miércoles, 17 de marzo de 2010

EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI. PARTE II

Ante esta situación, el Estado venezolano de la IV República debía asumir un papel activo en lograr un equilibrio social con la participación directa y activa del ciudadano en las actividades económicas y sociales, pero no lo hizo. En consecuencia cedió oportunidades únicas para que no germinara el neoliberalismo en el país y no se implantara en el ordenamiento jurídico nacional. Pero esta realidad, que aún impera en la actualidad en el país, ha sido contrarrestada desde 1999, cuando con motivo de la CRBV se estableció el Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia en Venezuela, que lleva al Estado a intervenir en la actividad económica y social, como un Estado neo-prestacional (CFR.- MORA BASTIDAS: 2005, 13).

El Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia de Venezuela se caracteriza por intervenir estratégicamente en los asuntos económicos de la población, pero los ámbitos y las formas de intervención quedaran sujetos a la democracia participativa. El pueblo es el verdadero ente que determina la acción interventora del Estado y su derecho, y no un grupo político elitesco, tal como ocurría antes. A través de los medios de participación ciudadana se establecerán los espacios para que las fuerzas sociales participen en la ejecución de los movimientos. Sin ellos, las actividades realizadas carecerán plenamente de cualquier grado de legitimidad y serían susceptibles de aumentar las posibilidades de su fracaso. Las fuerzas sociales sirven además como termómetros de la eficacia de las acciones emprendidas y de los correctivos que pudieran tomarse si se hacen necesarios. Asimismo, son frente de resistencia a la burocracia, el estatocentrismo y la enorme planificación, que son los detonantes de la inoperatividad del Estado y cáncer disfuncional muy silencioso en el sistema político y económico y, mucho más, si están acompañadas por funcionarios públicos sin sentido social ni capacidad. El Estado, entonces, centra su actividad en suplir, fomentar, estimular, coordinar, completar e integrar la iniciativa particular y grupal, en las decisiones políticas del gobierno, de los más diversos modos, a todas las comunidades intermedias, ubicadas entre el Estado y el individuo. Para ello el gobierno bolivariano implementó el mecanismo de parlamentarismo de calle e impulsó la contraloría social para que sus acciones fueran más preactivas que reactivas. Todo esto para que el ejercicio del Estado tenga criterio legítimo, ya que se supone que la voluntad del pueblo expresada por el apoyo de los resultados electorales, y en función de un plan nacional de participación, garantiza que la acción estatal sea resultado de la relación concertada entre el Estado y la comunidad organizada. Porque si así no lo hiciese, pondría en peligro la construcción de relaciones sólidas para coadyuvar a la mejor efectividad, eficacia y eficiencia de las medidas dirigidas al bienestar de la colectividad, la garantía de los derechos sociales, seguridad social: pleno empleo, acceso a los sistemas de vivienda, asistencia médica, pensiones, sistemas de protección al desempleo; y en especial, fortalecer los intercambios comerciales de las organizaciones humanas y su ambiente; contraviniendo el interés público y el servicio del bien común, así como las futuras políticas dirigidas a la mayor flexibilidad para la estabilización de las condiciones de negociación de los más débiles en la cadena productiva.

La intervención estratégica es consustancial a un Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia y, por defecto, en el Socialismo del Siglo XXI. Esta modalidad de acción estatal posee una filosofía distinta para la resolución de los problemas desde una perspectiva más pragmática y constructivista, en concordancia con los principios comerciales, financieros y económicos del nuevo orden internacional. Con esa visión, emana un derecho del Socialismo del Siglo XXI comprometido a garantizar la efectividad de los derechos sociales y a realizar sus acciones con la misión trascendental de lograr el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de todos los conciudadanos.

El Estado y el derecho originado del Socialismo del Siglo XXI reflejan el justo equilibrio entre respuestas rápidas y precaución política a la hora de escoger en cuáles sectores de las relaciones económicas de sus ciudadanos se va a intervenir. No conforme con eso, el Estado establece mecanismos de aprendizaje político cuyo uso y ejecución causan un preciso juicio político de Estado que se extiende a la población al momento que los ciudadanos y ciudadanas adquieren instrumentos para tomar decisiones en materia económica con una mayor preocupación por el tiempo que disponen. Tal cual como un ajedrecista moviendo sus piezas en un juego de vital importancia, el Estado y sus ciudadanos aprenden a obrar con estrategia y táctica, de forma cuidadosa e ir mirando hasta treinta posibles escenarios hacia el futuro, pero bajo un derecho que es aceptado y no resistido por ni siquiera pequeñas minorías.

7.- UNIDADES ECONÓMICAS SOCIOPRODUCTIVAS EN LA COMUNIDAD:

La palabra comunidad a través de la historia ha adquirido diversas connotaciones románticas, nostálgicas, despectivas y reaccionarias, sin embargo, gracias al desarrollo de las ciencias jurídicas, económicas, politológicas, sociológicas y, especialmente, demográficas, éste concepto ha podido adquirir hoy una mejor forma, aunque hay quienes piensan que todavía la comunidad es una idea inacabada. En la actualidad existe un acuerdo en mirar la comunidad como un grupo de personas asociadas con el objeto de llevar una vida en común, pero a partir de allí surgen un conjunto de variables que son analizadas de diferente manera por cada rama de conocimiento científico.

Para el derecho, la característica más importante de una comunidad es cómo se estructuran y organizan las relaciones de los individuos a partir de la relación con su medio ambiente y las normas que lo rigen: “una comunidad es un tipo especial de grupo social, siendo un grupo social un conjunto de personas que persiguen un fin común, para lo cual establecen una red de relaciones producto de su interacción y de su comunicación, cuya conducta se rige por un conjunto de normas culturales y comparten intereses, creencias y valores comunes” (SILVIO: 2000).

En cambio, para la economía, la comunidad es un sistema donde sus integrantes tienen objetivos comunes que varían por los diferentes cambios que puedan ocurrir en el espacio económico y social, y en la estabilidad de las formas y medios de producción y el reparto de sus bienes y servicios limitados y útiles, ya sea por donaciones, obligaciones, trueques, comercio, transferencias, o reparto de la tierra: “Las comunidades constituyen asentamientos poblacionales que, a su vez, resultan parte de otras organizaciones mayores y se pueden definir como un espacio físico ambiental, delimitado geográficamente y en cuyo seno se producen interacciones sociopolíticas y económicas que traen consigo un conjunto de relaciones interpersonales sobre la base de las necesidades existentes. Cada comunidad es portadora de tradiciones, historias e identidad propia que se identifican con los intereses y el sentido de pertenencia del grupo que integra dicho espacio, y que al mismo tiempo la diferencian del resto de las comunidades” (AGUILA CUDEIRO: 2004; Ver también: COLECTIVO DE AUTORES: 2001, 6).

Por otro lado, la politología mira a la comunidad como una organización humana que ha hallado formas y medios óptimos para el sano desarrollo de sus vidas en conjunto, mediante la imposición de asignaciones de poder y decisiones entre sus miembros, como para restringir el rol de fuerzas sociales dirigidas a la fragmentación social. Pero es en la sociología donde el concepto de comunidad alcanza sus más altos niveles de reflexión.

Para la Sociología, la comunidad se entiende como un grupo o conjunto de personas (o agentes) que comparten elementos en común como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión de mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social, roles, etc.; y poseen una identidad común, gracias a la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), pero lo que más distingue a una comunidad es que sus miembros dan muestras reiteradas de tolerancia, porque comprenden y respetan a los demás, sin importar religión, clase, sexo, capacidad, riqueza, grupo étnico, idioma o edad; lo que permite crear una atmósfera de estabilidad que psicológicamente hace soportable la convivencia en sociedad. Esta confluencia de factores permite un mínimo de cohesión social suficiente para construir comunidad, tal como lo infirió Robert Nisbet al definir comunidad como: "todas las formas de relación que se caracterizan por un elevado grado de intimidad personal; profundidad emocional, compromiso moral, cohesión social y continuidad en el tiempo (...) puede encontrarse en (...) localidad, religión, nación, raza, profesión o (causa común). Su arquetipo... es la familia" (NISBET: 1966,47); aunque Leonard Broom y Philip Selznick, pensaron que si bien que los factores que hacen posible la cohesión social son vitales para construir comunidad, también lo es el sentimiento de identidad, posesión o pertenencia que puedan manifestar los miembros (BROOM & SELZNICK: 1968: 31), porque de esa forma la comunidad adquiriría ese añadido vital que la diferencia de otros conceptos sociológicos (sociedad, organización, etc.), es decir, el rasgo de “unidad natural”, de ser un sólo cuerpo, definible.

Finalmente, la comunidad ha sido tratada por la demografía, dando mayor interés a las dimensiones geográficas de las poblaciones humanas, sus estructuras, evolución y características generales, pero lo más resaltante es el uso de un punto de vista cuantitativo para establecer las conclusiones. Dentro de la demografía, las unidades comunales se distinguen porque sus dimensiones territoriales alcanzan justo donde coinciden los límites espaciales de la comunidad, de allí que cada comunidad posea una dimensión territorial sui generis que la concierne única y exclusivamente a una región geográfica concreta a nivel mundial y le otorga un específico papel en la visión geopolítica nacional de cualquier gobierno. Estas cualidades se transfieren a los miembros de la colectividad, quienes construirán comportamientos y percepciones, también sui generis por la estrecha relación del excepcional medio ambiente que los rodea, que pueden ser medidas a través de estudios estadísticos, que a su vez, determinarán el grado de integración social y el grado de conciencia de pertenencia de los individuos dentro de la unidad comunal. Sólo a partir de entonces será posible distinguir una unidad comunal genuina, porque la tenencia de argumentos geográficos y sociológicos valederos servirá de insumos para que la demografía señale que existe un asentamiento humano, ubicado en una determinada área geográfica, cuyas personas interaccionan más intensamente entre sí que con otros contextos, los que los hace diferentes y pertenecientes a un “todo comunal” especial. Debido a su heterogeneidad, las comunidades pueden funcionar como herramientas de análisis demográfico de un país, lo que permite crear nuevos paradigmas a la hora de tomar decisiones políticas importantes en materia económica o social. Cuando se analiza el mapa de un país desde la perspectiva de la división político-administrativa, la visión geopolítica tradicional sólo daría cuenta, por ejemplo, de los estados o gobernaciones, provincias y alcaldías, sin mayores comentarios por otras instancias, como la comunidad. Pero si se analiza el mapa de un país a partir de las unidades comunales, el mismo cambia considerablemente porque surgiría una nueva propuesta para entender la distribución del territorio nacional y tomar conciencia: 1) de la distribución demográfica de la población: sus asimetrías, desigualdades, uniformidades, dispersiones, concentraciones y equilibrios; 2) de los centros económicos, financieros y comerciales del país, como de las regiones más remotas y, probablemente, empobrecidas; 3) los ejes de potencial desarrollo que, a largo plazo, y según las políticas gubernamentales, podrían ser modificados en beneficio de la juiciosa ordenación territorial de las áreas periféricas del país; 4) de las regiones o zonas que merecerían mayor prioridad y atención por parte de los gobiernos a la hora de ejecutar políticas de desarrollo económico y social; y especialmente, 5) de la ubicación de las Unidades Económicas Socioproductivas.

Como vimos, las comunidades pueden tener diversos enfoques, pero existen elementos ulteriores que son transversales a todas sus formas, por ejemplo, que se articulan y armonizan alrededor de actividades socio productivas específicas que pueden ser, o no, únicas y distintivas. Es decir, dentro de las comunidades existen representaciones humanas envueltas en actividades económicas, comerciales y financieras; y en algunos casos, pueden ser tan manifiestas, que pueden ser suficientes para catalogarlas. No obstante, este tipo de comunidades no son un fenómeno propio de nuestros días. Desde principios del Siglo XX, gracias a la industrialización y la expansión del Neoliberalismo, y sus consecuentes tendencias a acelerar y estratificar los empleos, las comunidades “naturales” del mundo iniciaron un proceso de transición a la modernidad, dejando atrás históricas culturas laborales y actividades económicas realizadas por años, para acceder a un mundo más sediento de prácticas humanas efectistas, dependientes e interdependientes. Con el paso de los años, el fenómeno llegó a tal magnitud, que se hizo común ver como algunas unidades comunales en América Latina y África reflejaban una reducción considerable de sus actividades socio-productivas en general sólo hasta detenerse en la obtención de los productos mínimos necesarios para la vida, a la par que aumentaban las prácticas consumistas, las pésimas decisiones políticas de los gobiernos y decaía la seguridad jurídica de los Estados (CFR.- WATTS: 1992, 373-374; CSAKI: 1992).

Estas circunstancias animaron a algunos gobiernos a consolidar sus comunidades a través de la implantación de mecanismos artificiales para transformarlas en colectividades productivas, para combatir el éxodo, su desaparición a la luz de las grandes ciudades, la pobreza y el estancamiento económico. Pero en el caso latinoamericano, el valor de las comunidades fue más un tema de retórica política durante la última parte del siglo XX, que de hechos concretos. Hasta que en el 2006, Venezuela dio un pasó adelante que traería como consecuencia la idea de que si era posible hablar de empoderamiento popular de las comunidades siempre y cuando estuvieran organizadas.

Partiendo del principio que las comunidades en Venezuela de principios del siglo XXI se caracterizan por haber sobrevivido a históricas fuerzas políticas, sociales y económicas que intentaron separarlas desde principios del siglo XX por el “boom” petrolero a través del establecimiento de una cadena productiva exclusiva y excluyente, el gobierno bolivariano promovió la creación de un nuevo tipo de comunidad dirigido a fortalecer más aún la integración de sus miembros. Considerando que las costumbres heredadas; el modo de uso, acceso y dominio de los recursos disponibles y los medios de producción; eran importantes para establecer políticas precisas y para comprender como unas comunidades se asimilaban y diferenciaban de otras, se evaluó que las verdaderas flaquezas de las comunidades venezolanas se encontraban en el escaso poder y en la precaria participación política que tenían. Esta hipótesis fue tomada por la Asamblea Nacional y ya para el año 2005 se encontraba en su fase final la Ley más revolucionaria jamás vista en la historia de la modernidad: la Ley de los Consejos Comunales. Esta ley promovía la figura de los Consejos Comunales, enmarcados como instancias de democracia participativa y protagónica, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permitieran al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.

Esta ley llevaba a un nuevo nivel la figura de la comunidad, por cuanto la transformaba de una mera unidad de rango territorial o sociodemográfico, a ser una instancia política y expresión de poder popular. El Consejo Comunal se presentaba como parte del poder constituyente, en cambio, las juntas parroquiales, los concejos municipales, las alcaldías y gobernaciones quedaban definidas como parte del poder constituido. Con esta visión, los Consejos Comunales tendrían una estructura de funcionamiento que no existía en la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública ni en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, ya que era el corazón de la participación directa de la comunidad. Al promulgarse, la Ley de Consejos Comunales el 10 de abril de 2006, días después (17-7-06) el comandante presidente Hugo Chávez Frías, en su programa Alopresidente, señaló: “que tenemos que construir este sistema comunal de producción y consumo, ayudar a crearlo, desde las bases populares, con la participación de las comunidades, mediante las organizaciones de la comunidad, las cooperativas, la autogestión y las diferentes formas de crear este sistema". No obstante, pese a que la idea caló poco en los alcaldes del país (los primeros llamados a iniciar los cambios), desde esa misma fecha aumentó el interés nacional por los beneficios económicos al adoptar dicha figura. Como consecuencia, no paso mucho tiempo para que fuera evidente que los Consejos Comunales podían ser perfectamente un vehículo dinamizador de la economía nacional, ya que si se articulaban varios de ellos, podía nacer una inmensa red de intercambio socio productivo entre las localidades, donde cada comunidad se transformaría en una comuna de producción, y donde cada una ocuparía un puesto particular, estratégicamente diseñado, en el proceso de producción nacional. Pero para el éxito, el Estado estaría llamado a intervenir estratégicamente la economía nacional para que: 1) cada comunidad se transforme en unidad socioproductiva; y 2) que se enfoque en impulsar un determinado producto, cuidando siempre de conseguir un equilibrio productivo. El Estado venezolano, a través de sus órganos ministeriales, articuló políticas para ese objetivo, cuidando de no excederse en privilegiar sólo unas comunidades, porque si lo hacía pondría en riesgo los intereses del gobierno nacional, favoreciendo desequilibrios en la producción y competencias desiguales. Por ejemplo, si existía un desequilibrio en la producción de papa de cuatro comunidades vecinas en el Estado Guárico, entonces el Estado intervendría para que se constituyeran en un solo cuerpo: la comuna. La comuna es espacio de organización comunitaria que, generalmente, surge de un complejo de relaciones por las que un grupo de miembros produce sus bienes materiales con ciertas características propias a sus intereses.

“Esa palabra Comuna también forma parte de nuestras raíces a las que debemos, insisto, e insistiré siempre, rescatar, y estos niños deben ser radicales, ellos deben conseguir, debemos ayudarlos a conseguir nuestras raíces que se quedaron muchas de ellas sepultadas por el tiempo pero están aquí mismo a flor de tierra, a flor de agua, andan en el aire, incluso. Esa palabra Comuna, yo venía leyendo ayer en ese viaje bonito y alegre desde los andes venezolanos (…) Galeano dice que no hay nada menos foráneo en estas tierras nuestras que el socialismo, porque nuestros aborígenes, los charrúas, los caribes, los Incas, los Aztecas, los Mayas, todos ellos vivían en comunidades, en comunas, antes de que llegaran los barcos de allá del viejo Continente y destrozaran nuestra civilización autóctona, aborigen. “Nada hay menos foráneo en estas tierras que el socialismo...” Eduardo Galeano. Y yo creo que el camino para reivindicar y salvar nuestros pueblos del abismo en que caímos en el Siglo XX, es el socialismo, un socialismo muy nuestro, un socialismo como decía el General bolivariano de Pernambuco, brasileño, José Ignacio Abreu e Lima, un socialismo que nazca de nuestra propia entraña, que nazca de nuestras propias realidades, que nazca de nuestra propia historia” .

Lógicamente, la intervención del Estado en este caso debería estar muy bien avalada por un Plan de Desarrollo Integral de la Nación y estar acompañada por la participación ciudadana. Con estas reglas la acción interventora del Estado tiene posibilidades de éxito. Las comunidades determinarían cual o qué actividad productiva desean desarrollar y el Estado, basado en un Plan, se volvería un impulsor de la voluntad de su pueblo y guía de la misma::

“Ahora se están estableciendo estas instituciones para diagnosticar democráticamente las necesidades y prioridades comunales. Con el desplazamiento de recursos sustanciales desde los niveles municipales al nivel de la comunidad, el apoyo de nuevos bancos comunales para proyectos locales y de un tamaño tal que permitan que el organismo que toma las decisiones sea la asamblea general en lugar de representantes electos, los nuevos consejos comunales suministran una base no sólo para la transformación de los seres humanos en el curso del cambio de las circunstancias, sino también para la actividad productiva que esté realmente basada en las necesidades y los fines comunales” (LEBOWITZ: 2006).

También a raíz de los comentarios del Presidente Hugo Chávez, el 17 de Julio de 2006, se habló de crear en Venezuela un nuevo concepto de Consejos Comunales pero en materia de Producción, con base a tres principios rectores. En primer lugar, incorporar a las Unidades Comunales de Producción (UCP) como una nueva figura dentro de los agentes económicos tradicionales en Venezuela previstos en el Código de Comercio, tales como, las familias ; empresas privadas ; el Estado , gobernaciones y municipios, a través de empresas públicas productoras de insumos, servicios sociales y comunales; instituciones privadas sin fines de lucro, particulares; y todas aquellas asociaciones de autogestión y cogestión o unidades de economía popular. En segundo lugar, impulsar las empresas socialistas y las empresas de producción social, como vehículos para el desarrollo del modelo socialista de producción a ser instaurado en el país. Y en tercer lugar, extender aún más la capacidad productiva de las UCP, a niveles, incluso, industriales, como para formar una ciudad comunal.

“La ciudad comunal, la ciudad comunal... este es otro concepto una ciudad comunal “se constituye cuando en la totalidad de su perímetro se hayan establecido las comunidades organizadas, las comunas, y los autogobiernos comunales, estando sujeta su creación a un referéndum popular que convocará el Presidente de la República en Consejo de Ministro”. En resumen cuando en una ciudad en todo su espacio estén conformados las comunidades, como diga la ley que habrá que hacer, las comunidades con su Consejo Comunal, las comunas y las agregaciones correspondientes, entonces esa ciudad tendrá el derecho de constituirse y se constituirá previo a referéndum en una ciudad comunal. Ya la ley desarrollará, bueno, las características, atribuciones, derechos, etcétera que podrá tener una ciudad comunal” (Hugo Chávez).

Para lograr esto último aspecto, habría que tomar como referencia a todas las comunidades del país, para encontrar dentro de ellas algunas que por sus condiciones y circunstancias muy particulares, las hicieran aptas para asumir retos más ambiciones que la mera producción de algún producto. Las comunidades o comunas seleccionadas podrían, incluso, transformarse en ciudades comunales que controlarían grandes complejos industriales, lo que beneficiaría no sólo al equilibrio productivo que es la clave que garantiza un desarrollo armónico de la economía nacional, sino también la industria nacional en general en el marco del Socialismo del Siglo XXI. Conforme los miembros de cada una de estas comunidades realicen sus actividades, entonces, aumentará también la capacidad de trabajo y las relaciones de complementariedad e intercambio para con las demás Unidades Comunitarias vecinas (CFR.- CORONA SÁNCHEZ: 1986). ¿Pero cuál sería el primer paso en este plan?

Veamos el siguiente caso. Si imaginamos por un momento que una empresa privada construye una inmensa bomba de gasolina justo al frente de una carretera muy transitada en algún lugar del país y que la misma se encuentra ubicada en una zona aledaña a un humilde caserío rural, probablemente se pensaría que la puesta en funcionamiento de dicha bomba traería indefectiblemente beneficios económicos para los habitantes del caserío, bien sea por las posibilidades de empleo que se abren o bien sea por las posibles actividades comerciales derivadas que se generen; no obstante, realmente no existen relaciones sociales que aseguren que esos beneficios económicos llegaran a la comunidad plenamente, porque siempre quedan en las manos de los dueños de las empresas. Pero ¿qué ocurriría si el Estado construye una bomba de gasolina contratando cooperativas para ello y luego de concluida ésta, se concede la propiedad o la administración de la bomba a los mismos habitantes del caserío? ¿Acaso se aseguraría que los beneficios económicos lleguen más efectivamente a los habitantes del caserío? ¿Cómo asumirían el reto los habitantes de ese caserío? ¿Bajo qué principios el Estado sustentaría adjudicar semejante voto de confianza a una comunidad? ¿Qué riesgos conllevaría tal acción? ¿Por qué esa comunidad y no otra? ¿Quién tomará las decisiones y rendirá las cuentas si algo sale mal? ¿Acaso sería factible? Es cuestión de probar…

Si el Estado venezolano se enrumba tras ese objetivo, su acción se interpretaría como una fuerza exógena y artificial sobre las realidades geográficas de la comunidad que esta siendo aludida, porque modifica la escena social y crea una fuerza de atracción donde los miembros de la comunidad no pueden evitar la influencia del cambio provocado por la bomba de gasolina. La atracción originada concluirá con la asimilación por parte de la comunidad del cambio de su entorno, y si se incorpora un acompañamiento por parte del Estado durante ese proceso, al finalizar los miembros de la comunidad podrán estar en capacidad de administrar la bomba. De esta forma, la comunidad dará un salto, creando relaciones de subordinación, articulación y complementación saludables; matizando las tradicionales relaciones económicas de la región, sin que ello signifique la pérdida cierto grado de “autonomía política” en la fase productiva. Bajo ese esquema de acción, no parecería inapropiado que un Estado como el venezolano decida construir semejantes complejos, pero si sería inapropiado construir grandes complejos industriales en zonas cuyas comunidades no estén preparadas para asumir esas responsabilidades. Por ejemplo, sería inapropiado que el Estado construyera un complejo agroindustrial en toda la sierra de Mérida, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, cuando no es posible cultivar allí nada sin la inversión de grandes sumas de dinero y esfuerzo humano. Esa acción sería más comprensible en el Estado Guárico, donde abundan comunidades en mejores condiciones y necesidades para asumir la administración de esos complejos. En este caso, son los factores geográficos los protagonistas, pero también pueden alegarse factores sociales, económicos y políticos. Pero sea cual sea el proyecto a desarrollar, éste debe provenir por exigencia del mismo pueblo y en ningún caso del Estado, y sólo a partir del cumplimiento de ese requisito sine cua non, es cuando el Estado, como máximo órgano de control, deberá analizar las propuestas y ejecutarlas unas vez aprobadas, y si no, deberá dialogar y explicar a los Consejos Comunales que presentaron el proyecto, lo inviable del mismo, siempre buscando encontrar otras alternativas que no restrinjan el desarrollo social y económico integral de cada una de las personas que integran la comunidad.

Este escenario fue objeto de análisis por el gobierno bolivariano, quien en el 2008, en el marco de la Ley habilitante, donde surgieron 66 leyes nuevas, nació Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular. Esta ley, más revolucionaria que la anterior,

La Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular, creó las modalidades y formas asociativas que potencian el control y próspero desenvolvimiento de las actividades de la economía popular, y el establecimiento de un nuevo sistema de producción, cuyos patrones de transformación, distribución e intercambio de saberes, bienes y servicios, serán realizados por asociaciones de personas y comunidades organizadas, concientes de la necesidad de plantear un sistema socialmente justo en las relaciones socioproductivas y de intercambio solidario, con los fines de coadyuvar a la consolidación de las bases del modelo socioproductivo de la Nación, en la búsqueda del desarrollo humano integral y sustentable. Asimismo, la ley vino a resolver un problema jurídico sobre la posibilidad que una comunidad pueda ser propietaria de algo, ya que establece nuevas figuras de tipo de propiedad y empresas, que han posible un mayor desarrollo de las comunidades como figura jurídica concreta y no difusa:

1. Empresa de Propiedad Social Directa o Comunal: Unidad productiva ejercida en un ámbito territorial demarcado en una o varias comunidades, a una o varias comunas, que beneficie al colectivo, donde los medios de producción son propiedad de la colectividad.
2. Empresa de Propiedad Social Indirecta: Unidad productiva cuya propiedad es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad. El Estado progresivamente podrá transferir la propiedad a una o varias comunidades, a una o varias comunas, en beneficio del colectivo.
3. Empresa de Producción Social: Unidad de trabajo colectivo destinada a la producción de bienes o servicios para satisfacer necesidades sociales y materiales a través de la reinversión social de sus excedentes, con igualdad sustantiva entre sus integrantes.
4. Empresa de Distribución Social: Unidad de trabajo colectivo destinada a la distribución de bienes o servicios para satisfacer necesidades sociales y materiales a través de la reinversión social de sus excedentes, con igualdad sustantiva entre sus integrantes.
5. Empresa de Autogestión: Unidad de trabajo colectivo que participan directamente en la gestión de la empresa, con sus propios recursos, dirigidas a satisfacer las necesidades básicas de sus miembros y de la comunidad.
6. Unidad Productiva Familiar: Es una organización integrada por miembros de una familia que desarrollen proyectos socioproductivos dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de sus miembros y de la comunidad.
7. Grupos de Intercambio Solidario: Conjunto de prosumidoras y prosumidores organizados, con la finalidad de participar en alguna de las modalidades de los sistemas alternativos de intercambio solidario.
8. Grupos de Trueque Comunitario: Conjunto de prosumidoras y prosumidores organizados, que utilizan las modalidades del sistema alternativo de intercambio solidario.

A través de este Decreto se esperaba englobar las unidades económicas que están en las comunidades y las empresas familiares que no tenían un espacio jurídico. Con esto se da un reimpulso, el acompañamiento y la formación debida, a esos sectores que son tan necesitados; organizando la economía para crear cadenas productivas asociadas a las grandes industrias, a los grandes desarrollos.

“No podemos crear los grandes parques industriales si no desarrollamos aguas abajo y aguas arriba las pequeñas unidades productivas que hacen posible ese gran parque industrial. Si no lo hacemos así, seguiremos creando grandes cordones marginales de pobreza. Impulsamos la economía bajo un plan constante al desarrollar proyectos estatales para áreas específicas, como servicios, electricidad, planes de vivienda, salud, de educación, los planes de industrializacion, de reforestación, de reacondicionamiento de espacios. Por ejemplo, en todo el eje ferroviario debe haber unidades productivas que creen pueblos, donde participen el Estado y los pueblos, generando propiedad social directa e indirecta (...) No se desarrolla un país si no estás enfocado en todos los procesos productivos, desde los pequeños hasta los grandes. Estamos desarrollando nuestras capacidades no para crear monopolios o grandes cadenas, sino para crear beneficio social, mayor calidad de vida. La carencia de planificación se evidencia cuando vemos plantas que no tienen dónde colocar su producción, o donde el grande se come al pequeño. Aquí queremos planificar. En una cuenca lechera debemos tener una planta procesadora de leche. Pero debemos crear conciencia en la comunidad para instalar esa planta. Si quieren poner otro tipo de empresa, no nos negamos, pero los orientamos sobre las capacidades y sobre la base de la real potencialidad de la zona, establecemos la política a seguir, porque aquí se desarrollaron muchos conjuntos industriales que ahora están abandonados porque no se hicieron sobre la base de un plan estratégico, sino que simplemente se desarrollaron galpones, plataformas. No tenían dónde comercializar, conseguir materia prima, formarse o capacitarse. El hecho de que en Aragua, Carabobo y Distrito Capital se concentra 60% de la industria del país quiere decir que no hubo planificación sobre el Estado. El primer desarrollo de transformación metalúrgica lo tenemos en Carabobo y Aragua, cuando la fuente minera está en Bolívar. ¿Por qué la transformación no fue en Bolívar o Anzoátegui? Porque eran los intereses de ciertos sectores de tener un puerto cerca por donde sacar la materia prima y luego recibirla transformada y no desarrollar la producción nacional. ¿Por qué importamos tantas piezas de vehículos si aquí tenemos el hierro, el acero, el plástico? ¿Por qué no instalamos plantas de esas partes? (Pedro Morejón) .

Con este decreto, a medida que crezcan las comunidades y se dignificarán a las personas. En un mediano plazo todas esas cadenas y parques industriales tendrán las cadenas asociadas, y entonces ciudadanos y ciudadanas podrán contar con productos de calidad que garanticen la plena soberanía alimentaria, salud, educación.

“Tenemos un atraso en el área porque nos fueron desplazando, se cerraron parques industriales. No se entregaron créditos, no hubo procesos para la transformación, al punto de que éramos una economía de puerto. Debemos tener las plantas que transforman las materia primas en productos terminados. Que las materias primas no se vayan a otros países y después nos las manden transformadas en rubros para la construcción. Ahora tenemos cinco años de crecimiento económico. Estamos construyendo ferrocarriles, autopistas, puentes, teleféricos, satélites; eso apoya la creación de servicios, con fuentes de energía sanas como Caruachi, para industrializar el eje Orinoco-Apure. Esperamos generar empleos y conciencia sobre el uso de la mercancía. Porque también trabajamos el consumo, la conciencia del consumidor sobre los productos, de dónde vienen, cómo vienen, cuánto costó su distribución. Queremos crear conciencia, cultura del venezolano. Los hábitos de las viejas costumbres (alimentarias) debemos cambiarlos hacia los alimentos que se producen aquí. Debemos tener preferencias para lo que se produce en el país” (Pedro Morejón) .











8.- EL ESTADO TOLERANTE:

Venezuela es un estado Tolerante, aunque los medios de comunicación opositores insistan en lo contrario mal interpretando el hecho que en la CRBV de 1999 no aparezca el concepto entre los principios democráticos fundamentales del Estado. La tolerancia, como principio democrático, significa aceptar el hecho que los seres humanos poseen diversidad de aspecto, situación, forma de expresarse, comportamiento y valores; y tienen derecho a vivir en paz, a ser como son y a disfrutar de oportunidades económicas y sociales sin ninguna discriminación (CFR.- UNESCO: 1995; RUS: 2006; ABELLÁN: 2006; DEL ÁGUILA: 2006) (CFR.- GRAWITZ: 1991, 381). Sin embargo, para lograr ese objetivo debe ejecutarse la aplicación de la ley y en el ejercicio de los poderes públicos con justicia e imparcialidad.

Lo contrario a este planteamiento significa exclusión, marginación, frustración, hostilidad y fanatismo de grupos vulnerables. A fin de instaurar una sociedad más tolerante, Venezuela y Estados del mundo han ratificado convenciones internacionales en los últimos años en materia de derechos humanos e igualdad de trato a todos los grupos e individuos de la sociedad. Sin tolerancia a las diferencias no puede haber paz, y sin paz no puede haber desarrollo ni democracia: “todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes” (CFR.- UNESCO: 1978). Entonces dada la importancia de este concepto a nivel internacional, la pregunta es ¿por qué el constituyente de 1999 no incluyó expresamente la tolerancia como un principio democrático en la CRBV, aún cuando dicho concepto es de imprescindible importancia para la complexión de la democracia y era un principio llamado a ser integrado en el nuevo Estado del siglo XXI por organismos internacionales como la ONU y la UNESCO? Por una sencilla razón, Allan Brever Carías no lo quería incluir . En aquella oportunidad la preocupación acerca de instaurar en el país un sistema político de democracia participativa fue tan decidida que se dejaron de lado temas tan importantes como éste. Además, debido a que durante toda la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) las discusiones fueron monopolizadas por constituyentes que eran abogados, hubo un exacerbado juridicismo, parcialmente desactualizado , en el diseño de cada uno de los artículos constitucionales; lo que favoreció el solapamiento de la tolerancia. Este exacerbado juridicismo no permitía réplicas ni revisionismos de otras ciencias, al punto que algunos politólogos consideran que si en 1999 se hubiera presentado para su discusión a la plenaria una propuesta para incluir el principio de tolerancia en el texto final de la constitución, éste igualmente no hubiese sido aprobado por los “excelsos abogados presentes”. La razón es que el principio de tolerancia dentro de la democracia tiene sus orígenes teóricos en espacios no propios del derecho, sino más bien de la Ciencia Política y el derecho socialista . Si hubiera sido presentado, los abogados de aquella histórica asamblea habrían mostrado su bandera de resistencia, abogando cualquier tipo de argumento vacío pintado de forma jurídico-abstracta como para intimidar cualquier intento pro-socialista . De una u otra forma, en 1999 se olvidó que la tolerancia es consustancial a la democracia. Si la democracia presupone el pluralismo de opiniones, preferencias y proyectos políticos, y además aporta un procedimiento institucionalizado y pacífico para dirimir esas diferencias en el marco de la igualdad de derechos ciudadanos, entonces la tolerancia tiene en la democracia su mejor hábitat. En efecto, como una vez lo preguntó Isidro Cisneros ¿cómo concebir, por ejemplo, el diálogo, el pluralismo, la legalidad o la representación política sin tolerancia?, sin ella, nada es posible. La tolerancia es indispensable para la democracia; es una parte de la familia de valores, principios, procedimientos, instituciones y prácticas políticas que dan vida a la democracia. Así, junto a la tolerancia están, de manera destacada, la libertad, la igualdad política, la soberanía popular, el pluralismo, el diálogo, la legalidad, la justicia, la representación política, la participación, el principio de mayoría y los derechos de las minorías. La articulación de este cúmulo de principios y valores es lo que conforma el complejo sistema en el que la democracia cobra forma y operatividad (CFR.- CISNEROS) y, si Venezuela no lo expresó en la CRBV de 1999, no significa que el país sea intolerante y mucho menos que el país se estaría alejando de una de sus mayores conquistas democráticas, por cuanto el principio puede estar desarrollado en el articulado de la constitución.

Para algunos constituyentes se desarrolló un conjunto de principios constitucionales dirigidos a asegurar la convivencia social y política civilizada, como medida para evitar el retorno de experiencias segregacionistas de tan doloroso recuerdo como las que se han registrado en la historia de la humanidad, las cuales se han tratado de explicar dando un carácter adjetivo al tipo de tolerancia que se empleó, sea liberal o socialista. Por ejemplo, la tolerancia Socialista se estipula en la ideología del igualitarismo, es decir, se interesa por crear un sistema político calculado en leyes que imponen obligaciones recíprocas entre quienes gobiernan y son gobernados y, a la vez, permite al Estado intervenir en todas, o en ciertas áreas económicas “estratégicamente establecidas”, para hacer que todos los ciudadanos sean iguales en el mayor sentido posible. No obstante, este tipo de tolerancia manifiesta algunas limitaciones cuando olvida que todos los seres humanos son inmanentemente diferentes unos de otros, sea por sexo, raza, credo, etc., y que las obligaciones impuestas pueden atentar contra la dignidad de algunos individuos; que si no se suman al proceso, serán excluidos así como a todas aquellas formas de vida opuestas a los supuestos planteados. Entretanto, otra limitación es que el Estado no puede negar que es susceptible a disimular un conjunto de ideas que enmascara la voluntad de poder de un grupo, clase o sector (CFR.- BUELA), a la hora de determinar en qué áreas económica va a intervenir para lograr la igualdad.

En cambio la tolerancia liberal se aparta del igualitarismo y propone un sistema político más inclinado por garantizar la igualdad de derechos sociales, pero no la igualdad económica, ya que, indefectiblemente, siempre habrá ganadores y perdedores a raíz de las relaciones de libre mercado (CFR.- FAIRCLOUGH: 2006). Sin embargo, para nuestros efectos no hay que creer que la tolerancia puede ser socialista o liberal. La tolerancia es una, es para todos. La tolerancia combina preocupaciones económicas y sociales con similar equilibrio. Además, utiliza el principio de la reciprocidad para fundamentar las transacciones, los compromisos y los acuerdos que pueden llevarse a cabo en el Estado democrático; es decir, los intercambios se hacen entre desigualdades y, por lo tanto, la reciprocidad será el valor que sustentará la convivencia pacífica cuando los ciudadanos reconozcan las desigualdades del otro: “si tú me toleras, yo te tolero”, allí esta la clave (CFR.- CISNEROS). La tolerancia es el respeto por la diferencia. Es la respuesta a la intolerancia.

Y si bien, la intolerancia se ha hecho una característica de la vida diaria no sólo en Venezuela sino en el mundo gracias a la globalización (CFR.- IBARRA), residiendo no en el Estado sino dentro de las mismas sociedades, haciéndose evidente en acciones y actitudes que hieren con insensibilidad los sentimientos, derechos y dignidad de los otros, con actitudes irracionales, cuyos orígenes se remontan a la ignorancia y la falta de educación; los Estados deben asumir posturas activas en la búsqueda de la tolerancia a partir del estimulo de estrategias dirigidas a una educación preventiva de los cultivos de prejuicio, odio y discriminación. La educación es el medio más efectivo para prevenir la intolerancia. Es vital que los niños aprendan sobre lo que es tolerancia de manera que puedan comprender porqué los derechos humanos, la dignidad humana y el respeto por la diversidad son inseparables. La educación misma debe liberarse del virus de la intolerancia y señalar cuáles son nuestros derechos compartidos, para que sean siempre respetados y contribuya a que todos disfruten siempre de estos derechos (CFR.- ANNAN: 2002).

La educación juega un papel tan imprescindible que su buena administración significa que el ciudadano adquiera una conciencia diferente sobre la institución y el rol del Estado; y desarrolle para descubrir donde hay tolerancia, aun cuando los medios de comunicación la nieguen. Las prácticas tolerantes dentro del Estado Democrático se caracterizan por hacer el seguimiento de las acciones dirigidas a la tolerancia con el objetivo de resguardar su estructura y aplicar correctivos en aquellos casos en que se amerite. Pero en ese ejercicio, el Estado también pone en acción prácticas de indiferencia, es decir, no es que el Estado descuida su propia vida y carece de interés por lo que percibe. Sino más bien, deja al libre albedrío específicos hechos sociales que lo rodean y se desinteresa de las consecuencias que puedan causar a no ser que hayan transgredido algún ordenamiento normativo. Esta práctica va dirigida a lo superfluo, pero como ocurrió en el caso de Venezuela, los medios de comunicación tergiversaron su significado y le otorgaron importancia para crear matrices de opiniones negativas al Estado. En perfecta sincronía con las tesis de la psicología social, los medios de comunicación opositores al gobierno bolivariano vendieron masivamente la idea que el Estado venezolano ya no era constructor social; negaba su propia responsabilidad; no tenía control sobre su territorio; y era intolerante. Algunos ciudadanos compraron estas ideas, y los medios insistieron aún más, al punto que se recuerda el caso de una inexperta periodista que fue despedida por negarse en el 2006 a “crear una noticia”. En esa ocasión, una periodista de una televisora llegó a una institución pública venezolana y recibió una llamada desde el mismo canal para informarle que debía “crear una noticia”. Originalmente, le solicitaron que cubriera una manifestación pública al frente de la institución. Pero cuando ella llegó se sorprendió al no ver a nadie manifestando. Entonces la llamaron del departamento de prensa para indicarle que debía reunir transeúntes o gente que estuviera cerca del lugar y los organizara para que manifestaran por cualquier cosa. Además, le indicaron que no se preocupara, que los camarógrafos estaban entrenados para hacer creer a la audiencia que habían cientos de personas. Ella se negó, y descubrió al llegar al trabajo su carta de despido. Pero no por ello el gobierno accionó contra quienes se oponían a él. Más bien, aceptó las diferencias y desde entonces la tolerancia se hizo un tema de reflexión esencial en las discusiones para la construcción del Socialismo del Siglo XXI.

La mundialización de la economía y una aceleración de la movilidad, la comunicación, la integración y la interdependencia; la gran amplitud de las migraciones y del desplazamiento de poblaciones; la urbanización y la transformación de los modelos sociales, crean un escenario que favorecen constantemente las contradicciones sociales y la intolerancia (CFR.- UNESCO: 1978). Esto recrea un escenario complejo para que el Socialismo del Siglo XXI profundice y fomente la tolerancia y la siembra de actitudes de apertura, solidaridad, unión y reciprocidad. No obstante, un camino sería que la CRBV incluya, en una próxima reforma: la tolerancia, justo en lo que es hoy el Artículo 2 de la CRBV y que dice: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social” (la tolerancia) “y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

Con esa inserción, el país tendrá el piso necesario para que el proceso de transición al Socialismo del Siglo XXI no sea un camino tortuoso lleno de luchas sociales entre quienes desearán la tradición y entre quienes desearán la modernidad y, ciertamente, se transforme en una experiencia deshumanizada como pretenden los medios. Esa palabra significa un nuevo valor del Estado y la consolidación de una nueva cara del acuerdo nacional porque privilegia la concertación y el diálogo como vías legítimas para las discusiones políticas en vez de las armas. La confrontación ideológica se amilanaría y se traduciría en un repunte de los esfuerzos dirigidos a causas. Pero, sería incorrecto esperar a que la oportunidad llegue. La tolerancia humana en Venezuela es cosa de hoy mismo y su desarrollo comienza con su puesta en práctica. A medida que se vaya haciendo habitual, a medida nos desarrollaremos como nación. Las escuelas y las universidades, el hogar y el lugar de trabajo son los llamados a crear la cultural de la tolerancia en Venezuela. Los medios de comunicación pueden desempeñar una función constructiva, facilitando un diálogo y un debate libre y abierto, difundiendo los valores de la tolerancia y poniendo de relieve el peligro que representa la indiferencia al ascenso de grupos e ideologías intolerantes. Igualmente, el Estado no debe cesar en adoptar medidas que hagan falta, para garantizar la igualdad en dignidad y derechos de los individuos y grupos humanos; con especial atención a los grupos vulnerables socialmente desfavorecidos que necesitan protección a través de leyes y medidas sociales en vigor, primordialmente en materia de vivienda, de empleo y en de salud, donde recientemente el estado venezolano ha impulsado unas políticas dirigidas a que las aseguradoras entreguen pólizas solidarias y gratuitas a necesitados. Así como velar por el respeto de su autenticidad, de su cultura y sus valores y facilitar su promoción e integración social y profesional, en particular mediante la educación. Y de lograrse, sin duda, sería uno de los mensajes más memorables que Venezuela le daría al mundo, en especial, a aquel mundo convulsionado, tan intolerante que no busca en su propia gente la respuesta a su propia paz.


9.- EL ESTADO HISTÓRICO:

Si algo aumenta la confrontación entre fuerzas políticas antagónicas que tienen una considerable representatividad en la población de un país, es la falta de sinceridad con respecto a la historia. Puede darse el caso, que los grupos políticos luchen entre si con gran brío por imponer a la población una sola interpretación o versión de los hechos históricos como una verdad franca, omnipotente y omnisciente y, por tanto, así debe quedar para la historia. Los estudios históricos pasan a un segundo plano y su interpretación se transforma en un arma manipuladora al servicio de una emoción política patriótica e ideológica de clase; y en el mayor obstáculo para la pacificación y convivencia pacífica (CFR.- PEREÑA: 1999), porque crea tensiones sociales innecesarias; enfrenta a las colectividades de unos territorios con otros; y se desdeñan los lazos culturales que unen, como si se tratara de enaltecer los hechos que separan y hacen irreconciliables las relaciones humanas (CFR.- VIDAL DELGADO: 2006).

No importa que ocurran hechos notorios, evidentes para cada quien; el debate retórico que se origina de esa confrontación es capaz de tergiversar la realidad de cualquier suceso por más indiscutible e incuestionable sea, con el objetivo de amoldarlo a las necesidades políticas inmediatas de cada bando (CFR.- BROUÉ: 1972). Vale recordar el caso de un general ruso, que al llegar a los campos de concentración alemanes luego de finalizar la segunda guerra mundial ordenó sin contemplación que tomarán fotografías a todos aquellos abominables y execrables demandes. Cuando se le preguntó por qué era necesaria aquella movilización de fotógrafos, él tan sólo se remitió a responder que era para que nadie en el futuro se atreviera a decir que el holocausto jamás existió. Pero, incluso, pese a ese esfuerzo, hoy existen millares de seres humanos alrededor del mundo que niegan que el holocausto existiera; e insisten en contrariar la realidad de lo ocurrido. Allí están los riesgos de la historia. La confusión humana. La confusión en la matriz de opinión de la sociedad siempre favorece a fuerzas políticas específicas, las cuales harán lo necesario para imponer su posición a los medios de comunicación; aunque se sepa de antemano que la información a ser transmitida no creará situaciones de aprendizaje para la población. Esto se debe a que cada fuerza política presenta un discurso político-histórico a la población con mayor carga emotiva y política que científica y, además, intenta por medio de la persuasión cambiar la opinión de los ciudadanos en una dirección en particular que va en su beneficio por acceder o mantenerse en el poder. Así, la simple opinión histórica de un ciudadano se hace estratégica para los intereses políticos aunque no sea correcta; y se hace deseable y necesaria por los grupos políticos, cumpliéndose así una de las prerrogativas de la manipulación política (CRF.- NIZAMA VALLADOLID: 2002).

La tergiversación se entabla en las discusiones mediáticas acerca del protagonismo de los actores; allí se enfatizan verdades medias y se abren posibilidades para que los intereses ocultos vayan adquiriendo mayor fuerza para involucrar a los pueblos en un orden de convenientes convicciones sociales que unos pocos comprenden y que la gran mayoría desconoce. La sociedad pasa a ser el eje de un complot mediático y el Estado, aunque se encuentre formando filas en la pugna ideológica, no debe olvidar las razones de su existencia. El estado debe agotar esfuerzos para que el ciudadano se acerque a la realidad histórica y rechace su apariencia; y evite ser objeto de una pugna que, en algunos casos, no lo involucran, pero tienden a afectarlo por ser él un agente importante en un mundo más mediatizado.

