de la sociedad.

Esta tendencia nociva para el equilibrado desarrollo económico de los pueblos se desarrolló impunemente a nivel mundial como un cáncer hasta mediados del siglo XX, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que había nacido en 1919, se interesó por el resto de los pueblos del mundo, porque durante sus primeros años de historia se enfocó en tratar las contradicciones laborales de los Estados más poderosos de la época (Estados Unidos de América y el Reino Unido).

En 1944, la OIT amplió el mandato normativo de la organización para dar cabida a asuntos de carácter general relacionados con la política social y los derechos humanos y civiles[25], y dos años después se convirtió en el primer organismo especializado de las Naciones Unidas. Desde entonces, la OIT se enfrascó en una lucha por evitar que el mercado de las oportunidades de empleo dentro del capitalismo sólo favoreciera la fractura entre clases sociales, el desempleo y el incremento de la pobreza. Junto con el nacimiento y consolidación de confederaciones de trabajadores en cada país del mundo, la OIT comenzó por neutralizar la discriminación social que provocaba las condiciones del mercado laboral llamando a los Estados a diseñar leyes que pusieran coto a los excesos de la clase alta, sólo que había un problema de fondo al respecto. La discriminación de ofertas de oportunidades de empleo en el capitalismo tenía un obstáculo y este era el mismo Estado Capitalista.

El Estado Capitalista basa su identidad en los principios del liberalismo, los cuales propugnaban la ausencia del control estatal en las actividades económicas de sus ciudadanos, y por lo tanto no puede restringir jurídicamente ciertos comportamientos de las empresas privadas, como es el caso de la selección de los recursos humanos. Las empresas tenían total discreción para referirse sobre ese particular, era su derecho; ellas eran libres para decidir quién participaba o no en su actividad económica. Si el Estado Capitalista intervenía en este referente, las empresas cederían una parte crucial de su independencia y libertad de decisión y pensamiento y ello era ilógico para el sistema. El Estado Capitalista ya no sería tal y tampoco la empresa sería del sector privado. En cambio, el Estado Capitalista si podía regular los derechos de los empleados y sus condiciones de trabajo con diversas leyes en materia laboral[26] que, incluso, recogían los reclamos históricos de los trabajadores que abogaban por acomodos y replanteamientos sobre lo que debía entenderse como empleo, deslocalización espacial y temporal del trabajo, polarización de demandas calificacionales y bifurcación en planos visibles e invisibles del trabajo mismo (CFR.- MARTÍN ROMERO).

Estas reglas de juego sólo dificultaban aún más la creación de mecanismos que apuntalaran el acceso de toda la sociedad a las oportunidades de empleo con procedimientos claros, expeditos y transparentes de reclutamiento de personal. Pero la OIT no se desanimó ante este escenario y mucho menos lo hizo cuando notó cómo el mismo cáncer que trataba de extirpar hacía metástasis en los pueblos latinoamericanos a finales de los años cincuenta, sólo que ahora vería con horror que la tendencia de discriminar las oportunidades de empleo a una sola clase social ya no tendría a su protagonista en las empresas privadas, sino en el mismo Estado Capitalista.

El Estado Capitalista comenzó a valerse de recursos humanos en razón de las preferencias políticas, comerciales, religiosas, genero, de raza, y filiares de los empleadores, lo que supuso el desplazamiento de las tendencias a buscar recursos humanos meramente en las clases altas. El totalitarismo, el apartheid, segregacionismo político e ideológico, el nepotismo, el clientelismo, el amiguismo, etc., se hicieron de común uso en las opiniones críticas al Estado Capitalista, cuyo comportamiento sólo favorecía su propia autodestrucción. El Estado Capitalista se había transformado en una organización ilógica. En su seno no había cabida a buscar recursos humanos a través de mecanismos de selección que aseguraban la adquisición de lo mejor de su sociedad. Los individuos mejores calificados para las labores estatales ahora podían quedar excluidos por otros individuos que aprovechaban su aproximación a los líderes y todo auguraba a la llegada de una etapa nunca antes vista, la etapa de la anarquía laboral.

Si por un lado se hizo común ver a grandes masas de profesionales desempleados haciendo lo imposible por conseguir un humilde trabajo para retornarle al país, a su patria, a su nación, el fruto de sus años de estudios, esfuerzos, lágrimas, por el que tanto bregaron por conseguir una carrera universitaria; por otro lado se hizo también común ver dentro del Estado a graduados en veterinaria haciendo de abogados; a abogados a haciendo de administradores; a militares haciendo de diplomáticos; a diplomáticos haciendo de mensajeros motorizados; a médicos haciendo de gerentes de recursos humanos; a economistas haciendo de gerentes en nutrición; y a analfabetas haciendo de diputados. La situación se hizo más compleja una vez que los dueños de los medios de producción comenzaron a temer por la exclusividad de sus riquezas comerciales, debido al reforzamiento de los ordenamientos jurídicos en materia laboral a nivel nacional e internacional. Los empresarios sentían la presión de los esfuerzos de la OIT y de sus mismos Estados que los obligaban, a través de leyes, a abandonar la práctica de privilegiar a su propia clase social como fuente privilegiada de recursos humanos. Los avances llegaron a través de mecanismos políticos que se enfocaron en obligar a las empresas para que publicaran a través de los medios de comunicación las ofertas de empleo, la creación de espacios académicos con vista al estudio de la administración de los recursos humanos y la política del Estado por intervenir estratégicamente en algunos ámbitos comerciales para que las empresas sintieran una mayor competitividad con otras empresas del mismo ramo y así no tuvieran otra opción que buscar fuentes de recursos humanos de mayor calidad en otras clases sociales. Sin embargo, la clase social alta se negaba a perder su control en sus propias empresas y por ello, salvando algo de terreno, se inclinó por ofrecer abiertamente oportunidades de empleo en aquellos espacios laborales que no eran de gran remuneración (los cuales si podían ser ocupados por cualquier individuo de la sociedad)[27] y se resguardó el privilegio de ofrecer los empleos de mayor remuneración a individuos de su propia clase social con base a una cultura de secretismo. Con ese medio las clases sociales bajas tenían menores posibilidades de enterarse de las oportunidades de los mejores empleos y la clase alta, por su condición y su conciencia de clase, aún reclamaba silenciosamente y de forma tajante su derecho “natural” a escoger quienes serían, al menos, los que ocuparían los cargos gerenciales más importantes entre sus empresas.

Ahora bien, para la década de los años ochenta las relaciones entre patronos, empleados, clientes y sociedad organizada estaban desvirtuándose aceleradamente en América Latina y hubiese continuado así, sino es por un nuevo empuje teórico proveniente de la OIT[28], la cual comenzó a alentar a los pueblos a trabajar por una verdadera democratización del empleo (CFR.- TORRO: 2003; CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS: 2001, 15); concepto que se opone al mercado laboral en el capitalismo, el cual es una parodia, un sistema artificioso e imperfecto concebido para enmascarar el real dominio del pueblo por una minoría gobernante (CFR.- Pannekoek: 1942, 35). Como la oferta de empleo en el capitalismo evita el equitativo reparto del trabajo remunerado; evita que quienes trabajan sean dueños de su trabajo (CFR.- Pannekoek: 1942, 35); supone que el desempleo es propio de los tiempos de escasez cuando en realidad oculta el cierre de los canales de acceso desde la clase alta; concibe a las eventualidades del sistema como la causa de las ofertas laborales para el resto de los ciudadanos; y hace que el mercado laboral no sea neutro en cuanto al género, porque el sistema capitalista se nutre de la estructura patriarcal de la sociedad que subordina a las mujeres a la “despreciada” esfera privada e impone a los hombres la dedicación exclusiva al trabajo asalariado (CFRE.- CORRIENTE ROJA: 2006), los cuales, a su vez, deben cuidar su estabilidad laboral según la emergencia de los principios de flexibilización laboral a nivel mundial[29]; la democratización del empleo debía ser la nueva bandera para acabar con esos males.

Los orígenes teóricos de la Democratización del Empleo se hayan en los trabajos de Wilhelm Reich, quién abrió el debate cuando presentó al mundo el concepto de “democracia del trabajo” mediante el cuál se reconcilia el trabajo como acción realizadora del hombre y no el trabajo como alienación, propio de la sociedad capitalista. De ahí que propone el amor, trabajo y conocimiento como fuentes esenciales de nuestra vida (CFR.- TORRO: 2003). Dicha propuesta se apartaba del otro aporte del socialismo la “democracia laboral”, la cual se refiere a la posibilidad que los trabajadores puedan participar en la toma de decisiones administrativas de las empresas donde trabajan, compartiendo la gerencia con los dueños de los medios de producción. Por ello, no hay que confundir ambos conceptos, es decir, la “democracia laboral” con la “democratización del empleo”.

La democratización del empleo es sinónimo de igualdad, es sinónimo de erradicar en su totalidad cualquier tipo de discriminación por parte del empleador a la hora de asignar un empleo a un individuo, a no ser por parámetros objetivos gerenciales modernos que preponderen la necesidad laboral real del empleador y la experiencia, el conocimiento y la destreza del postulante sobre cualquier tipo de apreciación subjetiva. La democratización del empleo nace con la reformulación de los ordenamientos jurídicos de los Estados sobre materia laboral y cobra vida con la voluntad política del gobierno para que se haga efectiva. Es la política que defiende la idea que el justo y transparente acceso a oportunidades de empleo por parte de la sociedad organizada es un medio determinante para acabar con la diferenciación de las clases sociales y la pobreza. No obstante, la democratización del empleo tenía una contracción teórica de aplicación política. Debido a su naturaleza y convicción, como política no tendría cabida en un Estado Capitalista Neoliberal como EUA, por ejemplo, porque la pugna por cualquier actividad lucrativa ocasionaría la distorsión del ofrecimiento de las oportunidades laborales y, tampoco, tendría cabida en un Estado Social Neoliberal o, incluso un Estado Social con cierto planteamiento socialista, porque ambos sistemas se acongojarían de otra imposibilidad que también subyace en el capitalismo y es la dificultad que se relaciona con la consolidación de una economía lo suficientemente capaz de crear atractivas y cualitativas ofertas de empleo según la demanda de la fuerza de trabajo de una determinada sociedad (CFR.- MARTÍN ROMERO).