El Estado al estar conciente que un ser sin historia es un ser sin identidad y que el olvido de la historia significa correr el riesgo de repetir los errores del pasado, descubre su papel formador de conciencia. Si no es el Estado, ¿Entonces Quién? El Estado es el vehículo para acercar a la población a una historia sin recelos, sin disimulos, sin prejuicios, así la interpretación del pasado no se convertirá en “una hipoteca de futuro” (CFR.- FRANCISCO FRANCO: 2003). Si los ciudadanos no saben de donde vienen, entonces no sabrán dónde están y hacia dónde van; y lo mismo se le aplicaría a las instituciones del sistema político del país, las cuales como reflejo de ese desconocimiento de sus ciudadanos, consecuentemente denotará como sus funcionarios públicos no comprenden el significado de su trabajo ni de su institución ni el por qué de su existencia, a la espera que otra historia, una historia transnacional o comercializada, ocupe el lugar . El Estado debe intervenir en la creación de una misma historia, y no una historia oficial, ni tampoco una historia negra, es decir, una historia científica, abierta a connotaciones objetivas más que subjetivas; llena de significados verdaderos que motiven la discusión académica y supriman las discusiones fanáticas. Una historia sin paralelismos políticos que sirva de banco de referencia para que los individuos puedan tomar decisiones sustentadas. Una historia cuyas bases se repartan entre el carácter científico y la prospección comunitaria. Una historia capaz de crear identidad al reconocer las condiciones de vida de la sociedad en la que estamos, lo que significa asumir críticamente nuestro <> y nuestro <>, con todas las circunstancias favorables o desfavorables que caracterizan a nuestro país para que esta realidad histórica en que vivimos (aquí y ahora) sea mejor a la hora de heredársela a las nuevas generaciones (CFR.- BARRAZA).

La historia científica supondría, por definición, una historia con paradigmas acordes a la realidad de la sociedad y a los avances teóricos, que coadyuve a construir un mundo más digno (CFR.- REYES GUERRA). Pero esta teoría tiene grandes retos. La historia científica puede ser ingenua al ignorar las limitaciones de los historiadores humanos finitos y caídos (CFR.- SCHULTZ: 2003). Éstos se aproximan al pasado con una cierta perspectiva, con presuposiciones fundamentadas en el trasfondo, experiencia y convicciones. Estas presuposiciones, correctas o no, son los lentes con los cuales vemos el pasado. Nadie funciona como un observador neutral y desinteresado. Además, no hay un registro completo del pasado. Los documentos históricos tratan sólo con una pequeña fracción de todos los eventos, hechos, pensamientos e intenciones de la historia humana. El conocimiento global y exhaustivo de hoy, cada vez más cargado de información, también dificulta el trabajo al historiador que esta limitado por el tiempo. Por otro lado, la historia científica es también humanista y por ello el hombre autónomo, pese a estar equipado con la razón y una metodología científica, no puede creer que será anómico a la hora inspeccionar los <> de la historia y reconstruir el pasado (CFR.- SCHULTZ: 2003). Por esas razones el Estado del Socialismo del siglo XXI pone su atención en ese tema y aprovecha que la historia científica tiene gran potencial de poder formativo, porque sugiere el planteamiento de medios válidos para aprender a realizar análisis sociales (en el sentido amplio), y permite incorporar muchas posibilidades para trabajar las diversas habilidades intelectuales y potenciar el desarrollo personal (CFR.- PRATS: 1999). Esos fines valdrían el esfuerzo. El Estado se abriría asimismo a un nuevo mundo y la historia científica, con todas sus debilidades, serviría como medio para limar las contradicciones producidas por el antagonismo natural de los hombres, la consecuencia más deseada por el que hacer científico, y para someter nuestras hipótesis a su necesario contraste, con el objeto de validarlas y hacerlas así sostenibles y sustentables (CFR.- BADÍA: 2003). En cambio, las comunidades mirarían la historia como un todo dinámico y en permanente movimiento en donde son protagonistas; como un puente que les abre la posibilidad de trazar un futuro propio, con un rostro que no se pierde en la mera homogenización impuesta por una discusión política.

La necesidad de arribar a una historia científica es claramente sentida en nuestra América, y particularmente en nuestro país. Debemos superar aquellas diferencias humanas de viejo cuño que tenemos en nuestro continente y no terminan por resolverse . Superarlas es necesariamente un paso al desarrollo, puesto que los pueblos ahora estarán pensando en otras ideas más importantes y provechosas en directa relación con su comunidad, como si se tratara de una historia científica comunitaria, que daría cabida a ver cómo, por ejemplo, un doctor supo resolver una enfermedad en su colectividad, en su hospital o en su paciente (CFR.- GAMARRA: 2006), o como una cooperativa estableció un exitoso mecanismo de producción de un determinado bien con base a las realidades muy propias de su comunidad. Esa memoria comunitaria es la que ha resguardado, transmitido e impulsado el gobierno bolivariano. Las comunidades son una fuente invalorable e inimaginable de información histórica; en sus coyunturas sociales existen experiencias que son el beneficio del futuro y el cambio del modo en que nos entendemos a nosotros mismos y nuestro vinculo con las cosas. Sin ir muy lejos, la historia científica comunitaria comienza allí mismo, en la localidad antes que en la municipalidad. En la localidad los hechos sociales de la comunidad son integrados en una serie homogénea de conocimiento en pro del desarrollo y la consolidación de la identidad cultural, cuyo piso de legados dibujará más tintas a la pintura patria que enorgullece a los venezolanos.

La localidad rescataría ese quehacer diario, casi minimalista, que los medios de comunicación y los historiadores no recogen, por cuanto están más interesados por lo grande, por lo nacional e internacional. La historia científica comunitaria en el Socialismo del Siglo XXI es volver la mirada hacia adentro. Hacia las pequeñas cosas que rodean a nuestros ciudadanos, a sus logros, a sus fracasos, a sus experiencias. Es poner la esperanza en que el racionalismo moderno servirá como el mediador entre las contradicciones sociales y las fracturas de clase; porque equilibraría pareceres, encaminaría voluntades a un mismo camino y serviría para reenfocar la atención de los hombres hacia nuevos problemas o hechos comunitarios. Esta tipo de historia sumaría no sólo la historia local, sino total; pasado-presente-futuro, historia-ciencias sociales, historia explicativa, historia económico-social, fuentes no narrativas, cuantitativismo, monografías regionales y multiplicidad de tiempos, lo que nos alejaría de la “historia historizante”, propia de nuestra época, propia del imperialismo, en la cual el historiador tiene la misión que los “hechos históricos” deben ser coordinados y ordenados en una cadena lineal de causas y consecuencias, para ser presentados como síntesis (CFR.- PRIMO: 1995), pero privilegiando los grandes hechos, las grandes cifras y los grandes personajes, apartándose de la sociedad que los genera (CFR.- CORONA PAÉZ: 2001) y menospreciando el presente, es decir, una historia del pasado sin más, pasado que no poseía ninguna relación ni contacto con nuestro contexto y llena de héroes extranjeros (CFR.- BUSTAMANTE); historia basaba en el interés de quienes dominan los medios.

Pero de igual forma, si se habla de cambiar el significado de la historia, es básico comprender que esto no será posible sin el protagonismo de las universidades. Pero éstas deberían madurar con carácter de urgencia, por cuanto año a año están generando apresuradamente conocimiento sin valor, anacrónico e injustificable. Muestra de ello, son las tesis universitarias de los últimos 100 años a lo largo de continente americano. Desde principios del siglo XX, las universidades se volvieron un instrumento de investigación de los grandes intereses políticos, económicos y financieros del momento. Exclusivas y excluyentes con el estudiantado; soberbias e inmaculadas en sus resultados; y exquisitas en cuanto a sus objetos de estudio. Empresas privadas camufladas detrás de una toga y birrete ¿Por qué? Por los siguientes ejemplos nominados en el 2009 a los IG NOBELS : 1) a principios del siglo XXI en Estados Unidos de América se gastaron más de 15 millones de dólares por investigar por qué la gente lagrimea cuando corta una cebolla.; 2) la Universidad Nacional de Quilmes en Buenos Aires, hicieron un importante gasto para demostrar como se comportaban los hamsters cuando se les daba Viagra; 3) Catherine Douglas y Peter Rowlinson no perdieron tiempo para buscar recursos para demostrar que las vacas a las que se les pone nombre dan más leche que las vacas que no lo tienen; 4) seis investigadores de la Universidad de Bern perdieron horas de sueño por determinar si es “mejor” que te peguen en la cabeza con una botella de cerveza vacía o llena; 5) tres mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México dejaron de lado a sus familias por hacer diamantes de tequila; 6) Donald Unger logró tocar el cielo por llevar 60 años haciéndose crujir los nudillos de su mano izquierda y nunca los de la derecha para probar si este hábito provocaba o no artritis; 7) tres investigadores europeos sacrificaron su orgullo social al analizar por qué las embarazadas no se caen; 8) a Elena N. Bodnar, Rafael C. Lee y Sandra Marijan quienes con esfuerzo intelectual crearon un sujetador el cual, en caso de emergencia, puede transformarse rápidamente en un par de máscaras, una para el dueño del sostén y la otra para alguien que la necesite; y 9) tres investigadores japoneses que demostraron los desechos domésticos pueden ser “destruidos” en un 90% mediante el uso de bacterias extraídas de las heces de pandas gigantes. Pero la pregunta es: ¿¿¿Y EL SIDA??? ¿¿¿Y EL CANCER??? ¿¿¿Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL??? ¿Acaso nadie le ha dicho a esta gente que hay verdaderos problemas que debemos atender? Que alguien me explique entonces. Así como estas tesis pueden rayar perfectamente en lo absurdo e intrascendente, es preciso decir que lo mismo puede ocurrir en Venezuela sino se canalizan los esfuerzos de las tesis a un sólo fin u objetivo. Un caso patético es aquel de un estudiante venezolano que durante 3 largos años de su vida estudió la organización de la elección interna de candidatos regionales del partido político Acción Democrática en 1972. Con esta fabulosa tesis, se hizo Doctor en Ciencias Políticas en la magnánima Universidad Central de Venezuela. Pero… ¿Es que acaso su tesis tiene algún valor en el 2009? ¿Quién se desvive por leer esa tesis hoy en día? ¿A quién le cambió la vida? ¿Acaso esa tesis cambió el mundo? ¿Fue un documento trascendental en su tiempo? Para nada…! Los esfuerzos de los estudiantes universitarios, al momento de hacer sus tesis, deben ser enfocados en realidades importantes, o al menos trascendentes. Si un estudiante de historia desea hacer su tesis sobre la vida de algún prócer de la independencia de Venezuela, los cuales están más que estudiados y difícilmente se pueda descubrir algo nuevo, la universidad o el Estado deberían de interceder y hacerle entender que eso podría hacerlo luego de graduarse. Antes, es preferible que ese estudiante, por ejemplo, tomé un caso de la historia venezolana que aún no esta resuelto o es inconcluso. Es preferible que gaste su máximo esfuerzo académico en descubrir que fue de una persona desaparecida o asesinada durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez o durante la II, III y IV República; que especifique donde realmente fue asesinado Delgado Chalbaud; dónde se encuentra la treintena de aviones desaparecidos en tierra (no aguas) venezolanas; dónde se encuentran los cementerios desaparecidos de la ciudad de Caracas; dónde se encuentran los cuerpos personas desaparecidas en el Parque Sierra Nevada; por qué algunos pobladores de bailadores poseen una forma de escribir números que no es similar a ninguna otra conocida en el continente pero similares a pueblos asiáticos; quién esta enterrado en la tumba de Ezequiel Zamora; donde se encuentra la tumba de Nereo Pacheco o el dibujo de su rostro fallecido hecho por Héctor Poleo; de quienes eran los dos cuerpos que encontraron en la década de los noventa en el sector de Catia ornamentados con reliquias del siglo XVII; qué causo el estruendoso sonido que estremeció a caracas a finales de los años ochenta y que se oyó hasta los valles del Tuy; son tantas preguntas, tantas cosas que aún faltan por responder, que podrían ser resueltas. Desde esta óptica, la idea es sellar capítulos, para luego continuar otros. Si algún estudiante llegara por ejemplo a precisas que fue de la historia de algún desaparecido, ésta información tendría un alto valor espiritual para la familia de aquel, así como se saldaría la deuda social que tiene el estado para con su población.


10.- LA ECONOMÍA POPULAR Y COMUNAL:

Si por algo se caracterizará el Socialismo del Siglo XXI, será porque hará tributos a las tesis y paradigmas de la Economía Social en vez de la Economía de Mercado que provocó nefastas experiencias en América Latina, como la acelerada evolución de los desequilibrios sociales en los años setenta y la inestabilidad de las condiciones de vida de los ciudadanos de los años ochenta y noventa. En su oportunidad, la Economía de Mercado dominó las relaciones comerciales en todo el continente por la apresurada aceptación de las tesis del neoliberalismo por parte de los gobiernos, quienes creyeron que sería el elemento garante para el desarrollo económico y seguro de sus naciones, aún a sabiendas que entre las consecuencias de su uso, las poblaciones establecerían patrones comerciales que aumentarían proporcionalmente el número de perdedores del juego comercial con respecto al número de ganadores. Esa indiferencia por la Economía Social fue el detonante de la multiplicación de grandes masas de pobres y desempleados que aparecieron de la nada en las ciudades latinoamericanas. En pocos años, los países tenían millones de seres desprotegidos y excluidos que terminaban siendo un actor aislado del sistema, frente a un mundo cada vez más difícil y complejo de sobrevivir bajo la ley del más fuerte, la cual cobraba vida por un modelo de competencia de demanda y oferta salvaje (CFR.- FUENMAYOR: 2005). La Economía de Mercado nació como una forma de comercio dirigida a reducir las carencias del sistema económico propio de principios del siglo XX, y se concentró en cuatro ideas fundamentales: a) la supremacía del mercado como espacio que determina las relaciones sociales sin la intervención del Estado, y al margen de la política; b) el privilegio al individuo por encima de las colectividades, negando las relaciones cooperativas y solidarias, puesto que prevalece el interés propio; c) el lucro privado es la razón de la actividad humana encaminada a satisfacer necesidades, de allí que se fortalezca la ganancia privada en por encima de los beneficios sociales; y d) las categorías económicas son el eje central del discurso y de las prácticas sociales (CFR.- TORRES LÓPEZ: 2002, 12-13). Sin embargo, sus postulados fracasaron en muchos gobiernos del mundo y, más, en Latinoamérica, donde la desigualdad y el atraso económico y social fueron tan considerables que desde los primeros años de su puesta en marcha, ya se hablaba de la búsqueda de otras alternativas, como aquella, de muy antaño, de la Economía Social (CFR.- FUENMAYOR: 2005).

La Economía Social es una teoría que evolucionó considerablemente con los años. Sus orígenes datan en la Europa del siglo XIX, cuando se hizo objeto de estudio para algunos autores franceses como Charles Dunoyer, Fréderic Le Play, Charles Gide y León Walras. En principio, el término Economía Social no se reducía a definir sólo un tipo de organizaciones como las cooperativas y las mutuales, creadas por los trabajadores; sino que iba más allá, como un enfoque que integraba la problemática social al estudio de la economía y cuestionaba la “economía de los economistas”. Posteriormente, en el año 1900, Charles Gide le da un mayor desarrollo a los planteamientos al considerar que la Economía Social era un vestíbulo que comprendía tres partes: a) los poderes públicos, es decir las intervenciones públicas que atienden las necesidades sociales no satisfechas por el mercado; b) las asociaciones (entendidas como las asociaciones obreras); y c) las obras sociales de los patronos, la filantropía. Incluyendo así las instituciones que contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los obreros, asegurar contra los riesgos sociales, o permitir la independencia económica (CFR.- VIENNEY: 1994, 6; BASTIDAS-DELGADO: 2001). Pero a finales de los años cincuenta, en Francia, el tema de la Economía Social alcanza un nivel de madures considerable, una vez que se logra conjugar en un sólo planteamiento lo mejor de la economía capitalista y la socialista, es decir, capacidad técnico-productiva que crea la integración vertical y el potencial distributivo, productivo, asociativo y autogestionario que encierra la cooperación del trabajo en las sociedades socialistas (CFR.- NUÑEZ, Orlando). Es decir, la economía social aparecía con aquellas empresas cuya distribución de beneficios y toma de decisiones no estaban fundamentadas en el capital aportado por cada socio; el peso y la toma de decisiones es igual para todos los socios y no en función del capital aportado por cada uno de ellos (CFR.- CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE ECONOMÍA SOCIAL: 2004). Con ese principio se interpretaba que las empresas actuaban en el mercado con la misma finalidad de producir bienes y servicios, sólo que con una actitud muy diferente, una actitud social. Estas ideas, o enfoque humanista, se vieron además como una opción esperanzadora de organización en función de actividades productivas; bajo relaciones de igualdad y solidaridad, por lo cual constituía una alternativa a las relaciones de competencia mercantilista que fomenta el capitalismo, porque vuelve a unir producción y reproducción, satisfaciendo de manera más directa y mejor las necesidades acordadas como legítimas por la misma sociedad.

Así, una vez importado el concepto de Economía Social a América Latina es asumido por las élites políticas y económicas como una reacción “creativa” de las personas que han decidido a emprender su propia experiencia empresarial frente a las diversas barreras de entrada que el mercado genera: dificulta el acceso al trabajo, a la vivienda, al consumo, a la salud, etc. (CFR.- MARIÑO). No obstante, el pueblo no lo veía así. Más bien, era percibido como un modo de “emprender de otra manera”; colocando a la persona física en el centro del desarrollo económico y social (CFR.- JEANTET: 2006), para producir sociedad (no sólo utilidades económicas) y forjar valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos productores o de sus comunidades, las cuales, eran de base territorial, étnica, social y cultural (CFR.- CORAGGIO: 2004). Además, la Economía Social se caracterizaba por proponer: a) la construcción de espacios de acción constituidos por individuos, familias, comunidades y colectivos que actúen combinando la utilidad material y valores de solidaridad y cooperación, limitando, más no anulando, la competencia; b) la conformación de mercados donde los precios y las relaciones resulten de una matriz social que pretenda la integración de todos con un esfuerzo y unos resultados distribuidos de manera igualitaria; c) la consolidación de acciones colectivas en ámbitos locales, donde los conflictos de intereses y la competencia pueden ser regulaos de manera más transparentes; y d) constitución de asociaciones libres de trabajadores en lugar de empresas donde el trabajo está supeditado al capital autoritario por la necesidad de obtener un salario para sobrevivir (CFR.- CORAGGIO: 2004). En definitiva, lo interesante de la Economía Social es que reconocía las dimensiones sociales de la economía, porque los sujetos participantes desarrollan sus actividades en sus espacios vitales de vida, vinculándose a su identidad social y cultural, lo que marca la diferencia con el tipo de actividad propia de la empresa capitalista y fundamentalmente con las relaciones de trabajo que se desarrollan alrededor de la misma. Sin embargo, hay que establecer que la Economía Social admite el mercado, sólo con base a su antigüedad y validez como instrumento económico que ha existido y avanzado conforme al desarrollo de la humanidad y de ninguna manera como el regulador de las relaciones humanas (CFR.- VERANO PÁEZ: 1998, 20), lo que para muchos representa un elemento cuestionable para una teoría que se presentó (y presenta) como la solución al desarrollo humano, principalmente en Latinoamérica.

A medida que se expandió la Economía Social en forma heterogénea por el mundo, gracias a los gobiernos que entablaban formulas políticas y jurídicas para amoldar éstas ideas a sus condiciones internas (ya que comprendían la inconveniencia de asimilar a la exactitud el modelo francés), parecía ineludible vincular que la Economía Social se manifestaba sobre todo en sociedades en transición y particularmente durante las grandes mutaciones del capitalismo (CFR.- MONZÓN: 2004). Estas conjeturas fueron muy bien entendidas por los partidarios de las fórmulas políticas socialistas modernas que casi de inmediato asumieron sus postulados teóricos, pero poniendo atención en que era posible realizar sobre la Economía Social un proceso de revisión teórica para apuntalar su identidad a fines más socialistas.

A este respecto, los primeros avances llegaron cuando los socialistas modernos consideraron que la Economía Social, puesta en uso, podía incorporar en el sistema político de sus Estados a las clases más excluidas de las sociedades si se orientaba la teoría hacia caminos indiferentes de la ganancia y la acumulación del capital sin límites. Este objetivo ulterior, de combinar lo político y lo económico a mayor compenetración, resultaba una idea entusiasta para todos aquellos que demandaban participación en el quehacer político y oportunidades para su desarrollo económico. Pero esos planteamientos resultaron ser sospechosos para los gobiernos de carácter capitalista, porque insinuaban un cambio en las formas en que se tomaban las decisiones políticas, alterando un orden que indudablemente iba en contra de los intereses de las clases dominantes. De hecho, las clases dominantes latinoamericanas de los años ochentas compartían un mismo discurso político caracterizado, entre otras cosas, por el desden a la búsqueda de modelos políticos y económicos alternativos; así como alabanzas reiteradas al neoliberalismo y el capitalismo como “única solución a los problemas”. Sin embargo, ellos no fueron suficientes para impedir la pérdida de audiencias en países como en Venezuela, país cuya relaciones tradicionales con Europa la habían puesto en contacto con las ideas de humanizar las relaciones de mercado a través de la intervención estratégica del Estado y cuya población, en principio, conocía la Economía Social, aunque las gobiernos de turno hasta 1999 dijeran exactamente lo contrario.

Las primeras experiencias de Economía Social en Venezuela datan del siglo XIX, aunque en aquella época no se les conocían como tales, sino como políticas de solidaridad y cooperativismo. Más que todo, eran incipientes experiencias de autoayuda campesina e indígena con indirecta participación del Estado que no lograron mayor desarrollo por la falta de constancia de los actores involucrados y la inestabilidad jurídica propia de la época (CFR.- BASTIDAS-DELGADO: 2003; o Ver También.- TERRENO: 1972). Las primeras leyes en materia de Economía Social aparecen en la época de Juan Vicente Gómez, en 1910 y 1917 para regir el sector cooperativo; el cual goza de rango constitucional desde 1961 siendo el más institucionalizado, con la creación de la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) desde 1966 y su primera Central de Cooperativas Regional desde 1967. En cuanto al sector microempresarial, se crea en 1959, la Comisión Artesanal de Crédito al Artesanado y Pequeña Industria, reestructurada en 1961 como Comisión Nacional de Financiamiento a la Pequeña y Mediana Industria y finalmente sustituida en 1974 por la Corporación de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (CORPOINDUSTRIA), la cual con la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad (FUNDACOMUN) desarrolla programas de microcréditos dirigidos a organizaciones económicas de base, para ser clausurados en 1988. En 1987 se crea el Fondo de Cooperación y Financiamiento de Empresas Asociativas (FONCOFIN), para promover y fomentar el desarrollo de pequeñas unidades de promoción, dicho Fondo es eliminado en 1999. Durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) se llevo a cabo con el Plan de Enfrentamiento a la Pobreza, el “Programa de Apoyo a la Economía Popular” y posteriormente en el segundo período de Rafael Caldera se creó el Programa de Economía Solidaria bajo lineamientos de la Agenda Venezuela, ambos programas fueron adscritos a FONCOFIN, prestando servicios de asistencia técnica, financiera y de comercialización a pequeños microempresarios. También desde la sociedad se crearon algunas Organizaciones No Gubernamentales, entre las cuales se encuentran: La Fundación Mendoza, el Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP) y el Equipo de Formación y Publicación (EFYP) (CFR.- ARGUELLO: 2005).

Otro hito importante fue la referencia de las ideas de Economía Social en el Artículo 72 de la Constitución de 1961, la cual, si bien fue tímida, trajo consecuencias como la Ley General de Asociaciones de Cooperativas, las Centrales Cooperativas Regionales, la Central Cooperativa de Venezuela, entre otros; y abrió el paso para su plena consolidación constitucional con la CRBV de 1999, cuando adquiere mayor perfeccionamiento. Allí, en el Artículo 118, 184 y 308, se establece que el Estado intervendrá de forma estratégica en los procesos económicos de la nación a fin que se estimulen las expresiones de la economía social en el país (CFR.- GUERRA SOTILLO: 2005, 13-25). Con esta iniciativa el constituyente entendió que desarrollo económico solidario con integración y reintegración de todos los sectores, promoviendo los principios éticos y la educación, donde interactúan personas como protagonistas, generando bienestar económico y social a lo interno y externo, es la clave para enfrentar las agudas necesidades del pueblo venezolano. Desde entonces, la economía social es entendida, formalmente, por el gobierno, como una vía alternativa y complementaria a la economía privada y pública, sirviendo para distinguir un sector de producción de bienes y servicios que conjuga intereses comunes, tanto económicos como sociales, que debe estar apoyado en el dinamismo de las comunidades locales, con la participación de lo ciudadanos y de los trabajadores de las denominadas empresas alternativas, entre ellas las empresas asociativas y las microempresas autogestionables (CFR.- MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO: 2001: 27). Pero paralelamente, a medida que la Economía Social adquiría identidad para el pueblo venezolano, antes de 1999 se veía como emergían dos nuevas formas de economía que parecían dar mejores propuestas que la Economía Social, ya que hacían posible, al menos en la teoría, la participación de una mayor cantidad de individuos pertenecientes a los sectores excluidos. Nos referimos, entonces, a la Economía Popular, la cual también fue recogida en la CRBV de 1999 y la Economía Comunal.

Ya para mediados de los años noventa, la Economía Comunal comenzaba a dar sus pasos más importantes en el continente suramericano con propuestas propias para la medioeconomía y la macroeconomía, sin mayor aproximación o interés para la microeconomía. Esto se debía a que la Economía Comunal se circunscribe a un nivel muy particular en la estratificación social de la población, al interesarse por la comunidad más que el individuo en lo que a desarrollo social y económico se refiere. La Economía Comunal tiene origen en las actividades económicas de las étnias, razas y clases sociales, y además, desde el punto de la administración pública, se enfoca en establecer o diseñar políticas que dan auge y dinamismo al intercambio comercial entre las comunidades y, esencialmente, sus pequeñas y medianas empresas, para luego preocuparse discriminatoriamente por la microempresas; pero lo más distintivo es que la Economía Comunal acepta como imperativo las políticas neoliberales, en coordinación con políticas sociales y participativas, en contexto de democracia representativa para alcanzar sus fines; cuando la Economía Popular, no acepta las políticas neoliberales como un imperativo para el logro de sus fines, porque de hecho, el Estado se preocupa por proteger formas de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva o social, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Por esa razón la Economía Popular tuvo mayor aceptación en Venezuela que la Economía Comunal, y así quedó expreso en el Artículo 308 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Economía Popular es un sistema de producción, transformación, distribución e intercambio de bienes y servicios, conformado por asociaciones de personas organizadas, caracterizado por ser socialmente justo en las relaciones de producción, económicamente viable, ecológicamente sustentable y respetuoso de la diversidad cultural, dirigido a satisfacer las necesidades y el desarrollo integral de los ciudadanos y ciudadanas, a impulsar su incorporación laboral y social, a fortalecer su espíritu emprendedor y el desarrollo del país. Esta teoría se interesa en dar prioridad al individuo para luego saltar a la comunidad, y se preocupa por las Unidades de Economía Popular (UEP), es decir, por apoyar a los emprendedores, cooperativas; unidades económicas asociativas; cajas rurales y mutuales; mediana, pequeña, y micro empresa; núcleos y microempresas familiares; empresas de propiedad social directa o indirecta; empresas de producción social y empresas de cogestión; asociaciones de consumidores; empresas de inserción social; consejos y bancos comunales; empresas de trabajadores; asociaciones de pequeños productores (agropecuarios, industriales y pesqueros); asociaciones de transportistas; asociaciones de comerciantes de los mercados; movimientos de mujeres, jóvenes y niños trabajadores, entre otros, los cuales para la Economía Comunal, son sujetos relegados ante la importancia de crear políticas de acceso financiero y económico para la sana complexión a la economía intercomunidades. La Economía Comunal sólo reconoce el desarrollo económico como la vía de la realización personal de los individuos, y no el desarrollo social, además, estudia un reducido y exclusivo espectro de asociaciones humanas para desarrollar sus planteamientos, a diferencia de la Economía Popular que reconoce el desarrollo social y posee un espectro más desarrollado, amplio, inclusivo y participativo de asociaciones humanas. Sin embargo, es preciso indicar que ambos tipos de Economía se asemejan en que son alternativas al modelo capitalista, sólo que la Economía Popular tiene más sensibilidad por el bienestar del individuo que la otra. Inclusive, hoy se ha hecho un poco complejo diferenciar a un tipo de economía de la otra, ya que bien podría pensarse que la Economía Comunal infiere a los Consejos Comunales o al empoderamiento del pueblo en lo referente a su participación en las actividades económicas de su localidad; cuando, en sus aspectos más doctrinarios, comprende “aquellos mercados en que se transan bienes y servicios entre comunidades, así como las tareas administrativas relacionadas con la planificación, distribución y ejecución del presupuesto, contrataciones, licitaciones de bienes y servicios”. Entretanto, quizás ha servido como elemento diferenciador el que la Economía Popular incluye o se interesa por dos elementos que son viejos problemas del país: la economía informal y la economía ilegal.
La economía informal en Venezuela tiene sus referentes en el aumento de la mano de obra debido a factores demográficos; a un ascenso del índice de actividad, particularmente de la mujer; a la decadencia operativa de los sindicatos; a la ineficiencia del Estado capitalista; a migraciones significativas del entorno rural al urbano; a la reducción de las oportunidades de empleo para ingresar en la economía formal (CFR.- UTAL: 2006); y a los innumerables problemas que aquejaron a las clases sociales más bajas del país a mediados de los años ochenta. En aquellos días, dichos problemas obligaron a la población a buscar soluciones que permitieran sortear el desempleo, la inflación, las dificultades para acceder al sistema educativo, el incremento de los impuestos, etc. Tales soluciones, salvo casos excepcionales, fueron opciones de supervivencia de cuestionada productividad, pero sin importar dicha circunstancia, éstas ayudaron al venezolano común, a librar la batalla contra la crisis económica. Es así como surge un proceso que funciona, no sólo al margen de la legalidad sino en contraposición a la planificación del Estado y a través del cual el venezolano común puede producir ingresos suficientes para su grupo familiar mediante actividades económicas que hacen caso omiso del cúmulo de formalismos administrativos y legales que son necesarios para funcionar apropiadamente. La economía informal se refiere al número de actividades comerciales que se encuentran más allá de la regulación del Estado, es decir, no cumplen con todos los requisitos legales de producción, distribución y comercialización propios de una economía formal, en especial, cuando se trata de pagar impuestos lo que significa que el Estado no obtiene ningún tipo de beneficio. La economía informal, además, se caracteriza porque sus formas regulares de acción están en contra de las líneas modernas de producción según el Estado capitalista, por ejemplo, no utilizan tecnologías complejas ni formas avanzadas de producción, no tienen una división del trabajo establecida, no están constituidas jurídicamente como empresas modernas, tienen distintos tipos de relaciones laborales al mismo tiempo, la utilización del capital es relativamente baja y predominan actividades económicas de pequeña escala. Asimismo, la economía informal utiliza medios ilícitos (contrabando y piratería) o no ilícitos para comerciar bienes que no están prohibidos por la ley, lo cual la diferencia de la economía ilegal, cuya regla de juego es utilizar medios ilícitos para comerciar bienes que, expresamente, la ley prohíbe comerciar. Originalmente, el Estado venezolano tuvo una actitud flexible con quienes participaban en la economía informal, pero a medida que los años transcurrían, ésta economía que se limitaba al comercio callejero, se expandió a las grandes empresas, fábricas y tiendas que han sido la vanguardia para abandonar el sistema por otro que funciona “bajo tierra”, un sistema ilegal. Ese sistema “bajo tierra”, causa daños irreversibles al fisco nacional y su mayor peligro es que crea una cultura que da la espalda al Estado ya que la población se acostumbra a no respetar las leyes. Eso se debe a que los ciudadanos comprenden que hay mayor garantía de beneficios económicos irrespetando las normativas, cuando debería ser todo lo contrario. Las leyes en el contexto económico y financiero no ofrecían a los ciudadanos mayores garantías de beneficios. Era mejor evitar los patrones formales, y comulgar con los informales o ilegales. Cuando las leyes no pudieron dar semejante garantía, parte de la sociedad venezolana comenzó a actuar indiferente al derecho y al Estado, con genuina expresión, como para hacer de las leyes papel caducos aunque vigentes. Acá es el mismo ciudadano que desea apartarse del Estado y su poder. El ciudadano descubre una ventaja al excluirse del sistema político y si el Estado no ofrece las garantías para que este se reincorpore, peligra entonces su estabilidad.

El Estado tiene la necesidad política de incorporar antes que desincorporar, al menos en lo que al carácter económico se refiere. Su sobrevivencia depende de ello. Al permitir que un grupo de individuos se aproveche de mecanismos extra-ley, favorece que haya un desnivel de oportunidades comerciales entre los ciudadanos. Por ejemplo, habrá tensiones con respecto al sistema impositivo, el cual sería visto como injusto, por cuanto algunos comerciantes estará en la obligación de pagar impuestos que otros, como lo buhoneros, no pagarán. Igualmente, lejos de los impuestos que el Estado deja de percibir, si el Estado no integra a quienes participan de la economía informal y legal, la Economía Social y Popular decaen porque carecen de seguridad jurídica. Ambas necesitan estabilidad y estar alimentadas constantemente con sanos procesos sociales en un ambiente caracterizado por un Estado fuerte, integrador, promotor de políticas públicas incluyentes, para que el comercio no se resuelva meramente por el mercado. La existencia de la economía informal y la ilegal es una manifestación más de las libres fuerzas capitalistas y neoliberales que hay que evitar. La Economía Popular no puede convivir al lado de esos dos modos que son contrarios a su naturaleza. Se desvirtúa su imagen y UEP y las sociedades laborales podrían caer en vulgares organizaciones clandestinas si llegan a descubrir una relación entre las ventajas de obrar juntos y las ventajas de evadir las leyes. Por otro lado, hoy un Estado no puede negar las normas internacionales que cercan al comercio, y no porque sea algo superado, sino porque hacerlo sería decretarse asimismo como incompleto, bueno, al menos para la ciencia política. Por más desee un Estado crear su propio “modo” de asumir el tema comercial en su territorio, éste no puede desentenderse de lo que esta establecido más allá de sus fronteras. Hoy la interdependencia comercial no es un principio, es una realidad, y la apertura comercial de las naciones galopa incontrolable por los mercados del mundo como para negar, así como si nada, su existencia. Esa relación de sucesos crea una fuerza magnética tan potente que influye en al comercio nacional de los países como el de Venezuela, e incluso, en aquellos aún más celosos de sus fronteras. Por ello, que si se desea sacar a flote la Economía Popular en Venezuela, y dentro del Socialismo del Siglo XXI, es preciso considerar que no está exento de los flujos comerciales internacionales y que, además, el Estado debe presumir que la clave está en privilegiar el financiamiento del trabajo sobre el capital (CFR.- ARMAS: 2004). Así como crear una legislación propia, de todo tipo, laboral, impositiva, administrativa, que no aliente la competencia desleal y consolide los principios de la Economía Popular (CFR.- FERNÁNDEZ: 2004); fomentar un núcleo duro de UEP fuertes con alta tecnología y que su excedente sea usado para seguir expandiendo el sistema económico; gestar líderes que sean capaces de desarrollar una visión de futuro con las estrategias para lograr esa visión, que sean capaces de motivar, inspirar y movilizar a la gente, de promover los cambios necesarios y desarrollar procesos de empoderamiento; y finalmente, luchar por incorporar a los ciudadanos que se encuentran en la economía informal e ilegal. Es preciso tener un sistema político y económico con una mayoría de ciudadanos muy susceptible a las normativas nacionales. Es preciso, por ejemplo, tener a los buhoneros incorporados al sistema económico de la nación. Los riesgos de crear y apoyar conductas humanas fuera del Estado sólo generan distorsión de la norma jurídica y un auge de la inseguridad jurídica. Y con ese escenario la Economía Popular no puede sobrevivir, y de hecho, ningún otro “modo” de emprender las cosas.

Con la CRBV de 1999, y la creación del Ministerio para la Economía Popular (2004), se abrió una etapa en la historia venezolana en la que el Estado asumía una política de gobierno contundente para la búsqueda y consolidación de un nuevo sistema o modelo socioeconómico que garantizara oportunidades a la totalidad de la población, en especial a la más excluida, para que pudiera integrarse al sistema productivo nacional como un elemento preponderante de las cadenas productivas. Desde esa fecha, el Estado y las comunidades organizadas, establecieron un nexo de proximidad único que permitió un patente auge de las formas asociativas de la economía popular y solidaria a lo largo de todo el país. Así, de la nada, aparecieron más de 160 mil cooperativas, y otras UEP, sin embargo, la explosión de estas asociaciones se ha visto empañada porque no existía una ley que regule el accionar de esas asociaciones. Sin embargo, luego de la explosión de las UEP, a un punto insospechado años antes, parecía que el llamado de la Constitución no sólo había quedado satisfecho, sino, incluso, insuficiente ante la avalancha de ciudadanos y ciudadanas que veían en la nueva Economía Popular el camino a su superación personal. La Constitución, consideraba que era evidente e imperativo promover, impulsar y apoyar la Economía Popular, pero no daba mayor desarrollo a sus planteamientos. Por esa razón, desde el 2004 se armó una matriz de opinión legislativa que consideraba la necesidad de crear una normativa que regulara los pormenores del sistema económico que se estaba gestando y que, por demás, significaba la transición a un nuevo estadío en la historiografía venezolana. En este estadío prevalecería el Desarrollo Sustentable como principios rectores que harían frente al modo de producción capitalista, dando a los venezolanos y venezolanas herramientas de contenido social para el desarrollo económico; un sistema incluyente y propio en capacidad de resolver los problemas sociales de forma democrática y participativa; una economía basada en relaciones de producción solidarias mediante la movilización consciente de las potencialidades productivas del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; y finalmente, herramientas para el auge económico del país a nivel mundial como resultado del trabajo en conjunto.

En este orden de ideas, la Asamblea Nacional maduró la idea de crear una Ley que de cuerpo a la concepción del nuevo sistema económico y social basado en formas diferentes a las relaciones humanas que privilegian la competencia, el individualismo y sustituirlas por relaciones humanas y de producción que reivindican la creación y protección de formas de asociación comunitaria para la producción, el ahorro y el consumo, orientadas bajo mecanismos de autogestión, cogestión y régimen de propiedad colectiva y social. Y esos esfuerzos llegaron en el 2008, vía Ley Habilitante, con la promulgación de la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular, llamada a ser el marco legal que dará cuenta de los principios, normas y procedimientos de cada una de las UEP, así como también la promoción, control y desarrollo de las otras manifestaciones vinculadas a éste tipo de Economía. Esta ley, propone la creación de nuevas figuras asociativas desde el seno de la comunidad y establece un sistema de producción, caracterizado por innovadores patrones de transformación, distribución e intercambio de bienes y servicios, que será realizado por asociaciones de personas organizadas, concientes de la necesidad de plantear un sistema socialmente justo en las relaciones de producción, económicamente viable, ecológicamente sustentable y respetuoso de la diversidad cultural, dirigido a satisfacer las necesidades y el desarrollo integral de las venezolanas y los venezolanos, a impulsar su incorporación laboral y social, a fortalecer su espíritu emprendedor y el desarrollo del país. Por otro lado, dicha Ley, vino a llenar el vacío legal sobre aspectos revelantes de la dinámica social, política y económica del proceso de transición al socialismo que se adelanta en la Venezuela Bolivariana. El carácter orgánico de la Ley nace porque se quiso evitar que disposiciones especiales de otras leyes coincidieran con los principios, fines, características y propósitos de la Economía Popular, dado que el sistema jurídico imperante en Venezuela aún privilegia el modo capitalista de producción y por ende obstaculiza el desarrollo de modelos alternativos.

De esta forma, se enrumbó al país hacia profundos cambios, en donde se construiría un nuevo orden político, económico y social dentro de una visión incluyente e integral del Estado que se dirige, a su vez, a la consolidación de la democracia participativa y protagónica dejando atrás el desgastado esquema de la democracia representativa. Pareciera así, que la oportunidad es propicia para preparar el camino, abonar el terreno para la profundización de la democracia económica mediante la diversificación de la economía no petrolera; y para establecer la necesaria y deseable especificidad a las relaciones de producción, a la empresa, al comercio y al financiamiento que impulsa la acción de la Economía Popular, permitiendo garantizarle capacidad jurídica a las unidades que la desarrollan, sin perjuicio de que se produzcan leyes especiales para un tipo dado de Unidad de la Economía Popular.



11.- DEMOCRATIZACIÓN DE LOS INGRESOS:

La democratización del capital nace a mediados del siglo XX como una corriente crítica y revisionista del capitalismo; y como una de las variedades de la teoría del “capitalismo popular” , que fue una teoría burguesa apologética sobre la presunta transformación del actual capitalismo monopolista de Estado en un nuevo régimen social en el que desaparecen las clases y las contradicciones de clase, se “democratiza el capital” y se “nivelan los ingresos”, se eliminan las crisis económicas, y el Estado capitalista se convierte en un “Estado, del bienestar general” (CFR.- BORISOV: 1975).

En principio, la democratización del capital buscaba medios que permitieran darle un rostro más humano al capitalismo con el aumento del número de dueños en las empresas, a medida que los trabajadores o personas particulares adquieran una reducida cantidad de acciones del capital social de la compañía y, por ende, poder de decisión. De esta forma, la propiedad capitalista se fragmenta, se desconcentran las ganancias y proliferan las posibilidades para que desaparecieran las diferencias entre la clase obrera y la clase burguesa. No obstante, las primeras experiencias aplicadas en EUA a principios del siglo XX, dieron como resultado que la mayoría de la población se sumaba a las prácticas capitalistas como individuos tan insignificantes como lo eran antes. Pese a que los ciudadanos y ciudadanas podían comprar una acción a una empresa para incluirse en la lista de los “dueños”, terminaban siendo un agente pasivo sin posibilidad de examinar a fondo los asuntos de las compañías. Ellos no podían asistir a las asambleas de las sociedades anónimas ni participar en su dirección, a la sombra de los verdaderos dueños de las sociedades anónimas y los hombres de negocios que figuraban en los consejos de administración. La reducción del volumen del paquete de acciones de control de los monopolistas, tampoco vigorizó el carácter pasivo de los pequeños tenedores de acciones. A los monopolistas les bastaba poseer una cantidad de acciones relativamente pequeña para dirigir la sociedad anónima y controlar grandes sumas de capital; y esta relación de hechos supuso, entonces, que la democratización del capital era una teoría inviable, que aparentaba buscar una realidad que no era tal, porque no garantizaba que un pequeño accionista tuviera igualdad de derechos que los grandes accionistas.

La democratización del capital se presentaba como una pantomima más de la oligarquía financiera para acrecentar su poderío. Tan sólo creaba la ilusión que hasta los pequeños poseedores de acciones participan en cierto modo en la dirección de la sociedad anónima, cuando en realidad la compra de algunas acciones por parte de los obreros y empleados no da origen a ningún cambio sustancial en la naturaleza del capitalismo monopolista moderno, aunque la propaganda burguesa presente ese hecho como transformación de la sociedad en una asociación sin clases (CFR.- BORISOV: 1975). Esta teoría originalmente tenía por real objetivo defender el régimen capitalista en decadencia, encubrir su esencia explotadora y el abismo existente entre la burguesía monopolista y los trabajadores, escindir el movimiento obrero y quebrantar la solidaridad proletaria en la lucha de la clase obrera contra al capitalismo.

Sin embargo, otros pensaron que la democratización del capital tenía potenciales ventajas que había que aprovechar y rescatar porque, en perspectiva y en sentido gradual, podía permitir a una fracción de la población el acceso a ciertas condiciones de vida más activas en el sistema económico del país. Esa pequeña fracción de individuos que salía beneficiada de la relación, al menos, favorecía el aspecto de la teoría. Si bien, esa fracción podía ser no más que un puñado de individuos, era suficiente razón como para revisar más detenidamente la teoría de la democratización del capital, para ver si era posible rescatarla de su olvido.

La idea era descubrir las fallas de la teoría y hacer los correctivos necesarios para que el número de individuos que participaran en ella fuera mucho mayor y ofreciera mejores ventajas de desarrollo económico. Con esta perspectiva se comenzaron a evaluar las estructuras de la propiedad de los medios de producción en beneficio de la población, pero con la convicción que el capital era un elemento más sujeto a ser privatizado (CFR.- BORISOV: 1975). Privatizar el capital comenzó a verse como una estrategia estadal que traería pocas mejoras, pero peor era nada. Que un grupo, por menor que fuera, accediera a las acciones reduciría matemáticamente el índice de pobres, y se fortalecería las condiciones sociales y económicas del país. Se pensaba, sobre el hecho que los proletarios se conviertan en propietarios, sin dejar de ser proletarios, beneficiando a la población en diversos sentidos: empleo, inclusión, respeto mutuo y reducción de las asimetrías y, en especial, la solidaridad. De Igual manera, se hace partícipe al trabajador del desarrollo de su país; se promueve la aparición de nuevas formas de propiedad cooperativas y asociativas de contenido social; el trabajo conquista un fin social y equitativo; el trabajador y la trabajadora obtienen una mayor inteligencia de sus prácticas de consumo y su punto de vista se hace más importante que la del sindicato, el cual tiene intereses propios que defender; se legitima el mercado a través del desarrollo de actividades productivas autogestionarias donde converjan formas de propiedad, distintas tales como: microempresas, empresas comunitarias, nuevas cooperativas, pequeñas y medianas empresas y empresas campesinas con un alto sentido de la responsabilidad de hacer equitativa la distribución de los esfuerzos, las ganancias y la dirección de las empresas; y finalmente, se abarataría el costo de disposición del capital. Además, con el aumento del numero de propietarios en las empresas se haría posible que el financiamiento de la planta productiva y la distribución de las ganancias adquirieran un carácter multifacético por la participación de una mayor cantidad de agentes que, en definitiva, harían frente a la tradicional concentración de empresas en círculos familiares y de amistad (CFR.- FONSECA: 1997). Sin embargo, la democratización del capital, con rostro humano, necesitaría para su éxito la firme disposición de una política estatal dirigida a la reducción de las tasas de interés porque estimularía la inversión productiva, de esa forma se podría ayudar también a darle calidad de vida a las personas que históricamente fueron excluidas del sistema financiero (CFR.- MINCI: 2004) y a dar soluciones colectivas para el mantenimiento de los puestos de trabajo, asociada al desarrollo social y al crecimiento empresarial (CFR.- LUZ: 2003). Por otro lado, también necesitaría que el Estado llamara a la tesis de la Economía Social como componente de su política económica, ya que dicha teoría compagina indirectamente con la misma preocupación de la democratización del capital: apoyar el dinamismo de las comunidades locales y la participación de los ciudadanos y trabajadores, diferenciándose sólo en que la Economía Social se concentra en la constitución de empresas alternativas, asociativas y autogestionables, más que en la distribución equitativa de las ganancias y la creación de formulas democráticas en la dirección de la empresa. En definitiva, una combinación explosiva, vestida de gala científica.