Entonces ¿a qué tipo de Estado se amoldaría la tesis de la democratización del empleo? La democratización del empleo amerita un Estado Social con un fuerte ideario socialista, pero agregando un sistema político de democracia participativa para crear una escena propicia para albergar una transición pacífica[30] y teniendo cuidado de no acercarse a organizaciones humanas altamente burocratizadas y planificadas, porque éstas determinaron el fracaso de las primeras experiencias socialistas del mundo; y que por el contrario, se acerque a programas de autoempleo (trabajo por cuenta propia) y encuadrado en el esquema de la Economía Social[31] para así reducir las posibilidades de regulación estatal, pues cada espacio económico desarrollaría sus propias capacidades empleadoras (CFR.- MARTÍN ROMERO). Por otro lado, la democratización del empleo no es posible sin el imperio de la ley. Este factor serviría como garante de la regularidad de las conductas humanas a ser entabladas. Sin el imperio de la ley, el modelo podría venirse abajo (CFR.- Colmenárez: 2005). Por ejemplo, vale recordar como algunos países que se dirigen hacia un modelo socialista tienen dificultades para incluir modelos de organización social como, por ejemplo, las cooperativas, debido a que los ciudadanos infringen las leyes que regulan la materia y éstas terminan transformándose en organizaciones muy parecidas a las empresas capitalistas, lo cual trasfigura la verdadera identidad de estas organizaciones. El problema se basa en que una vez puestas en funcionamiento, y pese a que la ley indica lo contrario, los miembros de las cooperativas en vez de distribuir equitativamente las ganancias entre sus integrantes, las distribuyen proporcionalmente tal cual como si fuera una empresa dentro del más puro capitalismo, es decir, son empresas disfrazadas de cooperativas En esos casos, las leyes que determinan el rol social de las cooperativas no son suficientes para evitar que la acumulación de la riqueza se reduzca a pocas manos y ello se debe a que la imposición de los correctivos a dichas anormalidades no se lleva a cabo o no se les da el debido seguimiento. De hecho, Venezuela no escapa a esa realidad. En una alocución del 13 de marzo de 2005 el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez indicó que ya se han detectado la presencia de cientos de cooperativas que actúan como empresas capitalistas: “Ojo con las cooperativas, porque hay cooperativas que tal y como se están planteando sirven sólo para fortalecer el capitalismo”.

El imperio de la ley es el verdadero bastión para suplir de estabilidad al sistema y para fortalecer la justa y equitativa distribución de la riqueza. Además, debe verse como algo amplio, un concepto vinculado a la cultura política, que va más allá de la legislación y refleja el contrato social que mantiene unidos el Estado y la sociedad, lo que significaría una sola ley para todos, sin que nadie esté por encima de la ley (CFR.- Arlacchi: 2000). Así, el Estado que se abriría ante nuestros ojos es uno sustentado en la justicia distributiva y no conmutativa; un gestor al cual debe sujetarse la legislación (de allí el predominio de los decretos leyes y de las leyes habilitantes) y no un mero legislador; un Estado que busca la justicia legal material y no sólo asegura la justicia legal formal; un Estado que entiende que la única forma de asegurar la vigencia de los valores es su propia acción concertada y no inhibida.

En el Socialismo del Siglo XXI la segregación laboral debe de ser erradicada hasta sus últimas consecuencias. Y ya incluso hemos avanzado hacia esa idea, porque años atrás se creó el Sistema de Democratización del Empleo (SISDEM), la cual es una propuesta del Gobierno Bolivariano del Presidente Hugo Chávez Frías, como un método que garantiza objetividad y transparencia en el proceso de captación, selección y postulación del personal que aspira ingresar a las empresas contratistas encargadas de la ejecución de las obras, trabajos y servicios en el sector petrolero. El SISDEM viene a representar una gran oportunidad de desarrollo y mayor participación a todos los sectores de las comunidades. Con el SISDEM, y su expansión, se salda parcialmente aquella deuda social con todos los ciudadanos y ciudadanas que vivieron los excesos laborales de aquel Estado Capitalista venezolano del siglo XX, a través de la superación de la conformista y etérea idea de sólo: garantizar a los trabajadores sus empleos (CFR.- Manrique Ugarte: 2005). La garantía del empleo no es ni será suficiente en el enfoque de la democratización del empleo porque no pone atención a la dignidad de los trabajadores. Por ejemplo, un caso típico es recordar aquellos gobiernos que se satisfacían al poner a millones de ciudadanos a picar piedra en una cantera sin herramientas para darles lo que ellos querían: un trabajo ¿y la dignidad? Sencillamente, no era importante. Ir más allá de la garantía del empleo es brindarles a los trabajadores la información necesaria para que conozcan sobre las oportunidades de empleo abiertas y puedan tomar decisiones. Otra cosa es dotarlos de estabilidad una vez que ellos asumen un determinado trabajo. Estos elementos deben ser compaginados en la nueva voluntad política del Socialismo del Siglo XXI, que en consecuencia permitirá estructurar un sistema político cuyo recurso y talento humano sería la máxima expresión de participación, eficiencia, destreza, profesionalismo y capacidad de respuesta.

4.- LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN:

Desde el 2002 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha aumentado sus esfuerzos para hacer que la contextualización de la educación sea incluida entre los objetivos políticos de los Estados latinoamericanos (CFR.- Fouilhoux: 2002). La idea propone que a través de este medio se construya un piso más sólido para el desarrollo social de la ciudadanía, porque el Estado intervendría de forma directa en uno de los elementos clave que originan disfunciones sociales como la marginalidad crónica, el narcotráfico, la inadecuada educación parental o la insuficiencia de espacios y equipamientos recreacionales colectivos en los distintos barrios, entre otros (CFR.- Coaching & Mentoring: 2006). Esta política tendría una incidencia directa en el origen del problema para la mejora de la seguridad ciudadana y su mera existencia coadyuvaría a la complexión de un nuevo ciudadano. Sin embargo, para algunos esa idea guardaba cierta relación con un antaño modelo de pedagogía socialista, tan particular como para combatir la constante persuasión y convencimiento mediático a la que esta sujeta el ciudadano que vive bajo la esfera de un Estado capitalista e imperialista y ello era irónico, porque la UNESCO era su creadora y máxima impulsadora, cuando lo usual era que esta institución presentara iniciativas políticas educativas que procuraban, más que todo, la perpetuación del orden internacional al servicio de las potencias. Originalmente, la contextualización de la educación propone que la enseñanza académica debe sacar provecho de la realidad histórica y cultural del ámbito regional en donde se desarrolle, de forma tal que las experiencias internacionales y nacionales no ocupen mayor importancia que las experiencias cotidianas más próximas a la comunidad (CFR.- BRAVO JÁUREGUI), lo que en consecuencia formaría la toma de conciencia en el educando-ciudadano sobre la realidad en la que se desarrolla el proceso educacional. Este tipo de enseñanza se une de manera fundamental a lo actitudinal y axiológico de las comunidades, como a sus intereses, potencialidades, problemas y necesidades de su familia, comunidad y país (CFR.- Yudkin Suliveres: 2002), de allí su importancia para crear conocimiento y criterio sobre la realidades más cercanas y acabar con el modelo de educación universitario en donde las universidades sólo graduaban a los profesionales que necesitaban las empresas privadas. En síntesis, esta forma de transmisión de enseñanza no pone obstáculos para evitar que el ser social sea quien determine la conciencia social, lo cual compaginaba con las tesis de la Neopedagogía Socialista[32]. En el modelo, la enseñanza de las ciencias se hace más importante, porque se constituye en el mejor –remolque- del desarrollo intelectual de los jóvenes. Ésta se hace presente en los contenidos, en la relación profesor-alumno, en los métodos didácticos, en los fines educativos y la dinámica de desarrollo. Así, el sentido crítico del educando adquiere mayor impulso por estar expuesto al cientificismo, el cual es muy distante a las pasiones a las que se encontraba sujeto en un principio (Ver.- LIEBEL: 2000, 177; o Ver También.- GONZÁLEZ CASTRO: 2002; Quintanilla: 1997). Es decir, este sistema apoya indirectamente que las personas que viven en similares condiciones de vida y que comparten, por defecto, también similares formas de plantearse frente al medio que los rodea, puedan transmitir científicamente sus conocimientos de generación en generación para ir evolucionando una conciencia o identidad conforme las condiciones materiales de vida vayan cambiando; lo que significa un regreso a la reflexión crítica sobre las necesidades y exigencias de las comunidades en cada período histórico y allana el camino a la toma de conciencia de clase; cumpliéndose así uno de los requisitos sine cua non de la teoría de la revolución dentro de las formas teóricas neomarxistas. Mayor escándalo…! La UNESCO ahora era una institución pro neomarxista[33].

Y si bien esta interpretación pasaba desapercibida por la mayoría de los cuadros académicos del mundo, si tuvo su merecida atención en aquellos cuadros académicos más sensibles a las posibles consecuencias que podrían originarse con su puesta en práctica. Incluso, ya a mediados de 2003 se percibía como algunas élites académicas del mundo pasaban la página cada vez que estaban en contacto con el asunto y, por el contrario, otras élites políticas se detenían cuidadosamente a leer los planteamientos sobre la contextualización de la educación, más que todo porque sus ideas se amoldaban a los modelos de sus proyectos sociales nacionales y respondían a las exigencias y características propias de sus países. Este fue el caso de a Viet Nam, China, Mongolia, Cuba y recientemente Venezuela, cuyos resultados educativos son expresión de la consolidación y el enriquecimiento de la Neopedagogía Socialista y son respuesta para aquella antigua preocupación de los pedagogos en el contexto latinoamericano sobre la disyuntiva de si en realidad existe o no ese tipo de pedagogía expandida en el continente (CFR.- Piñeiro Suárez: 2005).

En Venezuela la contextualización de la educación se ha visto como una oferta muy optimista para desmontar las bases de un sistema educativo inflexible y centralizado cuyos orígenes datan desde la constitución de 1961 (CFR.- IZTURIZ: 2005). Entre 1961 y 1999 la educación en el país se planteó como un cuadro cerrado que no permitía resquebrajamientos de ningún tipo. Las instituciones educativas nacionales debían seguir el patrón de pedagogía aprobado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (ME) y por el Consejo Nacional de Universidades. Los pensums académicos a nivel de primaria y secundaria eran similares en cada institución sin muchas variantes. El planteamiento educativo era impositivo, innegociable y eficaz para la nación, o al menos, esa era la idea que se les ofrecía a los venezolanos. Durante más de 35 años no ocurrieron mayores variantes en los pensums y las actualizaciones de los mismos insinuaban engorrosas trabas burocráticas que el Estado no estaba dispuesto a acelerar. El país en materia educativa se desactualizó y ya para 1994 todos los estudiantes de los primeros niveles educativos estaban siendo educados con los mismos libros y documentos de hacía 25 años. Incluso, se sabe de profesores e instituciones que en su esfuerzo por llevar una educación de calidad a sus alumnados, violaron la ley y decididamente tiraron los pensums a un lado y comenzaron a enseñar a los jóvenes con frescas ideas, sólo que no duraban mucho; una vez que el ME percibía la falla de inmediato aplicaba los correctivos y los profesores eran despedidos y las instituciones incursas en estos “delitos a la nación” cambiaban a sus directivos. De hecho, esta intolerancia al cambio era tan decidida que en aquellas regiones del país, donde más se necesitaba la contextualización de la educación, el ME seguía impávido a cualquier tipo de ruego por cambios. Al contrario, en las universidades se percibía mayor libertad gracias a su autonomía, aunque también sufría los estragos de la burocracia. Por ejemplo, hasta 1998 las iniciativas para actualizar un pensum en cualquier carrera universitaria tardaban más de seis o más años o hasta que así lo dispusiera el Consejo Nacional de Universidades.

Pensar en aquel tiempo sobre la contextualización de la educación era algo no más que un sueño lejano, al contrario de las constantes pérdidas de oportunidades de que país se valiera de una población académica en igualdad de condiciones con los estratos académicos de los demás países del mundo desarrollado. Asimismo, muchos venezolanos salieron del país en búsqueda del conocimiento actualizado que acá se les había negado. La fuga de cerebros se incrementó conforme pasaban los años y ya para finales de los años noventa el Estado venezolano buscaba sus recursos humanos entre todos aquellos venezolanos que nunca se fueron y que, por más, no podían dejar de ser vistos por los pensadores más críticos como trabajadores de segunda mano; los suplentes, los que debían estar en la banca del juego sino se hubieran ido los jugadores estelares, lo que hacía más paquidérmica a la administración pública y a su burocracia (CFR.- Concheso: 1999).

Luego de la CRBV de 1999 la voluntad por los cambios en materia de educación no se hizo esperar y hoy se sabe que falta terreno por recorrer. La contextualización de la educación esta llamada a acabar con aquella falta del interés del ciudadano por conocer que ocurre en su comunidad. La educación avanza a la flexibilidad y quizás, en un futuro no muy lejano, se pueda erradicar la totalidad de las contradicciones de nuestro sistema educativo como aquella que denota la anécdota del zancudo de Apartaderos. Esta localidad esta ubicada en el Estado Mérida, a una altura sobre el nivel del mar mayor a los 4200 metros; allí en los pocos centros educativos de primaria y secundaria se les enseñaba incisivamente a todos los estudiantes, por ejemplo, por 3 meses y con reiterada persistencia en cada año los males del paludismo, la malaria y el dengue. Esa enseñanza merece toda justificación en ciudades como Puerto Ayacucho, capital del Estado Amazonas, donde los mosquitos son un asunto de interés público hasta para la gobernación del Estado; pero cómo encontrar una justificación en la ciudad de Apartaderos cuando a la zona no ha llegado, ni llegará el primer mosquito ¿Y es que acaso nadie sabe qué por la altura de la ciudad ningún genuino representante de la orden díptera, suborden nematocera y de la familia culicidae, vulgarmente conocidos como zancudos, puede llegar allá? ¿Es que acaso es tan imprescindible la enseñanza de las enfermedades que causan los zancudos como para gastar horas y horas de esfuerzo académico en vez de redirigir ese tiempo a enseñarles a los estudiantes conocimientos en turismo, ya que el Estado Mérida, y esa ciudad especialmente, son los mayores centros turísticos del país? ¿Es que acaso nadie se ha dado cuenta que la contextualización de la educación merece cierto grado de atención? Al menos allá parecía que no hace más de 10 años… y no hay que culpar a los profesores; porque incluso ellos sólo cumplieron órdenes de sus superiores.

La juiciosa distribución de la carga académica y el contexto a la cual debe ser sujeta haría frente el puerocentrismo común de los otros modelos pedagógicos diferentes a la Neopedagogía Socialista, que son el tradicional, el conductista, el desarrollista y el romántico. El modelo de pedagogía tradicional enfatiza la -formación del carácter- de los estudiantes para moldear a través de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal humanista y ético, que recoge la tradición metafísico-religiosa medieval. En cambio, el modelo pedagógico conductista se enfatiza en la fijación y control de los objetivos <> formulados con precisión y reforzados minuciosamente. De igual forma el modelo pedagógico desarrollista se enfoca en que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente a la etapa superior de desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. Y el modelo pedagógico romántico sostiene que el contenido más importante del desarrollo del niño es lo que procede de su interior, y por consiguiente el centro, el eje de la educación es ese interior del niño, así el ambiente pedagógico debe ser el más flexible posible para que el niño despliegue su interioridad, sus cualidades y habilidades naturales en maduración (CFR.- Flórez). Ahora bien, estos cuatro modelos introducen dos factores que influyen negativamente sobre la enseñanza de las ciencias. Por un lado, administran la enseñanza “por gotero” a la medida, interés, ritmo y complejidad demandados por el educando en cierta edad y determinada etapa de desarrollo (CFR.- Flórez) y según los lineamientos de la clase dominante, la cual está ausente de la realidades comunitarias. Y por otro, no aceleran el proceso de enseñanza lo que retraza el progreso de la nación. Este último factor ocurre cuando los institutos educativos dan la espalda a métodos de enseñanza intensiva y utilizan métodos que emplean excesivos lapsos de tiempo para lograr objetivos que en otros sistemas educativos, más consientes de las necesidades de progreso y desarrollo, no llegan a ser más que la suma de unos cuantos meses. Por ejemplo, en varias universidades de Europa que han aceptado la contextualización de la educación, se nota como un estudiante termina su carrera universitaria en tres años y medio o cuatro, mientras que en Venezuela puede ser hasta más de cinco años. La aceleración de la educación no significa en este caso aumentar las posibilidades de que el graduando esté mal preparado, si no que se busca la medida exacta para que el país pueda valerse de profesionales jóvenes. Sin embargo, la aceleración de la enseñanza dentro de la contextualización de la educación tiene un particular y es que supone que la educación de las ciencias sociales tiene mayor privilegio que la educación de las ciencias duras.

La educación político-ideológica ocupa un lugar preponderante en la contextualización de la educación[34]. Si se realiza con eficiencia será posible formar a los alumnos como cuadros concientes de su papel como ciudadanos, con la correspondiente concepción del mundo y el amor por el trabajo, con rasgos ideológicos y morales propios de sus comunidades y con la sincera creencia que el trabajo en conjunto brinda más beneficios que las individualidades y el egoísmo (CFR.- SUNG: 1993, 16-22). Sobre esta base la adecuada educación político-ideológica hará posible impartir con éxito las ciencias y la técnica, así como la educación en sus diversas manifestaciones. Los alumnos se transforman en potenciales protagonistas de los cambios futuros y hombres para la paz, para la tolerancia, para el diálogo para evitar que seamos los seres humanos los que destruyamos a nuestros semejantes, a nuestros propios hermanos (CFR.- FOX: 2004).

Pero en el Socialismo del Siglo XXI la contextualización de la educación ha ido más allá con el la incorporación de las misiones bolivarianas. El desarrollo de las Misiones Bolivarianas Robinson (2003), Ribas (2003), Sucre (2003), Vuelvan Caras (2005), Vuelvan Caras Jóvenes (2006), Che Guevara (2007) y Alma Mater (2006), dentro de la esfera de la contextualización educativa, posibilitaron el acceso de los sectores populares, su conversión en futuros cuadros del desarrollo tecnológico, a la vez que redujeron el elitismo afincado, principalmente, en la educación superior. Las Misiones como programas sociales masivos sinceraron el compromiso del gobierno bolivariano por incorporar a las mayorías excluidas en el proceso de transformación del Estado; y conjugaron la agilización de los procedimientos estatales con la participación directa de las comunidades populares en la conformación de los cuadros operativos y en la gestión de las Misiones, para terminar siendo el “mayor esfuerzo público que haya conocido la nación para enfrentar corresponsablemente las necesidades del pueblo venezolano, como medio para garantizar su plena incorporación al desarrollo local y nacional”. Las Misiones hicieron posible que el excluido ahora fuera incluido, todo en beneficio de una nueva conciencia política, incluso en el orden cultural, psicológico, ideológico y filosófico. Sus consecuencias consolidaron estructuras sociales emergentes e hicieron viable trascendentales cambios institucionales. Asimismo, la creación en menos de 10 años de más de 30 centros de estudios entre los que podemos contar la creación de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana –UNEFA- (1999); Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprúm –UNESUR- (2000); Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (2000); la Universidad Bolivariana de Venezuela –UBV (2003); Universidad Iberoamericana del Deporte (2006); Universidad Nacional Experimental de las Artes -UNEARTE- (2006); Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero -UBTJR- (2006); Universidad Nacional Experimental de la Seguridad –UNES- (2009); así como la creación de los Institutos Universitarios Tecnológicos del estado Bolívar (IUTEB), del estado Barinas (IUTEBA), del estado Apure (IUTAP), la Escuela de Formación de Oficiales Técnicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (EFOTEC), el Instituto Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire (IALA), entre otras; ha hecho posible asegurar un mayor acceso de la población a una educación técnica y de alta especialización, a través de la inclusión y participación ciudadana. Estas instituciones crearon canales de acceso a la educación, el saber, el conocimiento, los libros y la lectura, en beneficio del equilibrio social, orientado, no sólo a corregir las enormes diferencias que afectan a la sociedad venezolana con su gran carga de exclusión e injusticia social, sino también para conseguir el desarrollo pleno del ciudadano en los aspectos relacionados con el ejercicio de la democracia, ubicándolo como la esencia de esta revolución. La educación dentro del gobierno bolivariano es un servicio social que flexibiliza la sujeción de la función educativa de los particulares a la autoridad del Estado, para maximizar la llegada de hombres calificados para que las masas más excluidas tengan una justa participación en el aprovechamiento de las riquezas que por derecho les corresponden (CFR.- García Téllez: 1935). Y no se tratará que la gente de Apartaderos, por ejemplo, no sepa de las enfermedades transmitidas por los mosquitos, sino que deben estar más concientes de las necesidades distintivas y muy representativas de su región. De este modo, estas instituciones pasarían a ser órganos emancipadores; únicos; obligatorios; gratuitos; científicos; racionalistas; con técnicas de trabajo; socialmente útiles, funcionales; desfanatizados; integrales con especial interés por la educación de los más excluidos. Así, cada ciudadano y ciudadana tendrá la posibilidad de conocer todas las conquistas democráticas que se han hecho en Venezuela y conocerán como éstas pueden ser utilizadas para resolver los miles de problemas que encontramos todos los días en nuestras comunidades. Este acercamiento a la realidad compondría un Estado que encuentra su origen y razón en un ciudadano más democrático, un ciudadano con capacidad para actuar en su medio, un ciudadano no conforme e informado, un ciudadano equilibrado, es decir, un ciudadano contextualizado.

5.- CONSTRUYENDO UN NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD JURÍDICA:

La seguridad jurídica nace del supuesto de la igualdad jurídica, principio normativo incluido en los derechos que se han convenido como universales y fundamentales y cuyo desarrollo se consolidó a partir de la simultánea evolución de la democracia liberal y el Estado de Derecho. Desde el siglo XIX la seguridad jurídica se invoca cuando realmente existe una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés real de la sociedad y se refiere, básicamente, a la consistencia en la aplicación de las leyes y que éstas no se modificarán de acuerdo a los intereses del grupo dominante.

La seguridad jurídica es un principio fundamental y complejo del Derecho y consustancial al Estado constitucional moderno. Se trata de un valor superior contenido en el espíritu garantista de las Constituciones, que se proyecta hacia todo el ordenamiento jurídico y busca cultivar en el individuo una expectativa razonablemente fundada respecto de cuál será la actuación de los poderes públicos y, en general, de toda la colectividad, al desenvolverse dentro de los cauces del Derecho y la legalidad. Dicha expectativa se sustenta en ciertas cualidades o características que debe tener el sistema político y jurídico de un Estado. La irretroactividad de los mandatos de la ley; su permanencia y estabilidad evitando la volubilidad normativa en aquellas relaciones sociales que regula con comprobada pertinencia; su aplicación igualitaria a todos los ciudadanos, sin distinciones de condición; su formulación clara y precisa de la Ley, emanada de los órganos constitucionales competentes, que tendrán el deber de darle su merecida publicidad y velar por el consiguiente conocimiento que de ella tengan quienes a su imperio estén sujetos, son unos de los elementos en que se apoya la seguridad jurídica (CFR.- Torres, Kirmser: 2006). Pero la seguridad jurídica no es un principio absoluto pues coexiste con otros principios jurídicos, como el principio de legalidad y legitimidad, con los que ha de hacerse compatible; y tampoco es un principio rígido en el tiempo, ya que cuando existen incertidumbres jurídicas, la seguridad jurídica evoluciona para asimilar y soportar las fluctuaciones con innovadores cambios normativos en la medida en que el progreso político, económico y social así lo exija y en tanto no quiebre la paz social.