Ese Estado, con conciencia de las pequeñas ventanas al desarrollo que ofrecía la democratización del capital, apareció a mediados del Siglo XX en Europa y América del Norte. Caracterizándose por ir a descubrir con sus propios medios las ventajas de la democratización del capital con el uso de políticas que instaban a las empresas nacionales, en especial las más poderosas, a vender a sus pueblos cierto porcentaje de acciones contentivas de la participación patrimonial del capital de la empresa. Tratando de redistribuir la riqueza, EUA, Alemania e Italia exploraban todo tipo de posibilidades fiscales para que los tenedores de las acciones pudieran votar acerca de las decisiones importantes de la empresa y recibieran dividendos por concepto de la participación en las utilidades. Pero los obstáculos se presentaron en las tarifas de servicios que cobraban las casas y bolsas de valores, y en la impredecible volatibilidad de los mercados. En el primer caso, las pequeñas ganancias que podía tener un tenedor de acciones se desgastaban en comisiones a las casas de valores, quienes hacían de intermediarios con la bolsa, y cuando no era así, las bolsas de valores también cobraban su comisión por hacer la transacción de compra y venta de acciones. En el segundo caso, el comportamiento de los mercados accionarios era circunstancial, casual e insospechado. Cuando subía o bajaba el precio de una acción de una empresa, así también fluctuaba el valor de la inversión del accionista. Un individuo podía estar un día en el ápice de su máximo nivel de riqueza y el otro día en su más bajo nivel de pobreza. Esa fluctuación contravenía las aspiraciones de quienes creían en la democratización del capital. El mercado accionario no debía ser un ambiente de riesgos financieros o económicos, sino más bien un ambiente de mínimo riesgo en donde la población pudiera tener un espacio alterno y seguro para mantener o hacer perdurables sus ahorros, y generar ganancias con dividendos de las utilidades. Pero, conforme avanzaba el conocimiento en la materia se fueron estableciendo prácticas para proteger a los menores inversionistas. Por ejemplo, se hizo común ver cómo las bolsas cerraban la venta y compra de acciones cuando había una considerable caída en el precio de las acciones, y se mantenía cerrada por tantos días fuera necesario hasta que se equilibrara y se normalizara el mercado, en beneficio de los accionistas minoritarios. Asimismo, se crearon leyes para proteger al pequeño inversionista a nivel mundial como principio rector del sector, las autoridades y las bolsas (CFR.- CATAO: 2000), y asegurar el desarrollo de su cultura financiera, como elemento estratégico para activar un nuevo proceso creador de cultura comercial más justa, responsable y solidaria. De esta forma, la democratización del capital luchaba para hacerse ver con un rostro humano y social. Los cambios en la estructura de la propiedad de los medios de producción no sólo supondría que una empresa cerrada o abierta transfiera, total o parcialmente, acciones de la sociedad a un número de personas diferentes al del grupo controlador (CFR.- SUFICO: 2002), sino también requeriría para su éxito la aparición de nuevas “conciencias” en los inversionistas que les haga entender el papel protagónico que ejerce en la relación comercial. Si el inversionista no se percataba del conjunto de experiencias, informaciones, costumbres, valores y hábitos preactivos que determinan la democratización del capital, entonces, era improbable el desarrollo económico y mucho menos la consolidación y ampliación del sistema financiero, pero si el regreso a los antiguos métodos de democratización del capital de hacia un siglo atrás.

Ahora bien, las experiencias de la democratización del capital en los Estados subdesarrollados fueron los detonantes que acabaron con las aspiraciones de sobrevivencia de este enfoque. La aplicación de estos idearios en Latinoamérica, por ejemplo, profundizó la brecha entre pobres y ricos, porque los modelos fueron traídos desde los países del norte y aplicados “sin mayores inconvenientes y a la ligera” a los países del sur sin la más mínima atención a las realidades socioculturales de la región. El modelo económico diseñado para funcionar en países de “frío”, se derritió en los trópicos. El modelo requería para su funcionamiento estabilidad en varios indicadores sociales para su efectividad, como el caso que las poblaciones debían tener acceso a un óptimo sistema educativo y político, con capacidad de inventiva e innovación para su uso y aplicación. Y cómo no era así, el modelo que llegó con grandes bríos, se desinfló en el camino.
En el caso venezolano, los desmanes de este modelo asolaron al país durante el gobierno de Rafael Caldera, cuando la clase media y baja se enrumbaban a las fronteras de la pobreza (CFR.- CÓRDOBA JAIMES: 2005). En este tiempo, las televisoras nacionales ofrecían a las audiencias diariamente espacios informativos nocturnos sobre la Bolsa de Caracas, y especiales para animar al público a invertir, pero luego de la crisis bancaria (1994), la caída de la bolsa de valores de México (1994), la caída mundial de valores de Japón (1997), la operación de Bonos Globales de Teodoro Petkoff (1997) y la desastrosa caída de la Bolsa de Valores de Caracas en 1997 (CFR.- GUERRA: 2007), casi todos estos espacios desaparecieron sin despedirse. ¿Por qué? Porque no tenían explicaciones para aquellas familias que perdieron millones de bolívares en la Bolsa de Caracas. Los medios pasaron rápidamente aquella página. Nadie quería hablar de ese tema ni de los “yupis”. Y la población dominada que ya no creía en la banca ni en la bolsa, olvidó lo ocurrido como si nada, gracias al poder persuasivo de los medios.

Sin embargo, lo sucedido abrió el paso para que algunas gobernaciones y alcaldías más concientes de su rol social, se animaran a crear políticas a la “venezolana” , para afrontar la situación económica. Estas ideas, se hicieron populares y en el proceso constituyente de 1999, se enunció que el Estado se dedicaría a la organización de un sistema de microfinanciero más moderno y reforzado. Con este marco, se discutió que dentro de la teoría de la democratización del capital había temas asociativos que factiblemente podían ser rescatados para la construcción de un nuevo ideario: la democratización del capital a la venezolana. Con el tiempo, esta teoría se unió a otra de carácter político: dar poder al pueblo, dando como resultados instrumentos normativos como la Ley de Cooperativas; Ley de Tierras; Ley de Consejos Comunales; Ley de Creación, Estimulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero; y Ley para el Desarrolllo y Fomento de la Economía Popular. Con estas iniciativas, Economía Popular y Poder Político, se unen de la mano para no separarse en el modelo venezolano. El Estado asegura el mayor acceso de recursos financieros a los históricamente excluidos a través del fortalecimiento de nuevas formas de organización social. Ahora, los trabajadores, emprendedores, comunidades organizadas, comunas, empresas familiares, cooperativas y microempresas, tienen el potencial de integrarse en un entramado socioproductivo bajo el amparo de la ley y tener un papel más activo en la economía nacional ¿A qué punto? Al punto de que pueden comprar bonos de la Deuda Pública Nacional.

En abril del 2004 el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en el marco del programa Aló Presidente 187, destacó que durante su gestión se rompió con el viejo esquema monetario y ahora todos los venezolanos pueden tener participación en la compra de bonos de la Deuda Pública Nacional (DPN), mecanismo que calificó como exitoso para el financiamiento de proyectos que ejecuta el Gobierno Bolivariano: “Hemos logrado la democratización, vean ustedes el éxito que hemos tenido con la venta de bonos DPN, ahora cualquier venezolano -con dos o tres millones de bolívares- puede comprar un bono, cualquier persona de la clase media, o media baja, puede convertirse en accionista comprando bonos DPN, se acabaron esos mecanismos que beneficiaban sólo a una minoría (…) en la década de los años 90, se tomaron decisiones que eran directrices del Fondo Monetario Internacional, éramos esclavos, éramos una colonia. En los años 90 se impusieron los bonos cero cupón y los Títulos de Estabilización Monetaria (TEM) del Banco Central de Venezuela que compraban los bancos con el dinero de los ahorristas; igual pasó con la imposición de los Bonos Brady y los Bonos Globales, los ahorristas nacionales no tenían manera de comprar esos bonos. En la década de los 90 se llegaron a emitir 20 mil millones de dólares en estos bonos internacionales; y en cuanto a los TEM, en el año 98, se llegó a acumular un saldo emitido de 5 mil millones de dólares, ese saldo nosotros lo reducimos a cero, pero prácticamente el 100 % de los rendimientos de esos bonos fue a parar a manos de los dueños de los bancos locales y los inversionistas extranjeros quienes fueron los que se beneficiaron siempre de las políticas económicas de la Cuarta República”. Con este cambio de rumbo, el gobierno venezolano devolvió la confianza al pueblo sobre los mecanismos de democratización del capital, porque aseguraba el monto de sus inversiones.
Con esta política de colocación de bonos, en palabras del Presidente, se dio prioridad a los inversionistas locales y se incorporaron más de 120 mil nuevos pequeños inversionistas, es decir, “gente común, porque ahora no hace falta ser rico, ni ser multimillonario, para comprar un bono en Venezuela”. La totalidad de los recursos captados por los DPN han sido utilizados para la inversión social y productiva; para becas de la Misión Robinsón, Misión Sucre; para el impulso a la agricultura; y “no como antes que era para la especulación”. La lógica de que el Estado se endeude con su pueblo es para acelerar los proyectos de desarrollo e infraestructura con políticas monetarias diferentes “de un gobierno que ahora es verdaderamente independiente, autónomo y libre que cuida el interés de las mayorías, y no el interés de las minorías”. Además, se trata de desarrollar un sólido mercado secundario y que Venezuela se transforme en un centro de compra y venta de títulos de países emergentes de América Latina y Europa. La estrategia del Gobierno es que la mayoría del pueblo se habitué a comprar bonos de títulos públicos no sólo de Venezuela sino de otros países de la región y del mundo, y no bonos de aquellos que se ofrecen en el adverso mercado de capitales privados. Con la colocación de bonos, los Estados y los pueblos latinoamericanos hayan a sus verdaderos financistas en ellos mismos, y avanzan hacia la integración regional. En ese sentido, en el 2005, el Gobierno venezolano compró bonos argentinos por orden de más de 986 millones de dólares y los vendió a pequeños inversionistas obteniendo ganancias por más de 40$ millones de dólares que pasaron a la Oficina Nacional del Tesoro. Estas operaciones, como las anteriores Bonos Soberanos de Venezuela (2003 y 2004), siempre se hicieron facilitando asistencia técnica a los nuevos y viejos pequeños inversionistas por parte del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas; y acentuando un componente académico en ellos, a fin que no accedieran a interpretaciones divergentes de las normas y reglamentos de las transacciones, para evitar la aparición de conductas no acordes con el sistema y típicos conflictos entre accionistas de la mala gerencia privada, y cuyo origen se remonta a los viejos ideales capitalistas y sus problemas serios de administración.

Más recientemente, el gobierno nacional presentó a la nación papeles negociables denominados Bonos del Sur (2007) , que son una inversión muy democrática para los pequeños inversionistas. El Bono del Sur es un titulo 50% argentino y 50% venezolano que persigue recoger mil 500 millones de dólares del circulante para proyectos de desarrollo y lleva la garantía de ambas naciones contra cualquier variación cambiaria y con excelentes condiciones de remuneración. La estrategia es la consolidación progresiva del Banco del Sur, propuesta auspiciada por Caracas y consistente en crear un ente financiero multiestatal con capital inicial venezolano, argentino y brasileño, cuyo objeto principal es estimular el crecimiento social y económico de las sociedades de la región, siendo independiente de las orientaciones e intereses del sistema económico global y formador de un sistema financiero del sur. La diferencia de este Bono, con respecto a los formatos de los anteriores, es que los precios de venta compaginan con las expectativas de los pequeños inversionistas y que acentúa que el trabajador, que pueda adquirirlo con el activo de sus prestaciones sociales, tenga el apoyo de sus patrones . Así, los Bonos del Sur encajan en la visión de democratización del capital en Venezuela, porque giran en torno a simplificar las regulaciones, abriendo el mercado de capitales a nuevas propuestas y a nuevos actores. Y en esta empresa, las UEP son sin duda un eslabón fundamental, no sólo dentro del objetivo de democratizar la gestión financiera, sino también en lo relativo a la consolidación de un entramado productivo que contribuya a diversificar la economía y a sentar las bases de un modelo de desarrollo en sintonía con nuestra realidad y nuestras potencialidades (CFR.- TOVAR: 2005, 2).




12.- LA NUEVA GEOMETRÍA DEL PODER:

La figura de los Consejos Comunales es la esencia de la democracia participativa y protagónica en Venezuela (CFR.- CHÁVEZ: 2006e). Estas instancias de encuentro social se organizan, articulan e integran como un canal entre el gobierno local y las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas que conforman y hacen vida en una comunidad determinada , para que puedan asumir directamente la gestión de las políticas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de sus comunidades en beneficio de la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.

La idea de agregar a los Consejos Comunales en la división político-administrativa del país atiende a dos razones muy particulares. En primer lugar, a la necesidad de entablar un nexo de proximidad más estrecho entre el gobierno local y el pueblo, debido a las experiencias que se habían obtenido con las alcaldías y juntas parroquiales desde la promulgación de la Ley Orgánica del Régimen Municipal (1989) y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2005), las cuales, sencillamente insinuaban la insuficiencia de éstas para coadyuvar al desarrollo social y económico de sus comunidades, aunque medianamente habían podido resolver sus problemas.

Las alcaldías se habían transformado en lo que inicialmente debían ser, en pintorescas instancias políticas de origen europeo llamadas Bürgermeister , entes políticos con vocación para la tramitación y solución de las necesidades más propias de las comunidades, pero en ningún momento, entes con capacidad para impulsar el bienestar económico y financiero de los ciudadanos, el cual debe ser obligación del Estado Nacional. Las Alcaldías se desentienden de la situación de las actividades económicas de los habitantes de sus municipios, y especialmente, de sus inquietudes y proyectos de vida. Incluso, las alcaldías tienen un rol despreocupado por la sana complexión de las cooperativas, unidades económicas asociativas, cajas rurales y mutuales; mediana, pequeña, y micro empresa; núcleos y microempresas familiares, empresas de producción social y empresas de cogestión, emprendedores, asociaciones de consumidores, empresas de propiedad social directa e indirecta, bancos comunales y cualquier otro tipo de asociación de economía popular presente en su espacio territorial, cuando, hoy más que nunca, debería ser todo lo contrario. Asimismo, las Alcaldías son un reducto de democracia representativa que domina la vida local, al punto que los ciudadanos deben de esperar hasta que el Alcalde tome las decisiones pertinentes para dar curso a diversas acciones para la solución de problemas.

En segundo lugar, la idea también era crear una instancia política que diera más poder al pueblo, a fin que tuviera una mayor, efectiva, eficaz y oportuna capacidad de respuesta para afrontar las disímiles necesidades de sus comunidades. Esta iniciativa encontró su fundamento desde que ocurrió la implantación de las Alcaldías en Venezuela y los ciudadanos y ciudadanas se alejaron de sus espacios políticos una vez que constataron su inoperatividad para atender eficazmente las diversas demandas sociales, para luego salir en búsqueda de otras alternativas políticas más confiables para canalizar soluciones, las cuales, no siempre eran legales. Así, para evitar esto, los Consejos Comunales fueron llamados a suplir las carencias de las Alcaldías, en lo especial, a permitir que la misma comunidad organizada pueda ser el ente ejecutor para resolver sus problemas, evitando de esa forma, concentrar sus demandas a la Alcaldía para que, ésta a su vez, delegue en el Consejo Municipal o en el Alcalde el estudio de las posibles respuestas; y a potenciar o desarrollar las atribuciones y obligaciones de las alcaldías; al incorporar el interés por el desarrollo integral de la persona y la comunidad, entendiendo el desarrollo integral como el proceso planificado de transformación cualitativa que implica el mejoramiento progresivo y equilibrado de los componentes sociales, culturales, ambientales, económicos, políticos, humanísticos y científicos de la persona y la comunidad.
Los Consejos Comunales dan celeridad y mayor empuje a todas las medidas a tomar para la solución de problemas de la comunidad, sin embargo, es preciso destacar que los Consejos Comunales no se perfilan como una instancia alterna al poder municipal, lejos de esa opinión, los Consejos Comunales, más bien, adquieren una pequeña porción del poder municipal concentrado en la Alcaldía y los distribuye de forma justa, equitativa y equilibrada entre las comunidades que integran la municipalidad. El trabajo de las Juntas Parroquiales tampoco queda afectado, porque igual que el Consejo Comunal, ésta es una sub-instancia política del mismo poder municipal y goza, también, de aquella pequeña porción de poder. De esta forma, el nacimiento de los Consejos Comunales se circunscribe dentro de los modernos principios de la gerencia y administración pública que exaltan la coordinación con las demás estructuras políticas y la delegación de poder político al pueblo como vías al desarrollo social y económico de las comunidades.

Los Consejos Comunales son una instancia política madura, única y sin comparación en el mundo que constantemente se reinventa así misma, por cuanto cada localidad le dará el mejor uso según sus realidades particulares. No obstante, hay que seguir con juiciosa atención su evolución ya que su carácter innovador sugiere la posibilidad de comer errores en la marcha. La ausencia de mayores referentes históricos o experiencias previas con respecto a los Consejos Comunales a nivel nacional e internacional , confiere al Estado una gran responsabilidad, porque debe ser el guía que enrumbará al pueblo venezolano por el camino del desarrollo hasta el preciso instante en que éste puede enrumbarse por si mismo. El seguimiento debe hacerse en coordinación con las comunidades organizadas a fin de reducir, en la medida de lo posible, los habituales pasos en falso que siempre acompañan a éste tipo de propuestas sociales. La evolución de los Consejos Comunales es responsabilidad también de las comunidades. De ella depende su auge, consolidación y, especialmente, defensa, por cuanto es inevitable la presencia de retractores que no sólo se niegan al cambio, sino que intentan interferirlo confundiendo a la población sobre la verdadera naturaleza de los Consejos Comunales, aunque no conozcan realmente la materia ni los beneficios de ésta. Además, debido al hecho que el poder político de los Consejos Comunales es acotado y los recursos económicos generados, asignados o captados tienen su origen en el Estado, es posible que aparezcan relaciones clientelares verticales en su seno que terminen desvirtuando los fines para los que una vez fueron creados. Es decir, dado que el Estado es quien trasfiere los recursos a los bancos comunales, se puede crear una dependencia económica innecesaria entre los Consejos Comunales y el Estado, cuando lo correcto es que el Consejo Comunal, una vez recibido los recursos, pueda administrarlos de forma tal que se vuelva con el tiempo independiente y pueda autogestionar su mismo progreso y desarrollo, sin mayor control del poder nacional. Eso, sin contar, que la distribución de los recursos por parte de los Bancos Comunales, los cuales pueden ser retornables o no retornables, pueden ser entendidos por algunos como prebendas a las que puede accederse por favores políticos (relación clientelar horizontal). En ese contexto, es preciso que la comunidad adquiera conciencia de la responsabilidad que significa recibir en sus manos esa pequeña fracción de poder político. Las comunidades deben aprender a usar el poder político que se le ha delegado y evitar que se les salga de las manos. Para ello podrá valerse en los diversos Comités que integran a los Consejos Comunales y, principalmente, en el Comité de Contraloría Social, porque será éste, la unidad operativa que tendrá las máximas responsabilidades por evitar y detectar cualquier tipo de exceso, o manejo indebido de los recursos.

No obstante, los Consejos Comunales son centros de encuentro y reencuentro vecinal para el acuerdo; un medio para mantener activa y permanente el poder constituyente y el ejercicio de la soberanía popular; una tribuna para el intercambio de pareceres y pensamientos y valores; un espacio propicio para la inclusión y no de exclusión; una unidad de democracia directa; una instancia de participación y protagonismo; y son una vía para el Socialismo del Siglo XXI. Los Consejos Comunales no acumulan poder, lo distribuyen para la formulación, ejecución, planificación, control y evaluación de las políticas públicas, transmitiendo principios y valores que acentúan corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, equidad, transparencia, honestidad, igualdad social e igualdad de género, eficiencia y eficacia, contraloría social, asociación abierta y voluntaria, gestión y participación democrática, formación y educación, autogestión y cogestión, planificación participativa, respeto y fomento de nuestras tradiciones, la diversidad cultural, propiedad colectiva y social, articulación del trabajo en redes y cultura ecológica. Por esa razón, dada su gran potencialidad como ente socializador, los Consejos Comunales se miran como el componente imprescindible de la sociedad democrática venezolana del futuro. Su composición orgánica, por ahora incipiente; la categoría de sus objetivos y la inclusión de nuevos parámetros para la gestión de la administración pública de las localidades, hacen pensar que su desarrollo y posterior madures podría reemplazar en algún momento a la actual organización político-administrativa del país, de origen europeo, por otra organización más venezolana, mas adecuada a las realidades y particularidades del país. Los Consejos Comunales se ven a futuro como algo más que Gobernación, una Alcaldía o una Junta Parroquial. Se ven como un modelo que no será la mera copia de experiencias políticas europeas, sino como un modelo venezolano con capacidad de subsanar las carencias de los modelos de gobierno local del mundo. Es decir, un gobierno local venezolano, para los venezolanos.

La idea de elevar el poder político de los Consejos Comunales es aumentar el autogobierno del pueblo (CFR.- ESCARRA: 2007, 20), a través del reordenamiento del poder territorial, adoptando innovadores conceptos de espacios políticos, creando nuevas ciudades comunitarias o comunas, o transformando algunas ya existentes, para consecuentemente desmontar la actual división político-administrativa del país y el modelo de Alcaldías y Juntas Parroquiales. Asimismo se podría, por ejemplo, fortalecer el poder comunal en aquellos pequeños centros poblados que cohabitan en una extensión enorme de territorio y pertenecen a una misma alcaldía, como ocurre en Apure, y que no tienen capacidad de autoabastecerse o autoalimentarse; o como el caso del municipio de Capacho (Táchira), donde existen dos alcaldías en un mismo pueblo, y se alimenta así la burocracia y la incapacidad de maniobra.

Los futuros Consejos Comunales se circunscribirán al principio que cada ciudad podrá autogobernarse. El mapa venezolano podría no tener sus actuales estados, sino un sinnúmero de focos políticos. Cada ciudad, en su espacio natural, tendrá su propio gobierno citadino o Consejo Comunal, que se estructurará de acuerdo a sus necesidades políticas, económicas, sociales, infraestructurales, etc… pudiendo articularse con las otras ciudades vecinas. No obstante, en esta primera fase de desarrollo, los Consejos Comunales serán como pequeños “centros de poder” sectorizados. Enclaves de poder político dentro de los municipios, con supervisión del Estado y las comunidades organizadas. En una segunda fase, los Consejos Comunales podrían adquirir mayor fortalecimiento orgánico y operativo, al tanto que podrían responder, gracias a la experiencia acumulada, a la solución de los problemas comunales de forma óptima, siendo el Banco Comunal el principal motor del desarrollo social y económico de los ciudadanos y ciudadanas, incluso, antes que la acción motora del Estado. En este estadio, el Consejo Comunal también presenciaría la desaparición de las Juntas Parroquiales, los Consejos Municipales y las Alcaldías; y verá el auge de las ciudades federales y, quizás, las ciudades comunales o comunas, con capacidad para reunirse en mancomunidades y luego en federaciones. Una tercera fase implicaría la superación al modelo de las Gobernaciones, ubicando a los Consejos Comunales como la más importante unidad política del gobierno regional, para finalmente culminar con el ápice del proyecto, las ciudades socialistas: grandes centros poblados con plena capacidad de autogestión y autogobierno. Sin embargo, aunque estas fases describen un posible camino que puede tener sus altibajos e inimaginables desvíos y avances, sólo parece predecible que el desarrollo de los Consejos Comunales en Venezuela ameritará muchos años y que no será un suceso uniforme a nivel nacional, sino más bien un suceso que se extenderá de forma heterogénea.

Las experiencias de los Consejos Comunales en el país han comenzado sin un patrón geopolítico específico y, más bien, siguen un patrón que privilegia a las comunidades mejor organizadas. Estas comunidades ya han podido crear sus Consejos Comunales y ponerlos en marcha, sin mayores dificultades que la adquisición urgente de experiencia política y gerencial; y las dificultades obvias de trasmitir una nueva cultura política, más humana e incluyente, a una población acostumbrada a estar excluida y olvidada. El accionar de estas comunidades sugiere que la aparición de los Consejos Comunales siempre será un comportamiento espontáneo y determinado por la iniciativa y voluntad de aquellas comunidades organizadas que estén decididas por hacerse ellas mismas protagonistas de su futuro. En cambio, hablar de la evolución de los Consejos Comunales es otra cosa, porque sólo habrá evolución si existen ciertos parámetros de control y planificación que indudablemente son responsabilidad del Estado y la comunidad organizada. Por ello, ambos deben trabajar coordinadamente por el sano desarrollo de esta instancia política y aplicar planes o pruebas pilotos en aquellas comunidades que si lo ameriten, a fin de detectar éxitos y fallas orgánicas en el sistema político implementado, para establecer líneas de referencia que le puedan ser de utilidad a los demás Consejos Comunales del país.

La evolución de los Consejos Comunales amerita control y planificación de alta entrega. La nueva división político-administrativa del país a la que nos enrumbamos, amerita esa entrega. Evitar fallas, reconocer los éxitos, sólo facilitaría y aceleraría la transición a nuevos estadios inimaginables que, sin lugar a dudas, sugieren un mundo donde todos los ciudadanos y ciudadanas podrán satisfacer sus necesidades más innatas, o al menos, canalizarlas, lo cual supondría un ciudadanos civilizado, responsable y democrático; es decir, un ciudadanos superior, un ciudadano realizado o encaminado sólidamente a serlo.


13.- LA RECONQUISTA DE LA SOBERANÍA:

Varios pensadores latinoamericanos se han inclinado por creer que el “renacimiento nacional” o reconquista de la soberanía frente a las políticas imperialistas de EUA es propio de nuestros tiempos, en tanto, que consideran que es de reciente data la aparición de iniciativas nacionales dirigidas a la reconquista de las tomas de decisiones políticas. No obstante, las luchas de los pueblos latinoamericanos por fortalecer su soberanía ante EUA comenzaron antes de finalizar el siglo XIX, siendo su primer avance en el siglo XX la derogación de la Enmienda Platt, cuando Cuba se libera de las condiciones de su capitulación en 1898, en la Guerra de Cuba. La Enmienda Platt fue aprobada en 1901 por el Congreso de EUA como rectificación al proyecto de ley sobre Apropiaciones del Ejército y fue incluida en la Constitución de Cuba de 1902, a pesar de ser ésta bastante avanzada para la época. Esta enmienda permitía que EUA controlara los empréstitos exteriores, los tratados que pudiera efectuar Cuba, el derecho a intervenir militarmente en la isla cuando lo considerara oportuno , y la adquisición de bases carboníferas y navales en el litoral cubano. Pero las constantes protestas de los cubanos por la continua intervención estadounidense en sus asuntos internos, de claro matiz imperialista, provocaron varias renegociaciones que desembocaron en la firma del Tratado de Reciprocidad entre Cuba y Estados Unidos de 1934, y en la derogación de la Enmienda Platt.

Desde entonces, los pueblos latinoamericanos han aupado sus esfuerzos por acentuar su autodeterminación e independencia en un contexto internacional caracterizado por un imperialismo norteamericano que cada vez tendía a vigorizarse y a articularse con otras potencias mundiales europeas, así como a expandirse por canales diversos al punto que ya para finales de los años 80’s del siglo XX, Latinoamérica había perdido soberanía no sólo en las decisiones políticas, sino también en áreas económicas, legislativas y en el manejo de sus recursos naturales. Cada decisión del Estado, cada iniciativa política y legislativa, cada gobernante electo, cada actuación institucional y cada decisión judicial, podía ser de interés de EUA, y en el caso que así fuera, el imperialismo operaba al punto de asegurarse un resultado que fuese beneficioso a sus intereses.

El control en el Sistema Político y en los poderes públicos se manejaba a través de las embajadas norteamericanas , las cuales, como representantes de los gobiernos de turno de EUA, fungían como enclaves de consulta obligatorios para las élites políticas nacionales. Estas embajadas poseían el verdadero poder nacional. En sus espacios nacían las aprobaciones, negaciones, reconsideraciones y demás apreciaciones que fueran de interés para el Imperio, y en el caso, que algún nacional ofreciera resistencia a sus designios, éste podía ser “comprado” o excluido del sistema político por su “actitud enemistosa a la embajada”. De esta forma, los intereses de EUA, aquellos que nacieron como humildes semillas en las élites políticas de los países latinoamericanos, se ramificaron hasta enraizarse profundamente en los sistemas políticos, como para, inclusive, influir en el comportamiento sociocultural de los ciudadanos. Los intereses de EUA se transformaron en grandes paradigmas, elementos sine cua non, para estructurar decisiones e iniciativas políticas nacionales. Más que todo, porque EUA cuidaba que la aplicación de sus intereses siempre partiera del principio de que éstos debían perpetuar, regenerar, procrear y asegurar su existencia, la pérdida del status de nación independiente y, especialmente, un nexo de dependencia muy sólido entre EUA y sus países “satélites”.

En virtud de las consecuencias, las élites políticas latinoamericanas optaron por no hablar de la interferencia de EUA en sus asuntos políticos a sus pueblos. Así, el pueblo quedaba sometido a una posición relegada o excluida en lo que a construcción política se refería. De nada servían las constantes transformaciones “democráticas” de las instituciones ni los constantes “esfuerzos” de la democracia representativa. El pueblo no tenía poder y se le hacía entender que si lo poseía. Sin embargo, éste modelo se dirigía a toda velocidad a entrar en una fase de crisis. Ya para los años 80’s se sentía en los ambientes políticos latinoamericanos el olor característico de las revoluciones sociales. Y quizás habría sido la Caída del Muro del Berlín en 1989, la que simbólicamente reflejó el fin de la Guerra Fría, el punto de inflexión histórica, o ruptura epistemológica, que impulsó el sentimiento de los pueblos de cambiar las pautas de las relaciones políticas de sus Estados.

A partir de los años 90, los conflictos sociales en la región se hicieron más acentuados. Países como Venezuela y Argentina , vieron tambalear sus sistemas políticos ante revueltas populares que sólo buscaban mayor “empoderamiento” popular, distribución justa de la riqueza, garantía de derechos humanos y, especialmente, la necesidad de contar con un Estado que estuviera en verdadera sintonía con la agenda popular y no con la agenda norteamericana.

Pero el reto no era fácil. La profundidad con que se encontraban enraizados los intereses norteamericanos en los sistemas políticos era descomunal. Tratar de modificar la situación significaba un replanteamiento general del Estado, y ello, sin duda, significaba una transformación que, según las experiencias mundiales, podía no ser pacífica. Los gobiernos de EUA confiscaban la soberanía de los países a través de las acreencias de las deudas externas; la imposición de leyes; la manipulación de las decisiones políticas; la interferencia en las políticas monetarias y fiscales; la obstrucción a la comercialización abierta de tecnologías de avanzada, bienes y servicios; regalías y prebendas a las élites políticas; espionaje; amenazas y chantajes; torturas; policías secretas y cuerpos paramilitares que eran financiados de forma indirecta; compra de decisiones judiciales; entre otros, y tratar de arrancar esto de raíz sugería una revolución inimaginable con alto contenido de violencia, por cuanto corría el riesgo que si el pueblo se sublevaba contra su régimen, éste se defendería a capa y espada para mantener y extender su posición hegemónica de poder, como en efecto así fue, al menos en el caso de Venezuela.
Las revueltas sociales del “Caracazo” (1989) y los dos intentos de golpe de Estado de 1992 (febrero y noviembre), reflejaron el descontento social del pueblo venezolano con su sistema político y, también, el descontento del imperio. La violencia con que se sometió al pueblo en todas las revueltas, la cantidad de vidas perdidas de ciudadanos y ciudadanas inocentes, y la impunidad con que quedaron los delitos, tan sólo fueron una precaria manifestación de la indiferencia e indolencia con que los gobiernos de EUA tradicionalmente habían tratado a todos los venezolanos y venezolanas, y ciertamente, a todos los países latinoamericanos. Condenando a éstos, a un control, basado en el olvido paulatino de sus más imperiosas necesidades.

No obstante, el fracaso de las revueltas no significó un obstáculo para el pueblo de Venezuela, quien tomó las derrotas como una patente reiteración de lo que ocurría en el país y como punto de partida, punto de inexcusable justificación, para imponer su voluntad sea como fuere, sea a quien sea, hasta sólo saciarse una vez haya reconquistado, como fue 180 años antes, su independencia, y ese momento llegó en 1998, con la ascensión al poder de Hugo R. Chávez F., quién desde sus primeros instantes en la presidencia de la República dirigió su atención a la reconquista de la soberanía perdida por la acción de los gobiernos extranjeros.

Las acciones que entabló el presidente Chávez para la reconquista de la soberanía se basó, a nuestro juicio, en tres grandes ideas rectoras: la imposición de la democracia participativa como mecanismo para acercar el poder al pueblo; el despliegue de un nuevo ordenamiento normativo de los venezolanos para los venezolanos; y el más importante, la construcción de un paradigma administrativo, el cual indicaba el compromiso al que debía atender toda funcionaria y funcionario público al ejercer sus funciones, apegándose a los principios y valores de la Constitución de 1999 y no en razón de intereses extranjeros. El paradigma administrativo era y sigue siendo la bandera del verdadero cambio de voluntad del Estado venezolano. La administración pública había que liberarla de la enfermedad que había minado todos sus organismos, dependencias y oficinas por años, y adecuarla a las demandas ciudadanas que reclamaban mayor información, transparencia, honestidad y apego a la patria. En tanto que la nueva administración pública adquiriera un vigor formal, el Estado venezolano se fortalecería y haría más conciente de los riesgos del imperialismo, es decir, de la dominación política y económica ejercida por EUA durante más de un siglo, gracias a su superioridad económica y tecnológica. Por ejemplo, vale destacar la anécdota del dictador Marcos Pérez Jiménez, quien en su oportunidad a mediados del siglo XX sostuvo una reunión con el embajador norteamericano de turno. En dicha reunión el presidente de facto le comentó a su par sobre su interés de construir un tren que cruzara de punta a punta a la nación venezolana. Por lo que quedó sorprendido cuando el embajador le respondió que la construcción de un tren de semejante proyección sería considerado un gesto inamistoso por el gobierno de EUA. Sorprendido, Marcos Pérez Jiménez preguntó por qué, a lo cual el embajador “sin ton ni son”, le indicó, que aún la industria automotriz estadounidense tenía mucho que vender en Venezuela. Esta anécdota fue recordada por el comandante presidente Hugo Chávez en el año 2007, quien dos años antes también había comentado que en una ocasión, a finales de los años 90, una representante de la embajada Norteamérica en Venezuela, salió airada del palacios de Miraflores, incluso tirando con todas sus fuerzas la puerta de su despacho presidencial, cuando el comandante se negó a seguir desinteresadamente ciertas “instrucciones” de la secretaría de estado norteamericana.

Estas tres concepciones se presentaron como un proyecto político liberador, no sólo del Estado, sino también de las fuerzas productivas; los modelos propios de negocios; la información; la alimentación; las elecciones periódicas; la salud; el atraso tecnológico; la educación; los servicios básicos; la ampliación de las políticas sociales; la intelectualidad; las reformas estructurales que alterasen la matriz social y económica de nuestras sociedades; la reforma agraria y la reforma urbana; el acceso cada vez más amplio a las redes de carreteras, caminos, puertos y aeropuertos; la creación de nuevos derechos; y del mismo pueblo oprimido, el cual ahora podía ser el protagonista de su propio destino y componente clave para el éxito del proyecto.

El nuevo sistema político y económico venezolano ya no seguiría produciendo enormes distorsiones, susceptibles a todo tipo de manipulación por parte de las oligarquías económicas y de los partidos tradicionales. El control social sobre la actividad política y estatal ya no sería extremadamente reducido; así como la cobertura del Estado en áreas como salud y educación, los cuales, en su momento gracias a la ola neoliberal estaban tan debilitados que muchos de estos servicios públicos pasaron a ser accesibles solamente a través del mercado. El nuevo modelo combinaba capacidad de crecimiento, capacidad de innovación, generación de empleo y renta, con redistribución del ingreso y de la riqueza. Pero, ese nuevo modelo exigía que se implementara en coordinación con las tendencias del contexto político continental, y en ningún momento, como un modelo cerrado, que daba la espalda a los marcos de la correlación de fuerzas vigentes en el mundo. Si eso ocurría, Venezuela se aislaba en un momento histórico en que todos los países se aproximaban por las fuerzas globalizadoras y mundialistas, que de una u otra forma, traían grandes ventajas, o al menos, para el momento eso se creía.

Los cambios dentro del Estado venezolano debían estructurarse a sabiendas que los países vecinos aún se encontraban sometidos por las imperiosas fuerzas políticas y prácticas del Imperio. En ese sentido, había que cristalizar un modelo alternativo al neoliberal, que acabara con la polarización pobreza-riqueza y el capitalismo salvaje y con el grave deterioro de los recursos renovables y no renovables de la naturaleza, sin que ello significara un reto político para los Estados de la región, sino más bien un cambio controlado, democrático y participativo dirigido para el desarrollo integral del país y la erradicación de las prácticas que acentuaban la dependencia del mercado nacional con EUA y hacían imposible la liberación total.

El nuevo modelo debía adquirir una concepción donde la base productiva de bienes y servicios de cada uno de los países, así como las fuentes fundamentales de energías y materias primas e insumos diversos, deben quedar bajo control de los Estados y los países y no al servicio exclusivo de las empresas transnacionales. Además, el nuevo modelo debía construir un sistema de financiamiento crediticio alternativo a los que se conocían, es decir, de aquellos sistemas que funcionaban sólo en interés de oligarquías y bancos extranjeros.
Estos sectores productivos constituyen los fundamentos para el desarrollo económico en general; de su crecimiento depende la generación de empleos para población. El desarrollo de las capacidades productivas de bienes y servicios debía tener como centro la satisfacción de las necesidades básicas de las poblaciones para elevar gradualmente su nivel de vida, y al mismo tiempo apoyar la capacidad de exportación para generar los recursos financieros necesarios para el desarrollo, la estabilidad y crecimiento sostenido de la economía nacional. En consecuencia, la evaluación del escenario dio como resultado que Venezuela no podía aislarse y que la economía venezolana necesitaba ser orientada equilibradamente hacia mercados emergentes con conciencia de las debilidades del mercado interno. Con esta visión, se permitiría diversificar los centros a donde se compran los bienes que no se producen en el país, con atención a Europa y América Latina, en vez de EUA. Ese modelo que posteriormente sería conocido como la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), buscaría fortalecer nuestros mercados internos, de manera integrada con la política externa, lo que implica definir una política industrial expansiva y una política agrícola la soberanía alimentaria, privilegiando el cuidado del desarrollo social, y el desarrollo integral de la persona y la comunidad, sobre el desarrollo económico. El ALBA se encaminó detrás de la idea de que si era posible llevar a cabo la reforma agraria, acompañada de medidas para garantizar apoyo técnico y crédito para estos productores, para garantizar alimentos a la población y eventualmente excedentes agrícolas para exportar, el fortalecimiento de los mercados internos, como el apoyo a las pequeñas y medianas empresas nacionales, disminuyendo así el mercado natural latinoamericano de consumidores de EUA. El ALBA apunta a impulsar el empleo y las Unidades de Economía Popular en sus países a diferencia de las grandes empresas transnacionales, que tienden a llevarse sus ganancias a sus países de origen.

El nacimiento del LBA supuso la inversión de recursos orientados hacia el respaldo a las empresas nacionales de todos los tamaños, el acceso a la ciencia y la tecnología, la inclusión a los sectores económicos informales, y todos aquellos sectores parcial o totalmente excluidos; sin embargo, conforme los cambios avanzaban, los medios de comunicación, en manos de monopolios privados, interferían de manera descarada en perjuicio del cambio y en beneficio de los reductos imperialistas, que defendían hasta sus últimas instancias los tentáculos que aún sobrevivían dentro del poder y fuera del mismo. La batalla por la liberación había comenzado, y aunque se ha ganado terreno aún estamos medio camino de ser totalmente independientes.

Venezuela, con su proyecto de liberación, combina la soberanía nacional con la cooperación entre los distintos pueblos y países que abracen este proyecto que ahora es propuesta de integración continental. Pero el desafío es aún mayor si recordamos que cada uno de nuestros países posee historias particulares y correlaciones de fuerzas específicas, a lo cual respondemos con estrategias y programas también diferenciados. Sólo el tiempo será el elemento articulador de las diferencias, y tarde o temprano, no será sólo Venezuela el país liberado, sino todo el continente. La polarización dependiente Norte-Sur tiende a debilitarse y a traducirse en una relación más enfocada en la cooperación; en tanto que las relaciones Sur-Sur tienen un gran repunte con base a la solidaridad, cooperación e integración, bajo el lema de que históricamente “un mundo mejor es posible” para los pueblos del tercer mundo. Así, si bien el esfuerzo individual de Venezuela podrá ser un ejemplo de valentía, éste no podrá alcanzar sus objetivos sin la alianza con el continente oprimido, el cual, en cada uno de sus países, poco a poco se va despertando esa semilla de autodeterminación que deparará un continente americano más basado en relaciones de franqueza con respeto y beneficio mutuo, mas que de mera dominación.


14.- EL RESCATE DE LAS TRADICIONES CULTURALES:

Como ya hemos sugerido, Venezuela estuvo durante gran parte de su historia sometida al imperialismo norteamericano y europeo. Durante ese tiempo se filtraron al país una inmensa gama de ideologías, prácticas, concepciones, modismos, valores y vocablos extranjeros que terminaron por erosionar la, de por si, debilitada cultura y conciencia popular, sin que el Estado pudiese hacer algo para controlar aquellos excesos. La población venezolana constantemente fue invadida por tradiciones y culturas novedosas e incomprensibles que parecían hacerse cada vez más profundas en las psiquis de los ciudadanos y ciudadanas, dando origen a un nuevo venezolano, un venezolano híbrido, producto de la mezcla descontrolada y desarticulada de vertientes culturales mundiales y nacionales. No obstante, éste nuevo venezolano que se estaba creando era incompatible con la historia del país y su legado, con el significado de las instituciones públicas y con el mundo local que lo rodeaba; favoreciendo así el ensanchamiento de la brecha entre el Estado y la Sociedad. En cambio, éste nuevo venezolano compaginaba más con modelos, tradiciones y culturas foráneas, las cuales, parecían llamarlos a ser partícipes de sus glorias y no de las nuestras. Ese llamado comenzó a verse en los años 80’s con la cuantiosa fuga de cerebros y demás venezolanos que iban en busca de lo que necesitaban, es decir, de la satisfacción de sus inquietudes “espirituales” , por tratar de ocupar una silla protagónica en aquel escenario que mejor se amoldara a las expectativas de vida que se les había cultivado. Mientras tanto, aquellos nuevos venezolanos que no habían podido viajar fuera del país, comenzaron a afianzar un profundo sentimiento de desesperanza una vez constataban que el Estado y Venezuela no les satisfacía sus demandas e inquietudes. Poco a poco, el país conoció una fuerza social desesperanzada, desapegada, desesperada, desmotivada, hundida en necesidades mundanas e intereses triviales, que les hacía entender que su existencia era mediocre, al tanto que se acrecentaba su necesidad por salir del país o buscar salidas alternas que les permitieran conquistar su realización personal. Sin embargo, ellos no se percataban que estaban siendo objeto de una lucha entre las potencias culturales del mundo y el Estado venezolano, aunque éste último, hasta 1999, nunca ofreció mayor resistencia por salvaguardar su principal recurso, su principal fuente de dicha, su principal elemento constituyente, su principal órgano de vitalidad, el pueblo venezolano.

Desde 1999, el Estado venezolano se propuso enteramente a reconquistar el terreno perdido ante el avance inexorable del imperialismo cultural, el cual, en años recientes había expandido su capacidad de acción a niveles impensables. Si bien, el imperialismo cultural existía desde la colonización, cuando la Iglesia, el sistema educativo y las autoridades públicas desempeñaban un papel principal inculcando a los pueblos nativos las ideas de sumisión y lealtad en nombre de principios divinos o absolutistas (CFR.- PETRAS: 1994); ahora el imperialismo cultural operaba con mayor fuerza a través de las mediaciones modernas, arraigadas en instituciones contemporáneas: los medios de comunicación, la publicidad, los anunciantes y los personajes del mundo del espectáculo e intelectuales seculares, entre otros. Así, el nuevo Estado asumió su rol liberador y entre sus objetivos se encontraba el regreso a las raíces de las tradiciones y culturas venezolanas, como estrategia básica para aproximar el pueblo al Estado y aumentar el nivel de gobernabilidad. Incluso, se cambió la lógica del Estado dando prioridad al desarrollo social e integral del individuo y la comunidad, antes que el desarrollo económico. Con este cambio de filosofía, el Estado se orientaría a consolidar la educación, la capacitación y la formación profesional del individuo, para promover el desarrollo económico, y no de la forma inversa, tal cual como venía haciéndose. Ahora, en los programas de educación el Estado velaría por ofrecer insumos académicos que dieran resistencia ante el imperialismo cultural, porque éste, en la esfera política, subrayaba la penetración y dominación sistemática de la vida cultural de las clases populares por parte de las clases gobernantes, con vistas a reorientar las escalas de valores, las conductas, instituciones e identidades de los pueblos oprimidos para hacerlos concordar con los intereses de las clases imperiales (CFR.- PETRAS: 1994) y perpetuar su posición relegada en el quehacer político. Por otro lado, en la misma esfera política, el imperialismo cultural desempeñaba un papel importantísimo en el proceso de disociar a la población de sus raíces culturales y de sus tradiciones de solidaridad, sustituyéndolas por «necesidades» creadas por los medios de comunicación, que cambian con cada campaña publicitaria. El efecto político consistía en alienar a los pueblos de sus vínculos con sus comunidades y clases tradicionales; atomizar y separar a los individuos de los demás; agudizar la segmentación de la clase obrera; alentar a la población trabajadora a pensar en sí misma como parte de una jerarquía, haciendo hincapié en las pequeñas diferencias de estilo de vida con aquellos que están por debajo suyo, más que en las grandes desigualdades que les separan de quienes están por encima. Todo con el objeto de: 1) aprovechar esa individualidad para acentuar los patrones de control, dominio y, especialmente, garantizar a las potencias culturales un perdurable mercado cautivo de consumidores para su producción nacional; y 2) habituar al público para que aceptara que existían países que eran “policías mundiales” para facilitar su despliegue sin presión internacional (CFR.- PETRAS: 1994), así se familiarizaba a las audiencias con acciones abominables y excesos que sólo ocultan el incisivo y violento interés de las potencias por invadir, someter o controlar, a cualquier costo, toda nación emergente que se muestre contraria a su hegemonía política, económica y financiera mundial; o que “se porte mal”

Las potencias culturales asumen posturas bien concretas para lograr esos objetivos, tanto como para intervenir en forma estratégica los medios de comunicación, que se presentan como las vías que articulan la transculturización, y que desdibujan las tradicionales fronteras intelectuales y políticas de los pueblos por idearios similares, parecidos o a fines. La transculturización toma vida una vez que un determinado país importa un conjunto de insumos culturales (elementos que están agregados en los bienes y servicios que se comercializan) a otras civilizaciones en condiciones desiguales, porque la civilización receptora no esta en capacidad de hacer frente a lo que se importa debido a que posee un grado de desarrollo socioeconómico inferior. El contacto entre las culturas no es equitativo, y la más poderosa termina dominando a la más débil. De hecho, en algunos casos, el dominio se expresa con tanta contundencia que, inclusive, el proceso de mezcla denota la erosión parcial de la cultura de las civilizaciones receptoras. Además, este contacto no excluye el conflicto; al contrario, siempre son dos culturas que se enfrentan, aún cuando sean situaciones de contacto amigables, como las que se dan en zonas fronterizas. La cultura dominada entra en un proceso de cambio, en el que se incorporan elementos de la cultura dominante, pero también se preservan, transformados, muchos elementos de la propia tradición, elementos supervivientes que ante los ojos de la potencia cultural no tienen nada que ofrecer. Sin embargo, paradójicamente la cultura dominada siempre tiende a hacer resistencia frente a la dominación, se aferra y desempolva tradiciones que de otro modo se hubieran perdido. Así, pareciera que la mera existencia de la transculturización es lo que aviva la conciencia popular por defender los insumos culturales patrios que están en peligro. Como una respuesta natural, los pueblos en vías de transculturización se enfatizan en profundizar las diferencias, para enseñar y recordar a sus ciudadanos que es lo suyo, lo que le pertenece y que es lo que ha sido importando. Al mismo tiempo, la cultura dominada se moderniza, ya que la cultura que domina lo hace por desarrollo tecnológico y otra serie de factores. Por ejemplo, en las iglesias mexicanas, donde los curas usaban mano de obra indígena para hacer los querubines renacentistas, todos los ángeles tienen rasgos indígenas. Ahí se establece una modificación de lo que era el paradigma europeo del ángel rubio. Esta situación permite que se conserven elementos de la tradición justamente porque se han expuesto a las transformaciones que vienen derivadas del choque cultural. Este enfrentamiento permite reparar en aspectos de la tradición a los que no se había prestado demasiada atención. De este modo se convierten en estrategias de resistencia al dominio (CFR.- SÁENZ: 2006), más no a la transculturización.