Hoy se tiene la misma definición de seguridad jurídica que hace cien años atrás. Su patente inmutabilidad representa la fuerza que contrarresta a la impericia jurídica y su volátil existencia; y la bandera de algunos pueblos del mundo que reclaman por su constante presencia (CFR.- CADRI: 2007), contra: 1) un universo jurídico caracterizado por la superabundancia de reglas, leyes, reglamentos y ordenanzas (CFR.- López Buenazo: 2001); 2) la ausencia de un gobierno limitado (CFR.- Cachanosky: 2006); 3) la ausencia de normas claras y la vulnerabilidad del derecho de propiedad, de los contratos y de los derechos humanos (CFR.- López Göttig: 2006); 4) los cambios abruptos en las reglas de juego entre gobernantes y gobernados (CFR.- Ferreyra De la Rúa); 5) la aplicación de leyes de forma selectiva y convenida; 6) la imposibilidad de retener los bienes, así como sus rendimientos (CFR.- Rallo: 2005); 7) la multiplicación de esquemas políticos cambiantes, con condiciones no claras, articulado con pobre información al ciudadano y aderezado con regularizaciones y acciones vacías, no permanentes; 8) el auge de la criminalidad; 9) la consolidación de organizaciones extra-sistema al margen del Estado, evolucionando sin control; 10) el confinamiento del desarrollo social y económico de los pueblos a “inciertas circunstancias, eventualidades y excentricidades” del derecho; y 11) la aplicación arbitraria y pluralista de las fuentes jurídicas (derecho real, costumbres, estatutos de los gremios, corporaciones o ciudades, derecho romano, canónico, etc.), cuyo empleo se ejecuta sin derecho de prelación y sometido a las reglas abiertas de interpretación de los jueces y magistrados (CFR.- REYES OLMEDO: 2002). Estos supuestos han sido los detonantes que han hecho entender a los pueblos del mundo que invocar la seguridad jurídica puede ser un camino valedero para buscar, de forma terminante y en sentido general, sistemas políticos capaces de reducir la moderna tendencia de los Estados, en el marco de la globalización, de hacer prácticas jurídicas perversas que incentivan inestables, eventuales y cortoplacistas reglas de juego para dar cuenta de las relaciones humanas. De igual manera, estos supuestos han sido los principales causales de la expansión acelerada de la seguridad jurídica en el siglo XX, más que todo porque las frustraciones y el cansancio de la ciudadanía por la ausencia de certezas jurídicas se han transmitido a los Estados por diversos canales (democráticos o no) y con diversos resultados.

A principios del siglo XX, Europa fue escenario de diversas revueltas sociales que reclamaban la garantía de derechos sociales, como los laborales, obteniendo una precaria atención de los Estados, quienes estaban más interesados en controlar la crisis del colonialismo, las migraciones, el despertar del nacionalismo, el ascenso de las potencias extraeuropeas (Estados Unidos de América y Japón), la Segunda Revolución Industrial, la consolidación de la burguesía, el desmembramiento del Imperio de los Habsburgo, la expansión del socialismo en el éste de Europa, la formación de alianzas, y a la emergencia de potencias expansionistas en el pleno corazón del viejo continente. Este escenario terminaría dando paso a la Primera Guerra Mundial (1914) y un total olvido a las demandas sociales en Europa. Pero una vez concluida la guerra, y totalizada las consecuencias que arrojó la sangrienta y absurda lucha, surgieron serias posturas políticas internacionales que abogaban por una inmediata y duradera paz, con base a abrir las puertas a una “nueva institucionalidad”, como estrategia para la armonía entre los países europeos. La nueva institucionalidad recogió una serie de planteamientos decimonónicos que respaldaban la idea de crear nuevas instituciones supranacionales que sirvieran como parlamentos internacionales donde las repúblicas pudieran resolver sus diferencias a través del debate. En ese marco, nace la Sociedad de las Naciones, la cual se fundó inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial en 1919, y vino a ser una institución que promovió el encuentro amistoso entre los países y la necesidad que los Estados europeos modernizaran y afianzaran sus instituciones, como respuesta urgente a la inmensa multitud de millones pobres y diezmados que había causado la guerra. No obstante, durante el periodo que antecedió a la Segunda Guerra Mundial, la “nueva institucionalidad” no pudo sanar las viejas heridas y contradicciones históricas de Europa y mucho menos mantener la paz; y cuando en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, quedó en evidencia que la “nueva institucionalidad” ameritaría otros componentes consustanciales a ella, si pretendía alcanzar verdaderos resultados.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, al menos para los ojos de Edmund Ohlendorf, se expandió por el mundo la sed por la paz junto con una nueva filosofía política que tenía muy presente que la consolidación y el fortalecimiento de aquella “nueva institucionalidad” debía incorporar entre sus objetivos el establecimiento de la seguridad jurídica en los Estados del mundo. La seguridad jurídica fue llamada como elemento clave que distinguiría a un nuevo ordenamiento jurídico con alta disponibilidad para aumentar el grado de eficiencia y eficacia de las instituciones políticas en la satisfacción de las demandas sociales y, consecuentemente, para mantener la paz dentro de los Estados. De hecho, desde la creación de las Organización de las Naciones Unidas (1945), la seguridad jurídica se ha desarrollado a un nivel tal sus connotaciones, que hoy es difícil creer que algún Estado moderno, sea cuál sea su devoción política y económica, pueda sobrevivir incólume sin ella.

El Estado moderno se define, entre otros, por su atención a promover justas y cabales acciones dirigidas a establecer un ordenamiento jurídico que ofrezca válidas condiciones para incitar un necesario sentimiento de seguridad en la población con el objeto de aumentar los niveles de gobernabilidad. A la par, el Estado moderno destierra las relaciones sociales humanas basadas en un piso lleno de inconsistencias, flexibilidades y fragilidades con reglas de juegos incorpóreas, etéreas, excepcionales y circunstanciales, para extender su propia existencia. La aplicación del derecho en forma apropiada, correcta y eficaz, restringe las contingencias que debilitarían los estamentos de la sociedad. En tanto prevalezcan las reglas de juego establecidas y sean vigentes, aún en los momentos de mayor conmoción social, el ciudadano percibirá que pertenece a un “orden” que no podrá ser corrompido y que no existirá un temor lo suficientemente considerable como para depravar o anarquizar las relaciones humanas dentro de la sociedad y el ejercicio del poder político del Estado. Mientras el ciudadano sepa que existan esas garantías a su alrededor, en teoría, no debería negar la existencia del Estado y mucho menos adversar contra él. Esto favorece un clima de mutua conveniencia deseable, en donde el Estado es el máximo responsable de la relación.

La seguridad jurídica nace, entonces, de la garantía que da el Estado a los individuos que su persona, sus bienes, sus derechos y su ordenamiento jurídico no serán objeto de ataques violentos o irregularidades que comprometan la integridad de los mismos, y en el caso que éstos llegaran a producirse, el Estado tiene el deber de protegerlos y repararlos a no ser que con su acción se pretenda debilitar deliberadamente la gobernabilidad del sistema político.

Cuando el Estado posee una evidente voluntad política para hacer suficiente la seguridad jurídica, los ciudadanos y ciudadanas tendrán mayores posibilidades para alcanzar sus expectativas de vida. La seguridad jurídica crea y estabiliza rutinas de comportamiento regulares y patrones de referencia en los individuos dentro de la sociedad lo que, consecuentemente, permite el sostenimiento y mejor sustantividad de las relaciones humanas y hace que los individuos emprendan animosamente iniciativas, en una atmósfera de confianza, armonía y orden social, para su desarrollo y realización personal, en beneficio de su existencia y la constitución del Estado. En cambio, cuando el Estado expresa su desconocimiento a la seguridad jurídica, o no hace nada por desarrollarla y salvaguardarla, corre un riesgo, porque pretender ejecutar políticas gubernamentales eficientes sin este elemento, aumenta las posibilidades de su decadencia. La seguridad jurídica determina la salud del Estado moderno y si no esta presente en el sistema político, el Estado destruye su propia existencia, ya que el Estado es el reflejo de los “acontecimientos” de sus ciudadanos y de la certeza que éstos tengan de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente.

Si los ciudadanos constituyen Estado, lo hacen porque sienten que el aparato estatal, valiéndose de su poder coercitivo, vigila los actos humanos en búsqueda de todos aquellos comportamientos que contravengan lo establecido (CFR.- FUSPEDES) Nace así una idea de servicio público concreto, capaz de mantener situaciones estables y definidas que asegura a los ciudadanos el respeto de sus derechos, expectativas e intereses, fundamentándose en el imperio de la ley y la justicia dentro de un determinado orden social. La seguridad Jurídica se convierte en un valor cuantificable que da cuenta de cómo se cristaliza en el funcionamiento permanente, continuo, regular y eficaz de las dependencias estatales, encargadas de registrar y otorgar fuerza de verdad jurídica a los actos y derechos de los miembros del cuerpo social. Por ello, la seguridad jurídica apunta a la estabilidad de la persona dentro del ordenamiento, de forma tal que la certeza jurídica en las relaciones de derecho publico o privado, prevalezca sobre cualquier expectativa, indefinición o indeterminación (CFR.- CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA: 1994). Pero el auge contemporáneo de la seguridad jurídica no puede comprenderse plenamente sin la influencia del neoliberalismo. Incluso, el papel que ha jugado el neoliberalismo en la evolución de esta noción jurídica es lo que ha permitido que, como teoría de la praxis política del Estado, no se haya expandido uniformemente alrededor del planeta. El neoliberalismo ha sido aceptado como rechazado en diversas partes del mundo, pero en donde ha podido imponerse, ha sembrado principios generales jurídicos que han construido el derecho neoliberal que, de todos los derechos conocidos, es el que más necesita de la seguridad jurídica, insumo vital de su propia vigencia.

El derecho neoliberal es, en si mismo, un derecho con alta sensibilidad por las relaciones humanas mercantilistas. Este derecho establece que el Estado no debe ir más allá de asegurar jurídicamente los derechos y libertades comerciales, financieras, económicas e individuales. La certeza del contenido, efectividad y constancia de las normas jurídicas en el derecho neoliberal es reducida y selectiva, dedicada sobre todo “a la represión de los delitos y a asegurar el pago de deudas y el cumplimiento de los contratos (…) y salvaguardar la propiedad (…) y las empresas” (UPRIMNY: 2006, 110 y 139-140). Esta situación insinúa que el derecho neoliberal es un derecho al servicio de las clases sociales altas, las cuales tratan de salvaguardar sus intereses, aún a costa del reconocimiento de derechos y garantías sociales fundamentales de las otras clases sociales.

El derecho neoliberal centra su atención a la disciplina fiscal, las prioridades del gasto público, las reformas tributarias, las tasas de interés, las tasas de cambio, la apertura comercial, la inversión extranjera, la privatización, la desregulación y los derechos de propiedad, todos vistos como las piedras angulares del ejercicio del Estado y como objetivos que merecen con toda “legitimidad” la mejor seguridad jurídica posible. Esto supone que la seguridad jurídica esta reducida a objetivos muy específicos y que no contempla mayor preocupación por garantizar derechos laborales, educativos, medioambientales, participación política, pensamiento, intelectual, entre otros, de la persona; porque son derechos secundarios e innecesarios. Este carácter reducido repercute en la consolidación de fuerzas sociales empobrecidas y excluidas; las cuales quedan en una posición relegada que, en algunas ocasiones, puede ser patéticamente “clientelar”. El derecho neoliberal es un derecho con alto grado de discriminación que no tiene preocupación por todas las personas, independientemente de su origen, sexo, edad, identidad de género, cultura o ideas; y si bien puede hacer “un mero reconocimiento institucional de los derechos” sociales, ello no es suficiente, por cuanto los derechos sociales deben ser permanentemente ejercidos y conquistados para que su efectividad sea real y no sólo virtual.

La expansión del derecho neoliberal por el mundo, ha hecho que los pueblos conocieran un tipo de seguridad jurídica incompleta, más producto de los intereses capitalistas que de las conquistas sociales. Incluso, la expansión de la seguridad jurídica se ha vuelto un paradigma comercial, económico y financiero, que determina la fluidez de recursos y bienes por el planeta. Por ejemplo, se hizo común ver como los actores que participaban en las relaciones de libre mercado a nivel mundial, tienden a invertir más en aquellos Estados cuyos índices de seguridad jurídica neoliberal son elevados, porque son menores los riesgos de perder las inversiones hechas y las ganancias obtenidas, si ocurriese un estallido social en ese país o una hecatombe mundial, ya que ese Estado velaría indolentemente por salvaguardar sus derechos de una forma efectiva y expedita. Por esa razón, también se ha visto como las élites políticas y económicas de los países del mundo comenzaron a competir entre ellas por aumentar la seguridad jurídica neoliberal dentro de sus naciones (CFR.- FRÍAS), para atraer a los inversionistas y tener un puesto en la repartición de las ganancias mundiales arrojadas por las transacciones de bienes. Estas competencias, por un lado, ayudaron al afianzamiento del derecho neoliberal en el continente americano, europeo y asiático, y beneficiaron profundamente algunos incipientes Estados africanos con débiles sistemas políticos que nunca habían podido dar ni siquiera sus primeros pasos. Pero, por otro lado, esas competencias remitieron a Latinoamérica a una etapa histórica donde conocería la versión más reducida, subyugada y discriminada de seguridad jurídica que había visto el mundo.

Desde mediados del siglo pasado, en América del Norte, Europa y Asia, las iniciativas por afianzar la seguridad jurídica neoliberal por parte de las élites políticas y económicas se establecieron a partir de la necesidad de conquistar mercados cautivos conjuntamente con la necesidad de incorporar derechos sociales, mientras que en América Latina las iniciativas se enfocaron mayoritariamente a la creación de leyes que privilegiaran el resguardo de las inversiones extranjeras y sus diversos intereses (CFR.- FUSHAN), mostrando un total olvido por los derechos sociales. Las primeras iniciativas latinoamericanas por sustentar la seguridad jurídica neoliberal fueron duramente criticadas por las fuerzas sociales izquierdistas, porque las tachaban como no democráticas y criminales. El dejar de lado las necesidades de los nacionales y velar por los intereses de los esquemas de financiamiento de los agentes privados, las necesidades de los extranjeros inversionistas o de quienes pertenecían a las clases altas, era una acción abominable que sólo servía de tributo a los “dioses del capitalismo salvaje”. El izquierdismo reprochaba la indolente acción de cómo los Estados no miraban al futuro y vendían la seguridad jurídica, tal cual como un producto del capitalismo, a los países del mundo para obtener como ganancia la confianza de financistas e inversores internacionales, mostrando un total desinterés por garantizar derechos sociales a sus propios pueblos y por atender sus demandas sociales[35].

Los estados latinoamericanos encontraron desde los años 60`s en la seguridad jurídica la herramienta para hacerse más competitivos y atractivos a la inversión de corto, mediano y largo plazo, y para estimular la circulación monetaria en el territorio y, en su insaciable sed, comenzó a subvencionar y a apoyar financieramente diversos proyectos transnacionales comprometiéndose, con toda responsabilidad, a responder jurídicamente con lo acordado, pero ofreciendo beneficios muy por encima de los que se les daba a los nacionales. Había nacido la seguridad jurídica de los capitalistas o, como le dirían en Bolivia, la seguridad jurídica del status quo (CFR.- URIOSTE: 2003).

Este tipo de seguridad jurídica era juiciosamente negada por las élites políticas, económicas y jurídicas. Negaban su existencia tanto como los beneficios que podían obtener de ella. Los pueblos quedaban una vez más excluidos de acceder a sus derechos constitucionales y el ensanchamiento de las clases sociales se disimulaba con sus palabras de aliento al afirmar que el Estado era “la expresión más racional de su pueblo”. Las nobles connotaciones originarias de la seguridad jurídica fueron destruidas por los demagogos populistas y los políticos corruptos; y esgrimida como fidedigno instrumento para perpetuar acuerdos oportunistas, leoninos y contrarios al interés público, cuando en realidad se trataba de un concepto que debía ir hermanado con la justicia, la razón y el bien común (CFR.- DI COLA: 2002). Y las consecuencias llegaron. La explosión del desempleo, la movilización de grupos armados, la pobreza, la desigualdad, desapariciones, la exclusión social, los grupos separatistas, entre otros, aparecieron en América Latina. Los años ochenta y noventa, fueron años de profundos conflictos sociales y de horrorosos recuerdos por las represiones sociales ejercidas por el status quo que diezmaron las revueltas sociales de forma delictiva para mantener el orden establecido y sus posiciones hegemónicas de poder. Las tradicionales demandas de los ciudadanos se transformaron en denuncias tras denuncias, que sólo sirvieron para aumentar los resultados de las estadísticas que terminaron, de hecho, en decaer, ya que los propios ciudadanos desconfiarían de las estadísticas, tanto como de las fuerzas del orden y de los tribunales de justicia (CFR.- PARAMIO: 2004), se había perdido Latinoamérica.

Ante esa realidad, esa emergencia, cada nación latinoamericana se fue por su propio camino para encontrar soluciones y Venezuela, no sería la excepción, aunque los verdaderos cambios llegaron en 1999 con la CRBV, época coyuntural en que la seguridad jurídica comenzó a abrirse a todos los venezolanos para dar acceso a los derechos sociales y a cerrarse a aquella vieja seguridad jurídica corporativa perteneciente a los sectores privados. Pero el reto era inmenso, había que desmontar un sistema político y jurídico que por más de 100 años estuvo en febril contacto con el neoliberalismo y había creado una cultura orgánica perjudicialmente pasiva y conformista bajo la tutela de los intereses de las clases altas y establecido un derecho y la administración de Justicia como extensiones fidedignas de los paradigmas del Mercado. Por ejemplo, para la época, el sistema judicial venezolano estaba virtualmente “destruido” (CFR.- BALL: 1999). Al menos bajo las viejas dictaduras, los jueces eran seleccionados por su honorabilidad y por sus credenciales profesionales, pero desde 1969, con el favor de Acción Democrática, se promulgó una ley que determinó la selección de los jueces según su afiliación política y en proporción a los resultados electorales. Allí, para muchos, fue el principio del fin de la seguridad jurídica en Venezuela. Por otro lado, la estructura orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el retardo procesal, hacían de todo el poder ejecutivo una instancia inaccesible y altamente costosa como para que sólo ciertas clases sociales pudientes pudieran valerse de sus servicios.

No obstante, aunque se ha avanzado considerablemente en darle una nueva cara al asunto, gracias, más que todo, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del 2004 y a la reestructuración de la Comisión Judicial, no se ha podido evitar parcialmente que las decisiones de los tribunales favorezcan a los oscuros intereses o a los mejores contactos políticos, con lo cual se deja en constancia de lo difícil que es desmontar una tradición profundamente asimilada en el derecho venezolano ¿Entonces qué hacer? Hay que seguir trabajando. Tarde o temprano, los venezolanos y, especialmente, los pobres, los excluidos, podrán acceder a un sistema judicial moderno, justo y administrativamente depurado; pero la seguridad jurídica primero debe adquirir un matiz democrático, es decir, el conjunto de circunstancias jurídicas y fácticas a que tienen que sujetarse los actos de cualquier autoridad para producir validamente efectos en los derechos de las personas, en circunstancias de certeza, transparencia y predecibilidad (CFR.- ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS: 1999). De igual forma, si la seguridad jurídica ha de desarrollarse, ésta no debe ser en función de que el país se haga más atractivo a las inversiones extranjeras. Ello desvirtuaría, como ya lo fue, la naturaleza de este concepto jurídico y político; y supondría que el pueblo se alejaría del orden jurídico, la justicia, la igualdad y la libertad que se debería provocar. Finalmente, en el Socialismo del Siglo XXI, cada ciudadano debe de comprender que acude como depositario y garantizador de la seguridad jurídica. En él recae la responsabilidad de la vigencia o no de sus derechos fundamentales y el de todas las personas. De esta toma de conciencia, el Estado sentirá el cambio, y se verá en el deber de imponer una justicia imparcial, no politizada y oportuna en el tiempo en cuanto a sus decisiones, en merced de la convivencia y el desarrollo del bienestar social e individual.

6.- ¿UN DERECHO DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI?:

Cuando en 1999 comenzó la reconstrucción de la totalidad de los componentes que integraban el sistema político venezolano, también comenzó la edificación de un nuevo tipo de arquitectura política, social, económica y jurídica, orientada a la apertura de espacios efectivos para que la participación popular pudiera ser más influyente en los procesos de toma de decisiones políticas institucionales y así hacer más próxima la relación entre la sociedad y el Estado. Esta innovadora voluntad política tenía su piso en los principios recogidos por la CRBV y en el llamado del pueblo, el cual vio durante 40 años como las relaciones entre la Sociedad y el Estado, por un lado, se reducían a una mera relación asistencialista diseñada e implementada de acuerdo a los patrones populistas, capitalistas, clientelares, burocráticos, corruptos, secretos y representativos que sólo revelaba el desinterés del Estado por satisfacer las necesidades más sentidas por las amplias mayorías; mientras que por otro lado, se hacían más asincrónicas a medida que la población maduraba con mayor velocidad que el liderazgo político (CFR.- FERNÁNDEZ T: 2005, 181-247).

La nueva institucionalidad venezolana aspiraba combinar la inclusión de paradigmas vinculados a un mayor racionalismo, eficiencia y eficacia en la administración pública, con formas de participación ciudadana, para que el accionar de las instituciones no fuera pasivo o esquivo y tuvieran gran contenido social a la hora de ejercer sus funciones, sin prescindir de un servicio de calidad. Además, supuso incluir un fuerte referente territorial, para incentivar la corresponsabilidad, la transparencia en la rendición de cuentas y el control social por parte de las comunidades en los asuntos públicos (CFR.- Cariola: 2005), y un componente vocacional, para encaminar la adecuación de las instituciones nacionales a los principios rectores de la democracia participativa. De ese modo, sin timidez ni acomodos, el Estado fue en búsqueda de extirpar los tantos males que afectaban el desarrollo democrático de la sociedad venezolana (CFR.- GARCÉS: 2004) y sus primeros movimientos llegaron en el 2001, cuando por Ley Habilitante se aprobaron 49 leyes elaboradas por el gobierno, orientadas a adaptar el marco legal a los nuevos postulados constitucionales.