La transculturización toma forma cuando rasgos propios de una determinada cultura son asumidos por otra y, en muchos casos, inconscientemente asumidos como propios. Por esa razón es un proceso incontrolable, inmensurable e imparable, porque la globalización facilita que aniden insumos culturales en las mentes de los ciudadanos y allí quedan imperceptibles hasta que se hacen rasgos distintivos de las masas. El desarrollo tecnológico también facilita la transculturización, por cuanto impone formas estandarizadas de control, organización, uso y aplicación de las tecnologías, las telecomunicaciones y el comercio que son acelerados en la era de la “Aldea Global”. La transculturización es una verdadera fuerza motora que gana y gana espacios dentro de las sociedades y que, indefectiblemente, no se detiene para trasladar la cultura nacional a una posición proscrita, donde el pueblo asimila los nuevos patrones, deja de lado u olvida parcialmente sus tradiciones populares, resguarda lo que puede, y es conducido hacia caminos únicos, aún cuando en él reposaba gran diversidad multicultural. La transculturización atenúa las diferencias y se apodera de las conciencias intelectivas del pueblo, aunque no con el mismo impacto en los niveles emotivos; pero es evidente que los sentimientos de nacionalidad, tarde o temprano, caen y abren puertas a la emergencia de un nuevo pueblo que terminará creyendo más en el significado de una bandera extranjera que en la bandera tricolor venezolana, por ejemplo.

La transculturización se apoya también en las industrias culturales, las cuales producen, reproducen, difunden y comercializan bienes y servicios tanto culturales como educativos reproducibles a escala industrial, de acuerdo a criterios económicos y siguiendo una estrategia comercial (BARRIOS VANEGAS: 1990, 69). Desde el punto de vista económico, las industrias culturales se han visto como “un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los mercados de consumo, con función de reproducción ideológica y social” (ZALLO: 1988: 9). Las industrias culturales atraen la llegada de propuestas sintéticas, insumos y mercancías culturales , de fácil asimilación, adquisición y manejo, provenientes de las potencias culturales, como EUA con gran capacidad para importar su cultura a través de los medios y el intercambio comercial de productos y mercancías manufacturadas, bienes y servicios. Sin embargo, hay el añadido que el intercambio de mercancías culturales se ha convertido en la forma más importante de captura de mercados y de acumulación de capital y de beneficios mundiales para el capitalismo norteamericano, desplazando a las exportaciones de bienes manufacturados. Eso sin contar que pone en entredicho la importancia de la historia de los países latinoamericano, debido a que le atribuye a ésta un valor insignificante en comparación con otras historias nacionales de ultramar, así como el valor de sus fiestas patrias. De hecho, Venezuela ha sufrido en este aspecto el exceso de la comercialización de mercancías culturales, por ejemplo, es común ver a venezolanos más concientes de fechas, lugares y personajes de la historia norteamericana que de la historia nacional , e incluso, es común ver cómo más venezolanos celebran cada año la fiesta del Halloween, o celebran “piyamadas”, entre otros. Sobre este particular, la fiesta de Halloween ha pasado las líneas de lo impensable, al menos, para aquellas personas que vivían en la ciudad de Puerto Ordaz antes de los años 70. Halloween es una fiesta de la cultura anglosajona que se celebra en la noche del día 31 de octubre. En Venezuela se comenzó a celebrar desde antes de los años 70’s en Puerto Ordaz por las familias norteamericanas que habían venido a trabajar en las empresas del hierro del Estado Bolívar. Y aunque en un primer momento las familias venezolanas no entendían el trasfondo de por qué niños disfrazados tocaban a altas horas de la noche sus puertas diciéndoles: “dulce o truco”, éstas con el tiempo terminaron aceptando la “nueva” tradición premiando con dulces caseros a los niños con trajes más originales. Hoy, un número considerable de familias venezolanas celebran la fecha como suya a nivel nacional, y, si bien, la mayoría desconoce el auténtico origen y significado del Halloween, días antes preparan con su mayor esmero los disfraces a sus hijos y diversas empresas comerciales, que no pierden ocasión, arman sus propagandas comerciales en función de esta fiesta, como un día que en un futuro, seguramente, será fiesta nacional, a menos que el Estado venezolano vuelva a olvidar el objeto para el cual fue creado, según nuestros próceres.

Mientras tanto, ese día de Halloween como fiesta nacional, luce muy distante. El Estado venezolano, hoy conoce certeramente el significado de aquella frase que dice: “un ser sin historia es un ser sin identidad” y el respeto a las diversidades, y también ha comenzado a agotar esfuerzos por dar el sitial de honor a todas aquellas personas que con su esfuerzo, dedicación y obra han colaborado en la construcción de este país. Asimismo, ya ha creado políticas para regresar por el camino que una vez se pensó no tenía retorno. El Estado se enfiló a evadir la crisis de identidad nacional con la reconstrucción del acervo histórico y simbólico nacional, no sin antes adquirir la “visión de la diversidad cultural interna y externa”, pues definiendo las fronteras culturales, el Estado puede acceder a la identidad pura del venezolano y, consecuentemente, recuperarla, expandirla y abrirla a “infinitas posibilidades de inclusión social” (GIL: 2006). Estas fronteras culturales son las que han permitido establecer prioridades de acción, por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión fue la primera y más ambiciosa iniciativa para el rescate de las tradiciones culturales, ya que los medios de comunicación favorecían enteramente propuestas musicales e imágenes parcializadas a una cultura extranjera, en defecto de la nuestra. Con esta ley, ahora, se ha hecho obligatorio que debe posicionarse en el mercado audiovisual del país una serie de mercancías e insumos culturales nacionales, de forma equitativa con las provenientes del extranjero. Es el caso de la música venezolana, la cual es la mercancía que ha sido más favorecida, debido a que las radioemisoras venezolanas casi nunca la ponían al aire y desde el 2004 comparte equilibradamente los horarios con respecto a aquellas músicas provenientes del imperialismo cultural . El efecto del cambio fue el esperado, la aparición de un movimiento social que retomaba interés por los valores nacionales, siendo las comunidades indígenas el grupo más beneficiado, las cuales eran sometidas a un total olvido de sus tradiciones. No obstante, la revalorización del tema indígena ya venía en ascenso desde 1999, cuando con la aprobación de la Constitución se incluyeron por primera vez artículos que revindicaron la condición de estos grupos.

En el pasado, el Estado condenaba a los pueblos indígenas a perder sus singulares formas de vida para adoptar la cultura consumista que los obligaba a someterse a la explotación. La política indígena apuntaba a convertir a los indígenas en proletarios, personas que no pudieran ganarse la vida de otra forma que no fuera vendiéndose al mejor postor, ya como obrero, sirvienta o prostituta (CFR.- LE MAITRE: 2005). Las comunidades indígenas han sufrido las consecuencias del avance de la maquinaria capitalista que en ocasiones actuaba con la complicidad oficial. Son incontables los casos en que los terratenientes, valiéndose de grupos armados, desalojaban a los indígenas de sus territorios ancestrales a fin de explotar sus tierras. El desarrollo desproporcionado y anárquico de la minería ilegal ha sido otro impacto altamente negativo para los pueblos aborígenes. Se han visto obligados a desplazarse permanentemente de sus espacios vitales huyendo de la invasión de los buscadores de riqueza. En cualquier caso, por omisión o con intención, como cómplices o participantes directos, “los gobiernos pseudo democráticos de los tiempos del punto fijismo durante 40 años al desfiladero de la marginalidad económica, social y cultural...¡y casi lo logran!” (CFR.- LE MAITRE: 2005).

Vale mencionar que a partir del 12 de octubre de 2003 (día de la Resistencia Indígena Nacional), el presidente Hugo Chávez pone en marcha por primera vez en la historia de nuestra nación un proyecto dirigido a restituir los derechos y el nivel de vida de las comunidades indígenas, la misión Guaicaipuro. La misión Guaicaipuro está orientada a restituir los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito social, político, económico, territorial y cultural, a través de la organización de las diferentes etnias y su participación protagónica en el desarrollo propio y el de la nación. Esta misión va dirigida a las 33 etnias autóctonas que viven en el país, según el último Censo General de Población y Vivienda efectuado durante al año 2001 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el cual se incluyó por primera vez a las comunidades indígenas, quienes en años anteriores eran contabilizadas en censos diferentes. Tal y como lo refleja dicho censo, estos grupos están representados por más de medio millón de ciudadanos y ciudadanas distribuidos en 2.295 comunidades en su hábitat tradicional, en áreas rurales y urbanas, en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia y con presencia en las zonas urbanas y rurales de los otros estados del país. Todos estos venezolanos son los beneficiarios de la misión. Para dar cumplimiento a estos objetivos, el Gobierno ha venido impulsando el fortalecimiento de la organización comunitaria, generando espacios de discusión desde las mismas poblaciones indígenas a fin de articular acciones que garanticen su acceso a los servicios básicos y por ende, a una mejor calidad de vida. Pero el programa de esta misión atiende cuatro ejes fundamentales que hacen posible su articulación: En primer lugar, el Etnodesarrollo que implica el campo de la salud, la alimentación, la educación, cultura, saneamiento, producción, comercio, entre otros. Este proceso no sólo abarca el apoyo financiero, sino también la amplia concepción de incluir a las comunidades indígenas en las iniciativas y decisiones de la misión. El enfoque está, por lo tanto, en el acompañamiento técnico y la asesoría que el gobierno aportará para materializar, desde y con las mismas comunidades, una mejor calidad de vida. En segundo lugar, el fortalecimiento de la capacidad de gestión comunitaria, que busca organizar a todas las comunidades indígenas para su incorporación en la actividad productiva de la nación, tomando en cuenta las áreas en las que se desempeñan y otro tipo de tareas que sean del interés de estos compatriotas. En tercer lugar, la atención a Indígenas emigrantes o en situación de calle, que busca soluciones que contrarresten la migración masiva de indígenas hacia las principales ciudades del país como consecuencia del desplazamiento producido debido a la expropiación de sus tierras por parte de grandes inversionistas. La meta es devolver a estos ciudadanos venezolanos a sus sitios de origen para incorporarlos a actividades productivas que le permitan superar la marginación y la pobreza, con miras a reivindicar sus derechos como seres humanos y como venezolanos. Y en cuarto lugar, la demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, que busca regresar a las comunidades y pueblos indígenas la potestad sobre los territorios de los que fueron expropiados bajo la mirada cómplice de gobiernos anteriores. Todo esto, bajo el consenso y la participación activa de los diferentes grupos étnicos presentes en el país.

Finalmente, es preciso indicar que el Estado venezolano también ha reconocido que la posición geopolítica, geoeconómica y geoestratégica de Venezuela en el continente americano puede ser un obstáculo para la afirmación cultural, porque el país es la puerta a América del Sur y del Norte, y depósito casi natural de la cultura occidental. No obstante, pese a ser circunstancias concretas e inalterables, el Estado ha aprovechado estas debilidades para no sólo modelar al nuevo venezolano del siglo XXI, sino también, para redirigir sus conductas consumistas, las cuales, en últimas instancias, son las verdaderas fuentes de la expansión de la transculturización. El nuevo venezolano del siglo XXI, al menos en este aspecto, se distinguirá por compaginar con sus culturas y tradiciones autóctonas, un novedoso criterio para el consumo o adquisición de productos, bienes y servicios. Este novedoso criterio rompe las usuales barreras entre productores y consumidores propios de los sistemas capitalistas, y las sustituye por una nueva conciencia del mercado en los individuos, en tanto que ellos descubren que son los protagonistas de la relación comercial y agentes imprescindibles que reflejan y forjan los mercados. Asumiendo una actitud proactiva en salir a buscar información, compartir sus puntos de vista y experiencias con otros en cuanto a calidad y precios se refiere, rehuyendo al consumismo, este venezolano o venezolana del futuro va a ser la vanguardia de un diferente planteamiento comercial que va hacia el rescate, preservación y conservación de la cultura intangible venezolana. En especial, ese venezolano o venezolana del futuro será un “prosumidor” del acervo nacional, conciente de su diversidad cultural, su historia, sus instituciones, símbolos y demás, sin desvincularse del llamado a revalorizar las lenguas indígenas y a construir un modo de producción más humano, solidario, popular y, definitivamente, social en el país; tal como lo señala la Ley para el Desarrollo y Fomento de la Economía Popular (2008).


15.- EL SEXTO PODER PÚBLICO: EL PODER POPULAR O COMUNAL:

La Constitución de 1999, sin duda, ha significado uno de los sucesos más importantes en la historia de Venezuela, no sólo porque desmontó un sistema político obsoleto que estuvo vigente por más de 36 años de forma ininterrumpida con la Constitución de 1961, y que perpetuaba de manera inalterable las relaciones de dominio y exclusión que ejercían las cúpulas partidistas sobre el colectivo, sino que también encaminó al país por rumbos a transformar la totalidad de las relaciones sociales, de producción y, especialmente, políticas con objeto de dar mayor poder al pueblo. Los cambios que introdujo en su momento vinieron a definirla como uno de los documentos más modernos, humanos y participativos que había conocido el derecho constitucional a nivel mundial. Pero entre esos cambios, hubo uno muy significante que hasta nuestros días se considera un valioso legado de nuestra carta magna, y nos referimos a la inclusión de 5 poderes públicos. Desde 1999, Venezuela es el único país del mundo que posee 5 poderes públicos: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Ciudadano y el Electoral; reconocidos en su Constitución, con una identidad tan característica y objetiva que el resto de los países han seguido el proceso revolucionario venezolano con gran interés, porque Venezuela había superado el tradicional modelo de 3 poderes públicos y aplicaba otros 2 con gran eficacia cosechando grandes éxitos en su experiencia democrática.

Esta división tan singular se debió al desarrollo del pensamiento político moderno bolivariano y zamorano. Ambos pensamientos entienden que el poder público se subdivide de forma vertical en local, regional y nacional, siendo éste último quien puede ser dividido, al menos, en tres poderes públicos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según los postulados de Montesquieu , quien las presentó en su mítico libro en “El espíritu de las leyes”. Sin embargo, Simón Bolívar en el Congreso de Angostura conmovió al pueblo venezolano con la necesidad de crear un Poder Moral; que terminó siendo rechazado pues poseía especificaciones muy exigentes para la época . En cambio, años después Ezequiel Zamora abogaba por un Poder Electoral independiente. En todo caso, la división de poderes es una alternativa idónea para desconcentrar el poder político del Estado y asegurar una mayor cuota de poder del pueblo a través de la democracia participativa, la equidad y la justicia en la Sociedad. La Constitución de 1999 concibe la necesidad que éstos poderes se articulen entre si y que posean sus funciones propias. El Ejecutivo, por ejemplo es encabezado por el Presidente de la República; el Legislativo por los diputados de la Asamblea Nacional; el Judicial por el Tribunal Supremo de Justicia y demás organismos de control social; el Ciudadano integrado por la Fiscalía, Defensoría y Contraloría; y el por Electoral, integrado por el Consejo Nacional Electoral y sus miembros rectores.

Ahora bien, en algunos contextos académicos especializados, se ha hablado que en la actualidad existen más poderes públicos de los que una vez mencionó Montesquieu e, incluso, de los que presentó constitucionalmente Venezuela. Entre estos nuevos poderes que distribuyen el poder político del Estado se han mencionado ideas como que un cuarto poder puede ser atribuido a los medios de comunicación (CFR.- MÜLLER ROJAS: 2006), o que un quinto poder puede referirse al intervencionismo económico nacional o extranjero, o Internet (CFR.- PABLO: 2006). Paralelamente, existe cierto acuerdo por considerar que de existir otro poder, más allá de los tradicionales, éste se referiría al Poder Territorial, que se ejerce localmente gracias a la descentralización política, tal como ocurre en España con las Comunidades Autónomas (CFR.- PABLO: 2006). El Poder Territorial, como los otros, se caracteriza porque denota la pérdida de competencias políticas del Estado-Nación, sea por la integración supranacional (proyectos de integración económica y la globalización) o por el movimiento descentralizador, lo que propone, una vez más, que en la actualidad el Estado-Nación es residual, porque queda relegado al conjunto de funciones de cambiantes e históricas definiciones, que exige el pueblo que lo constituye.
El Poder Territorial es el control “paraestatal” que se ejerce sobre los pobladores de una determinada zona (CFR.- SANDOVAL: 2004) y se caracteriza por ser transversal, es decir, un espacio a lo ancho donde, en teoría, caben todos, pero sólo manda uno (CFR.- GONZÁLEZ: 2004), e indica que el Estado-Nación delega en las comunidades, o vecindarios circunscritos por límites geográficos precisos, un pequeño reducto de su poder político y administrativo por funciones operativas, dejando en manos de la sociedad la capacidad de resolver sus problemas de forma directa, pero sólo a través de instituciones formales. En su origen, el Poder Territorial fue la respuesta natural de los pueblos ante los gobiernos que invertían el sentido del flujo cívico desde el origen de su formación y desarrollo, en los municipios, hacia los marcos nacionales y estatales del poder. Por encima de todo, se ponía la institución estatal, la dinámica política y parlamentaria estatal, el presupuesto y la administración del Estado, la justicia y la fuerza militar central, y en definitiva las necesidades del poder de Estado, mientras que los marcos municipales, en donde “es posible la democracia directa y los procesos cívicos democráticos”, resultaban ser una especie de apéndice sin importancia, con absoluta dependencia económica (fiscal), institucional, legal, administrativa, etc. (CFR.- RAVELI: 2002).

Para Anthony Giddens, a medida que creció y desarrolló el Estado-Nación secular, las recientes formas racionales (formales) y burocráticas de administración pública, la Ley y el orden, también evolucionó la concepción de éste tipo de poder (CFR.- GIDDENS: 2000). Sin embargo, con el paso de los años parecía que la teoría que trataba la materia de éste poder se conformaba con no ir más allá de una misma concepción de territorialidad, para tan sólo ceñirse a la teoría del municipio y juntas parroquiales como las instancias políticas más reducidas, excluyendo toda posibilidad que la comunidad pudiera tener su cuota de poder político. El concepto de territorialidad inspirado en la doctrina imperante de la estructura político administrativa, parecía haberse estancado. La teoría del poder territorial había quedado satisfecha con la municipalidad y las juntas parroquiales, que a través de sistemas electorales de democracia representativa, satisfacían las demandas sociales de los ciudadanos, sin mayores inconvenientes, o así pretendía establecerlo, al menos, ante los ojos de las experiencias políticas venezolanas.

El poder territorial debía ser sujeto a revisión para el Estado venezolano. Éste poder debía ser mejorado y extendido a las mismas comunidades, porque así se haría más consustancial el Estado con su pueblo. Pero el problema se circunscribía a ¿cómo hacerlo posible? Y quizás, éste hubiese quedado sin respuesta si no se hubiera publicado la Ley de Consejos Comunales en el año 2006, la cual es contentiva de las ideas rectoras que configuran el sexto poder del Estado venezolano.

El sexto poder tiene como función ampliar el poder del pueblo y reducir el poder del Estado. En teoría el Poder Ejecutivo del Estado Venezolano delega una pequeña porción, pero vital, de su poder político y administrativo a las comunidades, las cuales los instituyen a través del Consejo Comunal y Comunas. Esta fracción de poder, por demás, es muy específica, en el sentido que el Consejo Comunal sólo puede actuar en materias referentes a la administración de los asuntos públicos comunitarios, sin la posibilidad de establecer acciones dirigidas a la creación de tributos o al control social, así como legislar, expropiar, administrar justicia, entre otros, que son potestades de los otros poderes públicos. Acá, lo que se trata es que el Estado pareciera dar un voto de confianza al pueblo, delegando en las comunidades un conjunto de atribuciones muy particulares para que sea el mismo único dueño de su destino y protagonista del desarrollo integral, social y económico de las personas. Esto supone, también, que la comunidad hereda una gran responsabilidad porque debe velar que el poder que se le ha conferido se utilice de forma correcta y racionalmente conforme a derecho, para evitar que sea manipulado y distorsionado por intereses con fines arbitrarios y contrarios a los establecidos previamente. Esta responsabilidad se extiende al manejo de los recursos generados, asignados o captados, por el banco comunal; de la operatividad de los servicios públicos comunitarios; de la integración, inclusión e incorporación social; y en definitiva por la buena función y bienestar de la comunidad, entre otros. Entretanto, la responsabilidad deposita otro compromiso, quizás el más importante de todos, y es que la comunidad debe ser el guía del proceso de cambio, perfeccionando el Estado, pero antes, ésta debe estar organizada, como requisito previo.

El poder popular nace en la comunidad organizada y su prospera evolución dependerá de la consolidación de las estructuras populares y los liderazgos. El nivel de integración y madures social es el que hace posible el éxito de los Consejos Comunales, sin estos elementos, poco puede hacerse. La comunidad organizada se presenta, así, como la exigencia inmediata que edifica la identidad propia del quehacer político, plataforma de impulso a la satisfacción de las necesidades reales, y espacio para la consolidación de afectos, intereses e historia de la comunidad. A partir de allí los Consejos Comunales se alzan como instancias políticas similares en estructura y forma, pero muy diferentes en contenido, como si se tratasen de pequeños Estados o universos políticos, autónomos, autogestionados, y en cierta medida independientes. Su autonomía política hace posible el autogobierno en términos político-revolucionarios, sobre diferentes materias como: educación, cultura, recreación, obras públicas, sanidad ambiental, medicina curativa y preventiva, economía y defensa contra los abusos individuales y colectivos. La razón de ello, es que los Consejos Comunales abren caminos a los verdaderos cambios, más aún porque hasta 1999 los cambios en las comunidades eran cuestión de interminables esperas que no aseguraban que el Estado terminará satisfaciendo las necesidades puntuales del pueblo. La revolución subyace porque es posible que una comunidad asuma enteramente la solución de sus problemas de forma directa, cosa que en una época era impensable. No obstante, la autonomía política no puede negar la relación coordinada de la comunidad con los otros niveles de la estructura política nacional, sino fuera así, no sería posible entablar una relación que recupere la intimidad de los individuos y los grupos, el sentido de respeto y de trascendencia de la comunidad (CFR.- POMPILIO: 2007), dentro de los principios y valores constitucionales, que serán entendidos como barreras que canalizarán la evolución comunal y contendrán cualquier tipo de experiencia que se extralimite al desarrollo organizado que desea el Estado.

La visión moderna de autogobierno comunitario es corresponsable con los poderes constituidos, lo que da pie a una novedosa relación entre el Estado y la sociedad que se articula cuando el Poder Ejecutivo transfiere a los Consejos Comunales recursos económicos y financieros, a fin que ellos mismos sean quienes lo administren y gerencien. Esta relación se muestra más interesada por reducir la brecha entre el pueblo y Estado, las habituales intermediaciones dentro de la relación y la burocracia para la resolución efectiva a los problemas de la comunidad. De la misma forma, esta relación involucra una nueva reflexión y significado de la política y lo político, donde se cuida el éxito del modelo subrayando la necesidad de encontrar el co-gobierno con la gente en el autogobierno comunitario en áreas particulares de la función pública; sin mencionar que el aspecto más ambicioso es que el Estado aspira que en un futuro la relación se modifique por otra de mayor “indiferencia” entre las partes. En la misma línea teórica, la responsabilidad delegada en el pueblo y los recursos administrados por los Bancos Comunales debían ser el principio de la futura autonomía de las comunidades del poder central. Esa autonomía se basará en que las comunidades podrán autofinanciar su propio desarrollo sin mayor supervisión del Estado. Pero antes, la comunidad tendría que comenzar a mirarse a ella misma como un potencial pequeño Estado autogobernado y cuasi-independiente, con comités que harían la usanza de pequeños ministerios o secretarías nacionales.

La cesión de poder y recursos al Consejo y Banco Comunal, el cual puede dar préstamos retornables y no retornables a los integrantes de la comunidad, sugiere que estamos ante una etapa temprana en que el Consejo Comunal apenas está en gestación y camina lentamente a su madures, cuando ya no necesite recursos del Estado y ella sea su propio financista. En este contexto, desaparecería el Estado benefactor venezolano y aparecería un poder localizado cuya relación con el Estado central no sería única y exclusivamente financiera, sino que el Consejo Comunal se avocaría a conquistar otros aspectos políticos sociales como la justicia y los tributos para emanciparse cada vez más del Estado nacional.

Pero por ahora, el Ejecutivo se distancia meramente del proceso de toma de decisiones que dará cuenta de cómo la comunidad administrará y gerenciará los recursos, lo que afirma un cierto grado de libertad y maniobrabilidad de los miembros del Consejo Comunal para impulsar la gestión de proyectos, el desarrollo sustentable de sus comunidades, la construcción de una sociedad de igualdad y justicia social, el nuevo modelo productivo basado en una economía popular, la inclusión social, la reactivación a las UEP, la seguridad alimentaria, la lucha contra el latifundio, la democracia participativa y protagónica, medidas para la redistribución de la riqueza, y la satisfacción de sus necesidades y aspiraciones locales.

El grado de libertad de los Consejos Comunales otorga a esta instancia un carácter singular y único. Se levantan, en parte, como instancias blindadas y protegidas del Estado venezolano (CFR.- FIGUEROA: 2006), porque es la comunidad la que tiene el privilegio de su control, como para también evitar que sea secuestrada por otras fuerzas sociales o partidistas de dudosa reputación. Si bien al principio los Consejos Comunales parecieron ser propicios para la prebenda política o personal, la libertad de acción y la presencia comunitaria han venido convirtiéndolos en lo que es su real filosofía: centros de formación, discusión permanente, programación e impulso de proyectos y acciones en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de cada comunidad (CFR.- GONZALEZ: 2007), por ello, en su seno, los cambios sustanciales e importantes son posibles. El Consejo Comunal goza de libertad de pensamiento, obra y convicción, sólo encontrando límites en las leyes del país y en la voluntad de la comunidad para buscar soluciones a los problemas con base a sus realidades y experiencias concretas. Sin embargo, el éxito del Consejo Comunal, aparte de la capacidad organizativa, dependerá de otro elemento, el sentido de unidad de los ciudadanos y ciudadanas frente a las necesidades comunes, que en consecuencia, determinará el grado de voluntad política de la comunidad.

Usualmente se considera que la voluntad política se reduce a la existencia de liderazgos, pero éstos tardan en florecer y hacerse realmente efectivos. En cambio, el grado de desarrollo del sentido de unidad en una comunidad acarrea mayor voluntad política, consolidación y efectividad. Sin el sentido de unidad, no podrá encontrarse la voluntad política suficiente para que la comunidad asuma con tesón sus retos y sus metas a través del Consejo Comunal. La hermandad y solidaridad que comparten los individuos de una comunidad y el sentido de apego al contexto espacial que les dio origen, son fuerzas motrices para la voluntad política y, especialmente, para los cambios. Ambas están tomadas de la mano y sólo el resultado del intercambio de experiencias de vida entre los individuos de una comunidad, profundizará la unidad y la empatía por enfrentar los problemas. Curiosamente, si el grado de compenetración de los individuos de una comunidad es exacerbado, no sólo la comunidad será un ejemplo de integración política, sino que también podría beneficiar el nacimiento de una “microsubcultura”. La microsubcultura se caracteriza por el ascenso, establecimiento y aceptación de un conjunto de valores en un grupo muy reducido de seres humanos que habitan una determinada lugar, con capacidad para distinguirlos de los otros grupos comunitarios, pero a la vez, como para reconocer que las diferencias que los distinguen no son mayores y muchos menos contrarias a la cultura regional o nacional imperante. La microsubcultura en una comunidad impulsa elocuentemente la acción política, por cuanto los individuos se encuentran identificados y se sienten más dueños de sus vidas, más aún, como es en el caso venezolano, si éstos gozan igualdad en condiciones políticas. La Asamblea de Ciudadanos esta integrada por la totalidad de los miembros de una comunidad y éstos tienen la posibilidad de expresarse y hasta votar en condiciones igualitarias. Esta acción, propia de la democracia directa, perfecciona el Estado actual en su esencia, estructura y forma, permitiendo participar directamente al conjunto de la sociedad en la administración del poder socializado, y en especial a aquellos que siempre estuvieron excluidos del mismo, ya que el pueblo participa de abajo hacia arriba de una forma natural, desde los lugares donde realmente le es posible participar (CFR.- MALINE: 2002), desde la localidad.

De esa manera, tanto por la Asamblea de Ciudadanos como los Consejos Comunales, se redimensiona el significado del organigrama de la estructura política del Estado y el principio de alteridad que la distingue. Los Consejos Comunales y Comunas ahora pasan a ocupar la base misma del Estado venezolano, siendo la Asamblea de Ciudadanos, los Consejos Parroquiales, el Consejo Local de Planificación Pública y el Consejo Estatal de Planificación de Políticas Públicas las instancias políticas regionales subsiguientes antes de llegar al nivel nacional, donde cada instancia de la estructura de gobierno es responsable ante el nivel superior y la relación se expresa tal como se muestra en el siguiente diagrama:


Vale mencionar que el modelo del Consejo Comunal compagina con aspectos del atomismo político que definió la Europa medieval, donde las pequeñas poblaciones y sus élites políticas tenían el total control de la vida comunitaria, al punto de proponer leyes. Sin embargo, el Consejo Comunal se diferencia porque el poder del pueblo se hace específico, democrático y humano, sin dar una inmerecida prioridad a lo jurídico. El poder del pueblo no tiene amplios poderes y se circunscribe a una sola materia, la administración de la res locālis, al mismo tiempo que fundamenta esa administración en principios donde el pueblo ejerce su soberanía mediante elección popular directa y participativa, y se reconoce los derechos humanos de cada ciudadano. Entretanto, el Consejo Comunal se aparta de materias como recaudar impuestos, elaborar políticas educativas y culturales, establecer normativas jurídicas o mantener un cuerpo de policía; pero en cambio abandera un poder contralor, inspector y financiero de los asuntos que competen a la localidad. Por otro lado, el Consejo Comunal se diferencia porque no puede extender más allá de su comunidad el poder que se le ha conferido, el cual, se coarta ante el poder de otras comunidades. Mis derechos terminan donde comienzan los tuyos, dice la frase, y en este contexto, ocurre igual. El Consejo Comunal no puede decidir por otras comunidades. Su poder es territorial, circunscrito a un área de viviendas humanas muy particular y distintiva.

Finalmente, hay que indicar que la delegación de poder a los Consejos Comunales, ha sido calificada por las clases oligarcas del mundo como una verdadera locura y más, si se trata de transferir recursos económicos del Estado a estas instancias. El modelo planteado representa una amenaza al predominio político de los más poderosos. Si el modelo tiene éxito, se expandirá por el planeta como una voz de liberación que podría punto final a un sistema con más de 300 años de maduración. Por lo tanto ¡hay que impedirlo! – La oligarquía mundial invalida que el Estado deposite confianza en el pueblo y tacha de imprudente creer que los Consejos Comunales tengan la capacidad técnica para administrar los recursos percibidos honradamente. Según su posición no hay “garantías” suficientes que asegure que el pueblo está en condiciones de gerenciar, administrar y financiar esos recursos sin un preciso acompañamiento que, a su vez, implica un aumento de la planificación y la burocracia; y, de igual manera, no hay mayores “garantías” para asegurar que sea el mismo pueblo su propio agente contralor. Las críticas al modelo de los Consejos Comunales parten de que el Estado venezolano, conciente de su origen en el pueblo, entregó un poder al quien lo vio nacer, olvidándose de los riesgos. Por ejemplo, indican que un Banco Comunal no garantiza que no se despilfarren los recursos, como en un banco privado. Para ellos, este tema es el resultado de un proceso político acelerado y populista, porque las experiencias políticas del mundo indican que la consolidación de semejantes proyectos ameritan años de preparación de la conciencia popular:

“El pueblo se encontró en Abril de 2006 con el ansiado poder en sus manos, aquel que durante años y años estuvo anhelando, y ahora, después de soñarlo tanto, lo tenía allí mismo frente de si, quizás sin tener suficiente tiempo cómo para saber qué hacer con él, o peor aún, cómo para recordar cómo se usaba, ya que pudo haberlo olvidado por años de espera. Y sería difícil sostener que no hubo un apresuramiento en promulgar la ley de Consejos Comunales, al menos para esperar reunir mayor experiencia en el pueblo del nuevo conocimiento de la administración pública que también se le delegaba, porque a tan sólo un año antes se promulgó la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), y en ninguna de las discusiones legislativas que dieron pie a su sanción por la Asamblea Nacional en mayo de 2005, se habló de los Consejos Comunales. Entonces ¿cómo explicar que la LOPPM en ninguno de sus artículos concibe la existencia de una instancia política con tanta repercusión para las comunidades? Un año no era suficiente tiempo para un cambio de filosofía tan grande, al menos, para lo que la politología respecta, pero si para el Derecho, la Economía, la Administración y todas aquellas ciencias sociales que puedan opinar sobre la materia”.

Pero lo cierto es que la Ley de Creación, Estímulo. Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero prevé los riesgos con el posicionamiento del Fondo de Desarrollo Micro Financiero (FONDEMI), institución que vela por asegurar el retorno de los recursos transferidos a los bancos comunales. Su creación fue rápidamente aceptada por las comunidades ¿qué tanto? como para decir que para el 2008 existían 25.000 consejos comunales constituidos y 9.000 en proceso de constitución. El apoyo masivo a la ley de Consejos Comunales y a FONDEMI fue algo tan profundo, que parecía que el pueblo mismo estaba destinado a éste futuro desde hacía tiempo. En menos de seis meses, pulularon Consejos Comunales por doquier y nada parecía indicar, ni parece, que la explosión comunal se fuera a detener. Cada día son más venezolanos que se suman a la creación y fortalecimiento de los Consejos Comunales, y quizás, esto también se haya debido al acompañamiento y seguimiento propicio del Estado, quien ha velado porque el proyecto político siga las líneas para las que fue creado y no se desvirtué en el camino por acciones sociales contrarias a sus intereses, en especial aquellas cuyo origen se remonta a intereses internacionales.


16.- PROPIEDAD SOCIAL Y PROPIEDAD COMUNAL:

La propiedad es un derecho real, “una cosa corporal para gozar y disponer de ella”, siempre y cuando no se contraríe a la Ley o el derecho ajeno, tal como lo afirmó alguna vez Andrés Bello . Pero, hablar de la propiedad trae consigo otras múltiples acepciones y se necesitaría muchas páginas escritas para analizarlas. Sin embargo, existen principios generales entorno a la propiedad que no pueden pasarse por alto, como aquel que indica que: la propiedad tiene su génesis en la condición inherente al ser humano de ser dueño de su destino, de sus bienes y servicios; que de la connotación jurídica de la propiedad depende el progreso y el bienestar colectivo de una sociedad; que la estabilidad de la propiedad depende del grado de protección y estímulo que otorgue el Estado; que la propiedad no es lo mismo que la posesión, ya que poseer algo no implica que sea de la propiedad de uno; y que la propiedad no puede ser privada, excepto mediante el pago de una justa y oportuna indemnización, por razones de utilidad pública o de interés social, en los casos y en las formas establecidos por la Ley.

El señorío del hombre sobre las cosas, es una de las claves de la historia de la Humanidad. La apetencia de poder, el apetito de dominación es uno de los motores de la historia del hombre. La lucha entre los que tienen y los que aspiran a tener subyace en el fondo de todas las ideologías formuladas y que se formularan hasta el fin de los tiempos, es algo “obvio que no necesita de ningún comentario” (CFR.- ELUE: 2004). Por ello, la propiedad no es solamente una esfera que pertenece a lo jurídico, sino que puede ser vista de diferentes facetas y conjeturas cuando es objeto de estudio por diversas ramas ideológicas y científicas como la economía, la sociología, la política, la filosofía, la politología, la historia, etc. No obstante, la propiedad en el ámbito jurídico adquiere cierto grado de supremacía con respecto a las otras ramas en lo que respecta a la compresión del hecho social, porque de la forma como se establezca la regulación jurídica de la propiedad, los individuos adecuarán su comportamiento a lo establecido por la norma y, con ello, dejarán en evidencia la parte más superficial de la superestructura de ideas sociales, políticas y económicas que caracterizan al régimen que aplica la norma. Como consecuencia de ello, se comprende que el régimen de propiedad es el factor clave para definir si una sociedad es liberal, totalitaria, socialista o perteneciente al Socialismo del Siglo XXI.

La definición legal de la propiedad siempre será un concepto circunstancial, influenciado por el ambiente histórico y político en que se formula (CFR.- ELUE: 2004), así como las formas en que ésta se manifiesta. Henri Lepage (1986) consideró que es probable que nunca sepamos exactamente cuándo y dónde se originó la propiedad, porque habría que pensar en la época prehistórica. Los estudios antropológicos indican que entre los pobladores primitivos coexistían regímenes de propiedades muy diversas, dependiendo de múltiples factores tales como el medio geológico y geográfico, las condiciones del clima, el tipo de cultivos o de ganadería practicada y sobre todo la relación entre la presión demográfica y la importancia de las reservas de tierra disponibles. Esto ha permitido, según Lepage, creer que la concepción de la propiedad ha evolucionado conforme la capacidad mental del individuo para distinguir entre lo suyo y lo mío, y reclamar lo suyo. La propiedad surge –dice Lepage citando a Jean Canonne-, desde el momento en que “la culminación de la estructura de su cerebro permitió al hombre superar el mero instante para imaginar el futuro y ponerlo en relación con las vivencias de su pasado” (ver también: AMPUERO: 2004). Por otro lado, Jacques Attalí una de las grandes figuras de la filosofía del siglo XX en Francia, en su libro titulado “La Historia de la Propiedad” (1987), expone que en el transcurrir de la propiedad en el mundo (desde las sociedades primitivas hasta el comunismo) y su influencia insoslayable en la historia, así como las desmesuradas miserias y fortunas que ha forjado, existe una señal siempre presente, como una obsesión insalvable que resume así: “lo que oculta la propiedad es el miedo a la muerte”. Maneja la hipótesis que el ser humano haya en lo que posee los insumos necesarios para extender su propia existencia. De allí que el concepto de propiedad haya variado en el mundo según la forma en que los individuos de las comunidades iban descubriendo la existencia de nuevos temores para sus vidas. La naturaleza de esos temores determinaría la forma jurídica de cómo se instituiría la propiedad y sus varianzas e interpretaciones, y cómo sería respaldado por los gobiernos. Y como los temores humanos han variado en la historia humana, entonces el concepto de propiedad está constantemente en evolución y metamorfosis.

En la Antigüedad, por ejemplo, en la Baja Mesopotamia, la propiedad era un derecho “cosmogónico”, derivado del beneplácito de sus dioses, pero este paradigma dependía de la interpretación religiosa de las clases políticas que terminaron por administrar ese derecho, dando sentido a las relaciones de propiedad según sus intereses. La propiedad “cosmogónica” decayó cuando de alguna forma comenzó a erosionarse la imagen de la deidad como agente protagónico de la administración de las relaciones de tenencia. A la par que esto ocurría, en Egipto se surgía el principio que todas las tierras y los instrumentos pertenecían al faraón; la propiedad era un monopolio estatal similar a los regímenes de otras civilizaciones como el imperio de la India antigua. Entretanto, los pueblos griegos estaban poblados de agricultores libres, propietarios de sus tierras y en Roma, desde tiempos muy antiguos, la propiedad se veía como un derecho indiscutible que no tenía necesidad de ser justificado. De hecho, la primera regulación técnica legal de la propiedad proviene del derecho romano: res privatae, res publicae y res comunes y en las variables: propiedad quiritaria y bonitaria, la primera, que era una modalidad exclusiva y formal de los ciudadanos romanos, sensiblemente resguardada por el imperio; y la segunda, modalidad formal de tenencia para el resto de los “no ciudadanos”. No obstante, otra regulación técnica legal de interés la hallamos en la etapa feudal, cuando la propiedad estaba definida por otros elementos que en poco se referían al status de ciudadanía, y más bien estaba definida por estatus o estamentos políticos como los señores feudales, iglesia, la milicia, etc., imponiendo duras cargas tributarias a quienes poco poseían y tenían. Épocas posteriores señalaron avances y retrocesos en el concepto de propiedad, evolucionando de forma errática y conociendo simultáneamente varios tipos de significado. Pero hay quienes piensan que el concepto de propiedad ha evolucionado de forma lineal, a lo que las críticas no se han hecho esperar, mencionado que semejante posición es una leyenda o un mito absurdo. Dice Lepage, “un puro mito del que han sido víctimas desde el siglo pasado generaciones de etnólogos y de sociólogos, preocupados en exceso por atribuir a las sociedades objeto de su estudio aquellas virtudes de las que, en su opinión, carecía la sociedad” (1986).
Ahora bien, el avance más considerable entorno al concepto de propiedad ocurre en el siglo XIX, cuando el Código de Napoleón declara en sus artículos 544 y 545 que la propiedad es “el derecho de gozar y disponer de una cosa del modo más absoluto sin otras limitaciones que las legales, y que nadie puede ser privado de su propiedad más que por expropiación, fundada en causa justificada de utilidad pública y previa la correspondiente indemnización”. Desde entonces, la connotación de propiedad reviste una madures importante, en el sentido que se le define como un derecho subjetivo, abstracto, un atributo propio del ser, y más aún, cuando se conoce que la definición ofrecida por la codificación napoleónica es, en realidad, consecuencia de la oscura querella teológica y medieval sobre el estado de la pobreza apostólica que puso en conflicto al papado con la Orden de San Francisco (CFR.- LEPAGE: 1986) y la revolución de 1789.

La revolución francesa si bien afirmó la autonomía de la voluntad del individuo, también superó las cargas a las que eran sujetos los propietarios en la época feudal (una aspiración del liberalismo burgués), de esta manera se allanó el camino para una nueva conciencia alrededor de la propiedad. La revolución francesa favoreció por un lado, la extensión del alcance de la propiedad por parte del pueblo que ahora podía ser propietario o partícipe de instancias que para la época, pertenecían a un puñado de personas: la iglesia, el parlamento, la creación de las leyes, etc. mientras que por otro lado, la revolución francesa también consagró el mantenimiento y perpetuidad de las propiedades adquiridas por los ciudadanos y ciudadanas de la República. Estos cambios hicieron sentir en el pueblo que sus derechos o facultades para disponer de una “cosa” eran un principio reconocido y a bien defendido por el Estado, lo que mitigaba aquel temor tradicional de las civilizaciones antiguas que temían de la voluntad de otros cuando reclamaban la “cosa” para su propiedad y ésta era efectivamente usurpada.

El código napoleónico influenció a la mayoría de los códigos civiles del continente americano y ello se debió porque se fundamentaba exclusivamente en bases laicas, racionales y no religiosas, como para lograr un texto ecléctico tan coherente como para ser adoptado hasta por “los mismos enemigos de napoleón”. De hecho, ha sido tan aceptado el código napoleónico que el Código Civil venezolano (1982) es una versión moderna del mismo, e incluso, establece la misma definición de propiedad en el artículo 545, cuando la reconoce como: “el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la Ley”. Aunque apenas el mencionado artículo estila sólo tres verbos para describir la propiedad, éste desprende la idea irrefutable que dentro de una relación humana el propietario tiene acción legal y legítima contra el tenedor y el poseedor de la “cosa” para reivindicarla; y que la propiedad es el señorío más pleno que se puede tener sobre una “cosa”. Además, el artículo mencionado entrevé la importante e interesante idea que el propietario tiene la posibilidad para disponer arbitrariamente de lo que posee, salvo las limitaciones establecidas por las leyes. Las leyes conjugan un patrón de mutua referencia que es atendido por todos los ciudadanos para entender el contexto de la propiedad, el cual si es violentado contraviene directamente el bien común de la sociedad. De este acuerdo, es posible hacer una abstracción que nos pueda conducir a definir el ambiente ideológico del sistema político que impone la Ley, aunque las leyes sólo puedan influir la conducta del propietario de dos maneras: sea pronunciándose sobre lo que el propietario puede hacer con aquello que posee; o sea enunciando cómo el propietario ha de gozar y disponer de aquello que posee. Y dado que el ambiente ideológico de una determinada sociedad puede ser susceptible de ser modificado o transformado en su totalidad gracias a la interacción de las fuerzas sociales, no es inapropiado pensar, entonces, que el artículo 545 del Código venezolano sea susceptible de ser reformulado en algún momento histórico. De hecho, existe una fuerza social que considera que si ese cambio ocurriese debería estar consagrado en la Constitución, pero este cambio no debería de alterar la sustancia del artículo, es decir, sin alterar que el propietario siga teniendo las facultades acceso y dominio más amplios sobre el objeto que posea; y sin alterar el hecho que la intervención del Estado, en el recinto de las facultades del propietario, es el elemento constitutivo elemental para coadyuvar la condición efectiva de los tipos de propiedad. Porque sin importar el ambiente ideológico, el ambiente social y político de las sociedades modernas, la propiedad, como derecho, deposita su envergadura en el papel del Estado. El Estado con su intervención dirigirá y encauzará el comportamiento humano que contravenga la seguridad de la propiedad para el beneficio de la colectividad y, según Jesús Paluzie Borrell, también definirá si la acción de la propiedad de una persona, o persona jurídica, es justa o injusta, porque el Estado debe cuidar de reconocer derechos que se opongan a las leyes de la moral natural (CFR.- PALUZIE BORRELL).