Estas leyes, cuya mayoría sería reformada posteriormente debido a los debates sociales que se originaron por la falta de consulta pública, desarrollarían entre otros aspectos la reforma agraria, la garantía de soberanía sobre el petróleo, la protección de la pesca artesanal, el ordenamiento sustentable del litoral, la responsabilidad social de las entidades financieras y el impulso al cooperativismo. En conjunto afianzaban el ideario para desarrollar un nuevo tipo de sociedad, la sociedad democrática; y un Estado con capacidad para impulsar un desarrollo nacional igualitario a través de la superación de la dicotomía más mercado menos Estado, que se intentó imponer en la década de los 90’s bajo la extemporánea denominación de “gobernabilidad” y a consolidar el concepto de democracia participativa que otorgaba un papel protagónico a los sectores populares (CFR.- GARCÉS: 2004). Pero, también en el 2001, la puesta en marcha de la nueva institucionalidad trajo eventualmente grandes obstáculos que comprometerían su evolución, esencialmente, porque los esfuerzos que iban dirigidos hacia el progreso chocarían de frente con las viejas tradiciones institucionales heredadas de la IV República y la democracia representativa, las cuales eran tan arraigadas como las mismas raíces de los árboles más viejos. Se sabía desde el año 2001 que, tarde o temprano, Venezuela sería el campo de batalla entre quienes deseaban que las cosas siguieran como siempre han sido y entre quienes deseaban sinceramente un cambio. Todo parecía indicar que la tradición y la modernidad se iban a retar a duelo en los próximos años en una lona ideológica, porque los “tradicionalistas” actuarían en función de la protección de sus intereses cultivados por años y los “modernistas” actuarían en función de nuevos valores sociales nunca antes vistos.

Sin duda, Venezuela avanzaba con rapidez a tiempos violentos; el futuro se aproximaba inexorablemente y muchos se preguntaban si ¿el Estado venezolano estaría en capacidad de mantener el control e imponer el Estado de Derecho una vez que llegaran esos conflictos previsibles? Y no era para menos, ya que la historia humana estaba llena de referentes que indicaban que la violencia era muy propia de los procesos de transición. Y lamentablemente, los sucesos de abril de 2002 dieron la razón a la tesis histórica y también demostraron que las emergentes instituciones venezolanas, recién refundadas, no eran tan sólidas como parecían.

El intento de golpe de Estado de abril de 2002 fue el revulsivo, la verdadera prueba de fuego, que demostró la endeble estructura de las instituciones del país, más acostumbradas ha soportar conflictos sociales de menores formas e intensidades que crisis de magnitudes inimaginables. En los días 11 y 12 de ese mes, las instituciones quedaron en jaque en cuestión de pocas horas. Su capacidad de respuesta se redujo a la total inoperancia por las pugnas internas de quienes apoyaban el golpe y de quienes no lo apoyaban, sumergiendo a la población en la confusión, anarquía y la desprotección. A nivel nacional cada institución vivió en carne viva como unos funcionarios públicos se sublevaban con otros; como gerentes eran sacados de sus oficinas; como diputados y ministros tenían que huir por sus vidas; como se armó una persecución fanática en cada oficina, en cada alcaldía, gobernación y ministerio. Las instituciones venezolanas habían perdido la batalla por no estar preparadas para esas circunstancias históricas. De nada valieron los acelerados esfuerzos para que se ajustaran a los nuevos principios constitucionales. El sistema político venezolano había caído de rodillas y si no hubiera sido por el mismo pueblo soberano, quien se lanzó a las calles contra los golpistas para recuperar el gobierno que por mayoría ellos habían legitimado, entonces la historia sería muy diferente.

El pueblo venezolano fue el gran protagonista de aquellos días. Su apego profundo a la democracia y el rechazó a las pretensiones de imponer en el país un sistema contrario a la Constitución y a las leyes de la República, fue lo que permitió recuperar la institucionalidad perdida, aunque dicha recuperación tardó semanas, porque la pérdida de control estatal fue desigual en cada uno de los componentes del sistema político, lo que ameritó mayor trabajo en algunos lados que en otros. Superada la inflexión histórica, el Estado determinó que las instituciones transitarían por un inminente e irremediable período de revisión, justificando su accionar en la lección que se había aprendido: las instituciones deben ser siempre el puntal de los procesos de transición política.

Casi de inmediato, los diputados del bloque de cambio de la Asamblea Nacional se concentraron en diseñar leyes orgánicas más concretas y perecederas; y los ministros, gobernadores, alcaldes, jefes de área, entre otros, tomaron medidas enfocadas en acentuar los principios de alteridad institucional, con el objeto de reforzar a las instituciones del país para que fueran capaces de advertir y evitar las amenazas contra la democracia y la ciudadanía, en el caso que se repitieran los hechos. Por otro lado, los sucesos de 2002 demostraron que la conciencia política de una minoría de los “tradicionalistas” iba más allá de lo imaginable, porque fueron en contra del gobierno y del Estado, con un notable semblante anárquico, lo que ameritaba la urgencia de reexaminar el panorama político nacional, para que el Estado pudiera tomar las medidas institucionales pertinentes que controlarían a éstos ciudadanos que, lejos de disentir, adversan la existencia de la democracia. En ese sentido, la nueva institucionalidad venezolana de 1999 debía repensarse, pasar a una segunda etapa, y, decididamente, incluir un mayor esfuerzo para acercar a la sociedad y el Estado aún más, porque allí estaba la clave para la paz nacional.

Los diputados del antiguo MRV entendieron el mensaje y junto con el gobierno bolivariano prepararon iniciativas jurídicas para encaminar las instituciones a dos objetivos específicos: 1) diferenciarlas de las instituciones de los años noventa y 2) hacerlas más activas que pasivas. Con este impulso se buscaban caminos para rejuvenecer la institucionalidad y pudiera llegar al ciudadano, en especial a los más excluidos. Meses después se pensó que el mejor camino era profundizar la capacidad de respuesta institucional para la satisfacer las demandas de los ciudadanos, con la articulación de sistemas eficaces de información. Sin embargo, ese pensamiento era insuficiente. A mediados del 2002 tuvo que ser obligatoriamente replanteado cuando el gobierno bolivariano terminó por descubrir que se había apresurado en interpretar los sucesos ocurridos en abril de 2002. Originalmente, se pensó que el Golpe de Estado fue planeado y ejecutado “por la oligarquía venezolana”, cuando en realidad, había sido concebido intelectualmente por grupos relacionados a Estados Unidos de Norteamérica. Si alguna vez el gobierno venezolano había entendido que lo ocurrido en 2002 fue un proceso avivado por las clases sociales más poderosas de Venezuela, un año después lo recordaría como un episodio en donde las oligarquías del continente se habían levantado fallidamente ante el nuevo modelo socio-productivo venezolano, el cual, retaba y contrariaba duramente lo establecido por el neoliberalismo a nivel mundial. Esto necesariamente cambiaba la perspectiva de las cosas.

Ahora la atención se enfocaba en liberar a las instituciones venezolanas de la injerencia extranjera, a través de la creación de instrumentos normativos que dieran vigor al Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, para que hiciera resistencia a los intereses extranjeros que patentemente participaron en el Golpe de Estado. A finales de 2002, el bloque de cambio de la Asamblea Nacional se apresuró a revisar diversas leyes, pero en su ejercicio no olvidó el cambio paradigmático en el pensamiento político gobierno que aceptaba de lleno la idea de buscar aceleradamente el pleno bienestar y el desarrollo integral de los ciudadanos una vez que se concibiera asimismo como la génesis del desmontaje formal de las lógicas deformantes del Estado Capitalista y el imperialismo (CFR.- MINCI: 2006), las cuales originaban relaciones de poder injustas, deformaban el significado de las reglas sociales, evitaban la convivencia pacífica e, indefectiblemente, eran las causas motrices y subyacentes de los sucesos de 2002.

Ya para el año 2003 y 2004, la voluntad política nacional del gobierno descubrió en sus procesos de reflexión que era preciso modificar los planteamientos establecidos en la CRBV, como elemento clave para subsanar hendiduras sustanciales del sistema político. Según la óptica de los diputados del bloque de cambio, la CRBV tenía sensibles inobservancias sobre los mecanismos en que el ciudadano podía acceder al Estado, lo que hacía que el poder político estuviera en perfectas condiciones para ser alcanzado por otras esferas de poder, como las internacionales. Por ejemplo, en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 se desarrollaron valiosos debates sobre la Asamblea de Ciudadanos y el Cabildo Abierto, la Contraloría Social, la Iniciativa Popular y los Referendos; pero no se tocaron otras formas de participación ciudadana con gran aceptación en el resto del mundo como: Asocianismo Juvenil; Audiencias Públicas; Casa Abierta; Células de Planificación; Comité Asesor; Grupos Especiales de Trabajo; Grupos de Trabajo; Panel de los Actores Involucrados; Foros de los Actores Involucrados; Concejos de Gestión Parroquial; Concejos Vecinales; Conferencias de Consenso Ciudadano; Consultas Públicas; Cuadernos de Participación; Grupos de Identidad; Instancias de Atención Ciudadana; Jurado de Ciudadanos; Medios de Comunicación Social Alternativos; Notificación, Distribución y Solicitud de Comentarios; Panel de Ciudadanos; Panel de Expertos; Parlamento Ciudadano; Participación Decorativa; Participación Simbólica; Planificación Abogadil; Presupuesto Participativo; Referendos de Valores Estructurados; Reuniones a Espacio Abierto; Reuniones o Encuentro de Dirigentes Políticos; Sondeos Deliberativos; Sondeos de Opinión y Talleres del Futuro (CFR.- TORREALBA: 2006). Parecía entonces que la misma CRBV había establecido un muy pequeño número de mecanismos de participación ciudadana, que si bien eran una novedad, no tenían el suficiente poder para incorporar a la totalidad de la población venezolana al ejercicio del Estado, como en 1999 se esperaba; lo que dejaba espacios vacíos en el poder político que garantizaba cierta participación de las élites neoliberales en el Estado. Los debates en torno de la CRBV señalaban el insuficiente desarrollo de su contenido, y ya en el 2004, se especulaba en reformar la CRBV, como medida para hacer más próxima y compenetrada la relación entre la sociedad y el Estado, extirpar la injerencia extranjera y reducir la aparición de contradicciones sociales. Pero esto no sería nada, con respecto al debate que estaba a punto de estallar en el 2005, cuando se presentó a la nación la propuesta del Socialismos del Siglo XXI, por parte del Presidente Hugo Chávez.

La idea del Socialismo del Siglo XXI, desarrollaba la visión democrática y la percepción económica del Estado venezolano y de los procesos de concertación y legitimación del sistema político. En el marco de sembrar una cultura política más objetiva con las clases más bajas e históricamente excluidas, el Socialismo del Siglo XXI suponía un cambio sustancial para crear un Estado capaz de superar las anteriores formas institucionales, erradicar las inequidades en la distribución económica, desconcentrar el poder de las corporaciones transnacionales, acabar con la corrupción e ineficacia de los diferentes órganos de gobierno y gestión, y consolidar formas de gobernabilidad más democráticas y participativas. La nueva institucionalidad venezolana ahora parecía cruzar el umbral a una tercera fase de desarrollo. Esta tercera fase ya no trataría de amoldar las normas e instituciones a los mandamientos constitucionales, como ocurrió en la primera fase; ni tampoco trataría de consolidar las normas e instituciones para que tuvieran capacidad de consistencia en tiempos de crisis, golpes de Estado, la oposición, la injerencia, etc…; sino que trataría de apuntalar las normas e instituciones contra los embates de otro enemigo, el mercado neoliberal, teniendo como punta de lanza la búsqueda de un ordenamiento normativo alterno al derecho neoliberal, el cual, era la fuente de todo el derecho sustantivo y adjetivo vigente en el país.

El lanzamiento del Socialismo del Siglo XXI sirvió para recordar que el derecho en Venezuela, con más de 500 leyes y decretos en general, perfectamente derivaban de doctrinas jurídicas neoliberales o muy propias de las experiencias jurídicas de los países más desarrollados e industrializados. La interpretación de los roles institucionales se podía entender desde una óptica de funcionalidad al mercado, la economía y las finanzas. Incluso, se sospechaba que la misma CRBV tenía elementos consustanciales al derecho neoliberal, que en poco beneficiaban lo colectivo; las experiencias cogestionarías y la corresponsabilidad en la administración de los asuntos públicos; la proyección local de las instituciones; y la necesidad de cancelar la deuda social de los venezolanos; paradigmas desarrollados por el gobierno bolivariano. Poco a poco, iba naciendo la idea que si en Venezuela se pretendía llegar al Socialismo del Siglo XXI debería, entonces, enfrentar una total y general revisión a todo el derecho positivo vigente en Venezuela, con el objeto de crear un derecho propio, un derecho del Socialismo del Siglo XXI. En ese sentido, el primer llamado fue el hecho por el propio ciudadano Presidente de la República Hugo Chávez, cuando el 25 de febrero de 2005, con motivo de la IV Cumbre de la Deuda Social desde el Hotel Caracas Hilton, refiriéndose al derecho neoliberal, afirmó lo siguiente:

“ellos -(los oligarcas)- manejaban los bancos y los ministros de finanzas anteriores eran banqueros, hacían las leyes de bancos porque tenían el control sobre el Congreso (...) Las leyes las hacían bufetes contratados por la oligarquiía”.

Y el segundo llamado ocurrió a finales del 2006 y principios del 2007, cuando el mismo Presidente, junto con varias personalidades políticas del país manifestaban su interés por adecuar todas las leyes venezolanas al nuevo sistema socio-productivo nacional en el marco del Socialismo del Siglo XXI. Dejando entrever con sus alocuciones que la construcción del Derecho del Socialismo del Siglo XXI sería el verdadero reto de la tercera fase de la nueva institucionalidad venezolana y, que posiblemente, sería la clave para muchas aspiraciones sociales, siempre y cuando no olvide: 1) coadyuvar el aparato y ejercicio del Estado y la construcción del nuevo modelo productivo, extendiendo los principios de justicia y equidad; 2) ser suficientemente flexible para crear un proceso de transición pacífico; 3) estar capacitado para dar respuesta a las demandas sociales, incorporando propuestas innovadoras y conscientes de las consecuencias sociales que pueden causar; 4) tener presente que no basta cumplir con una buena gestión institucional sin preocuparse para nada de lo que implica el fortalecimiento y avance (CFR.- GARCES: 2004), 5) poseer claros paradigmas de una seguridad jurídica abierta a las clases sociales; 6) facilitar el desarrollo de las políticas de promoción de empleo, y la seguridad social; 7) estar comprometido con la transformación de los patrones de calidad de vida de la sociedad; 8) estar en capacidad de aprovechar a las diversas misiones emprendidas por el Estado; y finalmente, ser una vívida respuesta al derecho neoliberal. De igual forma, ese derecho vendría a proponer mecanismos que hicieran posible su fortalecimiento constantemente y su adaptación, no sólo a las realidades nacionales sino a las internacionales, para así poder ejecutarse con calidad y eficacia.

También, de esas alocuciones se derivó la idea que “si no se construye ese derecho, es probable que todo el planteamiento en que se sustenta el Socialismo del Siglo XXI, se desmorone” ¿por qué cómo podrán convivir un Socialismo del Siglo XXI y un Derecho cuya sustantividad y adjetividad devienen del Derecho Neoliberal en un mismo Estado cuando ambas ideas son altamente contradictorias? es difícil saberlo, a no ser que se encuentre el equilibrio ideal que haga soportable la convivencia de esas ideas. Hasta ahora las premisas para la construcción del derecho del Siglo XXI apuntan a que el derecho a crear no, necesariamente, contendrá principios y valores netos del derecho socialista y, mucho menos, del derecho neoliberal, siendo preciso extraer de ambos derechos los aspectos más relacionados con el interés popular, aunque indefectiblemente sea el derecho socialista el que más puede ofrecer. De esta forma, se crearía un derecho que sólo será conocido como el derecho del Socialismo del Siglo XXI, una vez que se ajuste a las realidades particulares de Venezuela, para terminar siendo un derecho particular, de los venezolanos para los venezolanos. Esta estrategia no significa una vuelta atrás a los ordenamientos jurídicos del siglo XX y no significa dar una mera continuidad a la credulidad del Estado Social, más bien se intenta innovar lo legal a partir de aquel principio socialista que decía: “a cada quien según sus necesidades; a cada cual según sus capacidades”; e incorporar, en menor medida, los principios neoliberales más populares. Lograr la armonía entre ambas ideas sin afectar los intereses de las clases sociales, aunque en materia económica, estarán más beneficiadas las clases más bajas; podría ser el parámetro de referencia para medir el progreso de la unión doctrinaria y la guía hacia un nuevo orden sin precedentes en la historia humana, en lo referente a conquistas sociales.

Pero, el proceso de unión doctrinaria implica un período de transición que, factiblemente, podría estar lleno de duros cuestionamientos al ejercicio del gobierno bolivariano por parte de las clases sociales más altas, por el hecho que el socialismo, como praxis política, ha sido criticado por las élites neoliberales. Las críticas han intentado transmitir, con cierto éxito, a las poblaciones del mundo una visión nociva o sospechosa sobre el socialismo. Las élites, apoyados en los medios de comunicación, han hecho posible que en cada país existan en la actualidad grupos que denigren el socialismo, sin ni siquiera saber por qué. Este comportamiento, de hecho, ha sido tradicional, tanto que no sería inapropiado considerar que, una vez puesta en práctica el proceso de unión doctrinaria, de la sociedad venezolana surgirían fuerzas sociales que actúen, una vez más, contra el gobierno bolivariano.

Desde sus principios, el socialismo, como teoría, ha sido impopular por sus propuestas con respecto a la organización del Estado. Pero no ha sido así cuando se trata de sus “éticas fundamentales” o de sus objetivos, para contrarrestar los excesos del Estado Liberal, que antepone los intereses de la burguesía al resto de las clases sociales, privilegia las condiciones de acumulación de capital, revitaliza la vieja estructura social y política del Estado Absolutista, utiliza principios de legalidad para poder asegurar el monopolio del uso de la fuerza por la clase alta; y vigila que las relaciones laborales y mercantiles entre los “ciudadanos libres e iguales”, nunca obstaculicen la buena marcha del comercio y de la naciente industria (CFR.- HUERTA: 2005). Por estas razones, el socialismo ha ganado adeptos, porque se percibe como una teoría que encara el oprobioso paradigma capitalista que obliga a las clases sociales y los factores de la producción a asumir un único papel para alentar el progreso del capitalismo y el liberalismo económico, aún a costa de las demandas de las clases sociales más bajas.

El rostro humano del socialismo es lo que le ha dado mayor popularidad a esta megateoría, sin embargo, las formas para alcanzar esos objetivos en la realidad han causado una grandes debates que muchos hombres excepcionales del siglo XX no han podido aguantar la tentación para referirse sobre los problemas “profundos” del Socialismo. Por ejemplo, Juan Pablo II mencionó que el problema del socialismo es fundamentalmente “antropológico”, en tanto que el hombre, en efecto, cuando carece de algo que pueda llamar suyo y no tiene posibilidad de ganar para vivir por su propia iniciativa, pasa a depender de la máquina social y de quienes la controlan, lo cual le crea dificultades mayores pare conocer su dignidad como persona (CFR.- RALLO-b: 2005). León Trotsky sugirió, por otro lado, que el problema era y siempre sería teórico porque nadie sabe qué forma tendrá el socialismo una vez que los Estados encaminen el proyecto (CFR.- Trotsky: 1935). Andreu Blackwell (2007), reflexionó que el Socialismo no se decreta, se construye. Lejos de ser una mera propuesta política que surge con la emergencia de un nueva fuerza hegemónica de poder en una nación determinada, el socialismo exige condiciones históricas particulares que lo hacen posible, como es el caso que su origen proviene de las necesidades del pueblo, o de su facción trabajadora, y no en los liderazgos que lo imponen, a no ser que se trate de una variante muy sui generis del mismo. En cambio, el resto de las críticas se han reducido a mencionar que el problema del socialismo es de tamaño, en especial, cuando los socialistas desean gobernar toda nación como si fuera una unidad de negocios, con gran totalitarismo y con “puño de hierro” planificándolo todo (CFR.- Haldane: 1928); y que usualmente termina poniendo el monopolio de la decisión política en manos de una burocracia partidaria (CFR.- DA SILVEIRA: 2005). Estos planteamientos han incentivado a otros pensadores a hacer un estudio revisionista sobre el socialismo con objeto de superar sus contradicciones y debilidades más importantes (CFR.- PEÑA: 2006), al punto que hoy se nos presentan con tentadoras ideas que nos hablan del neosocialismo, neomarxismo, econeomarxismo, eurocomunismo, neoutopismo cooperativo, neocooperativismo, neosolidarismo, neocumunitarismo, entre muchos otros, qué, además, dejan en claro lo inapropiado de considerar al socialismo como una propuesta teórica escasa, de pronta caducidad sin posibilidades de tener un espacio importante en la historia positiva humana.

Las revisiones sobre el socialismo datan incluso desde antes del siglo XX, no obstante, sus aportes más interesantes parecen provenir del pensamiento jurídico europeo posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando se analizó el socialismo a través del derecho constitucional, con base a la experiencia rusa. Los aportes de este periodo se caracterizaron por rejuvenecer las tesis del socialismo más allá del centrismo económico imperante en la época, trasladándose a la esfera jurídica, para descubrir las inconsistencias que imposibilitaban la expansión del socialismo por el mundo. Estos aportes provinieron de quienes se dedicaban a la enseñanza del derecho y de quienes se dedicaban a la investigación del mismo. Los primeros no criticaban el derecho, sólo debían esforzarse en facilitar su conocimiento y aplicación. Sus obras no tenían ninguna originalidad, eran de carácter colectivo y antes de imprimirse estaban sujetas a la crítica de una comisión. En contraste, las obras de los que se dedican a la investigación del derecho, eran objeto de discusión antes de ser impresas, pero sólo bajo el nombre del investigador individual que las había preparado (CFR.- CASTAÑEDA-SANCHEZ: 1995). Estos incipientes movimientos consecuentemente hicieron entender, en el contexto de la doctrina marxista-leninista, que el derecho neoliberal “a secas” es: un derecho regulador social de clase, que expresa la voluntad estática erigida en ley, de la clase económicamente dominante, voluntad condicionada por el cuadro material de su existencia y concretizada por un sistema de normas universalmente obligatorias y formalmente determinadas. En cambio, el derecho socialista es un derecho de tipo histórico nuevo, por su fundamento económico y su esencia de clase, basado sobre la propiedad social y socialista, que posee una naturaleza antiexplotación, y que expresa la voluntad de los trabajadores, “después de la victoria del socialismo”. El derecho socialista, como se ve, tiene una noción totalmente diferente, en tanto que se encuentra impregnado de un alto contenido ideológico, que se manifiesta en todas las instituciones jurídicas que de él emanan (CFR.- DEKKERS: 1963).