Un caso particular, por ejemplo, para corroborar la hipótesis, puede verse en el ambiente ideológico que vivió Venezuela en 1999, cuando con motivo de la Asamblea Constituyente se establecieron sólo cuatro (4) tipos de propiedad en la CRBV: la privada, la pública, la asociativa y la colectiva (CFR.- RANGEL); sin mencionar otros tipos de propiedad que eran de interés para la época a juicio del derecho constitucional. No obstante, la inclusión de estos 4 tipos de propiedad fueron vistos por la doctrina jurídica como una adecuada y correcta formulación de derechos, pero la doctrina politológica consideraba que esa enunciación era humilde. La doctrina politológica concibe una gama muy diferente de formas de tenencia y esto, más que todo, es consecuencia de las profundas transformaciones de las estructuras agrarias ocurridas en los años 60’ y luego en los 80’ en América Latina, las cuales dieron mayor complejidad a la radiografía actualizada de las formas de propiedad existentes.

Estas transformaciones hicieron sucumbir las doctrinas jurídicas imperantes en América Latina, sustentadas en orígenes neoliberales, y aunque han sido constantemente invitadas al debate no sólo por la politología, sino por otras ciencias sociales como la sociología y la economía, estas han permanecidas alejadas de éstas áreas de interés, involucrándose más en hacer estudios revisionistas sobre las crisis internas de la administración de justicia de sus países. Hoy la radiografía de los tipos de propiedad es mucho más compleja de lo que se estableció en la CRBV, e incluso, va más allá de los aspectos de distribución de la tierra o de las formas de propiedad y derechos de acceso al uso de los recursos (CFR.- SCHWEIGERT: 1989). Por ejemplo, Mertins (1996) replanteó duramente el debate al distinguir y caracterizar al menos 16 tipos de propiedad de la tierra, agrupadas en cuatro grandes categorías: 1) Pública: áreas intangibles, áreas protegidas, tierras fiscales o baldías, tierras urbanas/infraestructura; 2) Privada: latifundios, empresas agropecuarias, inversiones especulativas/inmobiliarias, pequeños productores capitalizados, campesinos de subsistencia; 3) Asociativa/Comunal: comunidades campesinas, cooperativas agrarias, territorios indígenas; 4) Sin tierra: pequeños arrendatarios/ aparceros/ medieros, jornaleros/cosecheros, invasores/ocupantes ilegales, grandes inversores (CFR.- VAN DAM: 2000). Por otro lado, existen autores que consideran que en todo tipo de organización existen diversas formas diferenciadas de propiedad que van desde la privada hasta la social, siempre dependiendo de las realidades de cada grupo en su proceso de formación política y de organización histórica. Ellos incluyen como elementos sustanciales para reconocer los tipos de propiedades la capacidad de uso de los medios de producción, la tecnología, el sistema de aportes sociales, la retribución al trabajo y a cada uno de los medios físicos y financieros y la apropiación del producto resultante de la gestión empresarial (excedente). Por lo que cada tipo de propiedad nace de forma diferente si se piensa en los medios de producción, la tecnología, el capital, el trabajo, el producto y las ganancias obtenidas en todo el proceso de gestión (CFR.- MORENO AVENDAÑO: 2001).

La tipología empleada en la CRBV tuvo su origen en los fundamentos jurídicos y económicos derivados de las concepciones doctrinarias predominantes de los países más desarrollados, pero incluso así, el constituyente de 1999 pudo establecer un marco adecuado para que los venezolanos pudieran conocer un sistema político diferente, tan diferente como para hacer posible que el pueblo venezolano pudiera ser propietario de bienes y servicios que anteriormente se les estaban negados, tal cual como ocurrió años antes de la revolución francesa. También, la CRBV permitió que se estableciera un sistema político que fortaleciera el vínculo entre el propietario y lo “poseído”, haciendo más próxima y sustanciosa la relación. Pero la novedad más importante en este ámbito fue que la CRBV permitió al pueblo ser dueño de su destino, en el sentido que hacía posible que el pueblo se adueñara del poder político, el cual estuvo controlado por un puñado de individuos desde la Constitución de 1961. Con base a abrir espacios políticos para que la población tuviera un mayor acceso a la cosa pública y en los procesos que daban cuenta de la toma de decisiones políticas de su comunidad, su municipalidad y su región, la CRBV hizo posible un nuevo replanteamiento de la propiedad, al ponderar instancias políticas como esferas materiales dignas de ser apoderadas. Así había nacido la “Propiedad Política”, es decir, una situación donde el ciudadano o ciudadana se percibe asimismo como co-propietario del Estado, o mejor, se percibe que tiene acceso e influencia en el proceso de transmisión autoritativa de valores formales realizado por el Estado. Cada ciudadano y ciudadana se vuelve depósito de una pequeña fracción de poder político que el Estado le ha conferido. Esta relación se materializa a través del voto ciudadano en periodos electorales, cuando el Estado crea espacios políticos que permiten participar a la ciudadanía en la decisiones políticas, o cuando el Estado demuestra con sus acciones que la voluntad política de cada ciudadano y ciudadana puede modificar en cierta medida los paradigmas institucionales del sistema político que lo rodea. En ese sentido, la CRBV desarrolla un contenido normativo propicio para crear un nuevo ciudadano, el cual conoce el poder de su pensamiento político y el de su opinión política; las cuales, usa, goza, dispone, accede y domina, a plena voluntad y las ejecuta en la esfera política cuando asoma su sentido crítico y revisionista del orden político imperante. En ese sentido la CRBV planteó la siguiente tipología de la propiedad en sentido formal:

Pero en sentido formal (interpretación a contrario), la CRBV presentó la siguiente distribución:

Seguidamente, en el año 2005 y conforme al ascenso de la voluntad política del gobierno bolivariano liderizado por el Presidente Hugo Chávez por construir en Venezuela un nuevo modelo de producción que hiciera de las relaciones económicas, financieras y comerciales más humanas, justas, solidarias y participativas, se expandió dentro de la opinión pública nacional una línea de pensamiento que tocaba la necesidad de incorporar dos (02) nuevas y formales formas de propiedad dentro de la Constitución, las cuales no contravienen a las otras formas de propiedad ya instauradas, en especial la propiedad privada, la cual queda más bien reconocida, dignificada y colocada “en lo alto del cariño y del reconocimiento de la sociedad” (CFR.- CHÁVEZ: 2007c). Los términos Propiedad Social y Propiedad Comunal, se expandieron por el argot popular como conceptos que son, en si mismos, un sistema mixto que tiende a buscar el equilibrio social, el equilibrio económico y el equilibrio político, e incluso más allá, el equilibrio territorial, es decir, el desarrollo armónico del territorio. Además, estas 2 formas de propiedad son resultado de los importantes cambios conceptuales que hoy en día caracterizan la realidad política venezolana. Con su futura incorporación al derecho positivo venezolano, se daría un gran paso, en primer lugar, para deslastrarse de los prejuicios teóricos heredados de los pensadores del socialismo clásico y del neoliberalismo moderno, sin dejar de considerar que estos constituyen antecedentes de interés y que son fuentes para la comprensión de los nuevos modelos político-sociales. En segundo lugar, el advenimiento de estos conceptos sintetiza el esfuerzo del Estado y el pueblo venezolano por calar en la médula de los conceptos nacientes, como mecanismo estratégico alternativo de valor para así iniciar contundentemente el camino a la reconstrucción teórico-pragmática de un nuevo tipo de Socialismo, el Socialismo del Siglo XXI.

Estos 2 conceptos también se diferencian de los conceptos de propiedad tradicionales, porque no hallan su origen en planteamientos jurídicos o económicos meramente, y más bien tienen su origen en planteamientos politológicos: ya no es posible explicar, analizar y discutir su origen más allá de las relaciones de poder político que nacen de la fricción de las fuerzas sociales en Venezuela. Circunscribir estos 2 conceptos a la lógica jurídica y económica es proponer un esquema limitado para interpretar sus características y los fines que procuran. Ambos conceptos son mucho más que ideas derivadas de conductas tradicionalmente adquiridas por los seres humanos, y mucho menos remanecientes ideas recogidas a partir de la jurisprudencia, las leyes, las doctrinas o cualquier otra fuente jurídica o económica. Son conceptos modernos, producidos por hombres con gran sensibilidad por los problemas sociales cuyos análisis revisionistas de las conductas políticas de los pueblos en la historia han determinado que los habituales conceptos sobre la propiedad son insuficientes para la realización de las almas humanas. Hombres como Claude-Henri de Rouvroy (conde de Saint-Simon), Louis Blanck, Charles Fourier, Robert Owen, Proudhon, entre otros, no sólo abrieron el camino a los derechos colectivos y a una gran gama de conceptos como “derechos de minorías”, “grupos de derechos diferenciados”, “derechos culturales”, “estatus especial”, “derechos del colectivo”, “incorporación consociativa” y “protección de las minorías”; sino que también abrieron el camino a las tesis revisionistas de la distribución equitativa de la riqueza, a la vez que reflexionaron sobre el ascenso de los derechos individuales, la existencia de la competencia comercial y la desigualdad económica. Sus pensamientos no han pasado al olvido y, ahora, han encontrado impulso en la escena político social de Venezuela, país que se adentra cada vez más hacia un proceso de transición que reta a la lógica del capital y tiende a colocar como un elemento fundamental para su desarrollo social y económico las relaciones de propiedad, aunque Hans Dieterich, opine lo contrario.

Dieterich (2005-b) ha afirmado que en el proceso de transición al Socialismo del Siglo XXI, la propiedad “es secundaria”. El sustenta su planteamiento al indicar que la regulación de la producción, la distribución, el consumo y la participación política son temas aún más importantes sin son tomados en conjunto; al igual que el tema de una economía democráticamente planeada por las mayorías en torno al valor, y no en torno al mecanismo de precios que hoy en día “permite que algunos se enriquezcan descaradamente y otros vivan en la miseria” (CFR.- DIETERICH: 2005-b). Pero, a nuestro juicio, estos temas son consecuencias de las relaciones de propiedad. Además, tampoco compartimos su idea que la propiedad es un tema ya superado. Más bien es un tema de vital importancia que no deja de expandirse y alcanzar cada vez más nuevas connotaciones. En ese sentido, el tema de la propiedad es profundamente consustancial al éxito del Socialismo del Siglo XXI y con el advenimiento de estos 2 nuevos tipos de propiedad, Venezuela añade matices más profusos al análisis de la construcción de un innovador y alternativo modelo socio-productivo en el país, pero antes de descubrir los aportes teóricos de éstos dos conceptos, es preciso pasar breve revista a los cuatro tipos de propiedad formalmente establecidos por la CRBV.

A) PROPIEDAD PRIVADA:

Los constituyentes de 1999 establecieron la propiedad privada en el Artículo 115 de la CRBV como un derecho pleno de los ciudadanos y ciudadanas en todas sus facultades para el uso, goce y disfrute de algún bien material . Pero al hacerlo, sin recoger una concepción abstracta, lo configuraron como un derecho de carácter no sagrado, ya que éste podía ser susceptible de ser modificado y reelaborado conforme a la norma legal. Si bien la propiedad privada: es el derecho del individuo (o individuos) para ejercer el dominio y acceso físico inmediato sobre algún objeto material, creado por el o adquirido justamente por el, de forma objetiva, formal, exclusiva y excluyente, con capacidad para determinar su destino según sea su voluntad y cuyo alcance termina donde comienza los derechos ajenos; este derecho no sólo atribuye facultades individuales sobre las cosas, sino también un conjunto de deberes y obligaciones establecidos a su titular, de acuerdo con las leyes. Así, el titular esta obligado a ejercer su derecho dentro de los límites constitucionales y legales que tienden a la realización de intereses y finalidades sociales.

El derecho de propiedad se justifica en la medida en que responde a las necesidades colectivas de la sociedad y su función social busca la realización de los intereses de la comunidad, intereses que van más allá de la esfera individual del titular del derecho. De esta forma, la función social constituye un límite al ejercicio del derecho de propiedad privada porque busca el bienestar colectivo y de relaciones sociales y económicas más equitativas e igualitarias. La naturaleza de ser de la función social, resulta del hecho que el establecimiento de la propiedad privada abre las puertas a la desigualdad social, por cuanto se materializa el hecho que “todos los seres humanos son diferentes”. Es decir, en virtud que todos los seres humanos son diferentes, la propiedad privada hace que esa insustancial realidad se vuelva sustancial, material y objetiva, haciendo empíricas, fácticas y profundas las discrepancias naturales humanas. Las diferencia humanas se expresan entre quienes poseen más y quienes poseen menos, y esa desigualdad contraviene al derecho natural que habló Jeaques Russeau, quien también mencionó que dentro del Estado, esa desigualdad debía ser controlada mediante un pacto social de orden jurídico, que legitimara y legalizara el estado de las cosas existentes siempre y cuando no contraviniera el interés común. Para lograr eso, la función social sería la fórmula armónica que intenta concordar los intereses particulares del individuo con los de toda la sociedad, con la idea de que el propietario haga uso de su propiedad de forma tal que no perjudique el interés social. En consecuencia, la garantía constitucional del derecho de propiedad privada significa que este derecho solamente es reconocido en la medida en que sirva a la utilidad pública o interés social, y es ilegítimo todo ejercicio del derecho de propiedad privada que sea contrario al interés común. Por ello se dice que la propiedad privada es una relación jurídica circunstancial, dependiente de lo establecido en las leyes y que sólo puede ser entredicha cuando las leyes determinen cómo la propiedad privada puede ser abolida por el Estado , e indique las reglas para ejecutar las indemnizaciones cuando sean pertinentes. Además, este carácter circunstancial encuentra más apoyo cuando se sopesa la progresiva incorporación de finalidades sociales en la esfera de la función social tan propia de nuestros tiempos, lo que repercute que una diversificación de la institución de la propiedad, dotándola de una pluralidad de figuras o situaciones jurídicas con significados y alcances diversos. En consecuencia, con general aceptación doctrinal y jurisprudencial, se viene reconociendo que el Estado Moderno se caracteriza por la flexibilidad o plasticidad actual del dominio y la existencia de diferentes tipos de propiedades, lo que deja entender que el Estado Moderno es un “Estado complejo”, y tendiente a ser más complejo, a medida que no encuentra un concepto de propiedad privada intangible, pero que debe de regular como si en efecto lo fuese. Hoy el establecimiento de la propiedad privada exige al Estado Moderno un sistema normativo superior y altamente sistematizado como ordenado, porque instituir la propiedad privada es también instituir el “egoísmo primitivo” del ser humano, por lo que el Estado debe de velar de utilizar la sustancia normativa adecuada a fin de no dejar pervertir el orden social necesario deseable en toda sociedad. También Implica que el Estado Moderno debe de adquirir una avanzada madures política, tanto como la inculcar claramente en sus individuos el significado y el contexto en que se hayan los bienes materiales que le pertenecen; y las connotaciones que existen cuando se trata de proteger o perder, preservar o deteriorar, multiplicar o reducir, usar o abandonar sus bienes materiales, bajo un esquema normativo cambiante e inestable. Asimismo, el establecimiento de éste derecho presupone que el Estado cede a sus ciudadanos y ciudadanas una fuente de poder político, cuya solidez dependerá del grado de respaldo jurídico efectivo que le otorgue el mismo Estado. Con este poder político, los individuos adquieren un papel más preponderante en las actividades económicas donde participa; pueden escalar mejores posiciones dentro de la estratificación del trabajo; y tienen mejor disposición para asumir iniciativas políticas.
No obstante, en virtud que la propiedad privada parte de aquel “egoísmo primitivo”, no es inapropiado cuestionar cuando algunos pensadores izquierdistas recomiendan que la propiedad privada debería ser redefinida nominalmente en todas las constituciones del mundo, por un concepto más dúctil qué podría ser: propiedad no social o propiedad no pública, porque el concepto de propiedad privada sugiere que el ser humano es propietario de algún bien material, cuando en realidad algunos se preguntan: ¿qué realmente es propio del ser humano?. La tesis marxista más pura expone que ningún individuo es dueño de nada y sí es así, entonces nadie puede vender nada; de igual forma, expone que no existe nada que tenga un vínculo tan profundo con la persona, ya que todo aquello que esta fuera del cuerpo humano, sea trabajada o adquirida, no complementa la humanidad de la persona. La propiedad privada se vislumbra en este contexto como un derecho irreal, falso; un derecho de uso pasajero de los objetos , pero que se ha consolidado en los excesos de los sistemas capitalistas y neoliberales; por eso hablar de “propiedad no social”, resulta más realista, porque nada es legítimamente digno de ser declarado propiedad privada. Más bien, ejercer la propiedad privada sobre un objeto material es un hecho periódico, finito y fortuito, correlativa al período de vida de los propietarios y sus generaciones. Pero como se ha institucionalizado esa irrealidad, con la cual ya es imposible luchar por la reiterada práctica que ha tenido a nivel mundial, entonces, al menos, es preciso utilizar un concepto más adecuado (en nombre) para describir la situación de tenencia entre un individuo y cualquier objeto material que aluda le pertenece en su forma más exacta.

Ante estos planteamientos el concepto propiedad no social o no pública se ubica en un nivel muy insustancial como para llamar la atención a los países sumidos bajo las reglas del neoliberalismo. En cambio, resulta curioso ver cómo este concepto no se ha trasladado o utilizado en sistemas políticos de transición al socialismo, donde creemos adquiriría una connotación más sustancial, dado que los sistemas de transición dependen en gran medida para su éxito de un bagaje simbólico e ideológico, que siempre va en búsqueda de cualquier insumo, objetivo o sustantivo, que hagan más evidente que el socialismo es algo muy diferente al capitalismo, o a cualquier otro sistema político. Así, el concepto de “propiedad no social” podría tener cierto éxito en el Socialismo del Siglo XXI porque serviría como concepto simbólico, ajustado a la ideología, y tan nuevo como para perfeccionar y volver realista el sistema legal de protección de los bienes privados al menos en su aspecto nominal, no obstante, su inclusión requeriría de una profunda definición constitucional a fin de dejar en claro lo que en realidad se pretende decir con este constructo.

Sin embargo, mientras llega esa etapa de discusión, la propiedad privada seguirá siendo entendida como un derecho consustancial al ascenso y hegemonía del Estado moderno, tan importante como para justificar la existencia de ese Estado, al menos para los ojos del viejo liberalismo, el cual, en sus versiones modernas, añade que la propiedad privada constituye el apoyo y la garantía de la dignidad de la persona, por lo que debe ser protegida; porque lo que se posee, es una extensión de la humanidad del hombre, y si es así, todo lo que pertenece a la humanidad del hombre es “sacro”. Pero si bien, la propiedad es la proyección de la personalidad sobre la materia (CFR.- GONZALO PATRIZI: 1938), ese carácter sagrado en el Socialismo del Siglo XXI, ha de quedar como quedó en la CRBV, totalmente condicionado a utilidad pública o interés social. Y aunque las teorías sobre la propiedad privada se expandan por el mundo, adoptando nuevos matices como apariencias incluyentes, cuando en realidad oculta una versión moderna de las tesis neoliberales, como la propiedad corporativa, donde varios individuos, o personas jurídicas, comparten taxativamente la propiedad de algún mismo bien, es preciso seguir la continuidad a lo que hemos conocido como propiedad privada, sin perder la identidad venezolana y sin caer al vulgar corporativismo.




B) PROPIEDAD PÚBLICA:

La CRBV enuncia la propiedad del Estado en el mismo artículo 115 , en el apartado que reza de la siguiente manera: “…sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes” (CFR.- DIAZ, Rangel: 2005). De este aparte, se reconoce la idea que el mismo Estado podrá ser propietario y justifica su derecho porque es un sujeto peculiar y los bienes materiales que tutela son de carácter público, lo que implica una no rivalidad con otro individuo o ente y, mucho menos, el uso de la práctica del principio de exclusión. Los objetos materiales regulados bajo este derecho de propiedad, están sometidos a un régimen jurídico especial; el dominio público, el cual ha sido considerado por la doctrina como: “El conjunto de bienes de propiedad pública del estado, afectados al uso público directo o indirecto de los habitantes, y sometido a un régimen jurídico especial de derecho público y, por tanto, exorbitante del derecho privado” (CFR.- ESCOLA: 1989).

La noción conceptual del dominio público no nació a partir de un proceso legislativo, más bien su construcción es de carácter doctrinario y jurisprudencial, sin embargo, en muchas ocasiones ha sido objeto de confusión, por ejemplo, con los servicios públicos, la obra pública, la jurisdicción, el instrumento público y la expropiación. En el primer caso, la diferencia entre el dominio público y los servicios públicos, es que el dominio público se trata de un conjunto de bienes, en tanto que en el caso del servicio público se trata de una prestación que realiza la Administración. Además, los bienes afectados al servicio público pueden no pertenecer al dominio público (bienes del concesionario de un servicio público, que son privados). En el segundo caso, la diferencia entre dominio público y obra pública, consiste en que la obra pública incumbe los bienes muebles o inmuebles que se ejecutan con un fin de utilidad general, sea por el Estado directamente, sea por un particular. Las obras públicas que realiza directamente el Estado por administración o indirectamente por medio del contrato de obra pública o de concesión de obra pública, como se realizan con un fin de utilidad general, entendemos que forman parte del dominio público. Pero, sin embargo, existen bienes del dominio público no construidos por la mano del hombre, es decir, que no resultan como consecuencia de la ejecución de una obra pública (un río). En el tercer caso, la diferencia entre dominio público y jurisdicción, yace en que dentro de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, que establece la municipalidad o las gobernaciones, estas instancias tienen dominio de bienes que se encuentren en su territorio, pero algunos de estos bienes pueden estar sujetos a la jurisdicción de la Nación (ríos navegables). En el cuarto caso, la diferencia entre el dominio público y el instrumento público, reside en que los instrumentos públicos pueden o no formar parte del dominio público. Un instrumento público que sea un documento de carácter histórico, puede estar en manos de particulares y ser un bien privado. Pero si ese bien entrara a formar parte de la colección de un museo, pasaría a formar parte del dominio público. Finalmente, la diferencia entre dominio público y la expropiación, es que el dominio público constituye un conjunto de bienes sometidos un régimen jurídico especial, en cambio la expropiación constituye el procedimiento de derecho público por medio del cual un bien es transferido de un patrimonio a otro por causa de utilidad pública.

Ahora bien, el dominio público está sometido, a su vez, a un régimen jurídico especial del Derecho Público, caracterizado por su inalienabilidad e imprescriptibilidad, como también por hallarse sujeto a la supervisón que sobre él se ejerce y que se manifiesta con modalidades propias y específicas por parte del Estado. Y si bien todos los bienes del dominio público tienen el mismo régimen jurídico especial, adaptado a sus respectivas modalidades particulares, el régimen puede tener dos ámbitos de ejecución, en virtud que los bienes pueden ser de carácter estatal y no-estatal .



Propiedad Pública Estatal:

La propiedad estatal se reconoce cuando el Estado asume el derecho de disposición total sobre diversos bienes y servicios; y las personas que integran al Estado, es decir, los políticos, funcionarios, dirigentes, secretarios, gerentes, son quienes determinan las modalidades del uso, goce y disfrute de los bienes y servicios tutelados, en nombre de la sociedad a la cual representan . Este derecho esta sustentado en principios legales y legítimos desprendidos de la constitución y las leyes por razones de interés general. Pero, en este caso las normativas no tienen la misma finalidad de poner limitaciones legales “externas” en razón de la “función social” tal como ocurre con la propiedad privada, sino que tiene por finalidad primaria la satisfacción plena de los intereses del propietario (el beneficio del Estado). Más bien, la limitante a la propiedad pública estatal proviene del pueblo. El Estado carece “legalmente” de libertad plena para administrar tales bienes, ya que la propiedad Estatal consiste en una propiedad teleológica o axiológica, ligada a la realización de unos fines-valores de trascendencia colectiva. Para los efectos, de forma imperceptible, pero latente, la propiedad estatal está inexorablemente afectada por los intereses generales de la comunidad indeterminada de ciudadanos o de la organización que da el funcionamiento al Estado, y éste ejecutara su control, por ejemplo, cuando el Estado ponga en riesgo la preservación de bienes a los que tales colectividades otorgan un valor trascendente, y que, por tanto, desean poder transmitir a sus sucesores (principio de Equidad Intergeneracional). En esas coyunturas, es cuando más se exalta las notas de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad (CFR.- MEIER: 2005), pertenecientes a la concepción del dominio público. En síntesis, la propiedad Estatal halla en la Ley el impulso político necesario para expandir el alcance de su capacidad de tenencia y sólo encontrará en el pueblo la limitante a sus acciones. De igual manera, las fronteras nacionales serán una limitante a este derecho, porque más allá de ellas ya no se hablaría de propiedad estatal, sino de propiedad nacional. La capacidad de tenencia del Estado en el plano internacional se circunscribe dentro del concepto de soberanía de cada pueblo. La soberanía de cada pueblo, nación o Estado sobre sus recursos naturales: mineros, agrícola-ganaderos, hídricos, etc. puede ser entendida como cierto ejercicio de la propiedad Estatal en relación a los demás pueblos, naciones o estados; pero la misma relación aplica cuando el Estado adquiere un bien material más allá de sus fronteras. Si por ejemplo un Estado adquiere una empresa en otro país, esa empresa sería propiedad Estatal para todo aquel espectador que tenga la nacionalidad del Estado comprador. No así para los demás espectadores, quienes verán la relación de compra y venta como una nacionalización.

Propiedad Pública No Estatal:

En un principio la propiedad pública no estatal se enfocaba más a la creación de espacios híbridos de relación entre Estado y mercado, donde las instituciones estaban sujetas a un doble control por la competencia de mercado y por controles sociales directos. Estas entidades públicas serán convertidas en organizaciones sociales a ser “contratadas” para generar bienes públicos financiados por el Estado (CFR.- FLEURY: 2000; DOURADO: 2002). Posteriormente, el reconocimiento de un espacio público no-estatal se caracterizaría porque el uso del poder-de-Estado se complementa con el control social directo de los bienes materiales, dejando en una posición desventajaza las fuerzas del mercado como elemento de dominio. El Estado cede parte de su control sobre la propiedad e incorpora a sus ciudadanos y ciudadanas para realizar una cogestión adecuada, lo que significa la ampliación del carácter democrático y participativo de la esfera pública, subordinada a un Derecho Público renovado y ampliado. Según lo observa Tarso Genro (1996):

"La reacción social causada por la exclusión, por la fragmentación, la emergencia de nuevos modos de vida comunitaria (que buscan en la influencia sobre el Estado el rescate de la ciudadanía y de la dignidad social del grupo), hacen surgir una nueva esfera pública no-Estatal... Surge, entonces, un nuevo Derecho Público como respuesta a la impotencia del Estado y de sus mecanismos de representación política. Un Derecho Público cuyas reglas son a veces formalizadas, otras no, e intentan un proceso de cogestión, que combina democracia directa -de participación voluntaria- con la representación política prevista por las normas escritas provenientes de la voluntad estatal".

El origen de esta forma de propiedad no-estatal cogestionada proviene del re-examen académico sobre las relaciones Estado-sociedad y empresariales producidas en el siglo XX, las cuales pretendían crear una tercera dimensión diferente a la propiedad privada o pública, que superara la visión dicotómica que enfrenta de manera absoluta lo estatal con lo privado, abriera nuevas perspectivas para la democracia, facilitara el surgimiento de formas de control social directo y de asociación, y apuntalara la autonomía administrativa y financiera de las empresas, todo bajo un marco carácter público compartido (CUNILL: 1995: 31-33). La idea ulterior era hacer que la sociedad tuviera más posibilidades de estar permanentemente atestiguando la validez de los servicios prestados, involucrándola directamente en la cogestión con el Estado. Entre las propiedades no-públicas clásicas neoliberales se pueden nombrar las universidades, las escuelas técnicas, los centros de investigación, los hospitales, los museos, etc., pero recientemente, en los contextos socialistas este tipo de propiedad a escalado a niveles más desarrollados con la emergencia de figuras como las empresas mixtas de producción, las empresas de producción social y las empresas socialistas, entre otras, las cuales parecen ser la mejor expresión de éste tipo de propiedad (CFR.- BRESSER PEREIRA: 1996).

C) PROPIEDAD ASOCIATIVA:

Mientras en la propiedad privada el dueño es una persona (o personas) definida y en la propiedad pública el dueño es el gobierno; en la propiedad asociativa la tenencia esta depositada en un grupo de individuos que, formalmente o no, se articulan para compartir una extensión de terreno a fin de hacer productiva la tierra, como propósito o beneficio común, sea o no lucrativo. La CRBV así lo establece en el Artículo 307 cuando reza: “El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y particulares de propiedad para garantizar la producción agrícola”. En principio este tipo de propiedad pretende reivindicar un ideal humano para lograr la orientación y el desarrollo del “Ser” como cualidad potencial de creatividad, aplicada a procesos de producción cuyo producto se asigna para resolver los problemas del desarrollo integral y sostenible y como fundamento para crear un nuevo hombre para un nuevo orden social. Sin embargo, muchos consideran que el aspecto más crucial de la propiedad asociativa es que cuando llega a nivel constitucional el Estado adquiere el deber de “facilitar a los trabajadores el acceso a la propiedad” (MUÑOZ, B.; SARQUIS, E.: 1999); crear oportunidades de emancipación a las comunidades rurales; coadyuvar el desarrollo agropecuario y, por consiguiente, económico y social del país; hacer efectiva la función social agraria; y expandir el alcance de una justifica básica, donde las personas tengan acceso a la propiedad sin mayor interferencia.

Las formas asociativas de propiedad están dirigidas a reconocer la existencia de una propiedad regida por principios democráticos, en la cual el dominio es un accidente dentro del proceso de gestación y desarrollo de actividades solidarias (CRF.- HERNANDEZ GALINDO: 1997). De igual forma, este tipo de propiedad se expresa a través de formas de micropropiedad, caracterizadas porque a partir de la micropropiedad surgen relaciones de producción para autoconsumo con una comercialización eventual de los excedentes hacia un mercado local. Esto se debe a que las formas micropropiedad no favorecen la acumulación de capital (maquinaria, ganado bovino), o inversiones en la explotación (renta de terrenos, compra de insumos), debido a su carácter reducido. Los titulares de éstos derechos pueden funcionar aisladamente en el mercado, compitiendo como cualquier empresa, pero sin serlo, con posibilidades para transformarse en grandes asociaciones autogestionadas por sus trabajadores, o pueden integrarse en redes con otros emprendimientos propios de la economía social, o en cadenas productivas tradicionales y con sectores que han sido tradicionalmente excluidos (CFR.- CIBANK: 2005). Por esta razón, este tipo de propiedad no constituye un nuevo modelo social, sino, en todo caso, una alternativa de gestión de la propiedad, en el marco de un sistema predominantemente capitalista; de eficiencia productiva y, especialmente, una alternativa para el logro de la equidad social.

Con la inclusión de este tipo de propiedad, la CRBV dio un paso gigantesco en lo que se refiere a conquistas democráticas, porque se había incorporado uno de los estadios más modernos y complejos dentro de las dimensiones de la propiedad. El reconocimiento de este tipo de propiedad es un mensaje claro del constituyente que entiende la necesidad de desarrollar la economía de escala de los pequeños propietarios en actividades asociadas a la rama agrícola (en la adquisición de insumos o en la comercialización de productos, por ejemplo), para que estén en mejores condiciones de competir con la “gran propiedad territorial” y el latifundismo (CFR.- OCAMPO: 2004).

Este tipo de propiedad también se le conoce como propiedad solidaria y como una de las formas alternativas o particulares de propiedad, conjuntamente con la propiedad comunal, la propiedad cooperativa y la propiedad social. Se contrapone a la propiedad privada, porque la racionalidad de la propiedad privada es la satisfacción de las necesidades propias, mientras que la racionalidad de la propiedad asociativa es el bien del colectivo, el logro de fines comunes, dentro del marco de la "economía solidaria", trabajo colectivo, autogestión, cogestión, lo que en conjunto le otorga un sentido social o comunitario y un manejo participativo a las decisiones y los resultados, sin contar que prioriza el trabajo frente a cualquier otro componente empresarial porque se toma en cuentan la identidad e importancia de quien lo ejecuta.

Vale destacar que la propiedad asociativa tiene gran similitud con la propiedad cooperativa (propiedad colectiva privada), porque ambas: 1) dan un sentido o carácter social o comunitario y un manejo participativo a las decisiones y los resultados; 2) priorizan el trabajo frente a cualquier otro componente empresarial y reconoce plena identidad e importancia a quien lo ejecuta; y 3) se distancian de la propiedad capitalista en el sentido que no se abroga todos los poderes y no excluye al trabajador de toda participación en las decisiones y en el uso de la ganancia y no lo define como un componente incómodo, costoso y necesario sólo en la medida en que no pueda ser reemplazado por la tecnología (CFR.- MORENO AVENDAÑO: 2001). En cambio, se diferencia de la propiedad cooperativa, porque ésta última surge dentro de los sistemas económicos de transición al socialismo (sobre todo en sectores micro, pequeños y medianos productivos) y sobrevive, incluso, en los sistemas socialistas. Según la teoría de la Economía Social, la propiedad asociativa aparece dentro de los sistemas capitalistas o en los sistemas económicos de transición hacia esquemas socialistas, pero no avanza más de allí, porque termina transformándose en propiedad cooperativa. Esto sugiere que la propiedad asociativa es la fase previa a la propiedad cooperativa, donde 1) los propietarios son un número reducido de personas que participan conjunta y equitativamente en los beneficios; 2) excluye la explotación del hombre por el hombre; 3) hace perfectamente posible el desenvolvimiento planificado de la producción, el trabajo colectivo y la aplicación del principio socialista de distribución según el trabajo; 4) evita que el control de los bienes queden bajo el control de una sola persona; y 5) pondera que los medios de producción sean ejercidos parcial o totalmente por los integrantes de la asociación de autogestión o cogestión.

Finalmente, la propiedad asociativa impulsa cambios sustanciales en la esfera de las relaciones obrero-patronales de los sistemas capitalistas. La tradicional subordinación de las relaciones laborales, generadora de conflictos, tiende a dar paso a la corresponsabilidad, cooperación, solidaridad y concurrencia. El hecho que exista simultaneidad en el derecho que varios individuos tienen respecto a una cosa, hace posible un verdadero affectio societatis que elimina las fuentes del conflicto. Esto diferencia a la propiedad asociativa de la privada y el carácter determinable de los titulares de este derecho, también lo diferencia de la propiedad colectiva, social y comunal.

D) PROPIEDAD COLECTIVA:

La CRBV se refiere a la propiedad colectiva, expuesta en el artículo 308 de la Constitución, aunque es de nuestro juicio que el constituyente cometió una sensible equivocación al utilizar el término propiedad colectiva, cuando en realidad debió referirse a otros tipos de propiedad, como propiedad social o propiedad cooperativa. El constituyente insinúa en el artículo 308 de la CRBV que las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, están sujetas a la propiedad colectiva, cuando ésta en realidad significa una relación jurídica muy distinta a la planteada. Esta confusión quizás se debió a tres factores: 1) por el hecho que el proceso constituyente de 1999 se caracterizó porque las discusiones estaban dominadas por abogados constitucionalistas como ya se había dicho; 2) por el hecho que los principios cooperativistas en el contexto social de la época, eran precarios por cuanto en el país existía a penas unas 5000 cooperativas y hoy más de 160 mil; y 3) por el hecho que la doctrina internacional que da cuenta de los derechos de propiedad en la sociedad se explica a través del pensamiento dominante neoliberal de los países industrializados, los cuales fundamentan la propiedad en paradigmas individuales y privados; soslayando derechos como los derechos colectivos , dentro de los cuales, subyace la propiedad colectiva y comunal; y los derechos difusos, donde subyace la propiedad social; y niegan los tipos de propiedad provenientes del derecho socialista, es decir, la propiedad socialista y su consecuente propiedad cooperativa.

Para 1999 el significado de la propiedad cooperativa y propiedad colectiva era el mismo para los constituyentes, y aunque se trató de aclararles la confusión, nada pudo hacerse ante las posiciones “incuestionables y magníficos discernimientos de los abogados, dueños amos y señores autoproclamados cuando se habla de política, cooperativa y de Estado”. Los constituyentes consideraron que las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, podían estar inscritas en un régimen de propiedad colectiva, suponiendo que éste tipo de propiedad podía existir internamente dentro de estas asociaciones indiferentemente. No obstante, el término utilizado no fue el más adecuado.

La propiedad colectiva, según la doctrina es un derecho que involucra a un grupo de individuos subjetivamente indeterminados (sujetos colectivos) que aplica cuando ejercen efectivamente el dominio y acceso a un determinado bien material, sin que exista un vínculo formal entre ambos, pero con la existencia de un vínculo directo que les permite gozar de beneficios de interés común. Dado que la propiedad colectiva, se halla dentro de los derechos colectivos, los titulares de este derecho se distinguen porque no están organizados bajo la modalidad de personas jurídicas o morales en el sentido reconocido por el derecho positivo, lo que comporta una diferencia crucial, a saber, la forma de su actuación. Entre los sujetos colectivos encontramos a las naciones, los pueblos, las comunidades, minorías étnicas, religiosas o de género, entre otros, y en ningún caso se puede utilizar el concepto para incumbir a la humanidad en general. Sin embargo, el carácter específico de quieres son titulares de este derecho no querrá decir tampoco que existe la misma especificidad sobre los tipos de bienes materiales que pueden ser objeto de propiedad colectiva. De hecho, los sujetos colectivos pueden tener dominio y acceso sobre bienes materiales que van desde una plaza pública hasta una simple hacha. Por ejemplo, si imaginamos una comunidad indígena del Sur de Venezuela donde todos sus miembros usan una sola hacha para realizar sus faenas de caza, pesca y recolección, ningún pueblo proveniente del Este asiático puede reclamarla como suya. El régimen de tenencia impuesto sobre la mencionada hacha indica que la misma pertenece a esa comunidad indígena en cuestión; por lo que esa hacha es propiedad colectiva de esa comunidad; y el pueblo asiático no podrá reclamar sentirse afectado al no poder revindicarse la propiedad de la hacha, por considerarse que el pueblo indígena tiene un grado de proximidad o vínculo mucho más estrecho con el hacha que aquel pueblo asiático. El pueblo indígena no necesita un documento jurídico debidamente notariado para demostrar que el hacha le pertenece, de allí nace un vínculo no objetivo, pero directo, y más bien subjetivo, que recrea las mismas consecuencias sociales que se perciben cómo si la tenencia se efectuara bajo el régimen de parámetros formales, porque la violación de su derecho de propiedad colectiva sobre el hacha, exigiría por parte de ellos un genuino reclamo frente a otros grupos humanos. No obstante, pese a que la propiedad colectiva puede expresarse en formas similares a la propiedad privada, sea porque la tenencia de los bienes materiales puede tener un carácter ilimitado en el tiempo, o porque se tiene la posibilidad de trasmitir los bienes materiales por herencia a los descendientes, sin contar que se tiene seguridad frente a terceros; la propiedad colectiva tiene un atributo insuperable del que carece la propiedad privada: y es que precisamente se ejerce en forma colectiva, lo que le da mucha más fortaleza, una fortaleza que va más allá de las seguridades legales, porque nace no de la letra escrita sino de la solidaridad.

La propiedad colectiva funciona así como la verdadera garantía de la permanencia de la organización solidaria y de la vigencia de sus principios. Mientras la propiedad privada actúa como un dique separador, poniendo límites infranqueables entre “lo tuyo y lo mío”, la propiedad colectiva, con su sentido de “lo nuestro”, actúa como un vigoroso lazo de unión permanente (CFR.- FUCVAM: 2005). De allí nace la idea que la propiedad colectiva es informal, exclusiva, inalienable y, especialmente, acumulativa, por cuanto los objetos caracterizados por estar bajo este régimen de propiedad, se vuelven receptáculos o depósitos inagotables, de los sentimientos de pertenencia de las voluntades humanas, es decir, de los sujetos colectivos a lo largo de extensos períodos de tiempo. Además, la propiedad colectiva expone una conciencia de igualdad al momento de ejecutarse, por cuanto todos los individuos involucrados comparten proporcionalmente la misma posición como propietarios de ese objeto, porque cada individuo se identifica con relación al otro, cuando se reparte equitativa y combinadamente los beneficios arrojados por su dominio y acceso a la propiedad colectiva que poseen.

En vista de lo anterior, pareciera inapropiado el término propiedad colectiva en el contenido del Artículo 308, porque expone un conjunto de ideas contrarias a las que indica la doctrina. Más bien, el término correcto pudo haber sido propiedad privada, social o propiedad cooperativa, al menos, para dar cuenta de las relaciones de trabajo colectivo, cogestión y autogestión que caracterizan a esas organizaciones que enuncia el artículo 308. Sino, hubiese sido mejor una redacción más ajustada del citado artículo, porque indefectiblemente su desarrollo no esta muy claro para la politología, a diferencia del derecho, que para los efectos es, claro esta: “perfecto” .

Por otro lado, es preciso indicar que hay líneas de pensamiento que indican que la propiedad colectiva no es realmente una forma de propiedad, sino que se trata de ausencia de propiedad (CFR.- BRAY: 2004). En cambio, las líneas que afirman su existencia argumentan no sólo su carácter material, sino que van más allá, por ejemplo, hasta implicarla como una propiedad privada colectiva, tal cual como una corporación (CFR.- MCKEAN: 2000); que genera otros derechos: derecho de exclusión (derecho y capacidad de los dueños de excluir a otros usuarios potenciales del recurso); derechos de acceso y/o uso; derecho de regulación, que remite a la capacidad de los propietarios a decidir sobre los usos y reglas de uso y protección de los bienes de su propiedad, derecho de enajenación de los bienes (el derecho a venderlos, rentarlos o hipotecarlos) y el derecho de herencia (CFR.- AGRAWAL: 2001; LYNCH: 2000). De igual forma, argumentan que la propiedad privada colectiva constituye el tipo de propiedad que potencialmente presenta “mayores ventajas a la gestión sustentable de recursos de tipo común”, y permite enfrentar de manera más adecuada los retos que se derivan de la alta rivalidad entre los pueblos por los recursos comunes y “abre la posibilidad de incluir a usuarios potenciales en la definición, observancia y monitoreo de las reglas de apropiación y provisión orientadas al uso sostenido, es decir, a la permanencia de los recursos” (BRAY: 2004).

Finalmente, estas aportaciones señalan que la propiedad colectiva no es ni remotamente un tipo de propiedad en proceso de disolución o desaparición y lejos de eso, a medida que se profundiza sobre su naturaleza, se contribuye a romper con la noción de que los tipos de propiedad son homogéneos e intangibles. Pero se ha hecho evidente que el uso arbitrario de los conceptos es lo que ha favorecido a que se tenga una imagen parcializada de la verdadera realidad que compone a la propiedad colectiva y a las demás relaciones jurídicas que tratan sobre los derechos de tenencia. En ese contexto, es deseable buscar a través del Derecho Comparado, con cooperación de los mismos Estados, un necesario orden conceptual, porque las interpretaciones dispares que caracterizan a nivel mundial la doctrina jurídica se esta volviendo el principal punto de retrazo para el desarrollo de los pueblos latinoamericanos. Como respuesta a esa circunstancia, desde 1999 el Estado venezolano se ha lanzado a la vanguardia por ofrecer sustanciosas definiciones de conceptos dentro de sus normativas promulgadas, con el objeto de profundizar el acuerdo, no sólo, entre sus ciudadanos y ciudadanas, sino también, el entendimiento con los demás países del mundo; y dar respuesta a fuerzas sociales internacionales que pretenden expandir e implantar conceptos e idearios encuadrados en matices neoliberales por los países latinoamericanos, con palpables deficiencias en cuanto al contenido del fondo y forma de las connotaciones definitorias .

El sentido de desarrollo conceptual implementado por Venezuela en sus leyes ha abierto caminos para el entendimiento sin lugar a dudas, ya que es un elemento innovador que facilita la aprehensión intelectual del derecho venezolano. Por ejemplo, cuando el Estado venezolano estableció la definición de la constitución del régimen de propiedad en el artículo 37 de la Ley Especial De Regularización Integral De La Tenencia De La Tierra De Los Asentamientos Urbanos Populares (2006) , mencionado que era: “el acto jurídico formal mediante el cual una comunidad, que así lo decida en asamblea de ciudadanos y ciudadanas, acuerda solicitar el otorgamiento de la titularidad colectiva del lote total del terreno que ocupa, con el objeto de garantizar la permanencia física de su asentamiento urbano popular y el mejor aprovechamiento de su hábitat, en el que sus habitantes tienen el derecho exclusivo de uso, aprovechamiento y disfrute”; el Estado expone qué entiende por ese tipo de régimen y, a la vez, reduce las posibles interpretaciones alternativas que pudieran generarse si no se hubiese definido ese régimen de tenencia. Esto sin duda, favorece el acuerdo y la exportación de los elementos sustantivos de la revolución bolivariana a las universidades mundiales y, desde ya, parece que será un elemento terminante en la construcción del Socialismo del Siglo XXI, por cuanto la precisión de los conceptos servirá como parámetro de referencia para el entendimiento del proceso de transición en que se sumirá Venezuela y, además, servirá para que las sociedades del mundo entiendan por qué en Venezuela, por ejemplo: la propiedad colectiva, se circunscribe a una gama específica de bienes y servicios, como el estado de una calle, en una determinada localidad, por cuanto acceso y dominio dependerá de la comunidad que la circunde y los Consejos Comunales; y no meramente de la Municipalidad, la Gobernación o el Estado Nacional.


E) LA PROPIEDAD SOCIAL:

La propiedad social se define como el sistema de relaciones humanas que se caracteriza por presentar un régimen de tenencia o apropiación colectiva de los individuos sobre bienes o servicios que a su vez se diferencia profundamente de todos aquellos modos y sistemas de tenencia individual (privada), asociada, cooperativa o pública que tradicionalmente se hayan en los sistemas políticos de corte capitalista y no empieza donde termina la propiedad privada, sino donde termina la propiedad estatal. Este tipo de propiedad insinúa una innovadora forma de reinterpretar el tradicional vínculo entre el propietario y la “cosa” que éste posee, porque ahora la propiedad se entiende como socializada, es decir, que la propiedad de los bienes y servicios son patrimonio de la sociedad o comunidad como ente. Hasta este punto la propiedad social no se diferencia de la propiedad socialista, pero la diferencia aparece cuando se entiende que la propiedad social tiene sus limitantes, sea por aquellas que establezcan las leyes y demás normativas de un Estado o sea por el grado de especificidad ya que la propiedad social opera con titulares y objetos muy particulares.

En un primer momento histórico, a mediados del siglo XIX, y con respecto al breve auge del Socialismo Utópico, se habló que la propiedad socialista se aplicaba cuando los trabajadores ejercían la tenencia fáctica de los medios de producción. Pero conforme avanzaron las discusiones surgió la idea que podía existir una etapa previa a la propiedad socialista, es decir, la propiedad social, la cual nace en etapas de transición política hacia el socialismo, a diferencia de la propiedad socialista que nace dentro del socialismo. Además, se pensó que la propiedad social podía ser aplicada a cualquier bien o servicio presente en las comunidades, no obstante, gracias a hondos análisis revisionistas sobre el Socialismo Utópico, hoy la teoría moderna de la propiedad social hace mención que ésta se circunscribe, efectivamente, tal cual como la propiedad socialista, sobre los medios de producción (fábricas, maquinarias, instalaciones industriales y de servicios, capital, tierras, tecnología y medios de trabajo en general) que pertenecen a rubros de estratégica importancia para el Estado; siendo “la única” diferencia entre ellas que los titulares del derecho de propiedad social puede ser un sujeto difuso, es decir, una comunidad o un pueblo, entretanto, la teoría de la propiedad socialista sigue invariable al afirmar que los titulares de ese derecho son un sujeto no difuso, sino determinable: los trabajadores.

El sujeto difuso de la propiedad social parte de una escisión de pensamiento socialista clásico que si bien explica que los medios de producción no deberían ser controlados por pocas manos, como ocurre en el capitalismo, debido a que acelera, profundiza y ensancha la brecha que separa a las clases sociales, lo que a su vez significa la emergencia de una clase más poderosa y el hundimiento de otra clase empobrecida, excluida y olvidada, en el socialismo puede ocurrir lo mismo, cuando la propiedad de los medios de producción queda reducida al dominio y acceso a los trabajadores. Ante esta prevención, los pensadores consideran que si los medios de producción pertenecieran al pueblo, entonces los beneficios obtenidos no se distribuirían meramente en un puñado de individuos, sino que se trasladarían a toda la comunidad en beneficio de cada uno de sus individuos. Al concebirse los medios de producción como propiedad social, se establece que ellos le pertenecen a todo el pueblo y, por consiguiente, “los resultados del trabajo que se realiza dentro del proceso de producción de este tipo de propiedad son de beneficio enteramente social” (BORREGO: 2006, 93).

Ahora bien, recientemente ha surgido una línea de pensamiento crítica que pretende diferenciar más aún a la propiedad social de la propiedad socialista, la cual ha ganado cierto interés en algunos grupos políticos de izquierda latinoamericana. Partiendo del principio que las circunstancias en que se encuentra la tenencia de los medios de producción, es de vital importancia para la compresión del concepto de propiedad social, estos pensadores reconocen que el desarrollo de la propiedad social depende enteramente del grado de cultura cívica y participación ciudadana del pueblo y de la organización del Estado (CFR.- ISA CONDE: 2007). En su criterio, la propiedad social está condicionada por la forma en que ocurre la participación de sus actores en el proceso de producción material. El grado de activismo y voluntarismo de la participación política de los ciudadanos y ciudadanas dará no sólo valor, consonancia, reconocimiento, legalidad y legitimidad a la propiedad social, sino también al Estado democrático, quien tendrá el deber de extender a la sociedad, los principios y valores necesarios para que los medios de producción sean verdaderamente gestionados, controlados y racionalizados por todos los poseedores (el pueblo) y en forma democrática. En segundo lugar, la organización del Estado será la que coadyuvará el ascenso de este tipo de propiedad en la medida que asuma una nueva institucionalidad que no responda necesariamente a los intereses oligárquicos tan propios del los sistemas políticos de corte neoliberal, y responda a los intereses comunes de la sociedad que busca la mayor eficiencia, calidad y eficacia de la producción social (CFR.- BORREGO: 2006, 93). Entonces, mientras que el Estado ejerce la representación del pueblo, teniendo a su cargo la planificación central participativa, y mientras los trabajadores y trabajadoras (ciudadanos y ciudadanas) a través de instancias políticas (como los Consejos Comunales), ejercen el control directivo sobre el proceso productivo y administrativo, participando en la definición de los planes e, incluso, creando centros de trabajo que podrían transformarse en empresas socialistas; la propiedad social surgirá como un cuerpo consolidado y definido.

Pareciera que la participación ciudadana y la organización del Estado son elementos consustanciales para el grado de fortalecimiento y desarrollo de la propiedad social, pero la actividad política e iniciativa popular de los ciudadanos y el ordenamiento jurídico adecuado y la promoción estatal de formas de asociación comunitaria, son las expresiones puntuales en donde recaen las responsabilidades si se quiere institucionalizar esta nueva forma de propiedad y revitalizar el vínculo con la tradición del socialismo asociacionista (socialismo utópico) y con los derechos difusos. En la doctrina jurídica, la propiedad social ocupa un puesto reducido, pero no insignificante, dentro de la esfera de los derechos difusos, conjuntamente con los derechos del medio ambiente, los derechos de los consumidores (no involucrados en una relación mercantil concreta), el derecho a la cooperación internacional, el derecho a la paz, el derecho a la salud, a la educación o a la vivienda, entre otros. En el derecho difuso la titularidad de un bien o servicio no es individualizable, sino que pertenece a personas indeterminadas, a una pluralidad de sujetos indeterminada, es decir, a todos los miembros de la humanidad. Esto diferencia a los derechos difusos de los derechos colectivos, los cuales se distinguen por su especificidad, están referidos a grupos determinables más no determinados, porque es relativamente posible determinar quienes concretamente pueden reclamarlos o son afectados por su violación. No obstante, ambos derechos se asemejan porque trascienden al derecho individual, es decir, ambos son supraindividuales (CFR.- CISNEROS: 2004).

Según la jurisprudencia argentina, los derechos difusos son “preponderantemente derechos híbridos, que poseen alma pública y un cuerpo privado, que trasciende el derecho subjetivo particular y extiende el campo de la protección pública… En consecuencia, es inevitable ensanchar el catálogo de habilitados para obrar en defensa de los intereses difusos, derechos de incidencia colectiva, derechos ambientales, para evitar perjuicios”. Además, ellos han sido denominados como los derechos de la tercera generación, cuyo reconocimiento internacional fue históricamente posterior a la de los derechos civiles y políticos (primera generación) y a la de los derechos económicos, sociales y culturales (segunda generación) (CFR.- GRIJALVA: 2005). De igual forma, los derechos difusos también se circunscriben a los denominados derechos del futuro, por cuanto las amenazas y violaciones a la que constantemente se someten el objeto jurídico de los derechos difusos no sólo afecta a todos, sino que también afecta a las generaciones futuras, restringiendo así el posterior disfrute del bienestar que tornen la vida digna de ser vivida (CFR.- SÊDA). De allí que los derechos de propiedad que integran la esfera del derecho difuso tengan interés mundial, porque es preciso salvaguardar, administrar, prolongar o mejorar la existencia de los objetos regulados, a fin que la prestación indeterminada obtenida evite poner en riesgo la calidad de vida del mañana. De esta necesidad, parten algunos esfuerzos internacionales por dar un racional, justo y democrático control a todos aquellos elementos consustanciales al derecho difuso, como es el caso de la propiedad social, la cual Jean Jaurès la definió como una propiedad cívica, medio y garantía del desarrollo de una auténtica democracia y ciudadanía social, que viene a completar la democracia y la ciudadanía política y a hacer posible el “autogobierno de los ciudadanos asociados” constituyendo así el único modo de realizar conjuntamente el socialismo y la democracia (VER.- CHANIAL: 2001).

F) PROPIEDAD COMUNAL:

La propiedad comunal, que también se le conoce como propiedad comunitaria y como una de las formas alternativas de propiedad social a niveles sub-nacionales, se define como la relación geopolítica de dominio y acceso que es detentada por los individuos pertenecientes a una comunidad que mediante acuerdos, formales o no, establecen reglas de uso, goce y disfrute sobre los bienes materiales concernientes a su localidad, o sobre todos aquellos bienes materiales que han sido reconocidos o restituidos por la comunidad, y de los cuales se “ha tenido presuntamente la posesión por tiempo inmemorial, con costumbres y prácticas comunes” (INEGI, 2004: 93). Originariamente, los regímenes de propiedad comunal evolucionaron en lugares donde la demanda de recursos ambientales era demasiado grande como para tolerar el acceso abierto a su uso, de manera que se crearon derechos de propiedad sobre el recurso; si bien algunos otros factores hacían imposible o indeseable, incluso, asignar el recurso a los mismos individuos (CFR.- CHAEL: 1997). Por otro lado, la propiedad comunal se ha percibido dentro de la mayoría de las sociedades tradicionales, locales e indígenas, como un derecho para regular el acceso y dominio de los recursos básicos de las localidades (alimentos y combustibles) y para regular la extracción de los recursos naturales. Pero las formas de su expresión eran múltiples e incipientes, sin poder establecer un todo homogéneo, porque estos derechos podían variar de un grupo de individuos a otro, a excepción de cuatro relaciones reiteradas: 1) cada persona individualmente (ancianos, hombres, mujeres, clanes, linajes, etc.) tenía derechos sobre el bien dentro de una determinada zona de recursos y a determinados recursos dentro de ella; 2) los derechos mostraban cierto grado de inalienabilidad, es decir, otras personas no podían llevárselos o dañarlos; 3) los derechos podían permanecer intangibles en el tiempo, porque no se perdían si no se usaban, ya que los individuos podían seguir siendo miembros de la comunidad, última detentadora de la propiedad comunal; y 4) la propiedad comunal estaba circunscrita tanto a elemento materiales como inmateriales, es decir, se aplicaba tanto a los recursos naturales, como a los conocimientos tradicionales que habían pertenecido popularmente a la comunidad.

Asimismo, la historia ha demostrado que éste tipo de propiedad no ha sido utilizada apropiadamente por los pueblos. En virtud que la gestión de los recursos bajo la modalidad de propiedad comunal esta relacionada a las realidades que circunscriben a los grupos locales o comunidades, determinada por una serie de factores políticos, económicos e institucionales coyunturales que pueden perfectamente hacer, por ejemplo, que la propiedad comunal parezca la salida teórica apropiada para instituir un tipo de tenencia en especial, cuando en realidad no es la opción mas acertada.

La historia contemporánea ha visto, en no muy contadas ocasiones, como las presiones demográficas, o de otro tipo, han servido para que algunas fuerzas políticas internas implanten formal y apresuradamente en su Estado, regímenes e instituciones de propiedad comunal, sin hacer la debida revisión a los distintos tipos de propiedad existentes, para definir situaciones particulares que perfectamente corresponden a otros tipos de propiedad. Los resultados de estas experiencias caracterizadas por inadvertir la necesidad de instrumentalizar correctamente los conceptos a la realidad que se pretende describir, con el objeto de dar un matiz racional, teórico e ideológico adecuado al establecimiento del Estado, han terminado en ruinosos emprendimientos que nunca pudieron crear, edificar o mantener este tipo de propiedad y que sólo han contribuido en hacer de la propiedad comunal un ámbito incomprendido, siempre susceptible de ser empleado en cualquier ocasión sin real argumento (CFR.- CHAEL: 1997). Quizás por esa razón, es que a menudo se argumenta que los acuerdos tradicionales de propiedad comunal están declinando alrededor del mundo. A parte del usual uso incorrecto de este término, el deterioro de la propiedad comunal obedece a otras situaciones, como por ejemplo, que los miembros de las comunidades pierden interés en la propiedad comunal como respuesta al deterioro de las regiones rurales, procesos de cambio social o políticas hostiles a la propiedad comunal (CFR.- ARNOLD: 1998). Sea de una u otra manera, pareciera que éste tipo de propiedad ya se encuentra en crisis sin haber madurado lo suficiente como para tener respeto a nivel mundial y que los regímenes de propiedad comunal contemporáneos que conocemos son sólo breves reminiscencias de principios de tenencia arcaicos que persisten y se niegan a desaparecer detrás de las modernas formas de tenencia (CFR.- ARNOLD: 1998). En consecuencia, instituir la propiedad comunal amerita una honda comprensión e interpretación del contexto social donde se pretende incorporar, es decir, que es preciso señalar elocuentemente la razón de su ser, su justificación, su objeto, a fin de incorporarla a un sistema político con éxito. Estas exigencias son vitales para el establecimiento concreto de la propiedad comunal, sin ellos no será posible su próspero desenvolvimiento y, tampoco, será posible que la propiedad comunal siga ostentando el estandarte de ser, en comparación con los otros tipos de propiedad, la propiedad más “caprichosa” cuando se trata de precisar los requisitos que hacen posible su establecimiento en un sistema político.

En años recientes, iniciativas locales a nivel mundial han realizado esfuerzos por contrarrestar la tendencia de declive de la propiedad comunal y han unido esfuerzos para fundar nuevas instituciones de propiedad comunal a partir de la combinación de sus formas tradicionales y modernas. El resultado ha sido una propiedad comunal orientada jurídicamente a dos grandes vértices: por un lado, orientada a regular el acceso y dominio sobre el medioambiente y, por otro, a regular todos aquellos bienes que produzcan insumos sociales. En el primer caso, lo que se busca es preservar el medio ambiente, con base a los recursos que por su naturaleza no se prestan, o sólo difícilmente; a formas de tenencia privada o pública, como los mantos acuíferos o la atmósfera (CFR.- BRAY: 2004). De igual forma, se busca sistematizar una nueva relación del ser humano con su medio circundante. Esto con el objeto de controlar cualquier tipo de exceso que contravenga la sana complexión del hábitat natural e incorporar una relación más sustentable y sostenible donde, eventualmente, se generen productos forestales no maderables, se regeneren bosques degradados y, en menor medida, se produzca madera, sin causar un daño irreversible a las comunidades del presente y del mañana. En el segundo caso, se intenta introducir la corresponsabilidad comunal sobre todos aquellos bienes que generen insumos sociales como alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, vialidad, servicios públicos, elementos de seguridad social, entre otros, todo en un marco libre de tensiones y de rivalidades. Ambos vértices si bien dan un carácter rejuvenecido a la propiedad comunal, también hacen despuntar alentadoras iniciativas sociales que añaden novedosos activos a ser sujetos de la tenencia comunal. Esto ha permitido construir experiencias únicas como la venezolana, en cuyo caso se ha comenzado a ver como el concepto de propiedad comunal se utiliza para puntualizar que las pertenencias de los Consejos Comunales son de la comunidad.

Una vez que se instituyeron los Consejos Comunales en Venezuela en el 2006, apareció el problema de cómo denominar los bienes materiales que le pertenecían. Lógicamente no podían ser definidos como propiedad pública, privada, asociativa, colectiva, cooperativa o social y así lo entendió “intuitivamente” el pueblo venezolano. Dichos bienes materiales sugerían la existencia de otro tipo de régimen de tenencia que la CRBV no contemplaba, y como consecuencia de un juego de palabras, se comenzó a utilizar el término propiedad comunal, sin que en realidad se haya cometido, a nuestro juicio, una apreciación apresurada por parte de la conciencia coloquial. En realidad, el concepto de propiedad comunal puede ser apropiado para describir la situación de los bienes materiales de los Consejos Comunales. Además, es lo suficientemente flexible como para aceptar en su seno esa connotación. Al considerarse que el Consejo Comunal es una expresión política de una comunidad en particular, constituida a partir de la voluntad política y participación de los ciudadanos de una localidad, podría decirse que los bienes materiales adquiridos por el Consejo Comunal pertenecen a la comunidad. Los miembros de la comunidad en todo momento pueden acceder a los bienes, aunque el dominio puede quedar en manos de un minúsculo cuerpo representativo (el órgano ejecutivo del consejo), no obstante, la naturaleza de ese cuerpo representativo no le confiere un dominio pleno sobre los bienes materiales que detenta, sino que ese poder reside ulteriormente en la voluntad mayoritaria de la comunidad. De esto se desprende que el dominio esta sujeto a condiciones muy propias de las comunidades, pero que de manera invariable existe un vínculo de dominio directo en la comunidad. Este tipo de relaciones de acceso y dominio permiten pensar en la suficiencia de la propiedad comunal para describir la relación de tenencia, aunque como ocurrió en las sociedades tradicionales, su estado aún es insipiente. Por lo que será el mismo pueblo venezolano el que tendrá el deber de coadyuvar el desarrollo de este régimen de tenencia a los fines de probar, o no, al mundo las bondades o desmanes de esta innovadora propuesta que, de ser positiva, como hasta ahora aparenta ser, hará temblar la racionalidad trivial del derecho neoliberal.
17.- RESGUARDO Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE: (DEMOCRACIA ECOLÓGICA Y BIOCRACIA):

En el año 2005, durante el Foro Social en Brasil, el presidente de la República Hugo Chávez indicó que en el Socialismo del Siglo XXI lo más importante es la gente, y no el capital. No se busca la acumulación del capital sino la máxima suma de felicidades. Para ponerlo en un ejemplo claro: el Socialismo de Siglo XXI no ve qué tipo de atención médica se le puede dar a una persona, según su capacidad económica; más bien actúa dando atención médica al paciente y luego se consigue los fondos que hagan falta para cubrir los gastos pertinentes (CFR.- RIVAS: 2007). El poner en énfasis el bienestar de la gente diferencia a la Revolución Bolivariana de otros procesos políticos y económicos que hemos visto hasta el presente. Aún más cuando se considera que ese bienestar se mira a futuro porque incluye a las generaciones del mañana y determina que el Estado, conjuntamente con la comunidad organizada, debe velar por tomar decisiones políticas que den suficiente garantía para que ello sea así. Estas decisiones deben, entre otros aspectos, racionalizar estratégicamente los recursos ambientales que disponemos hoy, para no restringir el progreso de las generaciones futuras, las cuales están en riesgo desde mucho antes del auge del capitalismo en el mundo.

Las culturas derivadas del productivismo han tenido unas “relaciones insensibles e insensatas con la Tierra” (EEA: 2005). La naturaleza se ha considerado fuente inagotable de recursos y sumidero infinito donde depositar todo tipo de residuos. Los ecosistemas tal y como los conocemos si bien han evolucionado durante millones de años, se han destruido considerablemente en menos de los últimos 50 años, como si se tratasen de recursos que pueden ser sustituidos o recuperados por procedimientos tecnológicos. Dicha inconciencia, notable por demás, sólo asegura eliminar todas las posibilidades de subsistencia para los seres humanos del futuro por la sencilla razón de que “los ecosistemas hacen que la Tierra sea habitable purificando el aire y el agua, manteniendo la biodiversidad, descomponiendo y dando lugar al ciclo de nutrientes y proporcionándonos todo un abanico de funciones críticas” (CFR.- VEGA CANTOR: 2006). Y aunque ahora sabemos que las acciones humanas y las estructuras sociales están perturbando seriamente los equilibrios de la biosfera y que no es posible salvaguardar el medio ambiente común sin tener en cuenta las sociedades humanas, ni a la inversa, dado que cualquier tipo de acción dirigido a ese plano altera los ciclos y equilibrios de ambos, no todos los Estados del mundo parecen ser partícipes de esa convicción y continúan su desarrollo económico en función del beneficio de hoy, sin importar el mañana. La historiografía ha demostrado claramente la situación alarmante y crítica de la destrucción ambiental del planeta, su biodiversidad y todo lo que ello comporta, así como su relación directa con los sistemas políticos y económicos imperantes; por ello, la búsqueda de un sistema político, social y económico que responda a la vida digna y al ambiente, ha sido siempre el fin esencial del ser humano. Hoy en día, a pesar de todas las normas éticas, religiosas, científicas y jurídicas para la protección del ambiente y la vida, establecidas por los organismos internacionales, los Estados y la sociedad en general, se mantiene una destrucción permanente del planeta y sólo se proponen paliativos que no evitan los impactos irreversibles al ambiente, imperando un irracionalismo político, inventado por el hombre para instaurar y defender intereses (CFR.- SOUSA GUEVARA: 2002).

A la par, los movimientos sociales ambientales parecen cada vez más radicalizar sus posiciones ante las indolencias de los Estados para con el medio ambiente. Esta radicalización tiene su origen en que a medida que el capitalismo se expande por el mundo, parecen ser más infructuosos sus esfuerzos para que los Estados aumenten esfuerzos a fin de crear políticas que protejan el medio ambiente y racionalicen aún más su uso. La radicalización ha dado pie a grupos “eco-terroristas”, el cual ha ocupado un lugar prominente en los medios de comunicación en años recientes porque inculcan un “Estado de Miedo” en la población mundial. Los blancos de los eco-terroristas son variados e incluyen: compañías automovilísticas, compañías madereras, laboratorios de investigación medica tanto privados como de universidades, peleteros, cazadores y pescadores deportivos, incluso granjeros y pescadores comerciales, deportistas extremos, circos, zoológicos, rodeos y en general consumidores de animales como alimento, vestimenta, medicina u otros servicios, incluyendo el entretenimiento. El movimiento eco-terrorista comenzó en la década de 1960, cuando un grupo de protectores de los derechos de los animales en Inglaterra formaron la Asociación de Saboteadores de Caza, la cual gastaba mucho tiempo y dinero en sabotear cacerías de zorros. Entonces, en 1972, se convirtieron en la “Banda de la Merced”, un grupo activista mucho mas violento que dañaba propiedades y se reunía frecuentemente para atraer así a nuevos miembros .

Hoy, los Eco-terroristas se expresan de diversas maneras, desde Internet hasta tratar de detener un barco ballenero, con lo que se demuestra que ellos no abandonan acciones extremistas para lograr sus objetivos y su desesperación por tratar de encontrar respuestas favorables a sus inquietudes en un mundo dominado por el capitalismo. Sin embargo, es curioso como pareciera que no han descubierto que sus acciones están destinadas a la frustración, por cuanto buscan hacer cambios intentando acoplar su visión de mundo con otro mundo que no puede conceder semejante “paso atrás”. Pese a la emergencia y avances de los movimientos sociales ambientales, hoy su objetivo parece escapárseles de las manos. Sólo han tenido incipientes e importantes conquistas en terrenos que el capitalismo ha entregado deliberadamente, porque “ya no interesan mantenerlas”. La lógica del capitalismo es tan patente que puede hacer creer que se ha obtenido una victoria cuando en realidad no lo es, en materia ambiental. Por ejemplo, si se evita la deforestación de un bosque en la amazonia, es seguro que las empresas afectadas estarán iniciando la actividad en algún otro lado del mundo o del mismo bosque. Por esa razón, la conservación ambiental en el capitalismo es una lucha perdida con antelación. El crecimiento ilimitado de consorcios económicos, muchos apoyados en la explotación ambiental como eje de sus actividades comerciales, no puede tener otra consecuencia que el colapso del ambiente (CFR.- RIVAS: 2007). En los actuales momentos, como resultado directo de la generalización del capitalismo y su expansión imperialista hasta el último rincón del planeta, ocurre una acelerada destrucción de los ecosistemas y una drástica reducción de la biodiversidad. La apertura incondicional de los países a las multinacionales, la conversión en mercancía de los productos de origen natural, la competencia desaforada entre los países por situarse ventajosamente en el mercado exportador, la caída de precios de las materias primas procedentes del mundo periférico, la reprimarización de las economías, en fin, la lógica inherente al capitalismo de acumular a costa de la destrucción de los seres humanos y de la naturaleza, nos encamina al colapso y destrucción del medio ambiente, y ante esta realidad hay que oponerse a toda costa, pero no hay que situar las esperanzas en estos movimientos: sino en el Estado.

Los colapsos ambientales ya han ocurrido en la historia de la humanidad, por ejemplo en el caso de las culturas del período precolombino (mayas); pero hoy los factores son completamente distintos al menos en términos de escala y velocidad (CFR.- VEGA CANTOR: 2006). Antes de la aparición del capitalismo la degradación ambiental a nivel mundial afectó a sociedades localizadas y el deterioro fue gradual a lo largo de varios siglos, mientras que ahora la destrucción de los ecosistemas se efectúa a un ritmo acelerado y expansivo, como para notarlo en la reducción de la selva amazónica, la cual, ha reducido su espacio geográfico en más del 60% de lo que una vez tuvo.

“Los tantos siglos de explotación de nuestros recursos naturales, principalmente por el sistema capitalista y por otrora países socialistas, quienes en alguna medida emularon los modelos occidentales de desarrollo científico-tecnológico, de extracción y dominación de los recursos naturales, no entendieron, (…) que la variable ambiental en los procesos de desarrollo de las fuerzas productivas reclamaría perennemente su espacio básico de interacción y acción para el avance de las nuevas sociedades que estamos obligados a crear y consolidar sobre la base del nuevo Socialismo del Siglo XXI” (NÚÑEZ, Miguel: 2005).

Hoy el rescate del medio ambiente debe ser entendido como el principio que rija a la civilización. Rescatar el medio ambiente hoy determinará todas las probabilidades de supervivencia del ser humano del futuro, por esa razón hay que asumir posiciones claras desde los Estados para educar a la población actual y la venidera para estabilizar la población mundial; reducir la emisión de los gases de invernadero que amenazan con cambios climatológicos de efecto quizá desastroso; proteger la diversidad biológica; dar marcha atrás a la destrucción forestal en todas partes y conservar el suelo; aprender a utilizar más eficientemente la energía y los materiales, y a hacer funcionar la civilización con energía solar. Pero para el logro de esos cambios hay que reconstruir economías para eliminar el desperdicio y la contaminación. Hay que aprender a ordenar los recursos renovables a largo plazo; a emprender la gran tarea de reparar, en todo lo posible, el daño que se ha causado a la Tierra en los pasados 150 años de industrialización; y hacer a la vez que desaparezcan las desigualdades de carácter social, étnico y racial, por lo que sin duda el compromiso de nuestra generación en clave, tanto como para creer que “ninguna generación anterior ha tenido un temario tan cargado” (ORR: 1996).

Vivir para el futuro, es la consigna. Seguridad ambiental, es la estrategia. La bioseguridad estatal, es la táctica. La seguridad si bien es una necesidad fundamental de los seres humanos, ocupando un lugar importante en una amplia gama de sus actividades, la seguridad ambiental, viene a ser un tema dentro del concepto más general de seguridad, y se encuentra presente en el plano internacional por lo menos desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que se llevó a cabo en Estocolmo en 1972. Por su parte, el tema de la bioseguridad fue abordado a nivel mundial en Río de Janeiro en junio de 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en donde se aprobó la Agenda 21 y el Convenio sobre Diversidad Biológica, con la firma de más de 170 países. La bioseguridad, es un componente importante de la seguridad ambiental y se define como el conjunto de lineamientos, medidas y acciones de prevención, control, mitigación y remediación de impactos y repercusiones adversas a la salud y al ambiente, asociadas a factores biológicos. Sin embargo, la bioseguridad va más allá cuando se interesa también por las condiciones que determinan el uso y manejo de los organismos genéticamente modificados producto de la biotecnología moderna (CFR.- ORTIZ GARCÍA: 2005).

Ahora bien, si el Socialismo del Siglo XXI supone situar al ciudadano o ciudadana en armonía con su medio ambiente, más que todo haciendo posible una relación sostenible entre ambos; entonces debe transitar a la bioseguridad para el bien de los recursos ambientales y su equitativo uso entre todas las personas, las que existen y las que van a venir. Eso comporta un cambio radical de las actividades humanas hacia formas socialmente justas y respetuosas de la base natural común. Además, para que su uso sea sustentable y generalizable, los recursos ambientales deben ser renovados; su extracción no debe superar su renovación; las sustancias devueltas al medio deben ser asimilables por el mismo medio, y las fuentes no renovables deben sustituirse por otras renovables que proporcionen el mismo servicio (EEA: 2005). Los recursos del país se hacen accesibles para las necesidades de todas las personas y consecuentemente consolida la inclusión de todos los sectores de la población. Sobre este particular, los sectores sin representación que tienden a ser los mas numerosos, son los más favorecidos, porque ya no se verá como un grupo minoritario toma posesión de un recurso despóticamente (tierras fértiles, petróleo, aguas etc.) y excluye a la mayoría de su uso y disfrute. No obstante, ésta nueva noción sobre el significado del medio ambiente, encuentra su impulso en un novedoso modo de producción social que, en el caso de Venezuela, se construye aceleradamente a través de las misiones, la endogeneidad, en los procesos generados por la economía social y solidaria, y en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Este modo de producción que camina hacia la igualdad social y la justa distribución del ingreso, avanzando con el agregado de una democracia participativa y ecológica, y afianzándose en una nueva interpretación de la economía, la economía ecológica.

La economía ecológica es una rama de la teoría económica, también conocida como teoría del desarrollo humano o economía del bienestar natural , que asume una relación inherente entre la salud de los ecosistemas y la de los seres humanos; y contrasta con otras escuelas de pensamiento en el seno de la economía. Los economistas verdes suelen inclinarse a reconocer que una gran parte de lo importante en el bienestar humano no es analizable desde un punto de vista estrictamente económico, sugiriendo la interdisciplinariedad entre ciencias sociales y naturales como un medio para abordar este hecho. Además, la Economía Ecológica se plantea como un sistema de conocimiento diferente que acepta como punto de partida que la economía es un sistema abierto para estudiar cómo se interrelaciona la actividad económica con los ecosistemas y con los sistemas sociales y cómo se influyen de manera mutua (CFR.-AGUILERA KLINK: 1996). La Economía Ecológica pretende comprender la posición del hombre en un mundo que está siendo simultáneamente creado y destruido por el hombre. Por eso, el objeto de esta economía consiste en el estudio del proceso de la creación social y de la destrucción y la transformación ecológica (CFR.- PROOPS: 1989, 66). Más concretamente, "...la Economía Ecológica ha de preocuparse, en primer lugar, de la naturaleza física de los bienes a gestionar y la lógica de los sistemas que los envuelven, considerando desde la escasez objetiva y la renovabilidad de los recursos empleados, hasta la nocividad y el posible reciclaje de los residuos generados, a fin de orientar con conocimiento de causa el marco institucional para que éste arroje ciertas soluciones y no otras en costes, precios y cantidades de recursos utilizados, de productos obtenidos y de residuos emitidos" (NAREDO: 1994, 378), e incorpora la participación de las comunidades organizadas como eje transversal a todo el accionar del avance social y económico. Acá la participación es la base de entender la verdadera dinámica ambiental y sus implicaciones políticas y sociales (CFR.- NUÑEZ, Miguel: 2005), ella misma es la solución para un sistema económico de moderación y estabilidad, donde el crecimiento y la acumulación del capital no sean la meta máxima.

El Socialismo del Siglo XXI, además de racionalizar los recursos naturales y preservar sus bases materiales para las generaciones el futuro, también deberá aunarse a la protección y defensa de los mismos, como lo vienen haciendo los movimientos sociales frente la vorágine mercantilista neoliberal. En la discusión, no se puede excluir la inmensa gama de exigencias sobre los valores que vienen movilizando los movimientos sociales. Estos, a nivel mundial, son los responsables de una toma de conciencia sobre la explotación irracional de los recursos naturales. Sin sus acciones, nunca hubiera sido posible plantear actitudes contra la degradación ambiental, la desigual distribución de los costos ecológicos del crecimiento económico, la pobreza, la participación social en la gestión de los recursos en las comunidades, la pérdida de los valores culturales y la destrucción de prácticas tradicionales, ya que el Estado moderno difícilmente habría compaginado de forma innata sus intereses con otros que no fueran propios de un mundo capitalista; y mucho menos con ideas que aprueban la innovación tecnológica y organización productiva para la autogestión económica de sus recursos y la participación ciudadana en la organización institucional y en el proceso de toma de decisiones (CFR.- NUÑEZ, Miguel: 2005). De esas discusiones nacerán los lineamientos básicos para instaurar un gobierno conciente que es preciso plantear la vida en sociedad, dentro de la ciudad, como para pensar en que las ciudades modernas deben ser transformadas en ciudades ecológicas, es decir, ciudades que minimizan el impacto ecológico, donde existe un balance entre los espacios públicos y las construcciones y donde se respetan las funciones de los ecosistemas y los procesos naturales. La ciudad ecológica es un lugar donde el ser humano puede desarrollar su pleno potencial social, económico y espiritual, pues la alta calidad de vida expande las personalidades humanas que se encuentran reprimidas en los sistemas capitalistas. No obstante, el gobierno de este tipo de ciudad, al menos en el caso venezolano, amerita que adquiera una actitud diferente en lo que respecta a la democracia participativa, porque ahora éste deberá incluir en ella un agregado adicional para impulsar con eficacia la comunión entre el crecimiento urbano y las áreas verdes planificadas dentro de la urbe. Ese agregado adicional no iría más allá de repensar la democracia participativa a fin de inyectar en su cuerpo un componente que pondere que la vida es el fundamento del ser humano y de los otros seres vivientes y que es por medio de ella que podemos tener conocimiento y relación con los otros seres y con la naturaleza en general; además que es posible interrelacionar este principio con un sistema de desarrollo social, económico y político con preocupación por la igualdad social, por lo que hablamos de un nuevo tipo de democracia participativa, una democracia participativa mejorada ahora con esencias de la biocracia.

La biocracia plantea un sistema que responde únicamente a la vida y al ambiente como la esencia de todas las cosas para el ser humano, es sin lugar a dudas la respuesta imprescindible que necesita el planeta para lograr el salto de calidad histórico, que a su vez permita que el hombre pueda vivir con dignidad y respeto. La sociedad actual exige y permite la explotación anticientífica sistemática contraria a la bioética de los recursos naturales y la vida, de manera tal que dicha actitud de destrucción del ambiente admite abandonar los principios del actual sistema y dirigirnos hacia la creación de un nuevo sistema biocrático que responda a la vida. Dentro de este cuadro, el Socialismo del Siglo XXI va en busca de alternativas al fracasado sistema capitalista en el terreno de conservación ambiental y se detendrá en un punto histórico cuando los otros países del mundo reconozcan que es preciso avanzar por ese camino para la consecución de una vida digna para todos sus ciudadanos. En ese sentido, el primer paso que el Estado debe dar es dejar de seguir negando que la única ideología política que tiene una real justificación y base sólida, irrefutable, es aquella que comprende y establece que los principios de la vida y del ambiente son la esencia de todo lo que existe, pues sin ello nada puede existir para el ser humano. La única autoridad y poder obligatorio que debe y puede coexistir, entonces, debe ser constituida sobre la base de dicho principio, y sólo así será posible un cambio de calidad histórico en respeto hacia la dimensión ambiental, esencial para la existencia humana en la tierra. (CFR.- SOUSA GUEVARA: 2002). Ese cambio hacia la defensa del ambiente y la vida del planeta implica, necesariamente, un ajuste político y económico del sistema político, pues está demostrado que la manera en la cual los hombres se relacionan con la naturaleza determina, a su vez, la manera en la cual organizan sus relaciones políticas. Al hombre no le gusta cambiar los métodos de discusión sobre los mitos que rigen su existencia; se trata de motivaciones psíquicas que determinan sus comportamientos creadas por el sistema durante siglos. Sin embargo, hay que crear otras motivaciones psíquicas que determinen la pura conciencia basada en la realidad. El hombre jamás ha tenido ni tendrá alternativa en este planeta que no sea la vida; la única sería vincularse hasta donde pueda con la realidad actual de la historia de la naturaleza del planeta, para vivir lo mejor que pueda. Por lo tanto, mas allá de la democracia participativa, se necesita incluir en ella un valor biocrático para que toda decisión política y económica o de cualquier género y a todos los niveles del ser humano, y por ende del Estado, comprendidos los poderes del mismo, se adopten sobre una base sólida y científica de nuestra interrelación con la vida de la tierra. Y para ello necesitamos revisar, transformar y cambiar la fatal y peligrosa arrogancia que nuestros mitos, culturas, sistemas políticos y filosóficos han inculcado en todos nosotros el capitalismo (CFR.- VAN BAADER: 1998).

En Venezuela, apenas desde 1999 el Estado ha avanzado hacia ese objetivo, creando y supervisando proyectos de diversas índoles dirigidos a la salvaguarda del medio ambiente. Por ejemplo, el saneamiento del Lago de Maracaibo (Estado Zulia) y Lago de Valencia (Estado Carabobo); saneamiento del río Guaire (Caracas), Turbio (Estado Lara) y Tuy (Estado Miranda); recuperación de la represa El Guapo; instalación de Mesas Técnicas de Agua, para la Demarcación de Pueblos y Comunidades Indígenas; operativos para el manejo de desechos sólidos y uso de plaguicidas; el proyecto Clavellinos y Punta Gorda , Plan Revolucionando el Delta (Estado Delta Amacuro); el Acueducto Bolivariano de Falcón (Estado Falcón), entre otros, son proyectos de vanguardia que acuñan la nueva filosofía ecológica del gobierno bolivariano, para poner fin a la creciente contaminación de las aguas marinas y continentales, de la atmósfera, de los suelos y los alimentos, con el consiguiente peligro para la salud humana. Asimismo, el Estado va a la saga de construir una tecnología industrial alternativa que ponga en marcha modelos de producción limpia, que no produzcan sustancias tóxicas, que eviten en origen la generación de residuos y vertidos contaminantes, y convierta los subproductos de unas industrias en recursos para otras. Y a la vez, desmonta el “analfabetismo tecnológico” con políticas educativas de capacitación y formación de la población y el desarrollo de tecnologías finalistas de tratamiento como la incineración, que sólo traslada el problema de lugar y medio, aumentando los riesgos para la salud de las personas y el medio ambiente, mientras permiten la política de generación continua de residuos.

Este nuevo modelo de ecología industrial cierra los ciclos de los materiales, sustituyendo la actual cadena lineal que convierte recursos en residuos y abre las puertas a un nuevo orden económico internacional que no condena a la miseria a los pueblos del Sur y los mantiene en la dependencia económica, tecnológica y política de los países del Norte. Y mucho menos, intenta ocultar las contradicciones del capitalismo que desplaza las industrias contaminantes y sus residuos a los países pobres y explota sus recursos naturales y humanos e impide la aplicación de formas de ecodesarrollo adecuadas a sus problemas y necesidades. Por estas razones, en el Socialismo del Siglo XX el disfrute de un medio ambiente en óptimas condiciones debe considerarse más que nunca como derecho de todos los seres vivos. Pero, ese derecho debe hacerse realmente efectivo al conjunto de la Humanidad para permitir su bienestar social y económico, satisfacer sus demandas lúdicas, culturales y psicológicas, y asegurar la misma calidad de vida a las generaciones venideras. Un medio ambiente sano y diverso es una necesidad social de primer orden, que debe modelar cualquier política de desarrollo. La Economía debe necesariamente sufrir cambios profundos para dejar de ser ciega, como lo es en la actualidad, a los impactos que se producen sobre las personas y el medio así como a la escasez o abundancia de los recursos. La formalización y construcción de una nueva Economía debe basarse más en otros parámetros como la energía, la entropía, el tiempo y la cantidad y calidad física de diversos recursos que en un valor de cambio que a menudo no está relacionado con el uso de los bienes y debe contemplar el desarrollo humano y la satisfacción equitativa de necesidades y superar su obsesión por el crecimiento ilimitado en beneficio de las generaciones venideras del pueblo venezolano y el mundo (CFR.- EEA: 2005).

18.- LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

La información desde hace más de cinco décadas ha sido relacionada con el poder y el desarrollo por lo que algunos manifiestos y acuerdos la han promulgado como un elemento que debe ser común a todas las personas y de acceso libre, por cuanto al democratizar la información logramos que se democratice el poder y se alcance la plena democracia y la justicia social. De hecho, en la XXI Conferencia General de la UNESCO (1980), se presentó el trabajo más riguroso y polémico de la historia de la comunicación, el llamado Informe McBride, el cual demostró y legitimó las denuncias formuladas por el Movimiento de Países No Alineados en Argel, en 1973 cuando subrayó que "La acción del imperialismo no se ha limitado a los dominios político y económico, sino que comprende igualmente los dominios cultural y social, imponiendo así una dominación ideológica extraña a los pueblos en vías de desarrollo". En correspondencia con esa afirmación, los No Alineados exigieron, a partir de ese momento, avanzar hacia la concreción de un Nuevo Orden Económico Internacional, fundamental para la edificación de un Nuevo Orden Internacional de la información y la Comunicación. El informe fue aceptado por consenso en la Conferencia General de la UNESCO, pero durante el proceso de gestación del mismo, la UNESCO fue escenario de fuertes tensiones entre países partidarios y detractores por intentar promover políticas nacionales de comunicación, que finalizó con la protesta enfática de los Estados Unidos y el Reino Unido ante la UNESCO (CFR.- AHARONIAN: 2006).

El Informe McBride, dio cuenta de la desigualdad en el acceso a los bienes culturales por parte de los países del Tercer Mundo y advertía que los países en desarrollo para 1973 sólo disponían de la mitad de los periódicos del total mundial, que ocho países o territorios de África y tres países árabes no tenían ni un sólo diario, que un gran número de países no tenían televisión y que en los países en desarrollo apenas tenían el 5% de la capacidad de computadoras del mundo. Del mismo modo el informe señalaba la necesidad de tomar medidas jurídicas eficaces para: a) limitar la concentración y la monopolización de la información; b) conseguir que las empresas transnacionales acaten los criterios y las condiciones especificas definidos en la legislación y en la política de desarrollo nacionales; c) invertir la tendencia a la reducción del número de responsables cuando esta aumentando la eficacia de la comunicación y la dimensión del público; d) reducir la influencia de la publicidad sobre la redacción y los programas de radiodifusión; e) perfeccionar los modelos que permiten fortalecer la independencia y la autonomía de los órganos de información en materia de gestión y de política de redacción, independientemente que sean privados o públicos; y f) la democratización de la información (CFR.- AHARONIAN: 2006); planteamientos que en la actualidad aún se siguen buscando en el terreno comunicativo nacional e internacional, pero es este último que por ahora goza de nuestra mayor atención.

En sentido estricto, la democratización de la información se caracteriza porque desplaza de su pedestal de intermediario exclusivo a la prensa “institucional” (CFR.- PISCITELLI: 2005) con la creación y consolidación de canales alternativos entre la fuente de la información y los pueblos. Afincándose en una nueva forma de realizar y entender el periodismo de una manera más mucho más colectiva, democrática y plural, sin tantas ataduras ni ligazones a esos intereses que resultan poco claros y que no responden al bien común de la sociedad, la democratización de la información es la respuesta natural ante las acciones de los grupos dominantes, quienes procuran mantener sus privilegios a costa del monopolio y administración estratégica de la información. Por otro lado, en su sentido más amplio, según Harold Zavarce (2006), democratizar la información es un instrumento para la descentralización del poder, en tanto que la ciencia de la información y de la tecnología, aportan las bases para construir una información pública, realmente pública, que es una de las bases de la democracia. La combinación de la información y tecnología podría empoderar más aún al pueblo, trasladando el dialogo de la sociedad y el Estado a otro nivel donde el funcionario público asuma un papel más activo con respecto a las demandas de las comunidades. A través de la Democratización de la Información se está liberando al individuo de sus cadenas ideológicas y se le dota de nuevos parámetros de referencia para una mejor y desarrollada conciencia política. Si bien, alguien mencionó que quienes no se interesan por la política reciben como castigo ser gobernados por quienes sí se interesan, ahora con la información se estaría afianzando la posibilidad que las comunidades sientan un nuevo interés en lo político y en la política. Este acercamiento se basaría en que el Estado y la ciudadanía encuentran la manera de ordenar y clasificar la información y cómo, a través de la tecnología, las personas accedan a ella para que sea utilizable cotidianamente para construir las oportunidades y las acciones políticas que permitirán la solución deseada en problemas tales como la pobreza, la educación, la exclusión, la salud, etc. No obstante, la consolidación de la democratización de la información necesita más de la voluntad de la comunidad que la del Estado, porque es la comunidad quien utiliza y administra la información para sus objetivos. Además, es preciso comprender que el uso que de la comunidad de la información, variará según la comunidad que se trate. Cada comunidad vive en un contexto diferente a la otra y por lo tanto podría pensarse que democratizar la información tendrá éxito sólo en algunas comunidades, más no en todas, dado que no todas las comunidades tienen desde ya las herramientas educacionales y voluntades como para sumarse a ese reto. En cambio, el Estado democrático no puede acepta suposiciones contrarias ante el tema de la información pública, el cual es un tema constitutivo del mismo. El Estado democrático entiende que la información pública es la herramienta fundamental con la que cuenta la sociedad organizada para controlar a sus instituciones y pilar para el fortalecimiento del sistema de gobierno democrático y participativo. Con es tipo de información la ciudadanía puede construir su propia conciencia cívica y otorga la debida transparencia a la gestión de los gobernantes. La información pública es poner a disposición del pueblo toda la información pertinente a sus instituciones. Acabando con la cultura del secretismo de Estado, la información pública potencia el verdadero cambio al hacer de conocimiento general a la población de los estados financieros, decisiones, políticas y demás, impulsando el nacimiento de prácticas como la contraloría social, la cual, es también un fin en si misma. Con esta acción, el Estado se incluye asimismo como ejemplo para restar los esfuerzos por monopolizar la información en la sociedad global por parte de los intereses mercantilistas, y con todas aquellas fuerzas sociales que apoyan las estrategias monopolizadoras dirigidas al control y defensa de los sistemas establecidos y de exclusión de todo lo que perturbe la política y noticiablemente "correcto" (CFR.- WATZLAWIC: 2004).

Con la aplicación de la democratización de la información, se pretende mantener a los individuos mejor informados porque la multiplicación de las formas de acceso a la información supone la mejora de la capacidad de intervención de los grupos populares emergentes en la gerencia de sus asuntos políticos locales y la adquisición, por parte de ellos, de otros parámetros de referencia para generar su propio criterio sobre los asuntos que les interesan. Esta filosofía encuentra su origen en el artículo 19 de la declaración universal de los derechos del hombre que menciona que todos los hombres tienen derecho a la libertad de expresión, así como de investigar y recibir información, transmitiéndolas por cualquier medio de expresión. En ese marco, los individuos no se perfilan como seres que merecen sólo informaciones filtradas y que se presentan como únicas e indebatibles, cuando en realidad corresponden vulgarmente con intereses ocultos que, en la mayoría de los casos, giran en torno de los dueños de los medios de comunicación, quienes recrean conductas políticas que indefectiblemente interponen filtros para cribar, evaluar y, en definitiva, para aceptar o desechar las informaciones, tal como instancias de control que restringen la circulación libre de la información. Estos intereses ocultos se expresan a través de la perceptible y “particular similitud” con que se presentan las informaciones al público en todo el mundo, de tal manera que parecieran sugerir que sólo existe una línea de pensamiento que se pretende cultivar en la opinión pública, aunque también existe otra explicación al respecto, la cual expone que esa “particular similitud” no es el resultado de un intento manipulador de los dueños de los medios de comunicación, sino más bien la consecuencia directa de la expansión mundial de los modernos principios generales de la comunicación social (periodismo), por ejemplo, que son más efectivos y eficaces para aumentar la venta y demanda de la información por parte de los operadores informativos, y que, a su vez, no son reconocidos por el espectador “coloquial” o alienado, haciendo pensar a la gran masa de ciudadanos de preferencia política de centrista e izquierdista que “en realidad” existe una campaña mediática detrás del mundo que los rodea a favor del capitalismo. Pero, incluso así, la mayor crítica es que las informaciones que se desprenden de la mayoría de los medios de comunicación de hoy, con o sin “intereses ocultos”, no hacen nada para transformar el hecho que los individuos sean unos meros consumidores para el ejercicio del periodismo, es decir, espectadores, sujetos pasivos, rara vez reflexivos de las decisiones centralizadas. Esto ha dado como resultado que los pueblos se inclinen por quitar cierto grado de credibilidad a los periodistas y a los medios de comunicación en general, que sumidos en su habitual “costumbre colorista y superficial”, maquillando la realidad para hacernos vivir en la era de la desinformación, donde la gente que desea enterarse de las cosas se le hace más difícil que nunca a la par que se le hace más urgente y necesaria para el saludable devenir de sus vidas (CFR.- RODRÍGUEZ LAGO: (2004), parecieran no reconocer que es preciso cambiar su filosofía informativa, a no ser que acepten el riesgo de quedarse sin audiencia a costa de los beneficios económicos del presente. Asimismo, la mala calidad informativa, las frecuentes mentiras, la fabricación y acumulación de noticias y la imposición de convicciones de vida de los medios han sido otros motores de la decadencia, vulgaridad, poco cientificismo y desconfianza popular que hoy los caracteriza a los medios de comunicación. Ante tantas críticas los medios de comunicación y los periodistas se defienden respondiendo, generalmente, que ellos producen “lo que le gusta a la gente” (CFR.- BONILLA: 2001: 143-160) culpabilizando al público de la mala calidad informativa y afirmando que se limitan a presentar los hechos, que ellos no los producen, sólo los reportan (CFR.- FLORES Y CRAWFORD: 2001: 46-55; Ver También: SERRANO: 2006: 105-123). Entretanto, parecen salvarse los medios alternativos, aquellos que operan en Internet (a excepción de wikipedia.org organización que publica únicamente información políticamente correcta ), como los blogs , y los medios de comunicación comunitarios que nutren el conocimiento local en vez de reemplazarlo por soluciones estándares. Por ejemplo, los medios impresos, electrónicos, radioeléctricos, tradicionales u otros a los que tengan acceso o hagan uso las comunidades, tienen sus raíces en la vida cotidiana, ofrecen medios concretos para la participación en los asuntos locales y para la defensa de la diversidad cultural, sin fines de lucro, contribuyendo a la defensa, desarrollo y transmisión de los valores y conocimientos, y erradican cualquier forma de discriminación. Además, la programación incluye mensajes comunitarios y personales (matrimonios, reuniones sindicales, burros perdidos), saludos musicales, programas educativos para el desarrollo (salud, medio ambiente, género), programas informativos y entretenimiento cultural relevante. Este medio forma una plataforma colectiva para el empoderamiento a través del acceso a la producción y consumo de comunicación relevante. Pero su mayor aporte es que cumplen una función de desarrollo para su población porque generan y encauzan liderazgos en torno a propuestas de cambio social, al tanto que se alejan de lo “superficial” para ganar audiencias.