También, estos movimientos permitieron que se crearan paradigmas para trasladar los principios socialistas con normas positivas específicas, beneficiando la reducción del margen entre las islas del pensamiento y la realidad, y reduciendo la confusión de los pueblos con respecto al verdadero significado del socialismo, ya que para mediados del siglo XX, una cantidad considerable de personas consideraban que la Constitución de Weimar en 1919, la cual dio pie al Estado Social, tipo de Estado que surgió como reacción al Estado Liberal, era una constitución socialista. Esto se debió porque la Constitución de Weimar poseía un incipiente rostro humano cuando manifestaba interés por la seguridad social, con prestaciones para los casos de vejez, invalidez, enfermedad y desempleo; y por la asistencia social a los necesitados, con subsidios de vivienda, prestaciones familiares, subsidios por hijos, e incorporación de normas de previsión laboral y jornada laboral, etc., cuando en realidad no era así (CFR.- Flores Juberías: 2001). La confusión sembró una percepción equívoca del socialismo que se extendió por doquier hasta que en 1936 apareció la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), documento que se le señaló como “verdadera” constitución socialista[36].

La constitución de URSS de 1936 acentuaba la abundancia de derechos que, de ordinario, eran generosos y con sensible carácter social; y ofrecían sustanciales provechos para los trabajadores, a diferencia del constitucionalismo liberal (CFR.- Flores Juberías: 2001), caracterizado por no escatimar la abundancia de deberes, que a menudo constituían la otra cara de los derechos que se acababan de proclamar, para garantizar que los derechos establecidos no serían utilizados en contra de los intereses de la clase burguesa so pena de ser considerados “enemigos del pueblo”; y por la llamativa ausencia de garantías procesales que protegieran a los ciudadanos de las violaciones de sus derechos a manos de las instituciones del poder, resultante de la ausencia de distinción entre las esferas pública y privada (CFR.- SUNSTEIN: 1992, 18; CFR.- Flores Juberías: 2001). Las dos constituciones, la de Weimar y de la URSS, sirvieron para la discusión sosegada sobre la organización jurídica ideal para los pueblos adscritos al socialismo; y durante el resto del siglo XX sus postulados fueron concienzudamente adaptados para amoldarlos a los nuevos tiempos, teorías y experiencias, porque era impostergable crear un sólido ordenamiento jurídico alterno al Estado Neoliberal y a su derecho neoliberal. Pero, en sentido general, la avanzada revisionista que tomó al socialismo luego de la Segunda Guerra Mundial, se dividió en dos ramas de acción. Por un lado quienes trataban de incorporar el socialismo en el Estado Social y de quienes trataban de revalorar lo dejado por el Estado Socialista ruso.

Las reflexiones que daban cuenta de incorporar el socialismo en el Estado Social, tuvo un vertiginoso desarrollo en los últimos sesenta años. El desarrollo fue posible por la capacidad de adaptación y asimilación del Estado Social a las diversas propuestas políticas y teóricas provenientes de sus sociedades que, en algunos casos, llegaron a incorporar, inclusive, convicciones del socialismo como la socialdemocracia y el socialcristianismo; y abriéndose a cambios en sus valores normativos originales para proteger y asegurar la efectividad real de los derechos constitucionalizados (CFR.- Flores Juberías: 2006). En cambio, las reflexiones que daban cuenta de quienes trataban de revalorar lo dejado por el Estado Socialista ruso, no avanzaron de igual forma. Más bien, sus aportes fueron escasos, negados a cualquier modificación de sus valores normativos originales, sólo aceptando superficiales cambios en razón de reestructuraciones internas nacionales dirigidas a flexibilizar la administración de los asuntos públicos (CFR.- Flores Juberías: 2006). La falta de adaptación de las constituciones socialistas a lo “moderno” favorecieron que éstas desaparecieran en gran medida en los años 90’s, pero no se llevaron consigo los principios socialistas. Lejos de eso, sus principios emigraron a la versión más moderna del Estado Social (CFR.- mora bastidas: 2005, 9-22), quien también incorporaba principios propios del derecho neoliberal, creando así un nuevo tipo de derecho altamente volátil, por la contrariedad expresada en su seno teórico, lo que quizás haya sido el verdadero origen de los grandes choques sociales que ocurrieron en América Latina a finales del siglo XX, ya que la mayoría de los países de la región tenían constituciones alineadas al Estado Social (interventor) y el Estado Benefactor como modelo predominante para la administración de sus economías. La interpretación de las causas de aquellos choques sociales provenían de un cóctel de circunstancias caracterizado por un sistema normativo incapaz de afrontar la vulnerabilidad externa de los países en desarrollo, el agotamiento de las estrategias de desarrollo industrial basadas en la sustitución de importaciones, las críticas a la gestión gubernamental, la complejidad de las finanzas públicas y la inflación galopante. Ante esta escena, los países latinoamericanos, en mayor o menor medida, tendieron a implementar políticas fundamentadas en contrataciones para asegurar una mejor distribución de la riqueza en la población, pero al hacerlo favorecieron la sustitución de sus Estados por un “Estado Neoliberal Subsidiario” (CFR.- HUERTA: 2005). Este tipo de “Estado Neoliberal Subsidiario” compaginaba los intereses económicos, financieros y comerciales de la nación con los intereses de las clases sociales más poderosas. Su marco constitucional, establecía que las políticas redistibutivas pasaban a un segundo plano, detrás de la la necesidad de cautivar la atención de los inversionistas, mediante la ejecución de políticas económicas, monetarias, fiscales, sociales, etc., que proporcionaran estabilidad y control político sobre la población, mediante el establecimiento de un sistema represivo que estaría en capacidad de subsanar las situaciones de crisis cuando el aparato ideológico fallara. Haciendo uso de un ordenamiento jurídico exclusivo y excluyente, dando continuidad al Estado Social y al Estado Benefactor, se desmanteló el modelo de economía social, con políticas intervencionistas y reguladores que protegían los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y sus aliados (los Estados imperiales), articulando su poder con el apoyo sumiso de las elites gobernantes locales y una lectura mediática para que el pueblo entendiera o comprendiera que con las contrataciones participaría en la riqueza nacional. Además, el “Estado Neoliberal Subsidiario” orientaba la gestión gubernamental a salvaguardar los derechos de propiedad; supervisar los intercambios mercantiles; reestructurar la economía y modernizar las instituciones para incrementar la productividad y acceder a una mejor integración respecto de los flujos financieros y el comercio internacional, y a vigilar la aplicación de las leyes proveniente de su derecho, el derecho neoliberal.

La patente reducción de las funciones del Estado en Latinoamérica durante los años 90’s, dando primacía a la búsqueda de medidas pasajeras para evitar los desequilibrios externos e internos y consolidar la modernización de todos los agentes y organizaciones económicas, se empeoró con lo acordado en el Consenso de Washington (1990), evento donde los Estados hicieron un pacto que causó que sus políticas nacionales comulgaran con una gama específica de objetivos, entre los que se pueden nombrar: disciplina fiscal, reorientación del gasto público hacia áreas de alto rendimiento económico y potencial para mejorar la distribución del ingreso, reforma fiscal, liberalización de las tasas de interés, tipo de cambio competitivo, liberalización comercial, apertura a la inversión extranjera directa, privatización, desregulación y garantías a los derechos de propiedad.

Bajo ese nuevo contexto, nacía un nuevo modelo de Estado, el Estado post Washington que legitimaba la nueva correlación de fuerzas sociales, las transformaciones del capitalismo y la creación del Estado transnacional. Este nuevo modelo estaba diseñado para transferir la propiedad y la riqueza a los grandes capitales transnacionales, y para instituir un nuevo tipo de gobierno con amplias facultadas para aplicar fórmulas neocoloniales, más activas, reguladoras e intervencionistas, pero incorporando actividades y reglas que se orientan a servir los intereses del capital extranjero y de la clase capitalista transnacional. Así, la función principal de éste nuevo Estado es mantener la estabilidad de los mercados financieros para proteger los movimientos especulativos de los capitales de la volatilidad de los mercados emergentes, mediante la movilización de recursos financieros de otras fuentes, pero principalmente de los provenientes de mayores cargas impositivas a contribuyentes con ingresos bajos.

Sin embargo, los teólogos del Estado post Washington jamás imaginaron la crisis en que caería su modelo como consecuencia de la mundialización y la globalización. La descontrolada interacción de los agentes del neoliberalismo en su constante búsqueda de riqueza, abrió las puertas a grandes contradicciones internas en los sistemas políticos del mundo, ya que la mundialización y la globalización debilitaron la integración económica interna de los países, y hacían perder la capacidad de los Estado para armonizar los intereses sociales conflictivos y mantener la cohesión social (CFR.- Vargas Hernández: 2004). El problema tenía su origen en el Mercado, porque pasó a ser el verdadero eje articulador de la vida de los “ciudadanos”, al punto que la expectativa de los ciudadanos hacia el Estado perdía vigencia, creando problemas para la gobernabilidad. El desarrollo vertiginoso de los paradigmas del Mercado a nivel mundial exigía ordenamientos jurídicos que denotara que el Estado se redujera, casi a un ente corporativo más, dedicado a garantizar sólo los derechos de propiedad. Más allá del Estado intervensionista, éste nuevo Estado que podríamos llamar post-neoliberal usaba el poder para que los paradigmas del Mercado colonizaran a la sociedad y la sometiera al libre juego de la oferta y la demanda. La sociedad organizada quedaba reducida sin lógica de acción política ni con capacidad para crear espacios políticos autónomos, salvo si existían contingencias y acontecimientos sociales importantes, o al menos que los líderes políticos del Estado Post-neoliberal desearan medir su poder social (CFR.- Vargas Hernández: 2004a).

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[1] En su momento, ante la escasez de “insumos históricos”, el mismo Presidente de la República indicó que se podrían usar las “ideas originales de Carlos Marx y Federico Engels, y la obra de Jesús de Nazaret”. (CFR.- Dieterich: 2005).

[2] O en su versión más moderna Neoliberalismo.

[3] Aparte del socialismo (Colectivista) y el liberalismo (individualista) existen otras teorías políticas concernientes al papel del Estado. En ese sentido se pueden nombrar las Colectivistas: Anarquismo; Anarco-comunismo; Izquierdismo; Liberalismo igualitario; Marxismo; Socialismo democrático; Socialismo libertario; Stalinismo; Nacionalsocialismo; Fascismo; Corporativismo; Teocracia; Totalitarismo; Autoritarianismo. Las individualistas: Anarco-capitalismo; Minarquismo; Anticomunismo; Conservadurismo; Liberalismo conservador; Liberalismo clásico; Libertarianismo; Neoliberalismo. Las centristas: Centrismo radical. Y las aún no clasificadas por la teoría política: Antifascismo; Democracia; Federalismo; Meritocracia; Monarquía; Nacionalismo; Política verde; Populismo; Republicanismo; Oligarquía. (Ver.- PRESIDENCIA DE

Ante esta situación, el Estado venezolano de ....

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