“Los contenidos de la <> hoy apuestan a la frivolidad, al chismorreo y a la superficialidad. Más bien impera la <>, con una oferta desmedida de contravalores opuestos a la ética periodística más elemental – en desmedro de la verdad –, llegándose últimamente a <> que jamás existieron. La desfachatez de mentir sin escrúpulos es también un fenómeno (…) en particular en los diarios afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) (…) Las actividades de UNESCO relacionadas con el periodismo tienen a las grandes empresas mediáticas como principales financistas, bajo la figura del <>, quienes terminaron orientado políticamente las actividades vinculadas al periodismo que sustenta la agencia de Naciones Unidas. La simbiosis SIP-UNESCO premia hoy este antimodelo de <>, galardona a <> y a agitadores pro estadounidenses rentados, a quienes convierte en <> y a veces, además, en <> (…) En muchos países latinoamericanos, la profesión de <> está perdiendo aceleradamente su antiguo prestigio. Los manifestantes y otros protagonistas de las noticias auténticas –que luego serán deformadas por los medios- hoy lanzan piedras a las cámaras de TV y corretean a golpe limpio a muchos periodistas. Así como la otrora respetable <> perdió su gran influencia política adquirida en las cortes europeas del siglo XVIII y XIX, el periodismo del siglo XXI también pierde terreno” (CARMONA: 2004).

Si bien la radio, los periódicos, el cine, la publicidad, la Internet, la televisión, etc., son los agentes socializadores más importantes de nuestro tiempo, peleando la supremacía de la familia y la sociedad, la pérdida de confianza en su audiencia insinúa que ellos han perdido parte del terreno conquistado. El amilanamiento de su expansión, además, no parece detenerse, más cuando su tendencia a preponderar lo banal sobre lo sustancial, deseduca la conducta humana a seguir en la sociedad contemporánea que corresponde vivir, debido a que inculcan parámetros de referencia habituales de vida en los pueblos que son insuficientes y artificiales para las decisiones diarias de lo individuos , quienes al percatarse de la inconsistencia de la información recibida, concluyen que la exposición a los medios de comunicación puede ser tan nociva como la práctica excesiva de fumar. Incluso, ese exceso de información puede hacer confundir significados como: el poder político, la ley y la democracia; y comprometen las dimensiones aceptadas de la ética y la moral, tan importantes para la consolidación de la sociedad democrática y la sana complexión de la gobernabilidad de los Estados. En general, este moderno espacio virtual mediático de nuestros días acelera la modificación de las reglas y dinámicas tradicionales con las que nuestra sociedad de antaño se articulaba, organizaba y participaba colectivamente, y nos acerca vertiginosamente a profundos cambios en la jerarquía de poderes que conforman el esqueleto del poder y de la movilización cotidiana de nuestra sociedad donde los medios de información se hacen cada vez más el centro del poder político, cultural, mental y espiritual cotidiano de los países: Los medios se transformaron en la nueva plaza pública y en los grandes cerebros colectivos que dirigen a la sociedad (CFR.- ESTEINOU: 2004). En ese sentido, Giovanni Sartori (2003) opina que el predominio de la televisión, por ejemplo, en la formación de la opinión pública está creando una “videocracia”, que en la práctica supone alimentar de “sustancia vacía la democracia como gobierno de opinión”. El predominio “del ver” produce un efecto sobre la sociedad: la atrofia de la capacidad de entender. La televisión de bajo perfil de contenidos es la obra de gestores de escasa preparación intelectual y menguada sensibilidad cultural y social. El homo sapiens, que Sartori asocia a la cultura escrita y de la palabra, se transforma actualmente en homo videns, esclavo de la imagen. La socialización audiovisual anula la capacidad de abstracción y, consiguientemente, atrofia la función del intelecto. Para Sartori, la televisión, en términos culturales y de valores, destruye mucho más de lo que transmite. "La televisión premia y promueve la extravagancia, el absurdo y la insensatez y multiplica al homo insipiens". Pero también produce efectos perversos sobre la sociedad democrática, en la medida que sólo da espacio político a una pequeña nómina de políticos y desplaza a la oscuridad pública a los restantes. En una sociedad donde se da valor a lo visible, se produce la paradoja que de la mayoría pasa al estadio de lo invisible, queda fuera de la huella mediática. Para Sartori, la democracia parte de la existencia de un electorado con capacidad de elección. Sin embargo, la televisión cambia el escenario, ya que sus estímulos de opinión no reflejan la realidad. Cuando los políticos toman en consideración los sondeos de opinión, ésta es, en realidad, la expresión de la agenda y los valores que la televisión ha suministrado a la audiencia conformando su opinión. En cuando a la calidad informativa de la televisión, Sartori entiende que no sólo ofrece menos contenidos y peor contextualizados de lo que ofrecen otros medios, sino que banaliza, empobrece y falsea la información, fruto de una práctica profesional autodefensiva en la que se asume que la televisión es necesariamente así. Asimismo, el televidente queda indefenso sin percatarse que “en realidad” sucede en su alrededor, aferrándose a una falsa creencia subconsciente individual en que es él quien controla el medio y es invulnerable a las manipulaciones, que sí afectan a otros, pero nunca sobre él mismo (PERLOFF: 2002: 489-506).

“En 1998, 1999 y el año 2000, Radio Caracas Televisión (RCTV), conocida televisora venezolana, sacó al aire unitarios semanales de una hora sobre niños abandonados en las calles de Caracas. Si bien existieron rumores sobre si los niños eran actores contratados, el canal continúo redescubriendo a la audiencia la podredumbre en que se encontraban. En todos los casos, RCTV mostraba que la tragedia vivida por los niños era causada por la descomposición de los valores familiares y la inexistencia de políticas estatales serias para afrontar el tema. La aceptación del canal aumentó y las empresas compraron espacios publicitarios en su programación por miles de millones de dólares para aprovechar el alto rating. Ninguno de esos dólares fue dirigido a comprar una comida para los niños. En la preventa de 2001, otros canales venezolanos: Venevisión y Televen, anunciaron en su programación de 2002 unitarios similares a los de RCTV, y anunciaron entre sus logros de responsabilidad social los cursos de idiomas que recibían las mises del concurso Miss Venezuela. No se hablaban de los niños de la calle. En nuestro país, estas experiencias sirvieron para impulsar la ley que obliga a las televisoras a pagar a cada ciudadano que entrevista una fracción de la ganancia que obtiene el canal por la venta de espacios publicitarios; y a intervenir directamente con responsabilidad social ayudando a los necesitados, porque es tan cruel televisarlos y sacar provecho de su tragedia para ganar dinero y luego tirar la pedra (…) Los canales usan a los ciudadanos para ganar dinero, es hora que ellos ganen algo por su humildad al dar una entrevista”.

El pensamiento político del televidente se hace convencional y subconscientemente dependiente de los oligopolios informativos que actúan más allá de la errada idea de que ellos presentan <> información, sino que, aún existiendo muchas, las realmente accesibles para la mayoría de los ciudadanos tienen una sola orientación: "Hay que sospechar de un conjunto de medios masivos que, en los últimos años, ha funcionado bajo el <> y hemos visto cómo asuntos de tanto relieve, necesitados de análisis y debates con detenimiento como la guerra del Golfo, el tratado de Maastricht o la ronda Uruguay del GATT han aparecido reflejados en los medios de masa como <>" (SÁNCHEZ NORIEGA: 1997).

Esa orientación con que se presenta la información hace posible una opinión pública controlada y dirigida ideológica y hábilmente para que la masa asuma acríticamente lo que interesa, en ese momento determinado, a los detentadores del poder global (GUTIÉRREZ GARCÍA: 2001: 503-504). Ese accionar ha hecho de nuestra sociedad una sociedad supertutelada y teledirigida, la cual no camina de una manera natural y espontánea hacia la auténtica socialización de la información y del conocimiento, sino, por el contrario, hacia la segmentación discriminatoria, los conocidos sistemas globales y urbanos duales, la consolidación de las diferencias entre integrados, excluidos e infopobres , todos consecuencia ineludible de una concepción mercantilista, de relaciones de poder exacerbadas que preponderan directa e indirectamente la apariencia sobre la realidad que afecta decididamente nuestra comprensión del poder político, la democracia y los medios; y sin duda de un palpable desplazamiento estructural de la política hacia el terreno mediático. Este desplazamiento cambia las reglas tradicionales de hacer política basada en la presentación de propuestas, polémica de las plataformas ideológicas, discusión de ideas, jefatura del liderazgo intelectual, el debate de los principios, etc., y las altera por nuevas reglas basadas en la explotación del sensacionalismo, el uso del look, la actuación histriónica ante las cámaras, la lógica del rating como termómetro del éxito, etc. para seducir a los auditorios y conquistar sus preferencias y votos y, últimamente para dictar, dentro de la era de la desinformación, de las guerras de la información, de las operaciones psicológicas, del virulento control mental y corporal, de la manipulación de la verdad que aquello que no se ve, entonces es porque no existe.

La política queda reducida a las apariencias y su práctica entra a la fase de la mediatización comunicativa, donde se desnaturalizan los canales de discusión de los grandes problemas públicos en la comunidad y se transforman en canales mediáticos “reglamentados”, creados por los imaginarios superficiales de las industrias culturales que avalan los mecanismos de la democracia representativa. Es decir, aquella discusión comunitaria para la resolución de los problemas basado en la retroalimentación política y que tiende a situar a los individuos como protagonista para la solución de sus problemas locales, desaparece detrás de la mediática propuesta de la democracia representativa, la cual delega en representantes o partidos políticos la responsabilidad de resolver los problemas locales a través de la reiterada e inagotable aplicación de modelos de respuesta artificiosos, fingidos como categorización de simulacros, exportados e inspirados en foráneas experiencias políticas, tal como las nuevas dictaduras económicas del post-Fordismo y la Mc-donalización, y que no dan oportunidad a respuestas alternativas a los principios esgrimidos por la cultura capitalista, la globalización y la redención tecnológica que de ellas se emana. La política deja de ser política; deja de ser el análisis, se traslada al terreno mediático y la resolución de los asuntos públicos se convierte en un espectáculo más del universo simbólico de la cultura de masas que produce el complejo aparato de la cultura colectiva, con sus respectivas consecuencias de crisis de gobernabilidad. Y como los pueblos no pueden evitar decidir si las amenazas que acechan son reales, si las soluciones que se ofrecen resultarán buenas, si los problemas que se dicen que existen son de hecho problemas reales o no lo son, la búsqueda de alternativas políticas surgen como opciones más que deseables, sino como necesarias; porque éstos se estructuran en auténticas percepciones de la realidad y no en conceptos provenientes por lo que otra gente, la sociedad y los medios dicen. No obstante, las soluciones alternativas se alcanzan sólo con el manejo de información, y si esta no esta a la disposición de los pueblos, entonces el Estado esta llamado a servirla, ya que la información no hay que mirarla como un elemento aislado, hay que verla en movimiento para entender porque es importante su apertura a la sociedad para la su propia orden y progreso. Es decir, hay que ver la información en el contexto de la comunicación: “… si se piensa la comunicación como un conjunto de intercambios a partir de los cuales se van procesando identidades, normas, valores, se van articulando intereses, se van acumulando y legalizando saberes y poderes, es inevitable reconocerla como un terreno privilegiado para la construcción de sentidos del orden social. Es decir, como un terreno a partir del cual diferentes actores propondrán sus propios sentidos de ese orden, que competirán entre sí para convertirse en hegemónicos" (MATTA: 1988). La comunicación entre los individuos es lo que hace definir su pensamiento, su acción y su visión del mundo, y a medida que la comunicación transmita mayor información los individuos tenderán a replantear su contexto social, histórico y geográfico específico, lo cual agudiza su criterio y sus parámetros de referencia de vida, obteniéndose a cada instante un nuevo individuo, un individuo más completo o, sino, homogéneo a su orden social (CFR.- MORALES: 1998). Con el manejo de la información los individuos podrán determinar cuál es y qué es su “realidad”, sin mayores esfuerzos por descubrir cuáles de sus percepciones son auténticas, cuáles son falsas, cuáles han sido inculcadas o vendidas o se han generado a través de sus propias esperanzas y temores (CFR.- CRICHTON: 2005). La información, además, permitiría dotar a los individuos de adquirir cierto grado o percepción de certidumbre de sus acciones, pero para ello, como ya indicamos, es el Estado el que debe velar porque se de mayor acceso a las comunidades sobre la información, ya que su libre circulación es el postulado esencial de las sociedades del conocimiento:

“Las sociedades del conocimiento están relacionadas con las capacidades para identificar, producir, procesar, transformar, difundir y utilizar información destinada a crear conocimientos y aplicarlos en beneficio del desarrollo humano En una sociedad del saber cada individuo tendrá más libertad y también más posibilidades de realizarse como persona, respetando al mismo tiempo las creencias y la ética. Las sociedades del saber fomentan la apertura y el diálogo y aprecian en su debido valor la sabiduría, la comunicación y la cooperación” (UNESCO: 2005).

En Venezuela, las tesis de la democratización de la información se han asumido en gran medida desde 2001, cuando el Estado creó políticas que vinieron a acelerar los procesos de participación ciudadana en las actividades de los proceso de la comunicación, facilitando el acceso de los individuos a las diversas corrientes de información pluridireccionales, procedentes de una multitud de fuentes. Estas políticas eran el resultado de un proceso que vino a reexaminar las prioridades de desarrollo del país, a fin de efectuar las inversiones que necesitaba para la edificación de la sociedad venezolana, dando un paso más allá que los usuales tópicos de la tecnología y la conectividad como materia de desarrollo, Pero, en su origen, la democratización de la información en Venezuela, obtuvo su atención como un posible factor clave para evitar las desigualdades en la distribución de los beneficios del comercio, antes de adquirir su rostro social y político actual. Ejemplo de estas políticas fueron los programas implementados por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MINCI); el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030; la creación de TELESUR (2005); el impulso a los medios de comunicación alternativa en el marco de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2005); la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (2005); la Agencia Bolivariana de Noticias; Televisora Vive-TV; INFOCENTROS; Escuela de Comunicación Popular “Fabricio Ojeda”; entre otros, los cuales muestran como el Estado venezolano entendía que la información y el conocimiento no existen como bien social sino circula y se distribuye, de allí que la posibilidad de su democratización implica la posibilidad de democratizar el poder. De igual forma, estas políticas indican como el Estado se lanzó a la saga de herramientas técnicas que posibilitaran el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la información, ya sea a través de los centros especializados, o con el uso de Internet y demás tecnologías de la información y comunicación, para llegar sobre todo a los niveles locales, para un recíproco enriquecimiento que se traduzca en mayores y mejores propuestas y respuestas entre las comunidades y el Estado. Con estas acciones se intenta ahondar en la eficiencia de la participación ciudadana, la cual esta condicionada directamente a la información que maneje, porque si el ciudadano accede a la información, éste podrá elegir el instrumento más adecuado para la problemática que lo afecta o preocupa. Pero a la par, el Estado ha asumido acciones para dar libre acceso a la información pública por parte de cualquier ciudadano o ciudadana, en especial sirviendo al conocimiento público la información sobre políticas, programas, planes y proyectos llevados por la administración pública; la información sobre las diversas instancias de toma de decisiones, las oportunidades para efectuar comentarios orales o escritos, las opiniones provenientes del público y de organizaciones técnicas, memorias de cuentas, etc., lo que compagina con la CRBV quien expresa la naturaleza pública de la información relevante a la vida y a las decisiones que afectan a la comunidad en su conjunto .

Además, luego de los sucesos de abril de 2002 y en vista que en Venezuela existen pocos canales de televisión, con cobertura nacional en comparación con otros Estados o regiones del mundo , y en razón del Socialismo del Siglo XXI, se han ya presentado propuestas ante el MINCI para democratizar el espectro radioeléctrico del país, concibiendo así la posibilidad de crear e impulsar las fuentes de información nacional aprovechando que hoy en día en el espacio radioeléctrico venezolano conviven señales de más de 120 canales de 4 continentes (Ver.- GÓMEZ BARATA: 2005). Estos medios son una valiosa fuente de información cultural, periodística, educativa y deportiva, que serían elementos para coadyuvar a la sociedad democrática que tanto anhela nuestra constitución. Si se desborda esa información a los venezolanos se estaría avanzando el primer paso hacia la liberación de su ser, de sus conciencias, de sus criterios tan dispares y antagónicos, tan necesario para realzar sus preferencias y cualidades individualidades. De igual manera, se les estaría aupando a ir a la zaga de información no sólo de su pueblo, su nación, sino de su mundo. Tendrían más armas para interpretar lo que ocurre a su alrededor y el colectivismo avanzaría sobre el individualismo, una vez que la información disipe las diferentes personalidades de los ciudadanos y ciudadanos y los canalice por únicos, pero correctos, caminos de entendimiento. El capitalismo vería perdido su acostumbrado monopolio informativo y la sociedad venezolana se acercaría más aún a prácticas políticas mas humanas y justas para la toma de decisiones, sin necesidad de hacer uso de conductas exacerbadas para la transmisión de planteamientos. Paralelamente, el Estado venezolano debe asumir una actitud recia para regular la acción de esos medios a fin de controlar sus excesos y, seguramente, su habitual tendencia a exportar ideologías capitalistas, y más a sabiendas que el espacio radio eléctrico del país está más lleno de emisoras que antes de informar y hacer cultura cívica tienden a personificar otros papeles que más bien buscan acabar con la paz de los pueblos. En ese sentido, la apertura del espacio radioeléctrico a la población, como estrategia para la democratización de la información, si bien puede verse como una apertura temeraria por los innumerables medios que patentemente exportarán la ideología capitalista, no debe verse así. El Estado debe de asumir ese reto, en el mejor contexto que considere, así como las futuras circunstancias que creará, por cuanto los beneficios a futuro irán irreductiblemente a dar más poder al pueblo venezolano y de allí su necesidad para reconsiderar cualquier posición escéptica ante esa propuesta. Asumir semejante política, permitiría avanzar a dar mayor libertad, prosperidad y desarrollo a las comunidades y a la persona, porque se le ofrecería oportunidades que permiten el acceso de toda la comunidad a recursos informativos que antes no tenían o tienen y que podrían ser punto central para la construcción de ciudadanos íntegros, emprendedores, autónomos, comprometidos con su realidad, con responsabilidad social, con la mente abierta a la innovación y con visión de futuro.

19.- UN MODELO INDUSTRIAL PROPIO:

La lógica de los procesos industriales parte de un conjunto de operaciones que se desarrollan en secuencia en una planta industrial y en máquinas o aparatos específicos para transformar la materia prima en productos elaborados. La materia prima es sujeta a sucesivos cambios informáticos, químicos o físicos graduales (en el tiempo) que modifican su estado original, como para componer una nueva “sustancia”, lo que define que el proceso productivo implica una transformación generalizada de la materia prima.

Muchos procesos industriales son de naturaleza compleja , tratándose a menudo de sistemas de gran dimensión, con dinámicas no lineales e interacciones entre sus partes que difícilmente son predecibles. Con frecuencia resulta imposible o inviable construir un modelo axiomático que permita explicar el comportamiento de proceso industriales a partir de las leyes de la Física, bien por el mero desconocimiento o conocimiento parcial de las leyes que rigen dicho proceso, bien por la dificultad que supone crear dicho modelo, o bien por tratarse de un proceso variante en el tiempo. Asimismo, tampoco es posible construir un modelo axiomático que permita precisar el comportamiento del producto elaborado una vez sea incorporado a la sociedad, porque inciden factores como el abaratamiento de las tecnologías y la información (CFR.- DÍAZ BLANCO: 2005, 101). Si bien los procesos industriales se han convertido en mecánicos reproducibles, la complejidad en que se hallan sus características más intrínsecas, supone que los procesos industriales dependen estrechamente del control y previsión de las circunstancias que rodean el proceso productivo. La importancia del control y previsión de las circunstancias son de alta importancia para las ramas científicas técnicas que son responsables del proceso de transformación, pero más aún, para la perspectiva social, porque la producción de algunos productos puede ser de vital y excepcional necesidad para la vida plena de los pueblos del mundo.
El desarrollo de los procesos de industriales tiene consecuencias sociales que sustancian el sistema social, la estabilidad de las sociedades y, especialmente, la vida misma de los ciudadanos. La historia así lo ha descrito, desde los procesos industriales primitivos con la manufactura y comercio de vegetales y materiales (oro, plata, jugo de naranja, granos, etcétera), hasta la moderna producción de todo tipo de químicos y farmacéuticos, cajas de velocidades, teclados de computadoras y demás. Pero también, se ha hecho evidente que conforme las sociedades se han hecho más complejas, los procesos industriales se han vuelto más consustanciales a las mismas, estableciendo una relación de dependencia casi irrefutable, incluso, como para plantear que la columna vertebral de las sociedades modernas es la producción industrial, en sus diversas vertientes: procesos industriales continuos (siderúrgica, petroquímica), procesos industriales de manufactura (embotelladoras, confección de textiles), procesos industriales de servicio (distribución de agua), y procesos industriales híbridos (reciclaje de vidrio).

Las sociedades complejas son más costosas de mantener que las sencillas y exigen mayores niveles de apoyo per capita. La sociedad compleja, tiene más subgrupos y roles sociales, más redes entre grupos e individuos, más controles horizontales y verticales, un mayor flujo de información, mayor centralización de la información, más especialización y una mayor interdependencia entre las partes (CFR.- TAINTER: 1996, 71-76), lo cual supone que este tipo de sociedad, entre otras cosas, exige para su sobrevivencia: procesos industriales que aseguren gran energía biológica, mecánica o química; insumos económicos (al menos parar la perspectiva neoliberal); e insumos sociales (para la perspectiva socialista), que permitan la consolidación de regulares y reproducibles actividades políticas, económicas, financieras, comerciales, culturales y educativas. Pero los procesos industriales por si mismos no son suficientes para lograr los objetivos que exige la sociedad, básicamente, porque las demandas sociales se han multiplicado a un punto tal en la actualidad que: “los Estados tienen la obligación de crear unidades productivas para satisfacer las insaciables demandas sociales y las mismas empresas o unidades productoras se ven en la necesidad de desconcentrar los procesos industriales hacia figuras subcontratadas, acción que, por demás, para algunos es la verdadera razón por la cual las sociedades modernas no se han derrumbado”.
La incorporación en los procesos industriales de subcontratistas, como sujetos consecuentes a las contratistas, permite complementar las unidades productivas y evitar la saturación de la capacidad de producción de las industrias; grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequeñas y medianas industrias, al no poder satisfacer las demandas provenientes del pueblo. Además, las subcontrataciones involucran la integración productiva y la complementariedad industrial, produce grandes beneficios en el proceso de industrialización de un país, ya que racionaliza las inversiones en activo fijo para un nivel determinado del valor agregado de la producción industrial. Entre otras razones, porque con un buen desarrollo de las redes de subcontratación se evita la duplicación de inversiones. Alienta la innovación, el desarrollo y la transferencia de tecnología de quien la ha desarrollado o adaptado, hacia las empresas que deben realizar algún proceso o actividad subcontratada. De igual modo, estimula la implantación de procesos de mejora continua, aumentando la calidad de producción y de gestión, para cumplir con las exigencias de la empresa contratista y del consumidor.

“Su articulación contribuye a crear un verdadero tejido industrial en el país al integrar la producción de la industria grande con las de tamaño mediano y pequeño, lo cual se convierte en un factor relevante para alentar la inversión extranjera, ya que un sistema desarrollado de subcontratación facilita la integración de la empresa inversora con el aparato productivo existente” (VILLAMIL ALVAREZ: 2000).

Todo proceso de estas características incrementa la productividad global del sector manufacturero y reduce las fluctuaciones en la demanda de empleo en el sector, al tiempo que facilita la descentralización productiva, aumenta las posibilidades de diversificación y fomenta la especialización de las pequeñas y medianas empresas. Mediante la subcontratación “será posible aprovechar la capacidad industrial del país y optimizar su utilización, aumentando la participación en actividades productivas, creando nuevos puestos de trabajo con base a infraestructura ya existente y por sobre todo, establecer una base productiva que haga atractivo al inversor extranjero instalarse en nuestro país” (VILLAMIL ALVAREZ: 2000). No obstante, si bien el fenómeno de las subcontrataciones puede acarrear el sostenimiento de una sociedad, puede ser un instrumento cuya aplicación fomente fracturas profundas en las clases sociales de cualquier país del mundo y suponer condiciones de trabajo muy precarias, alta tensión y con gran propensión para desembocar en conflictos abiertos que conducen a importantes pérdidas financieras a las empresas involucradas, porque las subcontratistas no tienen un vínculo laboral directo con la empresa contratista que se beneficia del trabajo efectuado y no poseen mayor preocupación por la calidad del trabajo que realizan. Por ejemplo, si un país crea políticas para incentivar las subcontrataciones en su espacio industrial, pero beneficiando más a todos aquellos sujetos pertenecientes al sector privado, entonces la riqueza generada por los procesos industriales se distribuiría en un puñado de gente o en una sola clase social (los dueños de las empresas productoras); caso contrario pasaría, si un país crea políticas para incentivar las subcontrataciones en su espacio industrial, pero beneficiando más a todos aquellos sujetos pertenecientes al campo de la economía popular, social, participativa, solidaria y comunal, como las cooperativas o demás unidades de economía popular, porque en ese supuesto, la riqueza generada por los procesos industriales se distribuiría equitativamente en la población.

En ese sentido, Venezuela dio un giro al tema de las subcontrataciones en 1999, cuando con la llegada del gobierno bolivariano, el Estado se avocó a la tarea de desmontar un sistema político que favorecía enteramente que los entes públicos subcontrataran sujetos provenientes del sector privado. Las instituciones públicas establecían relaciones contractuales con medianas y pequeñas empresas, estableciendo un círculo vicioso que aseguraba que las cuantiosas ganancias de los procesos productivos circularan en la clase alta y media específicamente, obviando la fuerza laboral de las clases bajas.

Hasta 1999, el sistema político venezolano impuso políticas “filtro”, para que las clases más bajas no pudieran acceder o participar en los procesos licitatorios con el Estado y éstas se transformaron en paradigmas que extendieron a las políticas internas de las empresas privadas en un sentido informal, para garantizar la creación de un sólo bloque, inaccesible, que condenó a la mayoría del pueblo venezolano a una posición olvidada y relegada, donde las únicas posibilidades de desarrollo económico sólo podían provenir de su mera “inventiva”. Entre estas políticas se puede nombrar que el Estado exigía requisitos inalcanzables, a veces, hasta para las mismas medianas y pequeñas empresas, como la imposición de altos porcentajes para las fianzas y garantías de fiel cumplimiento que debían presentar a la hora de celebrar un contrato. Específicamente, la ley de licitaciones de 1990, la Sociedad de Garantías Reciprocas para la Pequeña y Mediana Industria del país denominada SOGAMPI, S.A. creada en 1990, y el Fondo Para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME) creado en 1997, se habían transformado en grades obstáculos para el desarrollo social integral de la nación. En 1999, el constituyente comprendió muy bien, dadas las condiciones en el mercado productivo nacional, la imperiosa necesidad de impulsar el desarrollo del sector del pequeño y mediano industrial en Venezuela, pero con la participación de otras unidades productivas provenientes de la microeconomía, para lo cual estableció en la CRBV el deber del Estado para asumir una posición reformista sobre las instituciones y leyes que regulaban la materia. En ese sentido, los cambios comienzan a verses en el 2001 con la promulgación de la reforma de la Ley de Licitaciones, la cual atendió como objetivo fundamental la modernización y agilización de los procedimientos de selección de contratistas aplicando los principios de la economía, transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad, competencia y publicidad, así como mejorar las condiciones y adoptar políticas de compras que hagan frente a las tendencias neoliberales que impactan negativamente la industria en Venezuela, expresadas en distintos modelos de organización: fordismo , taylorismo , toyotismo , sistema kalmariano , y la mcdonalización .
Paralelamente, ocurre la reorientación de los objetivos de FONPYME, para transformarse en una institución enfocada en incorporar, promover e incentivar el desarrollo y crecimiento de las cooperativas, facilitando su acceso a la banca y permitiéndoles participar en licitaciones, a través de las Fianzas Financieras y Técnicas que ofrece, constituyéndose en el ente rector de las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) y en conjunto con ellas conforman el Sistema Nacional de Garantías recíprocas de Venezuela, donde se halla SOGAMPI, S.A.
Estos cambios, no sólo abrieron el camino a la participación de las cooperativas sino al resto de las unidades de economía popular en los procesos de licitación con el Estado, sino que también han creado nuevas y únicas experiencias micro-financieras que han servido para el desarrollo de acciones varias destinadas al otorgamiento de avales y/o fianzas a los pequeños y medianos industriales y unidades de economía popular necesitados de financiamiento y para la multiplicación de instituciones que posibilitan, aún más, el acceso al crédito ante los diferentes entes financieros del país. Por otro lado, el éxito de estas iniciativas no puede separarse del hecho que el gobierno bolivariano ha impulsado a más de 180.000 cooperativas para que sean otra fuente de trabajo y fuerza industrial del país, más que todo, por los valores y principios solidarios, el espíritu emprendedor y la cultura del trabajo colectivo, presentes en este tipo de asociaciones que coinciden perfectamente con la visión del gobierno de crear un sistema socioproductivo alterno a los sistemas capitalistas y neoliberales, los cuales no puede asegurar el desarrollo económico y social de las clases sociales más empobrecidas.
Prueba de ello, por ejemplo, es el Decreto 4.919, donde se establece las Normas para las Preferencias de Anticipos y Pronto Pago para Asegurar la Promoción y Desarrollo de las Micros, PYMIS y Cooperativas, publicada en Gaceta Oficial de fecha 19 de octubre de 2006; y el decreto 4.000, contentivo de las Medidas Temporales para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, Cooperativas y cualquier otra forma asociativa, Productoras de Bienes, Prestadoras de Servicios y Ejecutoras de Obras, ubicadas en el país, publicada en Gaceta Oficial Número 38.296 del 19 de octubre de 2005. Ambos documentos impulsan a las cooperativas para que se transformen en la principal fuente de subcontratistas del país, pero a la vez consagran mecanismos para otorgarles una verdadera igualdad sustantiva con respecto a las empresas privadas, es decir, se establecen medidas para asegurar que las cooperativas tengan el mismo acceso, trato y oportunidades en los procesos licitatorios con respecto a las empresas privadas. Este impulso a las cooperativas promueve iniciativas que garanticen la espontánea generación de bienes y servicios que satisfagan las necesidades básicas de la población en su conjunto y aceleren la llegada de cambios profundos y urgentes, en el marco jurídico institucional, que faciliten el advenimiento de una sociedad más justa y por ende menos conflictiva a breve plazo.
Del mismo modo, el gobierno bolivariano ha diseñado programas de sustitución de empresas por unidades productivas socialistas para que se conviertan en agentes protagónicos contra la explotación: “escape creativo que produce riqueza, conocimiento, poder popular, seguridad social pero, sobre todo, contribuyen al crecimiento integral del ser humano” (ESCALANTE: 2005); y ha asumido el compromiso de brindar formación y capacitación a millones de trabajadores activos a través del Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista (INCES), para que aumenten sus capacidades competitivas y comparativas; pero con el agregado que las actividades educativas impartidas por el INCES estarán dirigidas, además, a aquellas personas que no posean instrucción profesional, adolescentes, personas con discapacidad, sub-empleados, población indígena, personas con penas privativas y restrictivas de la libertad y a ciudadanas y ciudadanos en general sean contribuyentes o no de la institución.
El desarrollo de estas estrategias del Estado tiene correlación con las necesidades de especialización, descentralización y externalización productiva, diversificación productiva y de adaptación de la producción a los vaivenes del mercado; y son una respuesta que pretende contrarrestar las consecuencias en el país de la ola globalizante que hace a las industrias automotriz, química, farmacéutica, electrónica y computación, transformarse de tal forma para que produzcan más mercancías que productos excepcionales y terminen por despreocuparse de la verdadera finalidad de la producción, el sostenimiento de la sociedad.

El impulso al cooperativismo y demás organizaciones de la economía popular intenta desmontar esas nocivas circunstancias, pero sin duda hay factores ulteriores que dificultan el éxito de los objetivos propuestos, por ejemplo, el desmontar todo un sistema económico que tradicionalmente ha sido regido por principios neoliberales y que constantemente recibe insumos provenientes del exterior como el caso venezolano. Pero mientras se combate esa realidad, desarrollar la economía popular en Venezuela puede ser el puntal que defina un nuevo modelo de desarrollo industrial propio. Propio, porque hasta ahora ningún país del mundo se ha lanzado a la saga de crear un ambiente comercial, financiero y económico para otorgar a cada uno de los agentes participantes la mayor cantidad de elementos que aseguren la igualdad sustantivas en las dinámicas del mercado; propio, porque Venezuela se suma, no reta, a la dinámica mundial que da cuenta de cómo la producción social se ha desarrollado rápidamente creando nuevas relaciones de clase y destruyendo las antiguas, lo que ha determinado que el concepto de desarrollo social no se originó de la lucha natural por la existencia, sino del combate social por una u otra forma de organización social (CFR.- MATTICK: 1973); y propio, porque la participación de las organizaciones sociales en los procesos industriales, más la notable adhesión de simpatizantes a la propiedad social, haría nacer un nuevo tipo de experiencia productiva, la cual el presidente Hugo Chávez describió como el: Triángulo Elemental del Socialismo.

Este nuevo proceso industrial de producción tendría tres elementos constituyentes. Por un lado, la propiedad social, la producción social y la satisfacción de las necesidades sociales. Estas conjeturas dan a entender que, hipotéticamente, un centro de leche esta bajo la modalidad de propiedad social; que la producción generada de leche es producción social y que la leche puesta al consumo de la población satisface las necesidades de alimento de la población. La producción social supone un proceso que está centrado en las personas, autoproductores y autoconstructores a través de varias modalidades de autogestión, que van desde la producción individual espontánea, a la producción colectiva con altos niveles organizacionales y complejidad en la producción, negociación, amplia participación y administración. Usualmente involucra una empresa colectiva entre las comunidades y los gobiernos locales, algunas veces también con el sector privado. Su objeto no es lucrativo, sino la solución práctica de un problema y, así, de este modo, realizar el derecho humano consistente con los principios de dignidad humana, responsabilidad estatal y justicia.

En el marco del triángulo elemental del socialismo, la acción colectiva ordenada en la producción aplica y construye un capital social local que posibilita el control social sobre las prioridades fijadas por las comunidades, permitiendo la creación de alternativas de desarrollo sustentable, y productos a menos costos para la gente; y hace que los trabajadores persigan llevar el sustento y la mejora de la calidad de vida a ellos mismos y a las comunidades adyacentes a sus área de trabajo, incorporando la planificación como elemento que hará exitosas sus actividades productivas y sin apartarse de la búsqueda de una armonía con el medio ambiente y los otros seres humanos que están involucrados en la producción social. Vale destacar que los procesos industriales adscritos al triángulo elemental del socialismo poseen un alto grado de sensibilidad por la recuperación de las industrias en estado de abandono. La idea es recuperar al máximo las inversiones industriales históricas para que el abaratamiento de las nuevas inversiones. Es decir, es rescatar aquellos activos de las empresas en quiebra (Infraestructura, maquinarias y equipos), coordinando esfuerzos entre los trabajadores y el Estado, quien podrá expropiarlos con fines de utilidad pública o comprarlos a precios de mercado, para la posterior reactivación. En este nivel el Estado y los trabajadores realizan una administración cogestionada, pero es el Estado que ejecuta el papel de contralor de la actividad productiva.

A partir de entonces, el trabajo conjunto del Estado y la sociedad avanzan hacia un equilibrio territorial para evitar concentraciones de plantas industriales en sólo unas regiones, lo que contrasta radicalmente con el proceso de globalización. La cogestión, además, reafirma las prácticas solidarias y la auto-determinación en las personas y las comunidades y los constituye como agentes activos de cambio.

20.- EL PARTIDO DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI:

Para los efectos o cualquier tipo de acción dirigida a la materialización del socialismo, en cualquiera de sus vertientes, se necesita varios elementos entre los que se pueden nombrar: 1) la renovación del lenguaje político y la del saber a instrumentar; 2) calificar e incidir en el sujeto de cambio que se designe; 3) capacidad para reinventarse así mismo o contextualizarse a su realidad; y 4) un partido político lo suficientemente integrado como para trasladar a las grandes masas de individuos hacia un nuevo clima moral. En ese sentido, a finales de 2006 se evaluó la necesidad de crear en Venezuela un nuevo partido político, el cual, vendría a ser el resultado de la integración de todo el espectro de partidos políticos que apoyan al Comandante Presidente Hugo Chávez. Así, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sería ese cuarto elemento imprescindible para la cristalización del Socialismo del Siglo XXI, y aunque desde un primer momento tuvo una mediana aceptación, hoy se nos presenta como una realidad pujante que une a más venezolanos día tras día. La primera mención pública sobre el PSUV ocurrió el día 16 de diciembre de 2006, cuando el mismo Presidente Chávez lo anunció en un acto de reconocimiento a su comando de campaña: el Comando Miranda, tras la victoria obtenida en la elección presidencial de 2006 . En aquella oportunidad, hizo un llamado a todos aquellos partidos políticos adeptos a integrarse en la propuesta para hacer una sólida coalición. La creación de este partido para unir a la izquierda venezolana en un primer momento, se le conoció como la propuesta del Partido Único, pero posteriormente el director general del Comando Táctico Nacional del Movimiento V República (MVR), William Lara, aclaró que no era "un partido único sino unido", con lo que se evitó generar confusiones con los sistemas uni-partidistas. El esquema organizativo para el nuevo partido se estableció como una estructura similar al que tuvo el Comando Miranda durante la campaña electoral de 2006 —el conocido como «de batallones, pelotones, patrullas y escuadras»— que consistía en un sistema de militantes de base organizados en agrupaciones, con disposición para terminar con las prácticas propias de los partidos de la IV República: dictadura de las cúpulas, asignaciones de puestos gubernamentales por favores políticos y candidaturas a dedo; para empezar a radicar el poder directamente en la base del partido y las masas.

“Los partidos de la IV República eran inescrupulosos (…) destruían cualquier tipo de participación política de la base y, ante esa situación, el PSUV venía a asumir un gran reto: sacudir la composición orgánica y la concepción clientelar que habían adquirido los partidos políticos venezolanos y, en especial, los partidos satélites al Presidente Chávez, puesto que se encaminaban en una dirección diferente a la del proceso revolucionario venezolano”.

De esta forma, se estaba dando respuesta a una realidad que estaba desvirtuando considerablemente la naturaleza originaria del partido MVR y un paso importante para acabar con la desmotivación de miles de venezolanos que estaban inscritos en ese partido y que recientemente habían mostrado conductas dirigidas a la separación y la fragmentación. Además, ese mismo sentimiento de desmotivación se percibía en la mayoría de los integrantes de los partidos y movimientos políticos vigentes alrededor de la figura del Presidente, quienes ya no compartían las prácticas clientelares reiteradas que se habían infiltrado en sus estructuras, incluso sin mostrar apego al orden social basado en la Constitución Bolivariana ni al Proceso, lo que en consecuencia reflejaba una práctica que no era revolucionaria, pese a todo lo que declaraban sus dirigentes y líderes políticos.

Con el nacimiento del PSUV, las instancias populares y el colectivo organizado tenían la posibilidad de definir su propio destino político, sin burocracia, sin rivalidades; y con humildad y solidaridad (CFR.- IZARRA: 2007). El PSUV se presentaba en un momento en donde la tendencia histórica del proceso revolucionario bolivariano adquiría un nuevo impulso para dar el salto cualitativo hacia el Socialismo el Siglo XXI. Si bien, la revolución en su primera etapa consolidó la conformación de los cimientos de la democracia participativa y protagónica cuyo origen lo encontramos en el poder constituyente, siendo muy importantes, aunque no decisivos, los frentes electorales donde destacaron el Polo Patriótico y el Bloque del Cambio , el PSUV planteó un reagrupamiento mucho más profundo y sólido que garantizara la unidad orgánica en la acción para diseñar y construir, con una sola amalgama de pueblo, el proyecto del Socialismo del Siglo XXI. Ese llamado del Presidente Hugo Chávez Frías fue el resultado de la precisa interpretación del sensible momento de encrucijada en que se encontraba la historia venezolana y en donde para continuar la lucha revolucionaria era preciso poner a prueba las lealtades, los compromisos y lo más importante: la claridad político-ideológica de quienes deseaban un verdadero cambio en el quehacer político de la nación.

La primera acción contundente para la apertura del PSUV comenzó el día 18 de enero de 2007 con la apertura del debate para registrar a la militancia del PSUV y la distribución de planillas de inscripción, siendo el 15 de febrero de 2007 cuando se conformó la primera Comisión Promotora con el objeto de coordinar con los sectores políticos el método para crear el nuevo partido y consolidar la vanguardia promotora que atendería a los siguientes criterios: 1) incorporar a la izquierda venezolana y a nuevos rostros al partido; 2) incorporar a quienes no tuvieran actividad ni militancia política, para impedir la “burocratización temprana” del partido; 3) elegir desde la base a los nuevos líderes; 4) erradicar el reparto de cuotas de poder en la administración pública; 5) acabar con la corrupción; 6) profundizar la ideología; 7) caminar a un partido fuerte; y 8) no dar marcha atrás para tener una República no “aérea”, de la cual ya Simón Bolívar se había referido y criticado , y avanzar más bien hacia una República abocada sobre la realidad. De igual forma, ésta vanguardia sería la responsable de erigir al PSUV como un “gran imán” en cuanto a la capacidad de atracción que ejerce hacia los sectores y personas de real condición revolucionaria, la cual no es una condición que se “adquiere de manera inmediata a través de la lectura apresurada o por el simple acto administrativo de la inscripción en el partido de la revolución, mucho menos por ponerse una gorra y una franela roja, la condición de revolucionario implica una filosofía y un modo de vida, la disposición cotidiana a la solidaridad y el amor al prójimo, la defensa a ultranza de los que menos tienen, y el sentir indignación (…) ante la injusticia, por supuesto que el revolucionario debe leer mucho y formarse, como decía nuestro inolvidable comandante Ernesto “Che” Guevara, “sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria”.

No obstante, la creación del PSUV trajo como consecuencia grandes discusiones en el seno de los partidos políticos satelitales, más bien por el hecho que a medida que el PSUV emergía se producía un impacto devastador en la dirigencia y en las respectivas bases de formaciones políticas de reciente data . Incluso, el impacto fue tal que se pensó que el nacimiento del PSUV era una “estrategia destinada a fracturar a estos partidos” por parte del Presidente, con el objeto de hacer del partido nuevo un ámbito cuya composición política estuviese afinada y diera a los líderes del antiguo MVR la posición de jerarquía que en verdad merecían y que ahora no podían discutir los nuevos asociados políticos en la nueva organización. Estos y otros argumentos fueron tomando más arraigo en algunos grupos políticos venezolanos a medida que la evolución del PSUV crecía, porque los partidos políticos satélites sufrían una especie de implosión motivada por sus propias contradicciones y las tensiones separatistas producidas en sus bases (CFR.- CRESPO: 2007). Dentro de los partidos satélites había quienes apoyaban la disolución del partido para integrarse al PSUV, y había quienes no les interesaban participar por cuanto: o no querían peder su posición hegemónica de poder dentro del partido; o no querían ser controlados por nuevas facciones de poder; o no querían compartir sus experiencias políticas “con la falta de practica democrática de los integrantes del MVR, quienes tenían la mayor responsabilidad de los fracasos del proceso revolucionario por ser el partido del gobierno con mayor penetración en la base “Chavista”; o porque no querían ser partícipes de una organización que indefectiblemente heredaría los mismos males del MVR”.

Según la opinión de los segregacionistas, estaba claro que entre las garantías políticas que ofrecía el PSUV para la unión no se proponían mejores ventajas que aquellas que ya tenían dentro de su partido satélite. Según su opinión, ellos no estaban convencidos sobre varios puntos concernientes a la organización del PSUV, entre los cuales resaltaba uno muy particular, el más neurálgico de todos: la propuesta de cómo se establecería la estructura directiva del PSUV.

“Los individuos que tenían el deber de “vender” el PSUV a los cuadros políticos venezolanos en las mesas de negociaciones, vendían al partido con una dirigencia conformada en diversas instancias locales y regionales, con un poder centralizado a nivel nacional; la cual, además, sería elegida democráticamente y transparentemente por las bases. Esta dirigencia se limitaría a la ejecución y vocería de las políticas generadas en los colectivos y podría ser revocada en cualquiera de sus instancias por las mismas comunidades por incumplimiento o por conductas reñidas con el “ser revolucionario” (…) Incorporarse al PSUV en el 2007 significa pérdida del poder para los líderes de otros partidos políticos, lo que era un costo muy alto: ¡Temor a la voluntad del pueblo! Estas conductas antidemocráticas”.

Fue obvio que quienes no se incorporaron al PSUV tenían objetivos personales e intereses ocultos. La renuencia de muchos llegó a ser tal, que el mismo Presidente Chávez llamó a la reflexión a todos, porque el PSUV no podía nacer con las mismas prácticas partidistas de la IV República a menos que se doblaran esfuerzos para evitar que naciera “torcido”: “que no nazca contaminado con el viejo partidismo, que no se vengan para acá las viejas corrientes, las sectas, el caudalismo, el personalismo; sin charreteras de ningún tipo”. Sin embargo, insistió en qué los segregacionistas debían reflexionar su posición y, de hecho, el 24 de marzo de 2007 hizo un nuevo llamado a la unión. Con el tiempo, las prácticas cívicas y el sano debate se impusieron y dieron por terminadas aquellos rumores opositores que el PSUV era un partido “depravado”. Había ocurrido la “Revolución en la Revolución” y era el momento para que la vanguardia avanzara sobre la identidad política del partido.

Vale destacar que al respecto, Mary Pili Hernández (2007b) ya había previsto esta situación. Para ella, los fundamentos ideológicos del partido eran imprescindibles para su éxito y si bien, en origen, el PSUV compaginaba con principios y valores socialistas, hizo la sensata salvedad que el PSUV se inclinaba por una variante del mismo: el Socialismo del Siglo XXI, cuyo planteamiento aún “no estaba elaborado”, pero que a nuestro juicio siempre ha estado “elaborado”, es decir, siempre ha estado presente entre nosotros y más desde que comenzó la revolución bolivariana en 1999 “desde abajo”. El Socialismo del Siglo XXI siempre estuvo allí, entre nosotros, entre las políticas del Estado ejecutadas por iniciativa del pueblo y el Presidente Hugo Chávez. En segundo lugar, Hernández reflexionó que las funciones del partido debían precisarse entre definir si la organización sería como una gran maquinaria político electoral (que tendrá mayor vida en los períodos electorales) o sería una organización de tiempo completo, en el sentido de tener un trabajo constante. Esta duda quedó resuelta ya para abril de 2007 donde el PSUV se vislumbró como una organización avocada plenamente al trabajo político, por lo que estaba llamada a ser un instrumento de movilización de masas excepcional para la formación y para la organización popular, con imprescindible vocación social y en donde cada militante debía tener como obligación hacer trabajo social voluntario y gratuito, no para ganar votos, sino para crecer como personas. En tercer lugar, Hernández también analizó el tema de los Estatutos del PSUV definiendo a estos como indispensables y digno de toda discusión a fin que salieran a la luz pública en el tiempo más perentorio posible. Establecer cómo se va a organizar el partido, cuál es su estructura, cuáles son sus instancias de decisión y cómo se tomarán las mismas, son las preguntas básicas de la discusión. De igual modo, qué requisitos deben cumplir sus militantes para poder pertenecer a la organización y las sanciones disciplinarias a las que estarían expuestos en caso de incumplir con estos estatutos. De igual forma, durante el 2008 quedaron aclaradas estás inquietudes con el lanzamiento de sus primeras elecciones internas en un estricto sentimiento democrático, para animar una interacción más cívica de los participantes. En cuarto lugar, Hernández se refirió sobre el tema del financiamiento como crucial, porque no se podía pensar en construir una organización con tanta trascendencia como el PSUV sin saber con exactitud la procedencia de recursos para las acciones inherentes a la organización. Para Hernández, dejar esto en claro desde el primer momento establecería un compromiso mayor por parte de la militancia y además evitaría desviaciones incorrectas en la utilización de los recursos públicos por parte de algún adepto “confundido”. A este respecto, la dirigencia del partido estableció políticas claras para su financiamiento como herramienta de dignidad ante los militantes y el pueblo venezolano. Los aportes económicos tendrían los más específicos y nobles orígenes: donaciones, aportes y ayudas varias, tal cual como aquellas que el pueblo le lanzaba a Bolívar en su epopéyica marcha a Caracas en plena guerra de independencia. Finalmente, Hernández analiza el perfil del militante del PSUV y concluye qué dicho militante no es un ser común, sino más bien singular. Para ella, el militante de un partido revolucionario de ésta categoría debe seguir el modelo de “el hombre nuevo”: “Los simpatizantes pueden ser todos los que quieran, pero la militancia debe ser algo que se gane, que se conquiste, puesto que el militante debe estar probado moral e ideológicamente, ya que le corresponderá ser ejemplo para los demás como ciudadano, como miembro de una familia y de una comunidad, por tanto, en esta materia no se pueden cometer equivocaciones. De igual forma, la militancia podría perderse, en caso de que se produzcan desviaciones de los objetivos fundamentales de la organización”.

El militante del PSUV no debe creer que su inscripción es muestra suficiente para sincerar su compromiso con el partido, al contrario, éste debe estar en disposición y asumir con disciplina la tarea para la cual esta llamado, y a través del trabajo en conjunto hacer posible una fuerte maquinaria capaz de construir el país que todos queremos. Igualmente, el militante debe estar consiente que es preciso defender al país de las estrategias y tácticas intervencionistas del imperialismo y que sin su participación se pone a prueba la resistencia nacional para salvaguardar la soberanía del país. Además, en la militancia recae otro compromiso importante como valorizar las experiencias anteriores de los partidos políticos venezolanos y extranjeros: “Conocer cómo se han estructurado otros partidos en el mundo, aprender de sus virtudes y de sus errores, puede ser una manera de evolucionar y de abrir los procesos de reflexión indispensables en este momento”. Y quizás sea éste último compromiso a nuestro juicio el más importante, porque de allí puede nacer una identidad de originalidad necesaria y deseable para el verdadero éxito del partido. El PSUV es un partido cuya propuesta es singular, pero también, dentro de su singularidad debe hallar la originalidad, en el sentido de recrear un partido innovador en tanto acercamiento al pueblo como acercamiento entre los militantes. Así, más allá de toda duda, el PSUV apoyado en el poder popular, tiene entre sus manos la posibilidad de desarrollar nuevos y propios conceptos, ideas originarias, contenidos, ideologías, prácticas, tácticas y estrategias, basados en un conocimiento científico y en el contexto venezolano, lo cual le otorgaría un sentido filosófico verdadero y una identidad propia y distintiva a nivel nacional y mundial. La militancia es la responsable de crear el nuevo modus operandí, modus vivendi, conceptos innovadores emancipatorios y señalar el camino de un partido maduro ante los frentes opositores que, recientemente, han adquirido una nueva composición con la incorporación de quienes no deseaban formarse en el PSUV, pero que apoyaron y siguen apoyando al Presidente Chávez bajo un falso lema “No nos quieren, pero los queremos”, y anacrónico como ha sido su comportamiento en los últimos años.

“Los enfrentamientos en la oposición y la escalada considerable de aceptación al Presidente Hugo Chávez, han traído como consecuencia que la oposición en general haya casi desaparecido como cuerpo político concreto de la escena política nacional, para terminar siendo una oposición dividida y difusa liderada por una vieja y obsoleta guardia que en nada beneficia el sano debate político de todo gobierno democrático. De hecho, las fuerzas políticas opositoras en Venezuela en años recientes tienden a divagar en sus argumentos opositores y se concentran en puntos que no ofrecen mayor soporte a su posición. La ausencia de argumentos sólidos, la falta de precisión y concreción argumentativa, la inconstancia en sus posiciones, la vacuidad de sus planteamientos, la intolerancia reducida a acciones contrarias a la ley, las propuestas frágiles sobre las realidades del país, y los desesperados y reiterados ataques y acusaciones sobre el Presidente Hugo Chávez, sólo reducen el sano debate político a una arena llena de suspicacias que poco ayuda a la construcción del debido criterio democrático en cada unos de los ciudadanos y ciudadanas de la nación (…) siempre será más fácil explicar que en Venezuela existe un gobierno dictatorial que decir que en Venezuela existe una reducida e insustancial conciencia opositora (…) se oye decir…”.

21.- SOBERANÍA TECNOLÓGICA:
“El hombre es transformado y al mismo tiempo transforma a la tecnología”.
Feenberg

Antes, los estados subdesarrollados conocían muy bien el significado de aquel viejo proverbio que decía “el que tiene la información, tiene el poder”, pero hoy pareciera que le dan mayor atención a otro proverbio que dice “el que tiene la información, tiene su independencia”. En los últimos años, gracias al vertiginoso desarrollo de las manifestaciones de la globalización y la mundialización, los estados subdesarrollados han profundizado sus diferencias y sus ansias por evitar profundas relaciones asimétricas y desequilibrios evidentes con respecto a sus vecinos más cercanos por seguridad nacional. La superación de los desequilibrios y asimetrías, así como la fragmentación y polarización social generados requiere de un proceso de reconciliación entre las partes antagónicas, es decir, países desarrollados y no desarrollados, y el replanteamiento de las relaciones Norte-Sur, que incluyan consideraciones de justicia y equidad en función de un desarrollo sostenible para ambas partes (Cfr. LOBO). No obstante, las condiciones no están dadas, por cuanto la reconciliación y el replanteamiento necesario tienen un alto costo, el cual difícilmente será abaratado por las naciones poderosas, y mucho más si se trata de temas tecnológicos.

En los últimos años el valor de la tecnología se ha maximizado una vez que los modernos prototipos, procesos, productos, software y herramientas han demostrado con creces su utilidad para la toma de decisiones y la aceleración de los procesos productivos estratégicamente importantes. Esta realidad ha sido profundamente capitalizada por los grandes productores de tecnología del mundo al punto de plantear grandes estrategias de comercialización de sus productos e innovaciones a partir de una venta parcializada del mismo. Por ejemplo, se ha hecho común ver como cada año sale al mercado un nuevo programa o equipo de computación (software y hardware) que supera una versión anterior. De esta forma, se insta a los consumidores a comprar una y otra vez a lo largo de un período corto de tiempo un mismo producto que presumiblemente, años atrás, ya había sido desarrollado completamente. Para la lógica capitalista, es inadecuado vender un producto terminado en un sólo paquete. Es mejor desmejorar el producto hoy, y a medida que pase el tiempo ir agregándole lo que se le había quitado. Así van apareciendo las versiones 1, la versión 2.1 o la versión XP, como se le nombre, hasta llegar a presentar finalmente el programa final. Con esta estrategia las ganancias son inmensas. Otras estrategias son, por ejemplo, cuando se vende un producto tecnológico sin los “manuales de uso” los cuales se venden aparte; cuando se vende un producto sin que existan repuestos en el país donde se realizó la venta ; cuando se vende un producto donde sólo una persona en una específica ciudad tiene el conocimiento de repararlo si tiene una falla; cuando se vende un producto con una minúscula garantía; o la más clásica, cuando se vende un producto “tan transformador”, que su uso equivale a un logro profesional o proyecto de vida.

“Sobre los bienes informacionales existe la tensión entre la difusión y su mercantilización. La difusión va en contra de la apropiación de la renta y a favor de la socialización en las redes. Para el capital es necesario limitar la libre difusión de estos bienes por medio de leyes y realizar una difusión controlada para una mayor rentabilidad, de lo contrario al ser fácilmente reproducibles pierden su valor y la renta no está garantizada” (CFR.- RULLANI: 2004-102).

Todas estas estrategias han fomentado un sentimiento de frustración en los consumidores durante los últimos 20 años a nivel mundial, y la mejor muestra de ello es como la piratería informática cada vez más se hace la solución no de miles, sino de millones de personas que sencillamente se cansaron de comprar y comprar, lo que hace pensar que al menos Laurence Santantonios pudo haberse apresurado al decir que los “comportamientos evolucionan siempre más lentamente que las tecnologías” (SANTANTONIOS: 2005, 227-228). En este caso, la piratería informática se ha desbordado a un nivel tal, que los comportamientos humanos, incluso, han ido más allá del Estado y de los productores de tecnología, los cuales son incapaces de impedir o controlar la situación, aunque se empeñen en comprar a los medios de comunicación masivos para que no informen sobre el asunto.

“Los fieles laicos considerarán los medios de comunicación como posibles y potentes instrumentos de solidaridad (…) Esto no sucede si los medios de comunicación social se usan para edificar y sostener sistemas económicos al servicio de la avidez y de la ambición. La decisión de ignorar completamente algunos aspectos del sufrimiento humano ocasionado por graves injusticias supone una elección indefendible. Las estructuras y las políticas de comunicación y distribución de la tecnología son factores que contribuyen a que algunas personas sean “ricas” de información y otras “pobres” de información, en una época en que la prosperidad y hasta la supervivencia dependen de la información. De este modo los medios de comunicación social contribuyen a las injusticias y desequilibrios que causan ese mismo dolor que después reportan como información. Las tecnologías de la comunicación y de la información, junto a la formación en su uso, deben apuntar a eliminar estas injusticias y desequilibrios” (CFR.- PONTIFICIO CONSEJO PARA LAS COMUNICACIONES SOCIALES: 2000: 16-17).

La piratería informática se ha convertido en una contundente respuesta del consumidor, un bastión de rebeldía y libertad. Rebeldía porque no hay otra forma de quejarse ante lo que esta sucediendo. Libertad, porque es inaguantable vivir con semejante dependencia.

Los avances tecnológicos han ganado tanto espacio en la dimensión humana, que en la actualidad no es posible negar que existe un vínculo consustancial entre la tecnología y el modo de vida de millones de seres humanos. Para ellos, la tecnología es parte de su vida; una extensión más de su cuerpo. Sin embargo, el acceso a ella es a través de grandes corporaciones que los obligan a pagar altas sumas de dinero , y a conocer un sólo tipo de indicadores personalizados en sus productos que a la postre dificultará que migren a otros “paquetes” por no poseer el conocimiento necesario. Esta situación coloca al consumidor en una posición subordinada, y dado que la tecnología es una constante en su vida, deberá afrontar que la satisfacción de sus necesidades dependerá de la voluntad de la corporación; mientras que es protegido por sistemas jurídicos que en gran medida benefician a la constancia de las empresas privadas. Surge así una inevitable dependencia hacia la tecnología, cuya mínima ausencia, significará una desmejora y vulnerabilidad a la calidad de vida del consumidor. A partir de este momento, comienza una carrera por la búsqueda de tecnología, lo que trae como consecuencia que quienes tengan mayor acceso a las innovaciones llegarán a un nivel de desarrollo material e intelectual superior con respecto a quienes tienen acceso reducido o nulo. La sociedad comienza a estratificarse y unos grupos sociales se hacen más privilegiados que otros (CFR.- GIULIANELLI: 2008), produciéndose una brecha tecnológica entre individuos, familias, empresas, comunidades, grupos de interés, países y áreas geográficas, que rápidamente pasa a un plano de económico que profundiza la exclusión social.

“La brecha tecnológica (…) hace referencia a la diferencia socioeconómica que existe entre aquellas comunidades que tienen Internet y aquellas que no, se refiere también a las desigualdades que se reflejan en todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tales como el computador personal, la tecnología móvil, la banda ancha y otros dispositivos. Entre estas diferencias también encontramos la existente entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC de manera eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica, también se utiliza para indicar las diferencias entre aquellos grupos que tienen acceso a contenidos digitales de calidad y aquellos que no. Las brechas tecnológicas son divididas en procesos, tecnológicas y, de gestión de la información. En estas se analiza el diseño, producción, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización, la cual revisa aspectos tales como redes externas, grupo gestor, logística, normatividad, equipos de cargue, equipos, estandarización, etc. (…) Es evidente cómo con cada día que pasa las TICs influyen mas en nuestras vidas y hasta qué punto nos apoyamos en ellas para crecer, al mismo tiempo pareciera haber un abismo entre los usuarios de tecnología y lo que ni si quiera las conocen. Es por esto que debemos encontrar la manera de acercar estas herramientas a quienes se encuentran lejos de ellas, es decir superar este gran abismo o esta brecha tecnológica que suelen llamar: segundo analfabetismo” .

Ante este escenario, lamentablemente muchos países subdesarrollados ocupan el mismo papel que un consumidor, es decir están a la deriva de las exigencias de las corporaciones y de las potencias imperialistas que manejan las patentes. Pero la situación es más compleja de lo que parece: "nos encontramos limitados en las decisiones que se tienen que tomar en el ámbito mundial, por lo que tenemos que acatar la voluntad de nuestro vecino o bien atenernos a las consecuencias; y como nuestra economía depende en alto grado de éste, no podemos estar en contra ahora y pedirles un favor después” . Sin embargo, los países subdesarrollados han buscado salidas a lo insostenible. Para ellos no son suficientes las tradicionales formas como se transfiere la tecnología desde las potencias, es decir, a través del impulso de corrientes de libros y publicaciones periódicas; el movimiento de personas entre los países, incluyendo la inmigración, los viajes de estudio y de otra índole; el conocimiento de los bienes producidos en otras partes; el entrenamiento de estudiantes y de técnicos, y el empleo de expertos extranjeros; los intercambios de información y de personal mediante los programas de cooperación técnica; la importación de maquinaria y equipo; y acuerdos sobre patentes, licencias en general, y conocimientos técnicos, y la inversión extranjera directa y la operación de las corporaciones multinacionales; por cuanto los países desarrollados tienden a utilizarlos aislada y estratégicamente (JARAMILLO: 1987, 38). Y las razones son claras, si la tecnología siguiera las leyes de los fluidos, fluiría simplemente de un punto alto a otro más bajo. Las brechas tecnológicas y de ingresos serían fenómenos transitorios. Todos los países se volverían eventualmente iguales en lo económico. Y, los que están un poco atrás no tendrían que pasar muchas noches en vela pensando en ello, ya que la fuerza de gravitación impulsaría la tecnología hacia los puntos bajos donde ellos se ecuentran. Pero la tecnología no parece fluir en esa forma. Su transferencia enfrenta muchos obstáculos. Particularmente son serias las limitaciones de su mercado, la débil posición negociadora de los países en desarrollo (CFR.- SURENDRA: 1973) y las estructuras monopolizadas que las controlan. Además, durante los años noventa y los primeros años del siglo XXI, los resultados del desarrollo macroeconómico mundial favorecieron hondamente a los países más poderosos, sin anunciarse cambios verdaderamente sustantivos para los países de la periferia. Pero ante esa realidad, ha sido novedoso como países latinoamericanos han comenzado a buscar medidas alternativas para lograr un importante avance tecnológico y se han enfocado con cierto interés en las formas en que se realizan las transferencias de conocimiento en el marco de los acuerdos de cooperación tecnológica, ya que pareciera que para sus efectos la importancia de la tecnología “no deriva de su posesión (valor de cambio), sino de su aplicación (valor de uso)” (CFR.- CORNELLA: 2003, 104).

“Es increíble la rapidez con la que avanza la tecnología, cada día que pasa salen al mercado nuevas TICs, las cuales hacen que aumente aun más la brecha tecnológica. Los países pobres no pueden ir al ritmo del avance tecnológico por lo que hay un gran efecto negativo; la brecha tecnológica hace más pobres a los pobres. Debemos reconocer también que la tecnología (…), es una necesidad básica que sirve como herramienta para solucionar problemas tan grandes como la pobreza, tanto así, que encontramos estudios que argumentan que para erradicar la pobreza en países como Bangladesh o Malawi se necesita de ciencia, la tecnología y la innovación” .

En general, hoy el mayor reto de los países latinoamericanos se enfoca en tener un rol más protagónico en la escena financiera mundial; acceder a las oportunidades y beneficios de la inversión internacional; alcanzar una posición competitiva con otras regiones del planeta; pero en materia tecnológica se evalúan caminos alternos para desencadenar un esfuerzo acumulativo y planificado de desarrollo científico, entendido éste como un proceso sociocultural de generación, adaptación, perfeccionamiento, innovación, asimilación y aplicación de conocimiento y diversificación de las fuentes concesionarias de tecnología, basado en la educación, la investigación, la asociación academia-productores, la transferencia de conocimientos, la valoración social del trabajo de los científicos, el surgimiento de una cultura científica y tecnológica y otros esfuerzos conexos y afines (CFR.- UTRIA). Con esta lógica se reflexiona que el desarrollo científico y tecnológico no consiste simplemente en la introducción y apropiación mecánica y repetitiva de algunos conocimientos y habilidades aislados, ni en la formación interna o externa de un grupo de estudiantes y profesionales excepcionales, ni en la instalación de algunos laboratorios, ni en la improvisación de investigaciones aisladas. Todo lo cual es coadyuvante y útil, pero no suficiente.

“Se trata, más bien, de generar en forma creciente y sostenida una masa crítica de vocaciones, valores, actitudes, motivaciones, expectativas, destrezas y capacidades creadoras tanto individuales como colectivas; así como las correspondientes cultura científica y cosmovisión racional que le sirvan de terreno fecundo y atmósfera social propensa y favorable. Todo esto constituye un esfuerzo-proceso nacional de transformación social y tiene una naturaleza estructural” (CFR.- UTRIA).

¿Pero cómo hacer? No es posible dar la espalda a la brecha entre los países tecnológicos e industriales y los subdesarrollados. Sin embargo, en años recientes parece emerger un camino que pareciera llevar a una salida. Ese camino es una política, que presume un cambio de percepción sobre el problema de la dependencia con la tecnología: conquistar la soberanía tecnológica.

La Soberanía Tecnológica se nos presenta como el derecho y el deber de una nación de dominar sus medios tecnológicos a tal punto que no puedan ser controlados de manera injerencista por otros intereses ajenos al bienestar de su desarrollo (Cfr. ESPÍ MUÑOZ: 2007). Asimismo, supone que hoy en día existe una desequilibrada distribución de las tecnologías más avanzadas en medicina, informática, alimentación, telecomunicaciones, mecánica y química, que coloca en una posición ventajosa a Francia, Alemania, Italia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y Japón, sobre los demás países del planeta. El hecho que en pocos países se encuentren los ejes centrales de la tecnología mundial, favorece que los países atrasados deban mantener relaciones de dependencia económica muy estrecha con los países desarrollados, los cuales utilizan dicha relación como vehículo de dominación y control político sobre ellos restringiendo su capacidad de respuesta y organización. A medida que pasa el tiempo, el mundo va alejándose de aquellas épocas cuando la tecnología dependía en gran parte del capital humano y el trabajo manual, y se va adentrando a una nueva cultura tecnológica y electrónica (y hasta robótica) capaz de abarcar cualquier ámbito social y cuya mera existencia es un factor que los gobiernos del mundo reconocen como tema de influencia y maniobra política, social y económica de un Estado, tanto a nivel interno como externo, ya que sin el control de determinadas tecnologías, la soberanía no puede ejercerse (CFR. MARTÍNEZ, E.: 2005).

Obviamente, la Soberanía Tecnológica es una amenaza para los países imperialistas. Su consecución significa para los centros tecnológicos no sólo la pérdida de mercados cautivos, si no la pérdida definitiva de su control. Ya no habría las mismas ganancias, y sería necesario abaratar los costos de los productos para ser más competitivos. Si los centros tecnológicos no tienen éxito, quebrarán y los índices de desempleo del país donde tenga su residencia se desbordarán. Allí hay un contundente motivo para entender que cualquier intento que vaya dirigido al logro de la Soberanía Tecnológica, será obstaculizado por estos países hasta sus últimas consecuencias a través de la diplomacia directa o indirecta. Tanto significa el peligro de la Soberanía Tecnológica para los países imperialistas que dicho concepto ni siquiera tiene una definición en el idioma inglés, francés, japonés o alemán, sólo en español . El concepto ni siquiera es trabajado por las universidades de aquellos países. ¿Y por qué es así? porque no existe como tal; es negado, inobservado, impensable e innecesario analizarlo. Desde la óptica de los países imperialistas la tecnología es un problema político, pero la “distribución justa de la tecnología y su aprovechamiento” ocupa un puesto relegado (casi al mismo nivel del arte) dentro del tema del desarrollo económico de los países, más no viceversa. La tecnología es social y es un punto de disputa entre la esfera política, cultural y económica.
Hoy, las formas de reorganización y distribución tecnológica no se encuentran en las prioridades habituales de muchos estados latinoamericanos, por cuanto aún no ha podido construir bases sólidas para manejar una economía inmaterial-especulativa, dependiente de un factor intangible: “información” y cuyo sistema político se caracteriza porque los electos no deciden (Gobierno) y los que deciden no son electos (corporaciones). Es decir, la nueva dinámica del capitalismo, producto de la era del conocimiento (CFR: CASTELLS 1999).

Sin embargo, para Venezuela, esos hechos no han sido suficientes para desistir de la necesidad de conquistar la plena Soberanía Tecnológica. A partir del año 2003, Venezuela comenzó a implementar una serie de iniciativas para profundizar la soberanía tecnológica, pero a partir de una gran idea central: el principal elemento de la soberanía científico-tecnológica está en los ciudadanos y ciudadanas que necesariamente deben de adquirir un mayor nivel de información y conocimientos; y en las necesidades particulares del país.

Con este principio, en el año 2005, el Gobierno Bolivariano presentó el primer Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030 ajustado al Plan Sectorial 2008-2013, con el objetivo de establecer las áreas estratégicas a nivel nacional para alcanzar la soberanía científica y tecnológica. En ese sentido, el Plan evoca un proceso sociocultural de acumulación de capacidades y actitudes para generar, incorporar, asimilar, adaptar, perfeccionar, asimilar, apropiar y aplicar conocimientos y sus correspondientes tecnologías, para constituir un auténtico y sostenido proceso de cambio sociocultural, económico e institucional. Se intenta generar y sustentar por la vía del desarrollo del talento humano y su capacidad creadora; la educación y la capacitación profesional, la movilización conciente, deliberada y participativa de la sociedad; el reconocimiento y la exaltación de los valores profesionales y éticos de quienes se dedican a los quehaceres de la ciencia y la tecnología; y el compromiso moral y político de poner tales conocimientos y destrezas al servicio de sociedad y la nación y, por esta vía, de la Humanidad. Además, todo ello como parte del proceso nacional de desarrollo social y económico, integrado en un proceso histórico de acumulación de avances sucesivos endógenos y exógenos, enmarcados en la propia historia de cada ciudad y sus potencialidades. Y, adicionalmente, facilitando el acceso permitido a las grandes fuentes internacionales de conocimiento (CFR.- UTRIA).

El primer Plan Nacional de Ciencia y Tecnología estableció las siguientes áreas para enfocar las acciones a tomar: 1) Petróleo, Gas y Energía; 2) Soberanía y seguridad alimentaria; 3) Ambiente y hábitat; 4) Tecnologías de información y comunicación; 5) Software y Hardware; 6) Salud Pública; 7) Administración Pública; 8) Educación; 9) Seguridad y defensa; y 10) Cultura Científica; e indicó un conjunto de acciones transversales a ejecutar:

• Producción de Tecnología y Conocimiento: Crear un sistema de inclusivo y participativo de intercambio y acceso de conocimientos científicos para estimular la generación de tecnología, a través de la cooperación nacional e internacional; creación de universidades y programas de estudios; desarrollo de las telecomunicaciones; redes de intercambio; explosión de congresos, seminarios, cursos, foros; impulso de las misiones bolivarianas educativas; premios de estimulo a la excelencia; beneficios económicos a estudiantes; inauguración de bibliotecas y hemerotecas; posicionamiento de Infocentros; intercambio de experiencias; entre otros.
• Hardware y software bajo estándares libres: Desarrollar sistemas duros en electrónica, telecomunicaciones y software, adaptados a las realidades locales y a las áreas estratégicas a nivel nacional, para la consolidación de la soberanía y desarrollo tecnológico del país.
• Seguridad Informática: Desarrollar capacidades y formación en herramientas, tecnologías, nuevos paradigmas y mecanismos de seguridad de la información, para consolidar los niveles de seguridad que garantizarán la soberanía de la nación.
• Marco Jurídico: Proponer figuras jurídicas para romper con las deficiencias de políticas de Estado en materia de conocimiento libre.
• Impacto Ambiental: Armonizar el entorno ambiental con la tecnología, para asegurar la conservación de la flora y fauna nacional y promuevan el cuidado del ambiente a través del uso racional de los recursos.
• Organizaciones Socioproductivas: Impulsar la creación de formas de organización popular que a partir de la aplicación de conocimientos tecnológicos, fortalezcan la cadena productiva nacional.
• Modos de Pensamiento: Impulsar la transformación de los modos de pensamiento, a través de dinámicas que den cabida a la apropiación social del conocimiento, para generar una sociedad creativa y productiva que comprenda el sentido no neutral de las tecnologías y su valor como bien público.
• Gestión Popular de Gobierno: Aprovechar la tecnología como medio de participación popular en la gestión de gobierno, para transformar el modelo del sistema político.
• Dominio sobre la Tecnología: Asegurar que las comunidades dominen la tecnología, y no que la tecnología domine/secuestre la capacidad autónoma de las comunidades.
• Adecuación Tecnológica: Adaptar la tecnología al contexto nacional, de manera que el desarrollo científico y tecnológico responda a un marco socialmente pertinente, esté acorde a la realidad nacional; y se integre al entorno reconociendo (explotando) las potencialidades locales.
• Modelos educativos/pedagógicos: Incorporar las tecnologías en los modelos pedagógicos para actualizar herramientas que optimicen las capacidades y destrezas de los venezolanos y venezolanas; así como crear mecanismos de transferencia, sensibilización, socialización que permita llevar a toda la sociedad el conocimiento tecnológico y lo cultiven en sus valores culturales.

Gracias a este Plan, es posible entender como el país comenzó a enrumbarse a hacia logros en el campo tecnológico que no se pudieron hacer durante más de 40 años de la IV República:

1. Gracias a la cooperación con Irán, arrancó la fábrica VENIRAUTO de vehículos, el centauro y el turpial, la fábrica de tractores para el agro, fabricas agroindustriales para harina de maíz, leche, plástico, salsa de tomate, fabricas de bicicletas, construcción de casas, y otros.
2. Gracias a la cooperación con China, ahora fabricamos computadores, celulares, trenes, acueductos, proyectos agrícolas, taladros petroleros, línea blanca, y hemos colocado el satélite Simón Bolívar en el espacio, lo que nos permite tener independencia en el área de las comunicaciones.
3. Gracias a la cooperación con Rusia, Venezuela se encamina al desarrollo integral de la tecnología aérea electrónica y defensa, con astilleros y equipos de última generación.
4. Gracias a la cooperación con Cuba, Venezuela se ha fortalecido en la salud a través de iniciativas para impulsar los programas de Salud a Distancia, Red de Monitoreo de Pacientes; Telemedicina, Red de Diagnósticos y Video Conferencia; Uso y Actualización Tecnológica Investigación en Salud Red Temática de Salud; y en temas de tecnología alimentaría, turística, sanitaria investigativa y deportiva.
5. Gracias a la cooperación con Uruguay y Argentina, el área agropecuaria alcanza un desarrollo productivo gracias al intercambio de experiencias en la producción.
6. Asimismo, se aceleró el proceso de Democratización de la información y el conocimiento con: 1) la declaración de Acceso y el Uso de Internet como Política Prioritaria para el Desarrollo Cultural, Económico, Social y Político de la República Bolivariana de Venezuela (10/05/2000); 2) Infocentros: más de 500 salas de computadoras con acceso a Internet garantizan el acceso gratuito, masivo, sencillo e inmediato a las Tecnologías de la Información (TI).
7. Se canalizó la Modernización del Estado, Seguridad y Defensa con la modernización de la gestión pública a través de servicios públicos en línea y comunicación entre los organismos de la administración pública y de éstos con la sociedad, promoviendo la agilización de los procesos de trabajo, y la transparencia de gestión, así como mecanismos de regulación tecnológica, contenidos, formación y procesos. Para ello, se promulgó el decreto 3390, donde se establece el uso obligatorio de Sotfware libre en los sistemas computarizados de todas las instituciones nacionales, donde se deja de depender de empresas extranjeras y transnacionales en el manejo de la información del Estado y de los ciudadanos venezolanos, incluso la más clasificada, y se elimina el pago de grandes costos multimillonarios en el pago de licencias a empresas como SAP, Microsoft e IBM. Asimismo, todos los entes públicos se han dado a la tarea de crear sus oficinas de apoyo en Informática, con el objeto de evitar el pago a contratistas.

Finalmente, aunque existen muchos otros ejemplos, la verdadera característica de la reconquista de nuestra soberanía tecnológica se encuadra dentro de una filosofía nacional de popularizar la ciencia. El Ministerio del poder popular para la Ciencia y Tecnología se ha dado a la tarea de formar y capacitar a más de 2.058 tecnólogos populares con niveles de instrucción que van desde el básico, autodidacta hasta grado universitario y postgrado. Esta iniciativa esta enmarcada en el Plan de Apoyo a la Inventiva Tecnológica Nacional, a través de la aprobación de propuestas que abarcan los sectores electromecánico, salud, energía, alimentación, construcción, tecnologías de información y comunicación, petróleo y educación con una inversión superior a los 4.5 millones de bolívares fuertes. Gracias a esta directriz, se profundizó el proyecto de Alfabetización Tecnológica con la inauguración de Megainfocentros y 27 Infomóviles, logrando alfabetizar a 280 mil venezolanos y venezolanas a lo largo y ancho del territorio nacional. Con estos éxitos, queda entonces sólida la idea que caminar a una soberanía tecnológica con sentido social, construida de acuerdo con las necesidades que surgen en el país y las posibles soluciones que se le acrediten a éstas para afianzar el proyecto nacional, como eje transversal de la organización y participación comunitaria; impulsa la inclusión social de la ciudadanía en el desarrollo económico y social de la nación.

COMENTARIOS FINALES.-

Construir el Socialismo del Siglo XXI exige establecer un método ¿Pero cómo hacerlo si la historia ofrece pocas experiencias similares que puedan servir de referencia como para tener un piso sólido donde pisar? La respuesta no es fácil, pero hasta el momento, los únicos indicadores que parecieran servir de guía para lograr ese propósito surgen de las experiencias de revisionismo de las teorías socialistas que nacieron en Europa hace más de 50 años. En aquella oportunidad, muchas construcciones teóricas socialistas comenzaron a ser reimpulsadas una vez que se hacía evidente que iban a menos. Para la época, el socialismo era visto como una tesis “sospechosa” para el ejercicio del Estado, al menos para el conocimiento neoliberal, ya que reducía al mínimo la participación ciudadana y las conquistas democráticas por el uso excesivo de una compleja burocracia estatal y porque obstaculizaba el libre desarrollo económico de las personas, con un absurdo uso del estatocentrismo. Estos cuestionamientos animaron a muchos hombres a replantear la teoría socialista autoritaria, reformista y revolucionaria, pero en sus esfuerzos utilizaron métodos que al final dejaron huella de que si era posible recuperar el socialismo, aunque se sacrificaran elementos tan consustanciales como los símbolos y la retórica del pasado:

“Hacia el final de la década de 1950, los partidos socialistas de Europa occidental empezaron a descartar el marxismo, aceptaron la economía mixta, relajaron sus vínculos con los sindicatos y abandonaron la idea de un sector nacionalizado en continua expansión. El notable desarrollo económico desde postulados capitalistas durante las décadas de 1950 y 1960 puso fin a la creencia que mantenía que la clase trabajadora sería cada vez más pobre o que la economía sufriría un colapso que favorecería la revolución social. Ya que un sector considerable de la clase trabajadora seguía votando a partidos de centro y de derecha, los partidos socialistas intentaron de forma paulatina captar votantes entre la clase media y abandonaron los símbolos y la retórica del pasado. Este revisionismo de finales de la década de 1950 proclamaba que los nuevos objetivos del socialismo eran ante todo la redistribución de la riqueza de acuerdo con los principios de igualdad y justicia social. Los socialdemócratas alemanes dejaron constancia de estos principios en el Congreso de Bad Godesberg de 1959, principios que habían sido popularizados en Gran Bretaña por Anthony Crosland. Los socialdemócratas creían que un crecimiento económico continuado serviría de apoyo a un floreciente sector público, aseguraría el pleno empleo y financiaría un incipiente Estado de bienestar. Estos supuestos eran a menudo compartidos por los partidos conservadores o democristianos y se ajustaban de una forma tan estrecha al desarrollo real de las sociedades europeas que el periodo comprendido entre 1945 y 1973 ha recibido a veces el nombre de ‘era del consenso socialdemócrata’. Coincidía, de modo ostensible, con la edad de oro del fordismo, supuesta modalidad pura del capitalismo” .

Las preocupaciones de aquellos hombres, los pensadores europeos, por salvar la identidad del socialismo conmovieron el pensamiento científico del siglo XX. Ellos armados de un humilde patrón, una regla, un procedimiento, fueron paulatinamente reconstruyendo sobre las cenizas e hicieron resurgir de la nada conocimientos insospechados sobre ideas que se suponían extintas. Y si bien ellos revivieron teorías marchitas, su mayor aporte fue ahondar en estrategias y tácticas de orden científico para traer a la vida teorías socialistas que se decían ya estaban superadas. Su lógica era simple, ellos aceptaban las críticas más contundentes que se hacían y en vez de rebatir con respuestas e iniciar una discusión que no tendría fin, entraban en silencio y se iban al estudio de las líneas matrices del socialismo para comenzar a reconstruirlas como si fuese el primer día de su existencia, ahora con la ventaja de saber en qué errores se podía caer. Por ejemplo, entre los logros alcanzados por estos hombres se puede recordar como dieron extensión al socialismo para ramificarlo en diversas ramas como el socialismo laborista británico, las socialdemocracias noreuropeas, neosocialismo cooperativo, entre otros; así como dieron extensión al marxismo hasta el conocido neomarxismo y postneomarxismo; y como sus metodologías se trasladaron a otros ámbitos de conocimientos sociológicos, donde se vio como el estructuralismo pasaba a ser neoestructuralismo y el conductismo pasaba a ser neoconductismo.

Ahora bien, dado que estos procesos de revisionismo alcanzaron cierto éxito, pudiera pensarme que el método empleado podría ser la clave para construir el Socialismo del Siglo XXI. Sin embargo, hablar sobre las menudencias de dichos métodos nos llevaría escribir diez libros bien “gordos” cuando mucho, y como esa no es la idea en este escrito, presentaremos acá, y de forma resumida, las tres estrategias metódicas generales en que se caracterizaron sus investigaciones.
En primer lugar, los teóricos que se lanzaron tras la zaga de revivir el socialismo en “picada”, establecieron una estrategia metódica dividida, a su vez, en tres fases . La primera fase consistía en determinar qué aspectos eran cuestionados y no cuestionados en la teoría . La segunda fase, exigía que ellos tomaran los aspectos de la teoría que eran cuestionados y las mejoraran incorporando elementos más racionales. La tercera fase, exigía que, una vez hechas las correcciones, revisaran la totalidad de la teoría en búsqueda de inconsistencias, y de no haberlas, entonces presentar al mundo la misma teoría con un rostro más maduro carente de cualquier falla. En síntesis, la primera estrategia metódica se basó en oír las críticas y a partir de ellas aplicar contundentes correctivos a sus teorías, lo cual no era común, porque los otros pensadores se hubieran enfrascado en defender a capa y espada lo que para ellos era indefendible.

En segundo lugar, otros teóricos prefirieron mirar al futuro. Ellos, que también oían a las críticas, se interesaron por especular sobre la dirección de las propuestas teóricas socialista o cuáles serían sus formas en un futuro muy lejano, para luego, una vez obtenida la información, inductivamente ofrecer ideas para amoldar el socialismo a los cimientos de la identidad teórica. Para ellos el verdadero Socialismo se basará en los maravillosos descubrimientos del pasado, pero como el “pasado” esta llegando constantemente, entonces ¿por qué no empezar por el final?, es decir, por qué no establecer a dónde quiere llegar el socialismo del hoy, del presente, a partir de las experiencias recogidas, para tener referencia de qué es lo que hay que observar ahora. Esta actividad para unos parecía sublimemente irracional, por cuanto rompía con la regla de los procesos de reflexión inductiva, las cuales siempre iban de lo mayor a lo menor; y suponían que lo “mayor” podía conocerse anticipadamente, nunca lo “menor” hasta que la investigación diera resultados. En cambio ellos lo hicieron y abrieron las puertas al neoinductismo (CFR.- RAMÍREZ SARRIÓ: 2004), es decir, pensaron como serían las hojas de un árbol que nunca nadie había visto echar raíces, y mucho menos florecer y echar frutos. A partir de allí construyeron el ramaje necesario para que diera justo con la forma de la raíz. De este periodo surgieron muchos estudios ideológicos que hablaban de cómo sería el mundo en el futuro, planteando paradigmas que instaban a que las acciones humanas del “hoy” agotaran esfuerzos para avanzar a ese estadío utópico. Y aunque muchos de estos estudios eran desconcertantes, no fue suficiente para que esa forma metodológica cayera en el olvido, porque a veces, es mejor saber qué es lo que se quiere al final, para comenzar a caminar hacia ese objetivo desde el presente.

En tercer lugar, los teóricos que tuvieron mayor éxito en sus procesos de revisionismo lo lograron con el estudio del derecho positivo. El método era compilar el derecho positivo que se vinculaba con los planteamientos teóricos socialistas, para determinar cómo habían evolucionado ante las críticas en diversos momentos históricos. De esta forma, podía obtenerse las normas que habían sido modificadas o suprimidas por no haber resistido las críticas en distintos sistemas políticos del mundo, lo que permitiría disponer de un conjunto de elementos que las nuevas constituciones socialistas no deberían de incluir en sus contenidos, o por lo menos no hacerlo a la ligera. Vale mencionar, que a nuestro juicio, esta estrategia metódica podría ser la ideal para construir el Socialismo del Siglo XXI, en el sentido que si se recopila todos los derechos positivos de cada una de las experiencias socialistas que hayan ocupado un lugar en la historia humana y se establecen cuáles fueron los motivos de su fracaso o desaparición, se podría hacer un proceso de purificación que podría establecer las líneas para instaurar el ordenamiento jurídico en que se sustentaría el Socialismo del Siglo XXI.

Lógicamente, habría que privilegiar las últimas experiencias socialistas más que las antiguas, a la vez, que sería recomendable dejar de lado todas aquellas vertientes teóricas socialistas que no hayan tenido correlación objetiva con sucesos históricos, para aspirar a un resultado moderno y consolidado. En ese contexto, sería inapropiado pensar las bases del Socialismo del Siglo XXI a partir del modelo de Estado Socialista Real que era propio del siglo XIX, el cual no pudo sobrevivir por su planificación centralizada; por su sistema institucional caracterizado por un principio de alteridad política legalmente declarado; y por su burocracia y su dependencia excesiva a la coordinación del sistema, al punto que si uno de los elementos fallaba todo el sistema se detenía. Incluso, también sería inapropiado pensar en el socialismo de la URSS, el cual, aparte de compartir algunas de las características ya mencionadas, en su sistema político las órdenes debían cumplirse según el principio de alteridad socialista y debido a que este no era flexible podía darse el caso que la no aplicación de un sello en una orden podía traer como consecuencia que más de 25 mil ciudadanos no tuvieran acceso al alimento (CFR.- GIDDENS: 1996, 132-154). De igual modo, en ese sistema, los funcionarios de las instituciones no podían tomar decisiones por su cuenta y si lo hacían debían encarar las consecuencias por desobedecer a sus superiores, el cual, poseía un sistema jurídico de control social muy acérrimo como para compeler cualquier tipo de comportamiento altruista humano. Sin embargo, este tipo de jerarquía institucional tuvo en un tiempo cierta estabilidad debido a que la reflexividad social era relativamente baja, lo cual favoreció la subordinación a una inteligencia rectora (estado, vanguardia o partido), pero a medida que el mundo se hacía más complejo las tradiciones institucionales rusas perdieron fuerza y aumentó el grado de decisión de los individuos sin que la planificación centralizada se percatara que las decisiones de bajo nivel adquirían a cada día más poder para mantener el dinamismo del sistema económico socialista (CFR.- COROMINAS: 1997). Estas fallas sistémicas denotaron el alto grado de dependencia institucional para la toma de decisiones y una vez que fueron analizadas surgieron un conjunto de líneas teóricas socialistas más modernas que pretendían superar las hendiduras de su predecesora considerando que el papel del Estado debía hacerse más flexible, porque no todo podía controlarlo. Esta situación permitió la expansión de las tesis socialdemocráticas y socialcristianas, como las formas más dúctiles del socialismo, movimientos que buscaban caminos alternativos para la transición a una sociedad socialista mediante una revolución democrática en vez de violenta, conjuntamente con voluntad para hacer cambios en el socialismo “desde adentro”.

Ambas corrientes ayudaron a consolidar la definición del Estado Social y su diferenciación del Estado Absolutista y del Estado Liberal, en razón que el Estado ahora intervenía en aquellos sectores que considerara estratégicos y dejaba en libertad otros sectores para que las fuerzas del mercado pudieran ocuparse de su destino. La planificación, la coordinación y los principios de alteridad se redujeron y parecía que en algunos países de Europa se cristalizaban experiencias que podrían ganar puesto hacia un Estado más Socialista, pero con el transcurrir del siglo XX, quedó en claro que la verdadera identidad de estas teorías compaginaba en cada caso con miras a hacer pro-reformas dentro del capitalismo y la democracia representativa a partir de mecanismos populistas y demogógicos (CFR.- ARCE BORJAS: 2005), en vez de trabajar por la llegada democrática de la revolución (CFR.- TOURAINE: 2002). La socialdemocracia y el socialcristianismo se habían transformado en corrientes teóricas de dos caras: una, aquella que decía “mientras tanto llega la revolución”; la otra, decía “humanizaremos el capitalismo”. La socialdemocracia y el socialcristianismo trataban de generar un pacto social entre el beneficio capitalista y los derechos sociales de los trabajadores cuya finalidad última era, renunciando ya a la superación del capitalismo, la humanización de la explotación capitalista y la creación de una realidad neutra: el “estado del bienestar” (CFR.- MESA: 2005); no obstante, la estrategia no tuvo mayores éxitos en ninguna parte del mundo y, más bien, sirvieron para apresurar la exclusión de las clases sociales más empobrecidas. Consecuentemente, los Estados comenzaron a analizar una vez más la verdadera naturaleza de la socialdemocracia y el socialcristianismo, dando a lugar a variantes más humanas que, para los efectos de lo que se pretende construir en Venezuela, quizás sean los aportes ideales para la construcción del Socialismo del Siglo XXI. Entre estas variantes se haya el socialismo democrático, el socialismo laborista y el socialismo de lo pequeño, porque resumen las versiones más perfeccionadas de las tesis socialistas y son un banco de referencia para entender el papel de lo que significaría hoy un sistema político socialista y para evadir riesgos de crear un ordenamiento jurídico destinado al fracaso.

Asimismo, estas variantes, analizadas a la luz de la sucesión cronológica, indican cómo se establecieron cada una de las experiencias socialistas en el mundo y a donde se dirigen, lo que arroja un mar de conocimiento sobre las secuencias de las experiencias socialistas a través del tiempo, de cómo ha evolucionado el pensamiento político alrededor del socialismo y las formas en que se han aplicado correctivos teóricos a las ideas primigenias de esta teoría. Con estos insumos, los constructores del Socialismo del Siglo XXI mirarían más de cerca el camino a recorrer y Venezuela estaría cada vez más próxima a la cúspide de las más grandes conquistas sociales que el mundo haya visto y a las puertas de crear un orden político destinado a tejer el desarrollo en torno a las personas y no las personas en torno al desarrollo (CFR.- CASTAÑEDA: 1994, 17), a partir de lo que los venezolanos somos y “de lo que no queremos ser”:


“el presidente lo ha planteado dentro de los 10 objetivos estratégicos del Salto Adelante, acelerar la construcción de un nuevo modelo productivo rumbo a la creación de un nuevo modelo económico; que dada las características de lo que nosotros tenemos como propuesta y de lo que no queremos ser, no puede ser denominado de otra manera que un modelo socialista con camino hacia el socialismo porque busca trascender el modelo capitalista en aspectos fundamentales como las formas de producción, nosotros consideramos que la manera como se cubre las relaciones de producción a lo interno, de las empresas, de las fábricas y del propio estado no se corresponde con un proyecto de carácter humanista y por tanto en ese sentido hemos planteado el debate…” (JAUA: 2005).



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